Violencia machista
Seis de cada diez casos de violencia institucional machista señalan al sector judicial

El pasado 18 de febrero en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el magistrado David Maman Benchimol, titular de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid número 8, explicaba que las madres “comen el coco” de los hijos e hijas para que se separen de sus padres. Hablaba de que a las mujeres se las han otorgado muchas ventajas para interponer denuncias. “Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta”, ejemplificaba. Al mismo tiempo, en el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) ultimaban su informe. Un informe que incluye historias como estas: “Cuando denuncié los abusos sexuales que había sufrido mi hija tuvimos un  juicio rápido. No la quisieron escuchar, ni llegaron los informes, así que no nos concedieron la orden de alejamiento. Mi hija tiene 15 años y ha presentado varios intentos de suicidio porque no quiere estar con su padre ni la quieren escuchar”.

En este segundo Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español, que ha recogido 139 casos, se recoge que seis de cada diez señalan a la judicatura como principal responsable de este tipo de violencia. “En un 29,5% se señala a jueces y juezas en particular, en un 17,7% se señala de manera estructural al servicio”, ha explicado Maritza Sore Galleguillos, de Almena Cooperativa Feminista, autoras del informe. En segundo lugar se señala al ámbito policial (11,4%), después al sector de la salud (7,5%) y tras él el sector social (6,7%).

El 83,3% de las víctimas ven vulnerado el derecho a la reparación, en el 76,6% de los casos el acceso a un recurso efectivo y en el 64% de los casos se vulnera el derecho a la seguridad de la víctima

Según los datos del informe, el 83,3% de las víctimas ven vulnerado el derecho a la reparación, en el 76,6% de los casos el acceso a un recurso efectivo y en el 64% de los casos se vulnera el derecho a la seguridad de la víctima. En el 94% de los casos la violencia institucional fue revictimizante, esto es, mujeres que habían vivido una situación de violencia machista previa reciben nuevamente un trato que desencadena en violencia, “profundiza el daño de la violencia previa vivida”, ha incidido Galleguillos.

Los datos, ha concluido Galleguillos, “no reflejan fallos aislados, son déficits sistémicos. El problema no radica en decisiones concretas sino en el incumplimiento reiterado de las obligaciones de las instituciones del Estado”, concluye. Castigar a madres protectoras mediante retiradas de custodia utilizando marcos pseudocientíficos, fallar en la asistencia jurídica gratuita o normalizar institucionalmente la falta de imparcialidad en juzgados de violencia machista son algunos de los patrones que el Observatorio ha identificado en el análisis de los casos recibidos.

Violencia y racismo

El informe pone especial foco en el carácter interseccional de esta esta violencia: de un lado centra un capítulo especial en la infancia y, del otro, reseña que la prevalencia de esta violencia es mayor entre las mujeres migrantes y racializadas.

Violeta Assiego, asesora del informe y ex directora General de Derechos de la Infancia que ha intervenido en la presentación del mismo, ha explicado que la violencia institucional se produce cuando “el Estado perpetra o legitima violencia mediante su actuación o su omisión” en ocasiones con decisiones “aparentemente neutras o técnicas”. Así, ha situado el ICAM como un espacio “aparentemente neutro” en el que un juez ha hecho un despliegue “de todos esos estereotipos y mitos” que demuestran que su juzgado “solo sirve para proteger a los hombres”.

“A veces las políticas públicas son en sí una violencia institucional machista porque deja a mujeres fuera como las mujeres migradas y las mujeres en situación irregular”, ha alertado Violeta Assiego

“A veces las políticas públicas son en sí una violencia institucional machista porque deja a mujeres fuera como las mujeres migradas y las mujeres en situación irregular”, ha alertado. De hecho, según los datos del informe el 29% de las afectadas son mujeres de fuera de la UE, dato que contrasta con el peso de su presencia en el estado que es del 13%. 

En cuanto a los factores de discriminación autopercibida, el machismo es el primer factor en un 77% de los casos y el racismo y origen el segundo, en un 62%, dato que ha registrado un aumento del 19,9% con respecto al año anterior. Si miramos los casos de mujeres, niñas, niños y adolescentes de fuera de la UE el racismo se convierte en el principal factor. “Me casé con un español que me maltrataba. Mis vecinos denunciaron a la policía. Cuando acudí al juzgado, la jueza me pedía constantemente que me callara. Yo tenía un brazo roto y aun así se me responsabilizó de lo ocurrido. Me retiraron la custodia de mi hija y se la entregaron a la familia paterna. Llevo dos años sin poder verla”, relata una mujer camerunesa al Observatorio.

“Además del machismo, la violencia combina otras lógicas patriarcales: adultocentrismo, racismo, clasismo. Son formas específicas de vulnerabilidad”, ha insistido Assiego.

44 casos de niños y niñas

"En mi centro había niños que habían sufrido abusos y no sabían cómo gestionar lo que les había pasado. Sin el acompañamiento adecuado, algunos acabaron reproduciendo esos abusos con otros compañeros", recoge otro de los testimonios anonimizados presentes en el informe, que incluye un capítulo específico para la infancia afectada por la violencia institucional. 

Y es que entre los casos recabados, 44 afectan como sujeto principal a niñas, niños y adolescentes. “Hablar de violencia vicaria es necesario, pero desde el ámbito jurídico se nos queda corto porque invisibiliza a niños y niñas, se las sitúa como víctimas secundarias de la que sufre la mujer”, ha explicado Assiego, cuando hay una “pluralidad” de situaciones que sufren directamente niños, niñas y adolescentes, en el ámbito familiar pero también fuera de él, en la institucionalización de la infancia", ha reivindicado la asesora del informe, por lo que en él tienen un peso analítico propio y recoge testimonios como los maltratos que sufre la infancia tutelada en centros de menores.

Los 44 casos de violencia contra la infancia que refleja el informe implican a 93 niños, niñas y adolescentes afectados ya que “con frecuencia no son situaciones individuales, sino que hermanas y hermanos comparten estas situaciones”

Estos 44 casos rescatados por el informe implican a 93 niños, niñas y adolescentes afectados ya que “con frecuencia no son situaciones individuales, sino que hermanas y hermanos comparten estas situaciones”, ha explicado la portavoz de Almena. 

En estos 44 casos hay un total de 86 instituciones, y más de un 58% señalan al sector judicial. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el segundo lugar sector de protección de la infancia, con un 12,8%.

Para Assiego es necesaria “una mirada interseccional además de una mirada de género. Si no tendremos respuestas fragmentadas”. De ahí que llame a practicar un triple enfoque en el que niños y niñas y adolescentes aparezcan como sujetos plenos de derechos y víctimas directas. “Esta violencia tiene un impacto relevante y acumulativo en su integridad y en su crecimiento”, ha señalado.