Violencia machista
Agresores con placa: violencia machista dentro de los cuerpos de seguridad

La cifra merece algo más que un titular. Denunciar reiteradamente obliga a una mujer a responder, comparecer y permanecer vinculada judicialmente a quien ya ha ejercido violencia contra ella. En contextos de violencia previa, los procedimientos pueden convertirse así en una prolongación del control y el desgaste. El pasado 5 de agosto, el hombre que había sido condenado por agredir a Laura Cruz Vega entró en el cuartel de Llanes donde ella trabajaba, se hizo con un arma y la mató.

Su asesinato expone una realidad especialmente incómoda: la violencia machista también se ejerce desde instituciones cuyos integrantes disponen de armas, autoridad, conocimiento de los procedimientos policiales, acceso potencial a información sensible y relaciones profesionales que pueden ampliar materialmente el poder de un agresor.

La propia Guardia Civil reconoce esa especificidad. Desde 2021 cuenta con un protocolo que, ante casos de violencia contra las mujeres cometidos por integrantes del cuerpo, contempla retirar armas oficiales y particulares, bloquear el acceso a bases de datos como VioGén, impedir determinados destinos y encargar la investigación a una unidad distinta de aquella donde estén destinadas las personas implicadas. El protocolo dibuja por sí solo el mapa del problema: armas, información, relaciones profesionales y capacidad coercitiva.

La AUGC denunciaba esta semana que su propia Comisión de Igualdad desconoce cuántas sanciones y condenas impuestas a integrantes del cuerpo corresponden específicamente a violencia machista

Cinco años después, sin embargo, la institución sigue sin ofrecer una radiografía pública de esa violencia dentro de sus filas. Alicia Sánchez, secretaria de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denunciaba esta semana que su propia Comisión de Igualdad desconoce cuántas sanciones y condenas impuestas a integrantes del cuerpo corresponden específicamente a violencia machista.

La Guardia Civil dispone de mecanismos específicos para actuar frente a una violencia cuya dimensión dentro del propio cuerpo ni siquiera permite conocer.

El poder institucional como recurso del agresor

La violencia machista no se ejerce al margen de las demás relaciones de poder que ocupa un agresor. Un policía que ejerce violencia contra su pareja no deja de ser policía cuando vuelve a casa: conserva conocimientos, relaciones profesionales, autoridad, acceso potencial a información sensible y, por lo general, armas. Su posición dentro del Estado forma parte de las condiciones materiales desde las que puede ejercer control.

La literatura internacional estudia esta realidad bajo categorías como officer-involved domestic violence. La traducción requiere cuidado: “violencia doméstica” no equivale en España a violencia de género y conceptos como “violencia intrafamiliar” han sido utilizados por la extrema derecha para borrar su carácter estructural y sexista. Lo relevante de estas investigaciones es precisamente la especificidad del agresor que conoce los procedimientos policiales, forma parte de sus redes profesionales y ocupa una posición de autoridad.

En Granada esa posibilidad dejó de ser una abstracción. Entre julio de 2023 y septiembre de 2024 se registraron 48 accesos a la ficha VioGén de la expareja de un subinspector de la Policía Local sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Las consultas fueron realizadas presuntamente por compañeros, varios pertenecientes al Grupo de Mujer y Menores. La víctima denunció además que se habían asignado al agente patrullas en la zona donde ella trabajaba pese a la orden de alejamiento. El subinspector ingresó finalmente en prisión el pasado julio tras ser condenado a 29 meses por maltrato, descubriendo esta vez el poder coercitivo del Estado desde el otro lado.

El caso muestra hasta qué punto un recurso institucional puede entrar en el campo de acción de la violencia machista: VioGén concentra información sensible sobre mujeres que han denunciado y las medidas adoptadas alrededor de ellas. Que se investiguen 48 accesos a la ficha de una víctima cuando su agresor es policía obliga a preguntarse por las redes profesionales que rodean al agresor y por la capacidad real de blindar esa información frente a ellas.

Un compañero puede ser también quien consulta una base de datos, patrulla una calle, conoce dónde trabaja una víctima, comunica una conducta a un superior o decide guardar silencio

El corporativismo adquiere aquí consecuencias materiales. En una estructura donde las relaciones profesionales pueden dar acceso a información, conocimiento y capacidad de intervención, la lealtad entre compañeros deja de ser una cuestión meramente cultural. Un compañero puede ser también quien consulta una base de datos, patrulla una calle, conoce dónde trabaja una víctima, comunica una conducta a un superior o decide guardar silencio. Cuando el agresor pertenece al cuerpo, su red profesional puede formar parte también de las relaciones de poder que lo rodean.

Jerarquía, coerción y masculinidad institucional

Laura Cruz ocupaba una posición especialmente compleja. Ella era guardia civil y su agresor también lo había sido. La violencia atravesaba así una misma institución, sus relaciones profesionales y una cultura organizacional compartida por víctima y agresor.

Los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas no son espacios neutrales a los que el patriarcado accede desde fuera. Son instituciones históricamente masculinizadas, construidas alrededor de la jerarquía, la disciplina, la obediencia, la autoridad y, en último término, la capacidad legítima de ejercer la fuerza. La incorporación de mujeres ha modificado su composición, pero no despatriarcaliza por sí sola las estructuras en las que se integran.

La teoría feminista lleva décadas desmontando precisamente esa ficción de neutralidad. Joan Acker mostró que las jerarquías, la distribución de la autoridad y hasta el modelo de trabajador ideal están generizados. En las instituciones armadas, Cynthia Cockburn y Cynthia Enloe han analizado la relación entre patriarcado, militarización y unas concepciones de masculinidad articuladas alrededor de la autoridad, la obediencia, la protección y la fuerza. En el ámbito policial, Marisa Silvestri ha estudiado la persistencia del denominado cult of masculinity, asociado a valores como fortaleza, control, resistencia, riesgo y autoridad.

La relación con la fuerza no es exterior al oficio: se aprende, se disciplina y se institucionaliza. La violencia machista se produce así en organizaciones donde la jerarquía determina quién manda y quién obedece, la lealtad entre compañeros posee un enorme valor profesional y determinados modelos de autoridad continúan profundamente masculinizados.

Esa estructura aparece con especial claridad cuando la violencia se ejerce contra mujeres del propio cuerpo. En marzo de este año, un tribunal militar condenó a un brigada de la Guardia Civil de Monforte de Lemos por acoso sexual a una subordinada. En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo confirmó las condenas a seis militares del Ejército de Tierra por acosar durante años a una compañera mediante comportamientos vinculados expresamente por la sentencia al hecho de ser mujer. Género, jerarquía y dependencia profesional operan aquí dentro de la misma estructura.

En el caso de Laura Cruz había años de violencia, denuncias, procedimientos judiciales, medidas de alejamiento y una condena por malos tratos, coacciones y lesiones y distintas instancias judiciales y policiales las conocían

El asesinato de Laura Cruz introduce una pregunta todavía más incómoda. La violencia no apareció ante la institución el día en que su expareja entró armado en el cuartel de Llanes. Había años de violencia, denuncias, procedimientos judiciales, medidas de alejamiento y una condena por malos tratos, coacciones y lesiones. Su agresor había llegado a denunciarla hasta 45 veces y terminó siendo expulsado de la Guardia Civil. Distintas instancias judiciales y policiales conocían, por tanto, partes sustanciales de esa trayectoria violenta.

Durante décadas, una parte de la mirada social sobre la violencia machista se ha dirigido obsesivamente hacia las mujeres: por qué no denunció, por qué no se marchó, por qué volvió, por qué no pidió ayuda. Laura había denunciado. Había procedimientos, resoluciones y medidas. Continuar interrogando su conducta resulta particularmente obsceno cuando durante años distintas instancias acumularon información sobre la violencia que sufría. Es la actuación institucional ante todo ese conocimiento la que ahora debe quedar bajo escrutinio.

Una institución puede tramitar cada denuncia, ejecutar cada resolución y abrir cada expediente y, aun así, fracasar en reconocer la trayectoria que forman todos ellos

La socióloga feminista Liz Kelly propuso pensar las violencias contra las mujeres como un continuum, evitando convertirlas en episodios inconexos. Aplicar esa mirada permite observar conjuntamente años de violencia, hostigamiento judicial, medidas de alejamiento, condenas y decisiones administrativas. Una institución puede tramitar cada denuncia, ejecutar cada resolución y abrir cada expediente y, aun así, fracasar en reconocer la trayectoria que forman todos ellos. Cuando el agresor pertenece además a la propia organización, cabe preguntarse qué capacidad tienen unas estructuras profundamente patriarcales, jerarquizadas y atravesadas por códigos de lealtad profesional para identificar y cortar la violencia ejercida por uno de los suyos.

Las Fuerzas Armadas demuestran, además, que estas violencias pueden medirse. Según los datos de la Dirección General de Personal de Defensa recogidos por el Observatorio de la Vida Militar, en 2024 se registraron 51 denuncias por acoso sexual o por razón de sexo, la cifra más alta desde 2016. Entre 2016 y 2024 fueron 316, con 179 procedimientos penales, 214 disciplinarios, 29 condenas y 21 sanciones. Las cifras no permiten comparar directamente unas instituciones con otras. Demuestran algo más elemental y políticamente bastante menos inocente: los datos pueden existir cuando existe voluntad institucional de producirlos.

La dimensión estatal del poder patriarcal

La violencia machista dentro de los cuerpos de seguridad plantea una contradicción que ningún protocolo puede resolver por sí solo. Las mismas instituciones que clasifican riesgos, producen información e intervienen sobre la violencia ejercida por otros hombres tienen muchas más dificultades para hacer visible su dimensión cuando quienes la ejercen pertenecen a sus propias estructuras.

Desconocer la dimensión de la violencia machista dentro de la Guardia Civil ya no puede presentarse simplemente como falta de información

Cinco años después de aprobar un protocolo específico, la Guardia Civil sigue sin ofrecer datos públicos que permitan saber cuántos integrantes del cuerpo han sido sancionados o condenados por violencia machista. La ausencia resulta especialmente difícil de justificar cuando las Fuerzas Armadas demuestran que producir información específica sobre las violencias contra las mujeres dentro de instituciones armadas es perfectamente posible.

Hacer visible esa violencia implica algo bastante más incómodo que perfeccionar protocolos: obliga al Estado a aceptar también su condición de objeto de escrutinio feminista. Las relaciones patriarcales que conforman la sociedad han organizado históricamente sus instituciones, sus jerarquías y la distribución de la autoridad y la fuerza. Cinco años después, desconocer la dimensión de la violencia machista dentro de la Guardia Civil ya no puede presentarse simplemente como falta de información. También dice algo sobre qué violencias está dispuesto el Estado a medir cuando para hacerlo tiene que mirarse a sí mismo.