Donald Trump operación resolución absoluta - 2
Donald Trump, durante la Operación Resolución Absoluta, el pasado 3 de enero de 2026.
9 ene 2026 05:00

El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a manos del imperialismo estadounidense marca una nueva y gravísima escalada en la agresión sostenida contra la soberanía de Venezuela. Lejos de tratarse de un hecho aislado o excepcional, este episodio se inscribe en una ofensiva prolongada que combina guerra económica y financiera, deslegitimación política, coerción militar y producción de consenso mediático y hegemonía cultural. Frente a la confusión informativa, la propaganda y la proliferación de narrativas especulativas, este artículo propone un marco de análisis para comprender la lógica estructural del imperialismo contemporáneo y situar este ataque en el contexto del asedio que Venezuela viene sufriendo desde hace décadas.

Imperialismo y sistema-mundo capitalista: un marco de análisis

Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo, el capitalismo no se entiende como una suma de economías nacionales aisladas, sino como una totalidad histórica estructurada por relaciones jerárquicas de dominación y dependencia, articuladas a través del intercambio desigual. En este marco, el imperialismo no constituye una deformación coyuntural ni el resultado excepcional de crisis o guerras concretas, sino la dimensión constitutiva del sistema-mundo capitalista, inseparable de su lógica histórica de expansión y de su necesidad permanente de acumulación a escala global.

El imperialismo puede definirse, así, como el modo jerárquico mediante el cual se organiza la captura, transferencia y apropiación del valor en el mundo. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran gracias al intercambio desigual. Esta jerarquización configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte y Sur global—, así como espacios intermedios de semiperiferia, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, apoyándose en la extracción barata de trabajo, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costes hacia la periferia.

Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social

Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, el endeudamiento, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estos ámbitos no funcionan de manera compartimentada, sino que se combinan y retroalimentan en distintos grados de coerción y consenso, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperialista y normalizar la captura de valor como un hecho inevitable o incluso deseable.

La participación activa de los Estados es clave en esta arquitectura de dominación. A través de marcos legales, acuerdos internacionales, dispositivos diplomáticos y, llegado el caso, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, puede hablarse de Estados imperialistas, fundamentalmente situados en el centro del sistema-mundo capitalista, frente a otros Estados cuya inserción estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o de sus aspiraciones de desarrollo. Las distintas fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— muestran continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía de potencias concretas, siendo Estados Unidos el actor central del imperialismo contemporáneo.

Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han atravesado Venezuela en las últimas décadas, hasta desembocar en la abierta intervención militar de estos días contraria al derecho internacional, solo pueden comprenderse plenamente si se las sitúa dentro de esta lógica estructural de dominación, captura de valor y disciplinamiento de la periferia.

Venezuela en el engranaje del imperialismo contemporáneo

Situar el caso venezolano dentro del marco del sistema-mundo capitalista implica abandonar explicaciones excepcionalistas o moralizantes y entenderlo como una expresión concreta de las dinámicas estructurales del imperialismo contemporáneo. Lejos de tratarse de un mero conflicto bilateral, de un “fracaso interno” o de una supuesta “deriva autoritaria”, la agresión sostenida contra Venezuela debe leerse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y declive relativo de la hegemonía estadounidense.

Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana fue objeto de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticipan los mecanismos hoy desplegados contra Venezuela. El golpe de Estado de abril de 2002 —respaldado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido pocos meses después por el paro petrolero de 2002–2003, un sabotaje económico dirigido a paralizar PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. A estos episodios se sumaron operaciones de desestabilización política y financiera, como el financiamiento de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004, y la detección de tramas paramilitares vinculadas a Colombia, como la llamada Operación Daktari en 2004. 

En las últimas décadas (y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010) Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación,

Estos hechos se inscribieron, además, en un entorno regional crecientemente militarizado, con la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, que incluyen el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional orientada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y a preparar el terreno simbólico para formas más abiertas del uso de la fuerza. Lejos de constituir episodios aislados, estos precedentes revelan una estrategia prolongada de injerencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, y que encuentra su continuidad —con medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.

Así pues, en las últimas décadas —y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010— Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación, en la que se han combinado sanciones económicas, asfixia financiera, deslegitimación diplomática, operaciones de desestabilización política, amenazas militares, acciones encubiertas y una intensa guerra mediática y cultural. Esta articulación de instrumentos responde con claridad a los automatismos del imperialismo descritos anteriormente: un equilibrio relativo entre coerción y consenso destinado a forzar un cambio de régimen con el fin de imponer la sumisión del país a los circuitos de acumulación del capital global.

El eje económico ha sido central en esta ofensiva. Tras la desestabilización interna provocada por las guarimbas en 2014 —que acompañaron al incremento de la financiación directa de Estados Unidos a la oposición—, desde 2015, y de forma cualitativamente más agresiva a partir de 2017 y 2019, las sanciones unilaterales estadounidenses, contrarias al derecho internacional, no solo han castigado severamente la capacidad del Estado venezolano para comerciar, financiarse y sostener políticas públicas, sino que han funcionado como un mecanismo de guerra económica orientado a erosionar las condiciones materiales de reproducción social. Las sanciones financieras impuestas en 2017 bloquearon el acceso a los mercados internacionales de crédito e impidieron la refinanciación de la deuda, mientras que el embargo petrolero de facto instaurado en 2019 contra PDVSA, acompañado de la confiscación de activos estratégicos en el exterior, profundizó el colapso de los ingresos públicos y de la capacidad de importación del país.

Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables en Venezuela

Las consecuencias materiales de este estrangulamiento han sido ampliamente documentadas. Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables, al restringir el acceso a alimentos, medicamentos, insumos hospitalarios y servicios básicos, mientras otros estudios elevaron esta cifra a más de 100.000 hasta 2020. Informes de agencias de Naciones Unidas han constatado el deterioro sostenido de los indicadores de salud, nutrición y mortalidad infantil y materna en el contexto del colapso económico inducido. En 2018, un funcionario del propio Departamento de Estado de Estados Unidos reconocía abiertamente el objetivo de esta política al afirmar que las sanciones habían forzado a Venezuela a entrar en default y que el “colapso total” era la prueba de que la estrategia estaba funcionando.

Este proceso de asfixia económica ha ido acompañado de una desposesión financiera directa, en la que han participado activamente instituciones de los países centrales. El caso del oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra resulta particularmente ilustrativo. Bajo el argumento de “no saber quién es el gobierno legítimo”, el Reino Unido se negó a devolver reservas soberanas pertenecientes al Estado venezolano, incluso en plena emergencia del covid. De forma paralela, activos estatales por valor de decenas de miles de millones de dólares fueron congelados en el exterior, y empresas estratégicas como Citgo quedaron bajo control judicial en Estados Unidos, privando al país de recursos fundamentales.

Este eje económico se articuló con una ofensiva política y diplomática destinada a negar la soberanía venezolana en el plano internacional. Tras el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, en enero de 2019 se produjo el reconocimiento inmediato por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Juan Guaidó como autoridad paralela, sin haberse presentado ni tan siquiera a las elecciones presidenciales. Esto sería acompañada, un mes después, de un intento de entrada desde la frontera colombiana bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria”. Estos episodios pusieron de manifiesto el papel desempeñado por gobiernos, organismos multilaterales y alianzas regionales en la elaboración de un consenso internacional para el cambio de régimen y la intervención, normalizando una interpretación notablemente elástica de la legalidad internacional en favor de los intereses del hegemón.

Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato de Nicolás Maduro

Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro mediante drones con explosivos. En años posteriores, se intensificaron los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, con incursiones mercenarias como la Operación Gedeón en mayo de 2020 y las recientes operaciones de interdicción bajo el argumento de la “guerra contra el narcotráfico”, que ha resultado en el asesinato extrajudicial y sin pruebas de más de un centenar de personas, de las que se sabe que muchas de ellas eran simples pescadores artesanales de la zona. En este contexto, la declaración del fentanilo como “arma de destrucción masiva” o la criminalización del Estado venezolano mediante narrativas como la del llamado Cartel de los Soles cumplieron con la función de construir un marco moral que legitimara la violencia imperialista ante la opinión pública. Resulta revelador que esta última acusación haya sido eliminada al iniciarse las audiencias judiciales contra Maduro, evidenciando su carácter instrumental y propagandístico.

Por supuesto, este dispositivo coercitivo no se sostiene únicamente mediante la fuerza. La producción de consenso ha sido igualmente clave. Para ello, ha proliferado la promoción internacional de liderazgos opositores, y los reconocimientos y dispositivos simbólicos de legitimación por medio del uso de premios institucionales, desde el Premio Sájarov de la Unión Europea a los ultraderechistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hasta el Premio Nóbel a la primera o el novedoso sainete del Premio de la Paz de la FIFA a Donal Trump. A ello se ha unido una cobertura mediática sistemáticamente sesgada —con la reiteración acrítica de términos como “dictador”, “tirano”, “autárquico” o “régimen” en prensa generalista tanto como en prensa rosa o deportiva— para configurar una estrategia cultural destinada a naturalizar la intervención y a presentar el cambio de régimen como una causa deseable, humanitaria e incluso pacífica. Como en otros escenarios históricos, la hegemonía cultural funciona aquí como complemento indispensable de la coerción financiera y militar, haciendo de la agresión una parte central del sentido común político.

El crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense

Pero detrás de esta ofensiva no hay solo una voluntad de disciplinamiento, castigo o dominio en términos abstractos. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la geografía material del capitalismo global, especialmente por sus reservas energéticas. Aunque el petróleo venezolano es ultrapesado y costoso de refinar, su relevancia no puede evaluarse al margen de la configuración actual del mercado energético global. Venezuela concentra unas de las mayores reservas probadas de crudo del planeta —en torno a los 300.000 millones de barriles, mayoritariamente en la Faja del Orinoco—, un volumen comparable o incluso superior al de grandes productores como Arabia Saudí o Irán, aunque sometido a condiciones geológicas y técnicas complejas. La fuerte caída de la producción —hoy situada en torno a los 900.000–1.100.000 barriles diarios frente a los más de tres millones alcanzados en su pico histórico—, respondería al efecto de las sanciones en la asfixia financiera del país y el consecuente deterioro deliberado en inversión e infraestructuras. 

En este contexto, el crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense, que se estima insuficiente por sí solo para abastecer la demanda de diésel y otros destilados medios. Además, este petróleo venezolano encaja con la capacidad instalada de las grandes refinerías del Golfo de México, diseñadas precisamente para procesar crudos densos y con alto contenido en azufre. A ello se suma un factor logístico nada menor: la proximidad geográfica —unas 1.500–2.000 millas náuticas frente a las 8.000–10.000 desde Oriente Medio— reduce los costes de transporte (y, por tanto, de uso de crudo) y los riesgos de exposición a los potenciales cuellos de botella estratégicos en Ormuz, Suez o Bab el-Mandeb, en un escenario de creciente inestabilidad global. Esta combinación de reservas, calidad del crudo, infraestructura de refinación y geografía explica por qué el control territorial y logístico del petróleo venezolano, sin ser el único, sigue siendo un elemento de peso en las disputas geoeconómicas contemporáneas, más allá de los relatos coyunturales con los que se intenta justificar la agresión. Pero es que además, el control de estos recursos no solo tiene implicaciones energéticas, sino también financieras y monetarias, al ser parte de una política destinada a reforzar el papel del dólar en el comercio internacional energético con el fin de apuntalar una hegemonía en crisis.

Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur)

En este sentido, Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur), en un momento de transformación, combustión y disputa estratégica a escala mundial. No se trata únicamente de renovar la Doctrina Monroe por medio del “Corolario Trump” parareafirmar el viejo “patio trasero” —como los imperialistas estadounidenses menosprecian a América Latina—, sino de consolidar posiciones frente a posibles competidores sistémicos al tiempo que se afianzan dependencias y liberan recursos para el eje central de la confrontación geopolítica contemporánea. El caso venezolano, lejos de ser marginal, se inscribe así en el corazón de las contradicciones del imperialismo en su fase actual, cuando el centro del mismo percibe que ha perdido el control hegemónico sobre el resto.

Hechos frente a conspiraciones: la obligación estratégica de la información frente a la confusión mediática imperialista

El recorrido hasta aquí realizado permite extraer una conclusión fundamental: sin herramientas de análisis estructural, las agresiones imperialistas aparecen como hechos medio confusos, excepcionales o a veces inexplicables, que incluso parecen ser producto de actitudes magolómanas o ataques psicóticos. En realidad, responden a patrones históricos bien conocidos. Comprender el imperialismo como un sistema, y no como una suma de excesos, errores o conspiraciones aisladas, no es un ejercicio intelectual abstracto, sino una condición política imprescindible para poder identificar al agresor, nombrar la violencia y articular respuestas colectivas.

En contextos de crisis, zozobra y desinformación, esta tarea se vuelve aún más urgente. La ofensiva imperialista no se libra únicamente en los planos económico, diplomático o militar, sino también en el campo de la producción de conocimiento. Lo que circula masivamente en esos momentos no es información neutral, sino, en el mejor de los casos, propaganda: relatos diseñados para desorientar, fragmentar, sembrar sospechas y desplazar el foco desde los hechos comprobables hacia un terreno pantanoso de especulación permanente. El último de ellos ha sido el destinado a deslizar la posibilidad de que la hasta ahora vicepresidenta, y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haya sido la figura que ha traicionado a Nicolás Maduro. Sin pruebas, sin datos, sin nada, la acusación ha permeado los debates de buena parte de una supuesta izquierda en redes sociales que, a merced de los algoritmos, que ni tan siquiera se ha atrevido cuestionar el origen de la tesis, a pesar haber sido propagada de manera profusa por el propio Donald Trump, los servicios de inteligencia estadounidenses y medios con sede en Miami. Esto pone en evidencia que, cuanto mayor es la capacidad de difusión mediática del hegemón, más eficaz resulta su estrategia de desinformación y confusión. 

Frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas

La especulación sin pruebas, la amplificación acrítica de narrativas fabricadas en centros de poder hostiles y la obsesión por tramas opacas terminan haciendo el juego al imperialismo, debilitando la capacidad de denuncia, erosionando la confianza política y fragmentando a quienes deberían estar construyendo respuestas comunes. Allí donde se necesita claridad, unidad y fuerza, se introduce confusión, sospecha y parálisis. No se trata de negar la complejidad de los procesos ni de clausurar el debate, sino de poner en cuarentena las narrativas que responden a intereses imperiales evidentes y de no convertir la incertidumbre en un mercado de rumores. La historia del imperialismo demuestra que su mayor eficacia no reside solo en la violencia que ejerce, sino en su capacidad para desarmar políticamente a sus adversarios, incluso desde posiciones que se reclaman críticas o de izquierdas.

Efectivamente, frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas, a menudo, como hemos visto, procedentes de los mismos aparatos mediáticos y de inteligencia que han impulsado históricamente las campañas de desestabilización contra Venezuela y otros países del Sur global. Frente a ello, recuperar el análisis materialista, atender a las estructuras, identificar los intereses en juego y sostener una crítica anclada en hechos verificables no es una opción más entre otras, sino una obligación estratégica. En un mundo atravesado por una crisis sistémica de extraordinarias dimensiones y por la consecuente intensificación de las agresiones imperialistas, el rigor y la disciplina intelectuales no son ningún lujo, sino una forma de resistencia activa y una condición imprescindible para reconstruir la solidaridad internacional y la acción colectiva que agresiones como las que estamos experimentando exigen.

Por ello, conviene centrarse en los hechos que conocemos. Es decir, las sanciones, el saqueo de activos, las amenazas militares, las operaciones encubiertas, la violencia económica sistemática y, por supuesto, el secuestro del presidente constitucional y su esposa en contra del derecho internacional —en tiempos en que cada vez queda más en evidencia que tal derecho apenas ha parecido serlo mientras le ha servido al hegemón para sostener el control global—. Es por medio de estos hechos corroborables que evitamos el fango de la opinión infundada y nos podemos centrar en lo que en este momento resulta esencial: denunciar la flagrante violación estadounidense de la soberanía de Venezuela, exponer la amenaza que esto representa para el resto del mundo y, consecuentemente, exigir la inmediata liberación de los ciudadanos venezolanos Nicolás Maduro y Cilia Flores.

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