Valladolid
Cuatro investigados, 21 meses de prisión: así se criminaliza la protesta por Palestina en la Vuelta

El primer juicio contra las protestas que frenaron el paso de la Vuelta Ciclista por España en septiembre ha iniciado su proceso en Valladolid, donde cuatro activistas se enfrentarán a la primera vista preliminar el próximo 10 de julio. La defensa denuncia que está en juego un debate social sobre el derecho a la protesta. La Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid afirma que continuará las concentraciones quincenales en la ciudad para exigir la ruptura de relaciones con Israel y el fin del genocidio en Gaza.

“España es un laboratorio de la represión del derecho a la protesta”, afirma a El Salto el abogado de los cuatro activistas vallisoletanos, Erlantz Ibarrondo. Diecinueve personas saltaron al recorrido de la contrarreloj celebrada en Valladolid el 11 de septiembre del pasado año, en dos puntos diferentes de la ciudad. Entre quienes protagonizaron estas acciones y quienes únicamente sostenían banderas palestinas más allá de las vallas, la ciudad suma quince sanciones administrativas.

A ellas se suman las acusaciones contra los cuatro activistas que defiende Erlantz Ibarrondo, contra quienes la fiscalía ha demandado 21 meses de cárcel por los delitos de desorden público y alteración del espectáculo deportivo, a los que se suman cuatro meses más a dos de ellos por un delito de resistencia a la autoridad. En suma, más de dos años y, con ello, la posibilidad de ingresar en prisión.

A la petición de la fiscalía se suma la demanda de la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que los acusados han definido como “lobby sionista”, quien ha elevado las penas a 26 y 31 meses de cárcel

Aunque el abogado cataloga la petición de “desmesurada”, lamenta que existan muchos precedentes en el país de acoso a la protesta. “Es un patrón que ya hemos visto otras veces”, afirma Ibarrondo. A la petición de la fiscalía se suma la demanda de la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que los acusados han definido como “lobby sionista”, quien ha elevado las penas a 26 y 31 meses de cárcel. No obstante, los activistas han admitido los hechos sin voluntad de llegar a ningún pacto con las autoridades. “La suerte es que defiendo a personas que están orgullosas de lo que han hecho”, proclama Ibarrondo.

Una jornada de tres meses

Ibarrondo y los cuatro activistas acusados solo encuentran una explicación para las elevadas acusaciones de la fiscalía: la voluntad de convertir sus acciones en un “castigo ejemplarizante”. Valladolid se llenó el 11 de septiembre de banderas palestinas, distribuidas durante los tres meses previos por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. La acción, coordinada entre distintos territorios del Estado español por la Plataforma por el Boicot Deportivo a Israel, congregó en Valladolid a 150 personas solamente en su segunda asamblea. “Las calles de Valladolid estuvieron absolutamente llenas y con una presencia de banderas palestinas grandiosa, que era emocionante”, afirma Henar Redondo Gaspar, coordinadora de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid.

Cerca de mil efectivos de seguridad también llenaron de ruido las calles, muchos procedentes de Madrid y otros territorios. Con menos meses de planificación, la subdelegación del Gobierno anunció un refuerzo en la seguridad de la ciudad el día antes. Los operativos aumentaron conforme avanzaba la coordinación de la plataforma que, para el día previo, había anunciado la conformación de siete puntos diferentes a lo largo del recorrido, a los que la ciudadanía podía sumarse para expresar su rechazo ante la participación del equipo israelí. Redondo asegura que, en una reunión posterior mantenida en enero con el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, este admitió haberse asustado ante “semejante despliegue”.

La mayoría de las personas sancionadas habían respetado, según Redondo y por indicación de la Plataforma por el Boicot Deportivo a Israel, las normas de la organización del evento. “Tenemos personas sancionadas que no han hecho absolutamente nada”

“Eso fue creciendo como una bola de nieve, porque, la verdad, producía una indignación insoportable, viendo lo que estaba pasando y lo que sigue pasando”, afirma la coordinadora. Redondo señala que, durante la jornada, la violencia de las fuerzas de seguridad fue, en muchos casos, desmesurada. La mayoría de las personas sancionadas habían respetado, según Redondo y por indicación de la Plataforma por el Boicot Deportivo a Israel, las normas de la organización del evento. “Tenemos personas sancionadas que no han hecho absolutamente nada, que lo único que han hecho es estar con una bandera, y les quitado la bandera, les han roto el palo y, encima, les han puesto una sanción”, denuncia Redondo.

Pese a los anuncios de incremento en la seguridad, la organización ciudadana perseveró y la contrarreloj prevista en las calles vallisoletanas tuvo que ser reducida, por recomendación de la subdelegación del Gobierno, en 15 kilómetros el día previo. Redondo afirma que “Palestina ya ganó el día anterior, antes de salir a la calle”.

Una victoria ejemplarizante

Que la Vuelta era un escenario propicio para el debate público fue algo que los diecinueve activistas que cruzaron las vallas del recorrido en Valladolid en dos puntos diferentes detectaron desde el inicio. Por eso, Javier Lázaro, uno de los cuatro investigados, lo define como “una victoria ejemplarizante”. “Entendíamos que la potencialidad de un montón de personas descentralizadas y desde un carácter netamente popular era lo que, verdaderamente, podía ser una victoria ejemplarizante y, sobre todo, muy educativa para que la gente viera su capacidad de influir y hacer algo potente”, afirma el activista.

La línea de defensa de los activistas vallisoletanos, que comparten con los ocho acusados en la localidad madrileña de Becerril, está siendo distinta a la de otros territorios, en los que han optado por negar los hechos. Lázaro y sus compañeros, militantes del movimiento Izquierda Castellana (IzCa), reivindican su actuación como una “acción política”. Todos los acusados han admitido los hechos y han afirmado públicamente que, de ser necesario, ingresarán en prisión. “Es una cuestión de ciudadanía, hay que mostrarles que no pasa nada si la gente se implica y, si pasa, están arropados por mucha más gente”, señala Lázaro.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, afirmó que quien saltara al recorrido estaría expuesto a sanciones que podrían “arruinar a familias enteras”

En el recuerdo de los activistas se mezclan las palabras, por una parte, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien días antes del paso de la Vuelta por España ensalzaba el “derecho a la protesta”. Por otra, las del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien afirmó que quien saltara al recorrido estaría expuesto a sanciones que podrían “arruinar a familias enteras”. Pese a ello, los activistas no esperaban el castigo que enfrentan. “No buscábamos que nos pudiera caer un proceso así, de esta magnitud, pero tampoco nos da mucho miedo”, confiesa Lázaro.

Una lucha política necesaria

La acción de la ciudadanía de Valladolid tampoco se ha frenado tras el paso de la Vuelta por la ciudad. Los activistas afirman tener “la moral muy alta” y sentirse “muy arropados”. Mensajes de vecinos y vecinas de la ciudad no han parado desde el inicio del proceso judicial y, actualmente, existe una asamblea de apoyo a los encausados. “Entendemos que la máxima garantía de absolución es que haya una lucha política en la calle”, afirma el activista. El 10 de julio, frente a la puerta de los juzgados donde se celebrará la vista preliminar, se desarrollará la primera concentración ciudadana, a la que le seguirán charlas y movilizaciones que acompañarán, desde la solidaridad, el proceso penal.

Javier Lázaro, uno de los cuatro investigados: “Se ha bombardeado mucho la cultura militante para desmantelarla de su capacidad de incidencia social y política”

“Se ha bombardeado mucho la cultura militante para, digamos, desmantelarla de su capacidad de incidencia social y política y, bueno, pues sí, también utilizamos esto para que la gente vea que la lucha no es que sea importante, sino que es necesaria” reivindica Lázaro. El arrepentimiento sería, para el activista, la verdadera “derrota política”.

Desde Valladolid también se exporta solidaridad al resto de territorios. La Plataforma Solidaria con Palestina coordina manifiestos, servicios jurídicos y apoyo logístico a las personas sancionadas en la ciudad y también a las acusadas de Becerril. La asociación continúa convocando concentraciones en solidaridad con Palestina, que se citan puntualmente cada quince días tras el recrudecimiento del genocidio el 8 de octubre de 2023. Frente a la postura que definen como “tibia” del Gobierno y el silencio mediático, estas acciones ciudadanas siguen reivindicando la ruptura total de relaciones como Israel, el embargo de armas, el alto al fuego y el fin de la colonización de Palestina.