Opinión
La situación de la vivienda en Valladolid: responsables, beneficiados y retos actuales

Empieza un nuevo curso político en la comunidad con la vista puesta en las elecciones autonómicas que se deben celebrar el próximo invierno. La crisis de vivienda, que hasta hace poco se percibía como un problema de las grandes ciudades afectadas por la turistificación y la sobrepoblación, hace tiempo que es una realidad en Castilla y León. Tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales, el acceso a una vivienda de calidad es cada vez más complicado para la clase trabajadora.

Sobre las causas de esta crisis en general, del negocio de la vivienda que la genera y de los principales planteamientos políticos de cara a superarla ya se ha escrito en otros artículos a los que referimos. También de las principales líneas políticas que la Junta plantea para tratar de conciliar la marcha de este negocio con una imagen de preocupación por el problema. Nuestro objetivo ahora es analizar en el plano más concreto la forma que toma esta crisis en la ciudad de Valladolid. 

Ni universal, ni de calidad 

Nuestra visión es que el problema de la vivienda es causa de que esta sea una mercancía y no un bien de acceso universal. El negocio de la vivienda es la raíz del problema. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la crisis de vivienda no es simplemente consecuencia de la especulación inmobiliaria, de los fondos buitre o de los grandes caseros. Por supuesto, esto es parte del problema, pero no son los únicos implicados. Por negocio de la vivienda nos referimos al complejo entramado de intereses del que salen beneficiados, a parte de estos agentes que mencionamos, las empresas promotoras y constructoras, inmobiliarias, instituciones públicas, inversores e incluso, recientemente incorporados a esta lista, las empresas parapoliciales de desokupación.

La crisis de vivienda, que hasta hace poco se percibía como un problema de las grandes ciudades afectadas por la turistificación y la sobrepoblación, hace tiempo que es una realidad en Castilla y León

Este negocio es un buen ejemplo, quizás el más llamativo en la actualidad, de cómo funciona la asignación de recursos en la economía capitalista, incapaz de priorizar el acceso a los bienes más básicos frente a la ganancia incluso en los casos más esenciales como la vivienda. Identificar como raíz del problema este negocio nos permite entonces señalar a los culpables de esta crisis: los agentes que se lucran con este negocio y los políticos que los defienden. Aterrizando en nuestro caso, veremos como el Ayuntamiento de Valladolid juega un papel determinante en perpetuar y alimentar este modelo. 

Pero, ¿cómo se concreta esto en Valladolid? Nuestra experiencia sindical acumulada durante años interviniendo en los conflictos de la ciudad nos permite describir una realidad que conocemos de primera mano y que esperamos que permita ayudar a concretar los puntos generales que explicamos en los párrafos anteriores. Nos centraremos en los siguientes fenómenos en los que se materializa el problema de la vivienda en Valladolid en el momento actual: la baja calidad de las viviendas, el aumento de poder de los rentistas, una vivienda pública que no alivia el problema y las nuevas promociones de lujo.

La baja calidad de las viviendas 

No sólo reivindicamos el derecho a tener un techo, sino a tener una vivienda de calidad adecuada a las capacidades técnicas actuales, que no deben ser exclusivamente para los ricos. Hemos encontrado numerosos casos de viviendas afectadas por condiciones habitacionales insalubres: desde humedades y ventanas defectuosas, hasta paredes de dudosa calidad, falta de calefacción e inundaciones con aguas fecales. ¿Cómo es posible que esto ocurra en pleno siglo XXI? Pues bien, resulta que la cédula de habitabilidad, el acto administrativo que era un control de mínimos sobre la habitabilidad de una vivienda, fue derogada por la Junta de CyL en el año 2000. El argumento utilizado es que era un documento que genera duplicidades con la licencia de primera ocupación, que es un permiso relacionado con la ejecución de la obra y no con la calidad de las mismas. Esta se puede conseguir con una declaración responsable desde el año 2020. Esta declaración no es un acto administrativo, por lo que el ayuntamiento evita de facto su responsabilidad sobre la vigilancia y el control sobre la calidad de las viviendas. 

En cuanto a los mecanismos que quedan para controlar el estado de las viviendas en Castilla y León, existen dos vías principales: la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) y las órdenes de ejecución municipales. La ITE se presenta como un trámite obligatorio para garantizar la seguridad y salubridad de los edificios, aunque en la práctica su aplicación es muy limitada. Según la ordenanza municipal aprobada durante el mandato de Óscar Puente, solo los propietarios pueden solicitar o presentar estas inspecciones, dejando fuera a los inquilinos, que son quienes sufren directamente las malas condiciones habitacionales. Además, las inspecciones se realizan con una periodicidad excesiva —cada 40 años en muchos casos, después cada 10— y con unos requisitos técnicos muy laxos: basta con que el edificio no presente riesgo estructural grave o peligro inmediato, sin apenas exigencias en cuestiones de aislamiento, electricidad o eficiencia energética. 

Por otro lado, los ayuntamientos y diputaciones pueden emitir órdenes de ejecución para obligar a los propietarios a realizar reparaciones o actuaciones de mantenimiento cuando se detectan deficiencias graves. Sin embargo, este mecanismo suele activarse solo de manera reactiva, cuando ya ha ocurrido un incidente —un desprendimiento, un derrumbe parcial, una denuncia pública— y no como una medida preventiva. En definitiva, el control sobre la calidad de las viviendas es prácticamente inexistente, y las instituciones locales parecen más preocupadas por no incomodar a los propietarios que por garantizar unas condiciones mínimas para quienes las habitan. 

El aumento de poder de los rentistas 

Por si poner las condiciones del alquiler fueran poco, nos estamos encontrando con que las administraciones conceden aún más cuotas de poder a los rentistas, lo que va en consonancia con la guerra de propaganda que vemos en medios de comunicación contra los inquilinos. Aquí van dos ejemplos.

Por un lado, hemos visto en algún caso que el ayuntamiento de Valladolid empieza a exigir a los inquilinos autorización de su casero para obtener el padrón municipal. Consideramos que esto le da poder al casero para condicionar la obtención del padrón a estos. Esto es un problema especialmente para migrantes y solicitantes de asilo, pues estos acceden a sus viviendas a través de un programa de acogida, lo que significa que ellos no son ni el propietario ni el inquilino, y tienen dificultades para acceder al padrón por culpa de este requisito del Ayuntamiento. Con esto se les priva y obstaculiza la escolarización de sus hijos, los servicios médicos, etc. ¿Por qué debe decidir sobre esto el propietario de una vivienda? 

Por otra parte, la dificultad para acceder a asistencia judicial tiende a acrecentar las herramientas de los rentistas para hacer valer sus intereses frente a los arrendatarios, que en los casos más extremos se acaban encontrando en situaciones de clara indefensión. La concreción más clara de esta tendencia la hemos vivido en varios casos de desahucio, en los que la justicia gratuita no entregó a tiempo el informe de vulnerabilidad que los habría impedido. La saturación del turno de oficio repercute en la baja calidad del servicio y la tendencia a abandonar los casos más problemáticos. En otro de los casos que tuvimos, una inquilina evitó ser desahuciada el día anterior al lanzamiento al pagar de su bolsillo a un abogado privado; el caso sigue aún su curso. En él, el abogado de oficio se negó a exigir una suspensión para pedir el informe de vulnerabilidad que evitaba el lanzamiento, a pesar de las exigencias de su representada. ¿Quién nos defiende entonces de la justicia? 

El papel de la vivienda pública 

En este tema hemos profundizado previamente. Por un lado, la vivienda pública de Valladolid gestionada a través de VIVA es ineficiente en la asignación de sus recursos que ya de por sí son de mala calidad. Listas de espera eternas a pesar de tener viviendas sin ocupar, mientras que las que sí son ocupadas son de baja calidad y han sido protagonistas de conflictos sindicales tras la negativa de VIVA a responsabilizarse de los arreglos. 

Por otra parte, la construcción de vivienda pública que se fomenta desde las instituciones es una inyección de dinero público a las constructoras y todas las empresas beneficiadas secundariamente. Las instituciones apuestan por convertirse en caseros de un segmento de jóvenes con menos recursos que, como las grandes empresas inmobiliarias reconocen, aumentan el riesgo y la incertidumbre de los propietarios. Contra las consecuencias del negocio de la vivienda, más negocio de la vivienda financiado con dinero público. 

Las viviendas de lujo

La ministra de Vivienda y otros cargos del partido están empezando a decir a las claras que es necesario que haya cada vez más construcción para que se regule el precio de la vivienda. Esto es un mito ampliamente refutado tanto en la teoría como en nuestra historia reciente, como muestra la burbuja que estalló en 2008. 

Sin embargo, si uno echa una mirada a lo que se construye, se encuentra con que la mayoría de las promociones son de lo que se denomina “vivienda de lujo”, que no deja de ser una forma de que las promotoras prioricen la construcción de las viviendas que les repercuten más márgenes de beneficio. Frente a esta deriva nos encontramos con que ayuntamientos como el de Valladolid, aplauden y avalan este tipo de proyectos. La web municipal informa tras cada Junta de Gobierno de la concesión de licencias de construcción como si fueran a iniciativa municipal, cuando en su mayoría son viviendas inalcanzables por su precio para la mayoría trabajadora. El propio concejal de urbanismo ha acudido a la presentación de promociones privadas de este tipo. Lejos de ser una casualidad es una clara muestra de cuál es su postura: la de hacer de la vivienda un negocio. 

Nuestra propuesta como sindicato 

Lo que planteamos en este artículo son solo algunos ejemplos de cómo las instituciones son las principales garantes de un modelo de negocio inmobiliario que prioriza de manera clara y tajante que la vivienda sea una fuente de beneficio para los rentistas y empresarios y no un bien universal y de calidad para la clase trabajadora. La coherencia en este punto de todos los partidos políticos que han pasado por el Ayuntamiento en los últimos años es total: nada diferencia en lo fundamental el modelo del PP, PSOE y VTLP. 

Esto responde a un problema mucho más general: la falta de independencia política de la clase trabajadora. Esto es, la falta de un partido político que defienda nuestros intereses hasta las últimas consecuencias, en este caso, el acceso universal a una vivienda de calidad. ¿Quién puede poner este programa sobre la mesa en la actualidad? Una organización propia de la clase trabajadora y que represente sus intereses, un partido revolucionario opuesto a todos los partidos capitalistas. Una gran organización que, a la vez, forme parte de las luchas de la clase trabajadora en defensa de sus intereses. 

¿Por qué organizarse, entonces, en un sindicato de vivienda? Porque por un lado, es una herramienta eficaz para organizar a la clase trabajadora en la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida. Como muestran nuestros ejemplos, la fuerza de la organización permite contar con respaldo jurídico, asesoramiento y movilización en los conflictos de vivienda. Además, permite poner encima de los intereses de la clase trabajadora en este ámbito, mostrando la realidad de la crisis de vivienda y conectando los hechos inmediatos con las raíces que los provocan en último término. Por otro lado, y aún más importante, porque permite conectar estas luchas con el objetivo a largo plazo que permite su superación: la construcción de una gran organización revolucionaria de masas. Este partido no puede ser simplemente una plataforma electoral ni un partido burocrático, tiene que contar con una fuerza social que desarrolle y defienda su programa político. A través de la lucha por la vivienda, nuevos sectores de la clase trabajadora toman conciencia de la necesidad de superación del capitalismo y empiezan a hacer suya la gran tarea: construir la alternativa política revolucionaria.