València
Las multas por manifestarse contra Mazón suman más de 35.000 euros

La huelga que vivió el País Valencià el pasado 29 de mayo para exigir la dimisión e imputación de Carlos Mazón ha dejado a 55 personas con una multa a cuestas. La aplicación de la conocida Ley Mordaza arroja, según contabiliza el Grup de Suport a les Represaliades del 29M, un balance de 35.200 euros en sanciones. Según detalla la organización antirrepresiva Alerta Solidària las cuantías varían entre 601 y 800 euros.

Según los datos recogidos por Alerta Solidària, la mayoría de las multas han sido motivadas por una presunta infracción grave del artículo 36.03, vinculado a la provocación de “desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, o la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumaticos u otros objetos”. Algunas otras —una quincena— ascienden hasta los 800 euros, por una presunta infracción grave del artículo 36.6, relativo a la “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “la negativa a identificarse” o “la alegación de datos falsos o inexactos en el proceso de identificación”.

Buena parte de las identificaciones se produjeron en los cortes de tráfico de las principales avenidas y accesos a la ciudad de València, durante las primeras horas de la jornada. Alrededor de las ocho de la mañana, un grupo de unas ochenta huelguistas paró el tráfico de la avenida de Catalunya con dos pancartas grandes que informaban de la huelga y exigían la dimisión de Mazón.

La Policía cargó contra el piquete de manera violenta, con empujones y golpes contra las huelguistas y periodistas que cubrían informativamente la protesta. Posteriormente  identificaron a todas las manifestantes. Precisamente, en este momento también fue identificada y sancionada la periodista de la Directa, Ainhoa Lérida, a pesar de dirigirse e identificarse a los policías con el carné profesional y el DNI.

Desde Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M consideran que la actuación policial fue “abusiva e intimidatoria” y supuso una “vulneración del derecho a la manifestación y a la huelga”. A la vez denuncian que los derechos han sido “atacados” por un cuerpo policial “que está bajo las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE”, que hoy en día todavía no ha cumplido la promesa de derogar la ley mordaza, con la cual “amparan las actuaciones abusivas y se vulneran los derechos fundamentales de las trabajadoras que en este caso se movilizaron”, remachan en un comunicado.

Ambas organizaciones exigen a Delegación de Gobierno, encabezada por la socialista Pilar Bernabé, que retire las multas al estar amparadas en el derecho a  huelga.

El ayuntamiento multó con 3.000 euros por carteles llamando a la huelga

Además de las sanciones derivadas de la Ley Mordaza, el ayuntamiento también ha sancionado la pegada de carteles convocando a la jornada de huelga. En concreto, desde el consistorio exigen 3.000 euros a la Confederación General del Trabajo (CGT) de Valància por realizar una pegada de carteles para difundir la huelga general convocada el pasado 29 de Mayo. 

Según explican desde la central sindical, el pasado 25 de mayo, algunos militantes de la CGT salieron a la calle a difundir la citada convocatoria de huelga. Sobre las 00:30 horas de la noche, la policía local de Valencia paró en la avenida Burjassot a varias personas que se encontraban pegando carteles “en una zona donde ya había otros muchos carteles y les hizo identificarse”, afirman desde CGT. “Los militantes no entendieron el motivo de la identificación, dado que lo único que habían hecho era añadir un cartel más encima de la multitud de carteles anunciando todo tipo de eventos en una pared en la cual no había ninguna señal que anunciara que no se podían pegar allí” explican desde el sindicato.

Fruto de aquella actuación represiva, ahora están llegando propuestas de sanción a las personas identificadas. Hasta el momento, nos consta que ya hay más de cincuenta personas que han recibido la notificación del inicio de los expedientes sancionadores, que suman ya más de 35.000 euros en multas. Y todavía se sospecha que llegarán más. Todo esto, solo porque lo 29M decidieron ejercer sus derechos. Una actuación policial abusiva que llega en su punto de sancionar a una periodista de La Directa que estave cubriendo la jornada de huelga general.

Desde Alerta Solidaria y el Grupo de Apoyo a las Represaliadas del 29M queremos denunciar que las identificaciones en su día y las sanciones que están llegando ahora son un ataque al derecho a manifestación y al derecho a la huelga. Queremos denunciar que esta vulneración de los derechos fundamentales la realiza un cuerpo policial que está a las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE, y que la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé, quien ha intentado proyectar una imagen contrapuesta a la gestión nefasta del Gobierno valenciano del 29O, es responsable de actuar precisamente contra las personas afectadas por la riada y contra las que exigían responsabilidades políticas y judiciales. Y no olvidamos tampoco que el PSOE llegó al gobierno de Madrid al 2018 ya con la promesa de derogar la Ley Mordaza, que es la que ampara las actuaciones abusivas e intimidatorias de los cuerpos policiales, y es de la que se hace uso para vulnerar los derechos fundamentales de las trabajadoras en este caso que se van movilización.