Empresas contra el procés, entre la farsa y la amenaza

El debate político sobre la soberanía y el legítimo derecho a decidir se ve amputado y tergiversado por falsedades e imposiciones empresariales.

Sede Caixabank Madrid
Sede de Caixabank en el Paseo de la Castellana, Madrid.
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

publicado
2017-10-23 15:20:00
En estos días, los principales medios de comunicación no dejan de bombardearnos con noticias que vinculan de manera directa el procés catalán con la catástrofe económica que se estaría generando a partir del mismo. Es una especia de tormenta perfecta en la que cada día se anuncia que más y más empresas han decidido “salir” de Catalunya —esto es, cambiar su domicilio social a otras ciudades españolas— ante la incertidumbre política generada; entre ellas, grandes corporaciones del Ibex-35 como Caixabank, Gas Natural, Abertis o el Banco Sabadell. A la vez, el gobierno central reduce la estimación del crecimiento económico del Estado español en tres décimas del PIB para el presente año por ese mismo motivo. Incluso, avisa de las funestas consecuencias financieras y presupuestarias que tendría una declaración de independencia en firme, vía salida de la Unión Europea y corte de la financiación mediante la compra de deuda de las instituciones catalanas por el Banco Central Europeo (BCE).

Esta avalancha de información de carácter catastrofista, que hasta el 1 de octubre no había sido utilizada como un argumento de peso con tanta intensidad, parece abrir un nuevo frente económico contra el procés, ante las grietas más que evidentes en el frente político. Y es que las lamentables imágenes de la represión desatada el día del referéndum, el encarcelamiento de líderes sociales independentistas que han abogado de manera explícita por acciones pacíficas y democráticas, o el intento de confrontar internamente al pueblo catalán, no han tenido el éxito esperado —o sí, si este era el de reforzar a la extrema derecha y de posicionar un nacionalismo español excluyente y violento—, e incluso han suscitado una cierta reprobación internacional. De ahí que se haya abierto un frente económico, para complementar a un frente político en horas bajas y dentro de una ofensiva del todo vale en la que se mezclan mentiras y amenazas.

Mentiras, para empezar, porque los anunciados cambios de domicilio de muchas empresas en ningún caso tienen que significar alteraciones en las lógicas fiscales, de inversión y empleo de ninguna de ellas. Como afirma Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA), el domicilio social (sede administrativa de la empresa), el domicilio fiscal (lugar de referencia para Hacienda) y la sede operativa (allí donde se concentra el centro corporativo de operaciones) no tienen por qué coincidir. Además, el cambio del primero no conlleva, al menos por ahora, ninguna alteración de las otras tipologías de sede y se mantiene la misma dinámica corporativa. Esta diversidad societaria, de hecho, es muy habitual en las grandes empresas, que suelen recurrir a la deslocalización de sus sedes y filiales para tratar de eludir y evadir impuestos, así como para aprovechar las mayores ayudas públicas posibles, sin que eso signifique nada de cara a su política real de inversiones.

Los anunciados cambios de domicilio de muchas empresas en ningún caso tienen que significar alteraciones en las lógicas fiscales, de inversión y empleo de ninguna de ellas

“El cambio de sede social no implica que estas compañías se vayan a llevar sus negocios de Catalunya, con la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría”, afirma Cruzado, “sino que han asentado su sede fuera de allí, casi con toda seguridad, a la espera del desenlace del conflicto catalán”. Se trata, por tanto, de una lógica que puede responder a la habitual aversión a la incertidumbre política de las empresas, sin descartar a su vez presiones gubernamentales para generar confusión y miedo. Es lo que habitualmente se denomina “inseguridad jurídica” y, en realidad, solo responde a la defensa de los intereses privados de las grandes empresas. En todo caso, se trata de una medida sin efectos reales, seguramente de carácter temporal, y que en ningún caso parece que vaya a suponer alteraciones en la inversión y el empleo, que se mueven por otras motivaciones y variables ajenas a las que supuestamente provocan la “salida en falso” de estas corporaciones.

Si la mentira se ha convertido en un argumento, no lo es menos la amenaza y la imposición económico-financiera frente a cualquier proceso democrático. Algo parecido ocurrió en 2015 en otro país del Sur de Europa como Grecia, donde el poder corporativo —esa alianza de grandes transnacionales, Estados y organismos multilaterales y regionales como el FMI o el BCE— hizo imposible que pudiera llevarse a efecto el mandato popular democrático de no aceptación del memorándum de pago de una deuda considerada ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible. Y se utilizó toda una artillería de medidas, que iban desde los cortes en la financiación por parte del BCE a los bancos griegos hasta el empeoramiento de las condiciones de aprobación de nuevos memorándum. Todo ello, para presentar la claudicación del gobierno griego como un aviso a navegantes.

Esta maquinaria todavía no se ha puesto en marcha en el caso catalán, pero no hay que descartar que lo haga si la situación se desboca para el gobierno español. El reino de España es hoy en día una pieza necesaria y estratégica para una Europa en crisis, en la que su peso específico en términos económicos y su docilidad en la aplicación de las políticas de austeridad y displicinamiento del Sur de Europa le convierten en un aliado fundamental para el proyecto ultraliberal europeo. Si fuera el caso, tal y como ha escrito Isidro López al analizar su papel como dictador de Europa, el BCE podría amenazar con cortar el proceso de compra de deuda de las instituciones catalanas —no así del propio Estado español o del resto de comunidades autónomas, claro—, con el objetivo de ahogarlas y doblegar el procés si este declara en firme la independencia en firme. Aunque, incluso, eso pudiera conllevar una crisis política y un problema para la estabilidad del euro.

La democracia no empieza allí donde acaban los negocios, sino que estos deben sujetarse siempre y en todo caso al mandato popular

Por el momento, con esta estrategia como comodín para ser utilizado en caso de ser necesario, se insiste en presentar ciertas decisiones empresariales muy simbólicas como argumento político, frente a la posibilidad de que el pueblo catalán en su conjunto pueda decidir sobre su presente y futuro. Por encima del mandato popular se sitúa la amenaza de Abertis, una empresa que ha generado un importante agujero al erario público con sus autopistas que se sabían deficitarias. O la de Gas Natural, una de las compañías eléctricas que más denuncias ha recibido por los abusos cometidos con sus actividades en América Latina y el Caribe, además de ser responsable directa del avance de la pobreza energética en el Estado español. Y qué decir de la amenaza de grandes entidades financieras como Sabadell y Caixabank, actor central del sector que más ayudas ha recibido tras la crisis y que más se ha lucrado en las últimas décadas a costa del bienestar de las mayorías sociales.

Una vez más, el debate político sobre la soberanía y el legítimo derecho a decidir se ve amputado y tergiversado por falsedades notorias y amenazas corporativas. Y al igual que el caso de Grecia, las actuales presiones económico-financieras a Catalunya son el espejo en el que se pueden mirar las administraciones locales y “ayuntamientos del cambio” que vayan a tratar de avanzar en proyectos emancipadores y de transformación real de las estructuras de poder. Pero no son las grandes empresas quienes precisamente están en disposición de dar lecciones y copar espacios democráticos, cuando sus operaciones están vinculadas desde la raíz a lógicas corruptas y excluyentes. La democracia no empieza allí donde acaban los negocios, sino que estos deben sujetarse siempre y en todo caso al mandato popular, sin birlar debates necesarios y sin amedrentar por múltiples vías a la población. Afianzar la ciudadanía corporativa o desbordar la democracia, esa es la cuestión.

8 Comentarios
Anónima 18:42 23/10/2017
Sr. Gonzalez, antes de calificar el denominado "derecho a decidir" como "legitimo" le recomendaria informarse como se ha dasarrollado el "proces" en los ultimos años, quien han sido sus promotores, de que clase social vienen, cuales son sus intereses economicos, en que momento judicial se encontraban y como han conseguido el apoyo "social" a una idea tan claramente contraria a los valores de la izquierda. Coincido contigo en que nada tiene que ver el cambio de sede social con la de abandonar un territorio (salvo por el traspaso a otro territorio de los impuestos correspondientes, que sera el efecto negativo a corto plazo para Cataluña) pero es obvio que las empresas que abandonan Cataluña muestran la debilidad de las ideas de los que decian que no habria ningun efecto negativo por ser independientes.
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Anónima 21:41 23/10/2017
Respecto a las 3 conclusiones que planteas me temo que no puedo estar del todo de acuerdo. 1) La iniciativa de dicho proceso se ha llevado a cabo basicamente por los movimienos sociales municipales. Sin perjuicio del impulso institucional (no cabría tal impulso institucional de no sentirse respaldados por la ciudadanía). Respecto a tu frase de que ideas independentistas van en contra de pensamientos de izquierdas, me gustaría que hicieses una lectura más amplia y te fijases hacia donde se diricen los movimientos municipales de izquierdas. Querer tomar tus propias decisiones no va en contra de ser de "izquierdas". Más aún cuando en un presumible Gobierno Catalan la posibilidad de un Gobierno de izquierdas (a priori de "verdad" no como el partido socialista europeo) podría ayudar a extender dichas corrientes en el continente. Razón esta ultim por la que a dirigentrs conservadores Europeos no les convence este proceso. 2) La logíca armonizadora del impueso de sociedades exige la exacción del impuesto en proporción al volumen de operaciones del ejercicio anterior. En este aspecto no tendría relevancia dentro de la lógica que cataluña siguiese formando parte del Estado. Sin embargo si que sería diferente el trato fiscal de tratarse de estados terceros. Las sucursales catalanas pasarían a tributar por el impueso de los no residentes catalan.(dependiendo las negociaciones políticas tendría mayor o menor repercusión). En el marco de una Cataluña independiente, fiscalmente resultaría caro abandobar dicho territorio sin perjuicio de los efectos economicos y estrategicos por los que Cataluña es objeto de negocios. 3) Los efectos economicos de un determinado territorio no son mas que la consecuencia de las negociaciones políticas con terceros. No obstante, la estructura del tejido empresarial catalan, ayudado de la excelente comunicación haria de cataluña un país atractivo para los inversores ( en un escenario de normalidad política obviamente) * a parte, me gustaría añadir que a titulo individual me resulta dificil de creer el inmovilismo y la cerrazón con la que los partidos constitucionalistas estan tratando de acabar con el problema (la palabra es acabar no solucionar). Sin embargo no me sorprende la actitud de estos pueso que abrir la caja del referendum supondría el planteamiento de una crisis territorial del concepto de España sustentada en la figura monárquica tambaleandose y temblando por la idea de que algún dia la ciudadania española votara por la sinrazón de su figura.
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Maider 21:07 23/10/2017
Señora Anónima, estaría bueno que no coincidiera ud en los hechos. Lo que me resulta curioso es que cuando entra en el terreno de las lecturas empiece a utilizar términos del tipo 'tan claramente' y 'obvio'. A ver si no va a ser tan obvio que haya gente que haga lecturas diferentes a las suyas. Le recomendaría informarse y no sentar cátedra tan fácilmente.
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Pep 8:31 24/10/2017
Una vez más manipulación, vamos a situaciones reales no ficticias del que contesta a anonima, yo tengo una sociedad domiciliada en Cataluña y la planta fotovoltaica, el viñedo y la bodega, centros de producción, se encuentran en Castilla y León y yo tributo, en la actualidad, el 100% en la Delegación de hacienda de Cataluña. Para la formación del PIB se tienen en cuenta el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de mi sociedad y este resultado se atribuye al PIB de Cataluña, si mañana saco la sede social de cataluña ese PIB se restará del PIB catalán y ya veremos como queda la balanza fiscal. Un poco de objetividad y un poco menos de manipulación, la manipulación es la que nos ha llevado a esta locura. En cuento a la cuestión nacional (o nacionalismo) les recomiendo la lectura sosegada de la obra "La cuestión nacional" del gran teórico del tema Josep Stalin.
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Antonio 8:59 24/10/2017
Estás en lo cierto sí, para volumenes inferiores a 7M de € se tributa allá donde tengas el domicilio fiscal. Sin embargo, las de mayor volumen tributan en proporción a lo facturado en los distintos territorios. Si quisieses cambiar el domicilio fiscal de la empresa a la que aduces no bastaría simplemente con cambiar la sede social. Tendrías que demostrar que efectivamente dicho cambio tiene como objetivo también el traslado al domicilio social de la gestión y la dirección efectiva del negocio. Cosa más sencilla para las grandes empresas pero que se antoja más complicado para las más vulnerables. Si bien es cierto que podrías hacerlo perfectamente.
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Anónima 9:29 24/10/2017
Me temo que las afirmaciones sobre donde tributar no son correctas.
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Pep 10:21 24/10/2017
Sigues manipulando, tu planteamiento de tributación solo es posible para las comunidades con Concierto o Convenio Económico, (Euzkadi y Navarra), Artículos 15 y 27 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo (Concierto Económico), y artículos 19 y 33 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre (Convenio Económico). Cataluña no tiene ni concierto ni convenio económico. insisto más manipulación. No me comentas nada sobre el cálculo del PIB ni de la cuestión Nacional teorizada por Stalin.
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