Uber
Unidas Podemos quiere una comisión de investigación de los Uber Files

La filtración realizada por un exlobista de Uber y que ha sido publicada por más de 40 medios ha llegado al Congreso de los Diputados. Los Uber Files, como se ha conocido este escándalo ha mostrado cómo la empresa utilizaba estrategias agresivas de lobby y soborno, técnicas para evitar las investigaciones policiales y de las agencias tributarias, entraba a funcionar en países donde sabía que su actividad estaba prohibida y donde se pueden leer emails de los directivos reconociendo que la violencia contra sus conductores era buena para su imagen pública, entre otros escándalos.

Es por ello, que Unidas Podemos ha propuesto  este miércoles al resto de grupos parlamentarios una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer las prácticas llevadas a cabo por la empresa Uber en nuestro país.

“Hemos ido conociendo una serie de noticias en las que se ve con claridad que existieron estrategias de elusión fiscal, estrategias para influir en poderes públicos y para romper la legalidad donde se implantaba la corporación”, ha explicado el diputado de Unidas Podemos y portavoz en la Comisión de Transportes, Rafa Mayoral.

En este sentido, la comisión de investigación que propone Unidas Podemos buscará “investigar las prácticas de entrada en el mercado por vías de hecho en contra de la aplicación de las leyes vigentes en materia fiscal, laboral, consumidores, competencia, derecho de asociación y derecho a una información veraz” e “investigar las prácticas de presión contra representantes públicos tendentes a legalizar la situación de hecho provocada por su entrada en contra de la legalidad”.

La comisión analizará la presión, favor o retribución a funcionarios y autoridades para que actúen en favor de la corporación y en contra del interés general

Asimismo, analizará “las debilidades del ordenamiento jurídico español y europeo para enfrentar las prácticas abusivas de transnacionales que pretendan introducirse en el mercado en contra del marco regulatorio” y la posible “presión, favor o retribución a funcionarios y autoridades para que actúen en favor de la corporación y en contra del interés general”.

“Es un escándalo de tremendas proporciones que pone en riesgo el ordenamiento jurídico de las democracias del mundo. Creemos que es el momento de que esto no pase desapercibido, es necesario investigar”, ha finalizado Mayoral.