Turquía
El golpe que creó la ‘nueva Turquía’ de Erdoğan sigue marcando la política 10 años después

Hace diez años, Turquía vivió una noche que marcaría su futuro: en Estambul, tanques cerraron el puente que une Asia y Europa; en la capital, Ankara, aviones de combate bombardearon el Parlamento; y los militares irrumpieron en la televisión pública para anunciar que tomaban el control del país.Pero al amanecer quedó claro que el golpe —lanzado por un grupo dentro del Ejército— había fracasado. El intento dejó 252 muertos, según cifras oficiales. Sin embargo, el fin de la asonada militar fue el inicio de una nueva transformación para el país.

Con la declaración del Estado de excepción (OHAL, por sus siglas en turco), el presidente Recep Tayyip Erdoğan consolidó un control absoluto sobre todas las instituciones del Estado. La represión contra la oposición se institucionalizó y se construyó un régimen de ‘ley marcial permanente’.

El golpe del antiguo aliado

Todas las miradas señalaron en aquel momento hacia a Pensilvania, en Estados Unidos. El imán Fethullah Gülen, autoexiliado en aquel estado estadounidense desde 1999 por causas judiciales, fue señalado como el cerebro del golpe. Su movimiento, una cofradía islamista que extendió sus tentáculos en varios continente gracias a sus escuelas, ya había sido declarada organización terrorista por el gobierno turco en 2013, antes del golpe.

Esta estructura había sido durante años un estrecho aliado de Erdoğan y su partido, el AKP. La red de Gülen no solo ocupaba posiciones clave en el Estado —ministerios, judicatura, policía—, sino que también controlaba medios de comunicación influyentes, como el periódico Zaman, que durante años respaldó al gobierno. Ministros, diputados, jefes de policía, gobernadores, jueces y fiscales —desde principios de los 2000 y hasta 2013— provenían de las filas de la cofradía de Gülen. El propio Erdoğan y otros altos cargos del AKP elogiaban al movimiento y pedían el regreso de Gülen a Turquía.

La ruptura llegó en 2013, cuando el conflicto de poder entre ambos bandos estalló con las operaciones anticorrupción impulsadas por fiscales vinculados a Gülen. Las investigaciones apuntaron entonces hacia Erdoğan y su círculo más cercano; los hijos de varios ministros fueron detenidos. Erdoğan calificó aquello como una operación del ‘Estado paralelo’ y comenzó a purgar a los gülenistas de las instituciones. Las investigaciones, sin embargo, no derivaron en ninguna condena. Aquella tensión se prolongó hasta el intento de golpe del 15 de julio de 2016.

La caza de brujas

Tras el golpe, Erdoğan utilizó el ataque de Gülen como excusa para lanzar una ofensiva contra toda la oposición. Aunque el levantamiento militar se presentó inicialmente como una operación contra los gülenistas, durante el estado de excepción el objetivo fue mucho más amplio. Los despidos, cierres y detenciones alcanzaron a periodistas críticos, activistas de izquierdas, políticos kurdos y defensores de derechos humanos.

El gobierno declaró el estado de excepción apenas unos días después del golpe, por un periodo de tres meses que se prorrogó siete veces, hasta completar dos años. Durante ese tiempo, se promulgaron decretos ley con rango de ley (KHK) sin necesidad de aprobación parlamentaria. Se dictaron 35 de estos decretos, que dejaron al Legislativo prácticamente anulado y concentraron todas las decisiones en el Ejecutivo.

Esta dinámica ya se había empezado a dar poco antes del golpe, cuando en 2015 cientos de académicos fueron despedidos por firmar un manifiesto contra la guerra entre el ejército turco y el grupo armado kurdo PKK

Más de 200 periódicos, revistas, canales de televisión y emisoras de radio fueron clausurados. Solo una parte de estos medios tenían vínculos con los gülenistas. Los KHK apuntaron al conjunto de la oposición. Decenas de asociaciones, fundaciones y sindicatos se vieron forzados a cesar su actividad. Los despidos afectaron a todos los niveles educativos, desde maestros de infantil hasta catedráticos y catedráticas. Según datos oficiales, cerca de 130.000 empleados públicos fueron destituidos.

Esta dinámica, cabe decir, ya se había empezado a dar poco antes del golpe, cuando en 2015 cientos de académicos y académicas fueron despedidos por firmar un manifiesto contra la guerra entre el ejército turco y el grupo armado kurdo PKK en el sureste del país. Y en 2016, más de 1.100 académicos —entre ellos muchos de los mismos firmantes— fueron despedidos mediante decreto ley. Algunos se exiliaron; otros perdieron su empleo y su seguridad social.

El referéndum que moldeó ‘la nueva Turquía’

Otro de los ámbitos donde el cambio se hizo sentir fue el Ejército. Históricamente un actor determinante en la política turca, su margen de maniobra se redujo drásticamente y su control pasó directamente al presidente. La Jefatura del Estado Mayor, antes relativamente autónoma, quedó subordinada al Ministerio de Defensa. Durante el estado de excepción, unos 20.000 militares fueron expulsados; las academias militares se cerraron y se creó en su lugar la ‘Universidad de Defensa Nacional’. Estos pasos, presentados como una despolitización de las Fuerzas Armadas, significaron en realidad su sumisión total al poder político.

La dirección de medios públicos como la TRT y la agencia Anadolu quedó en manos del Ejecutivo, colocando así la comunicación institucional bajo su control

El estado de excepción terminó formalmente en 2018, pero la mayoría de las medidas adoptadas se volvieron permanentes. El impulso del golpe facilitó el referéndum sobre la ‘nueva Constitución’ que el AKP llevaba años buscando. Celebrado en abril de 2017, el referéndum supuso el paso de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. El Parlamento vio recortadas sus atribuciones, y la era de los gobiernos de coalición quedó atrás.

La cúpula judicial pasó a ser designada directamente por el presidente. El jefe de Estado comenzó a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK), y algo similar ocurrió con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos cambios significaron el fin efectivo de la independencia judicial. Con el referéndum, los rectores universitarios también pasaron a ser designados directamente por el presidente. La dirección de medios públicos como la TRT y la agencia Anadolu quedó en manos del Ejecutivo, colocando así la comunicación institucional bajo su control.

La despedida del derecho a elegir y ser elegido

Durante el estado de excepción, la escena política sufrió una profunda transformación. La formación kurda de izquierda Partido Democrático de los Pueblos (HDP) —en aquel entonces tercera fuerza parlamentaria— se convirtió en el principal objetivo del poder. Desde 2015, al menos 22.818 miembros del partido han sido detenidos, y de ellos, 4.334 siguen en prisión.

El caso más emblemático es el de Selahattin Demirtaş, copresidente del HDP, detenido el 4 de noviembre de 2016 junto a otros dirigentes. Demirtaş, una de las figuras más relevantes de la oposición, lleva casi diez años encarcelado. Organizaciones internacionales de derechos humanos lo califican como ‘rehén político’. Pese a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ordena su liberación, los tribunales turcos no las han aplicado y han abierto nuevos procesos contra él.

En 2024, el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que había ganado los comicios, fue sometido a investigaciones por terrorismo, corrupción y malversación

Mediante los decretos ley del estado de excepción, el gobierno obtuvo la facultad de nombrar fideicomisarios (kayyum en turco) en los municipios. Durante ese periodo, se intervinieron 95 de los 102 ayuntamientos gobernados por el HDP. Con el fortalecimiento de la autoridad de Erdoğan tras la nueva Constitución, los kayyums se convirtieron en parte inseparable de cada proceso electoral. Tras los comicios locales de 2019, en solo cuatro meses, 24 alcaldes del HDP fueron relevados y sustituidos por kayyums. Así, entre 2015 y 2023, 93 copresidentes municipales fueron encarcelados y 95 ayuntamientos pasaron a manos de administradores designados por el gobierno.

En las elecciones locales de 2024, la oleada de kayyums, ya un sello del gobierno de Erdoğan, se manifestó por tercera vez. En ciudades kurdas como Batman, Mardin y Hakkari, se destituyó a los alcaldes electos. Pero esta vez, la operación no se limitó a las regiones kurdas. El principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que había ganado los comicios, fue sometido a investigaciones por terrorismo, corrupción y malversación. Varios alcaldes provinciales y de distritos fueron detenidos, y en algunos casos los ayuntamientos pasaron a ser controlados por el gobierno.

El caso más sonado fue la detención, el 19 de marzo, de Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciudad de Estambul por el CHP. Durante días, el país fue escenario de protestas masivas y duras cargas policiales. İmamoğlu, a quien su partido había anunciado como candidato a la presidencia en las próximas elecciones, era considerado el rival más serio de Erdoğan. Tras su detención, se le impuso una inhabilitación política, lo que comportó la anulación de su candidatura. Hoy, las operaciones contra los municipios gobernados por el CHP continúan.

Una maquinaria de control permanente

Esta suspensión efectiva del derecho a elegir y ser elegido es una pieza clave de la crisis política turca. Y su poder emana directamente del sistema construido tras el 15 de julio. El estado de excepción establecido aquella noche se volvió permanente mediante reformas constitucionales que eliminaron la independencia judicial. Con el referéndum de 2017, el presidente comenzó a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales (HSYK), lo que supuso la centralización de todos los nombramientos judiciales. Un mecanismo similar se aplicó al Tribunal Constitucional, cuyos miembros son designados en gran parte por el mandatario.

Todas estas transformaciones institucionales se convirtieron en los pilares de la ‘nueva Turquía’ construida tras el golpe. La ya debilitada separación de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se desvaneció, y todos los poderes quedaron formalmente concentrados en una sola mano.

El legado del golpe

Diez años después, aunque el estado de excepción haya terminado oficialmente, las medidas adoptadas siguen marcando la vida cotidiana en Turquía. Políticos opositores y periodistas son enviados a prisión, los académicos depurados no pueden regresar a las universidades y las protestas callejeras son reprimidas con violencia.

El verdadero legado del 15 de julio es un nuevo status quo: el colapso efectivo del sistema parlamentario y la liquidación de la ya frágil democracia turca. En un entorno donde el Legislativo y el Judicial se han convertido en herramientas del gobierno, los canales institucionales para la oposición se han cerrado. Por ejemplo, en mayo de este año, Kemal Kılıçdaroğlu, el antiguo líder del CHP, recuperó su cargo por decisión judicial después de haberlo perdido en el congreso del partido. Contraviniendo la voluntad de las bases, el poder judicial intervino directamente en el liderazgo de la oposición para reinstaurar al exlíder.

Solo queda un espacio: la calle. Las protestas callejeras que el año pasado se prolongaron durante días a pesar de la dura represión policial mostraron tanto la determinación del gobierno por acallar cualquier voz disidente como la persistencia de la calle como espacio de resistencia. Diez años después, el 15 de julio sigue marcando la política turca, pero también revela los límites de esta política.