Tribuna
¿Por qué tanta prisa por desregular los organismos modificados genéticamente?

La propuesta de la Comisión Europea de desregular en gran medida los cultivos modificados genéticamente en Europa suscita gran preocupación por muchas cuestiones, pero quizá lo más llamativo sea la rapidez con la que la presidencia española esperaba llevar a cabo la desregulación. 

Ahora, a pocos días del final de su mandato, parece que han fracasado en su intento. Pero, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué el debate político en torno a este tema no recibe la atención y el tiempo necesarios para semejante revisión de la legislación? ¿Hay alguna razón para evitar un mayor escrutinio por parte de la sociedad civil y otras partes interesadas?

Si se aprobara la propuesta, casi todas las nuevas plantas modificadas genéticamente y actualmente en fase de desarrollo recibirían luz verde para su cultivo y venta a los consumidores sin realizar previamente ninguna evaluación sobre los riesgos para la salud o el medio ambiente. Tampoco se exigiría etiquetado, trazabilidad ni evaluación del impacto de las patentes y los países europeos no tendrían siquiera la opción de rechazar los cultivos modificados genéticamente que se cultiven o vendan en sus territorios. Varios países, como Polonia, Austria, Romania, Hungría, Austria y Croacia se oponen activamente a la propuesta.

En nuestra opinión, las deficiencias de la propuesta son tan fundamentales que la respuesta adecuada no puede ser otra que un rechazo total o una revisión completa de la misma

Pero también dentro de los países que podrían apoyar oficialmente la propuesta hay mucha oposición. Organizaciones campesinas, organizaciones ecologistas y grupos de presión europeos denunciaron que las voces críticas fueron sistemáticamente ignoradas en la redacción de la propuesta, a pesar de que se limitaban a defender intereses generales como una alimentación sana, una agricultura habitable y un medio ambiente sano.

Las autoras de este artículo formamos parte de un grupo de más de cien académicos que han expresado ya su preocupación a los ministros europeos de Agricultura y Medio Ambiente antes de la última reunión del Consejo Agrícola en Bruselas. Somos académicas que trabajamos en sostenibilidad, alimentación y agricultura y pedimos a los representantes europeos en Bruselas que rechacen la propuesta de la Comisión de desregular la gran mayoría de los nuevos organismos modificados genéticamente (nuevos OMG), también denominados Nuevas Técnicas Genómicas (NGT). En nuestra opinión, las deficiencias de la propuesta son tan fundamentales que la respuesta adecuada no puede ser otra que un rechazo total o una revisión completa de la misma.

Sin duda, este tipo de objeciones podría ser exactamente lo que la Presidencia española ha querido evitar. Su estrategia no consiste en dar una respuesta convincente a las preocupaciones planteadas por los agricultores, los científicos, los consumidores y las organizaciones medioambientales. En su lugar, han optado por seguir el vaivén de los grupos de presión de la agroindustria y tratar de que se apruebe la propuesta antes de que demasiada gente empiece a indagar en sus defectos. Para entender esta estrategia, tenemos que examinar más de cerca lo que está en juego.

Aunque el principio de precaución es un pilar fundamental de la legislación europea en materia de medio ambiente y salud para las nuevas tecnologías, Europa parece estar cambiando de rumbo al presentar esta propuesta: no sólo en la forma en la que intenta sacarla adelante. 

El sistema de patentes vinculado a los transgénicos ha reforzado aún más la concentración en la industria alimentaria

Al parecer, la competitividad global va primero. La Comisión sostiene que Europa necesita desregular estas tecnologías de riesgo con el único fin de mantener la competitividad mundial de su sector de biotecnología e ingeniería. Argumentan que Europa no puede esperar para ocupar su lugar en esta carrera. Pero en nuestra opinión, esta carrera es, desgraciadamente, una carrera a la baja, en la que incluso las mínimas preocupaciones sanitarias, medioambientales, sociales y democráticas se dejan de lado a favor de una lógica de híper liberalización.

Una elaboración tan rápida de las políticas rara vez sirve a los objetivos democráticos. Es posible que la Presidencia española sea muy consciente de que un debate más profundo y público no respaldaría la desregulación a ultranza que ellos proponen. Según una encuesta reciente, una amplia mayoría de ciudadanos europeos expresa claramente su deseo de saber si los alimentos que consumen están modificados genéticamente. También respaldan la necesidad de que los productos modificados genéticamente sean sometidos a pruebas antes de su introducción en los campos y comidas en Europa. Esta discrepancia entre la propuesta de la Comisión Europea y la opinión pública podría explicar el intento de la Presidencia española de aprobarla tan rápidamente y sin la debida participación pública.

Es importante señalar que los argumentos esgrimidos para desregular y aplazar un escrutinio mas detallado de las consecuencias de la propuesta se han situado hasta ahora en el plano retórico. Una de las afirmaciones de partida es que los nuevos organismos modificados genéticamente no son realmente diferentes de las plantas convencionales y, por tanto, no necesitan las mismas medidas de seguridad ni el mismo etiquetado que las generaciones anteriores de plantas modificadas genéticamente. Sin embargo, esto no es más que una disculpa, mera retórica. Por buenas razones, la legislación sobre ingeniería genética siempre se ha centrado en el proceso por el que se fabrican las plantas. Los científicos han demostrado que incluso un número limitado de ediciones genéticas producido mediante Nuevas Técnicas Genéticas puede dar lugar a cambios radicales en los respectivos organismos, incluidos cambios inesperados en ciertos puntos del genoma distintos de los previstos. Es por esta razón que científicos independientes han afirmado que —en virtud de la legislación actual—  no existe justificación científica alguna  para excluir a los nuevos organismos modificados genéticamente de las pruebas de seguridad obligatorias.

Un segundo argumento clave en la propuesta de la Comisión, es que las plantas modificadas genéticamente ayudarían a los agricultores a adaptarse al cambio climático. Sin embargo, esto es también pura retórica. Promesas similares sobre los supuestos beneficios de las anteriores generaciones de transgénicos no se hicieron nunca realidad. Al contrario, el sistema de patentes vinculado a los transgénicos ha reforzado aún más la concentración en la industria alimentaria, ha contribuido a aumentar el uso de productos químicos tóxicos en la agricultura y ha socavado la soberanía alimentaria y la posición de los pequeños agricultores de subsistencia y ecológicos. Los cambios legislativos actualmente propuestos sólo ejercerán más presión sobre los agricultores y las pequeñas empresas de mejora genética, y no servirán tampoco para ayudar a alcanzar ningún objetivo climático. La agricultura resiliente al clima debe abordarse a nivel sistémico. 

La Comisión está vendiendo las promesas vacías de la industria. Pero la gente no puede comer promesas, y la lucha contra el cambio climático ya ha sido testigo de  demasiadas promesas fallidas. 

Si la propuesta sigue adelante, la Presidencia española de 2023 y su sucesor, Bélgica, en 2024 serán recordados por sus esfuerzos por reforzar los beneficios de la industria agroquímica a costa de las personas y el planeta. Pero existen otras posibilidades.