Tribuna
Las mafias gobiernan el agua que bebemos en nuestras casas
El servicio de agua potable de muchos municipios, que legalmente ha de ser de titularidad municipal y en régimen de monopolio, está privatizado o en manos de sociedades públicas con gestión similar a la de las privadas.
El servicio de agua potable de muchos municipios, que legalmente ha de ser de titularidad municipal y en régimen de monopolio —así lo especifica la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL)—, está privatizado o en manos de sociedades públicas con gestión similar a la de las privadas. Aunque según el Tribunal Constitucional es obligatoria su regulación pública como servicio esencial para una vida digna (con tarifas, beneficios y procedimientos reservados por ley), encontramos precios disparatados y desiguales sin patrón, salvo el del beneficio para sus gestores.
Se ha llegado a esta situación, con el consiguiente perjuicio para los usuarios del agua, por una huida del derecho administrativo, una nula transparencia y un descontrol público y ciudadano. Nos encontramos con ilegalidades generalizadas en los contratos de la gestión (prórrogas, tarifas, recibos, cortes del agua...) de un servicio público que produce pingües beneficios para quienes ostentan su control, con capítulos de corrupción como el del Canal de Isabel II pero sin apenas investigación judicial. Solo el caso Pokémon ha sido investigado por presuntas prácticas criminales en Galicia, Asturias, Cataluña, Valencia y Murcia. Todas de la misma mercantil: Agbar. Hasta el momento, la Audiencia Nacional se ha inhibido.
Estas ilegalidades y saqueo de las mercantiles del agua, en un servicio público esencial y protegido normativamente en España como es el del agua potable domiciliaria, solo pueden deberse a prácticas criminales amparadas por tramas mafiosas. Su penetración no se limita a la gestión del agua en los principales municipios españoles; han sido capaces de modificar aspectos esenciales de la normativa tributaria y de contratación a su favor, así como de adoctrinar a la Justicia española —al menos de 2011 a 2015— mediante cursos gratuitos para magistrados impartidos por Agbar en su sede barcelonesa con el patrocinio del Consejo General del Poder Judicial.
El resultado ha sido doble: por un lado las modificaciones en la LBRL, en la Ley General Tributaria y en la Ley de Haciendas Locales para eliminar el límite de beneficios en la gestión mercantil privada o pública —estableciendo, además, enormes dificultades para la remunicipalización de los servicios del agua—, mediante enmiendas de Cs y PDeCAT, aceptadas por PP y PSOE en la reciente Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) y a las que solo se ha opuesto Podemos, que presentó un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, el reciente cambio drástico en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que rompe con la doctrina del Tribunal Constitucional y ampara la seguridad jurídica de las mercantiles privadas o públicas del agua —léase sus beneficios, en contra de los derechos de los usuarios—.
Ante esto, solo cabe la acción ciudadana para intervenir en la nueva figura establecida por la LCSP de la ordenanza municipal de gestión del servicio del agua y asegurar su respeto al principio de reserva de ley, la titularidad municipal del servicio —no de las mercantiles gestoras—, el carácter público de sus ingresos y gastos, y el control público efectivo y ciudadano del servicio del agua, independientemente de la forma de gestión. También resulta fundamental exigir la continuación de la instrucción judicial del caso Pokemon, pero centralizada en la Audiencia Nacional.
Tenemos que activar todas las cautelas: en un servicio esencial como el del agua potable no caben los beneficios de los mercaderes del agua.
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El próximo gobierno tiene una oportunidad de oro para enmendar errores e iniciar una vía de verdad, justicia y reparación con el pueblo saharaui que resulta imprescindible.
Nosotros aquí en crevillent muchos vecinos tenemos que de pender las Cubas de agua 80 euros cada una. Vivimos todo el año el partida los fossos y Peña y otras pagando los mismos impuestos que los demás. como otros pueblos Aspe condón de las Nieves pensaron más en sus vecinos y desde crevillent se penso1998 y acuerdo de Ayuntamiento tener agua pública. Esos pueblos son más importantes que crevillent ahora mismo gracias a sus políticos. Siento impotencia y vergüenza de mis gobernantes
El servicio de agua siempre es de titularidad municipal, el ayuntamiento luego decide si lo gestionará de manera directa o se encargará una empresa especializada. Lo mismo pasa con las reparaciones de los vehículos municipales, el ayuntamiento puede tener un taller propio o encargarlo a uno privado - porque la administración municipal no puede tener especialistas en todo. Ilegalidades se cometen desde lo público y desde lo privado, ejemplos desgraciadamente no faltan, sin ir más lejos la calumnia puede llegar a serlo y en este artículo hay bastantes afirmaciones que o lo son o poco les falta.
Aparte de la amenaza al autor con la que finaliza usted su mensaje (supongo que por encargo de alguien y con una finalidad bastante concreta), no ha entendido usted absolutamente nada del artículo. No cuestiona la opción de gestión indirecta ni de éste ni de ningún otro servicio, aunque el autor pueda tener su propia opción política y sus razones para mantenerla, sino la vulneración de principios esenciales del derecho para garantizar el mantenimiento e incremento de beneficios para intereses privados. Para lo cual, evidentemente, es imprescindible el fraude tanto en el ámbito público como en el privado. Porque, en efecto, la vulneración de la ley puede hacerse en un ámbito y en otro, pero el saqueo de la riqueza pública y el daño al interés general siempre es en beneficio de intereses particulares, aunque sólo lo fueran del político o funcionario de turno. Y así, a lo que se está aludiendo es a que un servicio esencial (sea de gestión directa o indirecta) se sufrague por medio de un precio y no de una tasa, que es una figura tributaria y como tal sometida a reserva de ley (como marca el artículo 31 de la Constitución) y con un límite que no debe superar el coste de prestación. También a la llamada "huida del derecho administrativo" y a sus controles, que también afectan por igual con independencia de la forma de gestión, así como al hecho de que las empresas se conviertan en recaudadores de lo que debería ser una figura tributaria y por tanto competencia estricta de la Administración, por suponer ejercicio de autoridad entre otras cosas. Es de esto de lo que se habla. Por ello, el articulista denuncia no sólo el recurso a empresas privadas sino también a empresas de capital público, que entrarían en una fórmula de gestión directa pero pueden suponer eludir el derecho público. De todo esto habla el artículo, pero usted sólo se ha enterado de las opciones de poder atacar al mensajero. Como siempre; qué triste el papel de censor, o de mayordomo del censor.
Los robos, no irregularidades, se dan desde lo público y desde lo privado, pero la pasta se la llevan los listos de siempre. Leyendo su comentario da que pensar si usted no estará dentro de esa red de listillos, perdón, quise decir red clientelar.
Los corruptores. Los titos floren que ganan copas de Europa y se mueve como pez en el agua con la nueva política.
