Estamos en un momento crítico para el futuro de Galicia. El gobierno autonómico está totalmente decidido a promover dos grandes proyectos —la mina de cobre de Touro y la macrocelulosa de Palas de Rei— en la bacía hidrográfica del río Ulla. Y lo hace utilizando los viejos eslóganes de “progreso” y “puestos de trabajo” como forma de atraer la atención y tapar los defectos estructurales que tienen ambos.

Una primera consideración metodológica puede ser útil. El río Ulla forma una unidad ecogeográfica con la ría de Arousa; no son realidades estancas, sino, al contrario, interconectadas muy íntimamente porque el río Ulla es el más caudaloso de los que alimentan la ría, con un caudal medio de 79,3 m3/s.

La ría de Arousa, al borde del colapso ecosistémico

Alba Cambeiro

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Galicia La ría de Arousa, al borde del colapso ecosistémico

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La principal productora de marisco de Galicia se enfrenta a una crisis sin precedentes; el impacto de la contaminación actual y la de potenciales industrias como Altri o la reapertura de la mina de Touro ponen en jaque al sector del mar.

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Parecería lógico, por lo tanto, que si pretendemos realmente evaluar el impacto de Altri o de la mina de cobre de Touro, tendríamos que enfrentarnos a un análisis global, o sea, observar y cuantificar los efectos sinérgicos de ambos proyectos conjuntamente sobre el río y la ría. Nada más lejos de la realidad, la Xunta de Galicia permite una evaluación individualizada y, por si fuera poco, Altri solo evalúa su impacto hidrológico en el embalse de Portodemouros y la mina de cobre solo tiene en cuenta el impacto en los ríos Lañas y Brandelos, afluentes del río Ulla.

Hay otra consideración general a tener en cuenta: ambos proyectos —la mina y la celulosa— van a tener 90 y 75 años de concesión respectivamente. Son proyectos que van a afectar al futuro de Galicia y a las generaciones venideras. Son algo muy serio que precisamos ver con tranquilidad, sin presiones y desde diversos ángulos de análisis. Y esto que yo entiendo que es lo más razonable es lo contrario a lo que está pasando porque la Xunta de Galicia declaró la mina y la celulosa como proyectos de interés estratégico (PIE) y eso acelera los procedimientos e impide un análisis sosegado e incluso un debate social plural. Declarar PIE un proyecto es la mejor manera de que camine administrativa y socialmente como por una autopista, para que cuando nos enteremos ya se esté ejecutando.

Además, la longevidad de ambos proyectos obliga necesariamente a un análisis prospectivo de cómo les va a afectar el cambio climático. Esta cuestión, que tiene una importancia capital para tomar una decisión correcta para nuestro futuro, no se está abordando en ninguno de los dos proyectos. En el estudio Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España (2017) se evalúa ese impacto —hasta 2100— en el sistema hidrográfico Galicia Costa, dependiente de la comunidad autónoma. Las conclusiones son claras para cualquiera de los escenarios posibles: tendencia decreciente de las precipitaciones, incremento de la evapotranspiración y merma del recargo de los acuíferos. Es decir: va a haber menor cantidad de agua disponible tanto en los ríos como en las aguas subterráneas. El verano será cada vez más extenso y las lluvias más concentradas en poco tiempo con promedios térmicos en gradual ascenso.

Incluso con los datos históricos actuales del río Ulla podemos constatar que el promedio del caudal mensual en el período 2009-2023 para los meses de junio a octubre, ambos incluidos, es menor de 6 m3/s. Precisamente, fue este criterio al que adujo la consultora Pöyry, en calidad de experto independiente, para rechazar el traslado de la fábrica de celulosa de Ence de su ubicación actual en Pontevedra al río Eume, por tener este un caudal medio de 6 m3/s (Localización y requerimientos. Industria global de celulosa Kraft. Mayo 2019, pág.25).

Altri va a producir más pasta de papel que Ence y, por lo tanto, tendrá un vertido mayor. Es curioso que esta consultora finesa Pöyry se fusionara con la sueca AF para convertirse en AFRY y firmar un contrato con Altri en 2021 para realizar los estudios preliminares y de viabilidad, seleccionar la ubicación, realizar los servicios de autorización ambiental y el diseño e ingeniería de la planta de celulosas en Palas de Rei al lado del río Ulla.

Precisamente, Altri firmó un convenio con la sociedad Impulsa (Sociedad para el desarrollo de proyectos estratégicos de Galicia S.L.) el 1 de octubre de 2021. Impulsa tiene mayoritariamente capital público (40%+ 3,43% de Reganosa + 5,1% de Sogama), pero el gobierno del Sr. Rueda, por algún motivo inconfesable, nos esconde la letra pequeña del convenio que compromete el uso del dinero público.

Porque ese es otro aspecto muy importante de este cambio de modelo productivo que está impulsando el Partido Popular. Se hace utilizando el dinero público, sin hacer públicos los documentos que firman y convirtiendo a la administración autonómica en portavoz de empresas multinacionales que quieren implantarse en nuestro territorio para beneficiarse de nuestros recursos y dejarnos la contaminación para la vida. La Xunta de Galicia abandonó la defensa de los intereses mayoritarios de la sociedad gallega y pasó a ser el agente comercial de Altri y de la mina de Touro. Ni siquiera aparenta neutralidad en el procedimiento. Estamos viviendo en directo cómo el PP destruye nuestro modelo productivo vertebrador del territorio —el sector agroganadero y marisquero/bateiro— y lo sustituye sin abrir un debate en el conjunto de la sociedad, sin diálogo y con prepotencia.

Evidentemente, para imponer este modelo ya fueron construyendo un andamiaje legal que les permita hacerlo con las menores garantías ambientales posibles, en el menor tiempo posible para evitar que la sociedad pueda organizarse y responder.

Por eso, es fundamental tejer una red social transversal en la sociedad, capaz de unir a sectores diferentes que se aglutinen en un movimiento social alrededor de un denominador común: la defensa de nuestro territorio y de nuestros sectores productivos con un modelo alternativo, sostenible, que articule la sociedad, que transforme nuestros productos de calidad con trazabilidad, que asegure que el valor añadido de nuestros productos queda en nuestra tierra. Un modelo integrador, más humano, que garantice nuestra soberanía alimentaria y refuerce nuestra identidad.