Opinión
Tan cerca y tan lejos de la Cumbre del Clima: sindicalismo y democracia energética

La red internacional de sindicatos por la democracia económica (TUED) fue creada en 2012 con un propósito claro: reclamar la propiedad y control público del sector energético para impulsar la transición.
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Encuentro de la TUED en Turquía.
Responsable de transición ecológica del sindicato LAB, Euskal Herria
18 nov 2026 06:00

77 sindicatos de 42 países y una reunión de tres días. Desde Bangladesh, Pakistán e Indonesia hasta Colombia, México y Brasil, pasando por Zimbabue, Uganda, Sudáfrica y Túnez (junto a una pizca de Euskal Herria). El motivo: TUED, la red internacional de sindicatos por la democracia económica. El contenido: las transformaciones económicas, conflictos de clase y conquistas necesarias para una transición energética justa bajo propiedad pública. El lugar: a 25 kilómetros de la COP31 de Antalya. Tan cerca y, lamentablemente, tan lejos.

Política climática: entre todos la mataron y ella sola se murió

Si el mundo es un edificio en llamas, las cumbres mundiales del clima son una pequeña manguera llena de agujeros. El descrédito ya es vergonzante. En los 31 años que separan la primera COP en Berlín hasta la actual en Antalya se han vertido a la atmósfera global tantas emisiones de CO2 como en los 150 años previos. Una COP que se inició con Erdogan anunciando la apertura denuevos pozos de extracción de petróleo.

Uno a uno, los grandes anuncios que acompañan estas cumbres se van convirtiendo en basura digital. Once años después de París, Naciones Unidas reconoce que ya no es posible evitar un calentamiento global por debajo de los 1,5 ºC. Cuatro años después de Glasgow, se disolvió la Alianza Bancaria Net-Zero por el abandono masivo de los bancos mundiales que la formaban.

La crisis del neoliberalismo nos conduce a un escenario global marcado por estancamiento económico, agresiones imperialistas y guerras comerciales por el dominio de las cadenas de suministro. Toda la política climática basada en crecimiento verde y soluciones de mercado simplemente ha saltado por los aires.

Afortunadamente, esa no es la única política climática posible. La red internacional de sindicatos por la democracia económica (TUED) fue creada en 2012 con un propósito claro: reclamar la propiedad y control público del sector energético para impulsar la transición. Un enfoque basado en el conflicto de clase y que, 14 años después, impulsa una alternativa liderada desde sindicatos y organizaciones del Sur Global.

Pagos por capacidad y ajuste estructural verde: Bangladesh, Pakistán e Indonesia

Bangladesh tiene un 63 % de dependencia energética hacia las importaciones de combustibles fósiles. Esta dependencia se convierte en una cuestión de clase debido a la liberalización eléctrica impuesta por el Banco Mundial en los años 90. Casi la mitad de la electricidad se genera desde centrales privadas alimentadas con gas fósil importado.

El gobierno tiene contratos de compraventa de energía a largo plazo con las empresas privadas que operan esas centrales, y constan de dos partes: un pago por su capacidad de generar electricidad y otro por la electricidad que efectivamente generan. Durante los últimos años, el aumento de precios del gas y la devaluación de la moneda han disparado los pagos por capacidad. A pesar de que en 2025 se generó solo un 1% más de electricidad que en 2020, los pagos por capacidad aumentaron un 134%.

Esto se traduce en aumento de precios finales y el saqueo de recursos públicos hacia accionistas privados. Una consecuencia fatal en un país de 178 millones de habitantes muy expuesto a la crisis climática, como se sufrió en la ola de calor de 30 días consecutivos en 2024. Por eso, desde el sindicato del sector eléctrico PBBSKU exigen una auditoría de todos los contratos de compraventa y limitar el pago únicamente por la electricidad generada. Han marcado un plan de organización con objetivos a 12 meses, y exigen que toda la inversión pública se destine a proyectos fotovoltaicos.

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77 sindicatos de 42 países se reúnen en el encuentro de la TUED.

En Pakistán está ocurriendo una situación peculiar. El aumento de precios derivado de los conflictos energéticos, la devaluación de la moneda y los bajos precios de los paneles fotovoltaicos ha provocado un boom de autoconsumo fotovoltaico. En los dos últimos años se han instalado 500 GW, la mayor parte de ellos aislados de la red.

Lo que podría parecer una buena noticia se convierte en una espiral mortal debido a la privatización del sistema eléctrico. Los hogares con más ingresos instalan paneles en sus casas, mientras que los contratos a largo plazo con unas centrales eléctricas de gas y carbón infrautilizadas multiplican las obligaciones de pago por capacidad. Un aumento de costes que recae en los consumidores más empobrecidos, quienes no pueden permitirse salir de la red. Aquí, de nuevo, son sindicatos como PUWF y NTUF quienes señalan la necesidad de acabar con la privatización.

En Indonesia, el trabajo conjunto ya está dando sus frutos. En 2022 la cumbre del G20 anunció como un éxito el acuerdo de financiación internacional para la transición justa (JETP) del carbón en Indonesia. Sin embargo, los sindicatos del sector eléctrico SP-PLN, PP-IP y SP-NP critican duramente este acuerdo como “ajuste estructural verde”, ya que obliga a eliminar los controles de precios y a ampliar la privatización del sistema energético.

El 86 % de todas las personas del mundo que sufren pobreza energética viven en países del África Subsahariana, y justamente por eso el acceso a la electricidad no puede estar en manos privada

Estos sindicatos llevan dos décadas luchando por la defensa de un sistema eléctrico bajo propiedad pública. El “Escenario del Artículo 33” agrupa sus propuestas de inversión y propiedad pública, soberanía energética, independencia política y cooperación internacional Sur-Sur. Exigen que se cumpla el artículo 33 de la constitución de 1945, aplicando un control democrático a todo el sector energético.

La coalición GEKANAS agrupa a 21 organizaciones y está disputando ese marco legislativo. En 2024 logró una victoria significativa con la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de los planes del gobierno para aumentar la presencia de empresas privadas en la generación eléctrica. A partir de ahí, están exigiendo la participación de sindicatos en la planificación y gobernanza del sistema energético, asegurando la inversión y propiedad pública en renovables.

Rechazar la privatización desde el Sur al Norte de África

Continuando con grandes proyectos de inversión internacional, en 2024 el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo anunciaron la iniciativa Misión 300, con el objetivo de posibilitar el acceso a la electricidad a 300 millones de personas de países del África Subsahariana antes de 2030. Frente a las bonitas palabras, los sindicatos tienen claro que esto es un intento de privatizar las redes eléctricas de estos países.

El 86 % de todas las personas del mundo que sufren pobreza energética viven en países del África Subsahariana, y justamente por eso el acceso a la electricidad no puede estar en manos privadas. Múltiples sindicatos han mostrado su rechazo al enfoque neoliberal del proyecto, que repite los mismos patrones que han dejado a 600 millones de personas africanas sin electricidad y ahogan a los gobiernos con una deuda asfixiante. Bajo este enfoque, el dinero público se utilizará para subvencionar los beneficios de las empresas transnacionales extranjeras.

Frente a ello, múltiples sindicatos empujan a favor de recuperar y restaurar el control público del sistema eléctrico. Esto significa desmercantilizar y dirigir los esfuerzos técnicos y financieros hacia unos servicios públicos de energía. Bajo este enfoque está trabajando elConsejo de Coordinación de Sindicatos de África del Sur (SATUCC), que incluye a 22 sindicatos de 16 países, con más de 10 millones de personas afiliadas. En los próximos meses impulsará varias campañas en favor de la propiedad pública y cooperación regional entre países.

En Túnez, Gran parte de los nuevos proyectos privados de fotovoltaica e hidrógeno verde no responden a necesidades locales, sino que están orientados hacia la exportación a Europa

Esto incluye la disputa por el marco legislativo, la investigación, la organización en el centro de trabajo y la formación política a las personas afiliadas. Un trabajo inmenso que incluye la auditoría de los criterios de financiación en Mozambique, Botswana, Malawi, Zambia y Zimbabue. El objetivo es defender la propiedad pública como la única alternativa capaz de realizar la inversión necesaria para que el acceso a la electricidad sea un servicio público fiable y garantizado.

Desde el sindicato UEAWU del sector eléctrico de Uganda celebran que, después de 20 años de privatización del sistema eléctrico, entre 2023 y 2025 se consiguió revertir la situación. Tras la finalización de las concesiones existentes, dos empresas públicas están gestionando la distribución y la mayoría de la generación eléctrica. Ahora el gobierno de Uganda planea fusionar generación, transporte y distribución eléctrica bajo una única empresa pública.

La situación es la opuesta en el caso de Sudáfrica, donde el gobierno ha iniciado en 2026 la fragmentación y apertura a la inversión privada. La empresa pública Eskom se va a dividir en tres (generación, transporte y distribución) y se van a diseñar mecanismos para que el sector privado participe en la construcción de nuevas líneas eléctricas. Desde el sindicato de trabajadores de la minería (NUM) han iniciado acciones legales contra el presidente y el gobierno, por la falta de consultas a las personas trabajadoras de la empresa pública y los riesgos financieros.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) desarrolló una intensa agenda de transformaciones energéticas. El programa era claro: abandonar gradualmente la dependencia del petróleo, del carbón y de la minería

En la otra punta del continente africano, en Túnez, el sindicato FGEG-UGTT está enfrentándose al modelo energético neoliberal impuesto por el Banco Mundial y el gobierno. El país cuenta con una empresa pública de gas y electricidad, pero le impiden que realice inversiones en nuevos proyectos de generación. Las leyes sobre renovables han favorecido las concesiones a empresas privadas extranjeras, mientras que la empresa pública de electricidad y gas ha asumido el aumento de costes que implica operar un sistema eléctrico con mayor intermitencia.

Gran parte de los nuevos proyectos privados de fotovoltaica e hidrógeno verde no responden a necesidades locales, sino que están orientados hacia la exportación a Europa, como demuestra el proyecto Elmed: un cable submarino que conectará Túnez con Sicilia. Frente a ello, el Grupo de Trabajo de Democracia Energética de Túnez apuesta por un modelo de transición que utilice la empresa pública existente para financiar proyectos renovables propios y otros que combinen propiedad pública, cooperativa y comunitaria.

Plataformas y avances del camino público: Colombia, Brasil y México

Al otro lado del océano Atlántico encontramos algunas de las experiencias de democracia energética más avanzadas, tanto desde el ámbito sindical como institucional. Sindicatos, centros de investigación y gobiernos progresistas están dando pasos muy significativos en este camino.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) desarrolló una intensa agenda de transformaciones energéticas. El programa era claro: abandonar gradualmente la dependencia del petróleo, del carbón y de la minería. Ese camino se recorrió junto a los sindicatos, comunidades y movimientos populares de los sectores directamente afectados.

Desde el sindicato eléctrico SINTRAELECOL destacan la voluntad del gobierno para planificar la reconversión y recualificación laboral de las centrales termoeléctricas de carbón. El sindicato minero SINTRACARBÓN tiene en el horizonte el cierre de la mina del Cerrejón en 2034, y tiene claro que ninguna transición justa entra en los planes de Glencore. Por eso han realizado propuestas sobre crear cooperativas y una empresa pública para diversificar la actividad económica de La Guajira.

Estos dos sindicatos, junto a la USO, impulsaron en 2022 la creación del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Justo Del Sector Minero Energético De Colombia (CIPAME). Sindicatos de los sectores de carbón, petróleo y electricidad que tienen un fuerte interés por elaborar propuestas de reconversión productiva y laboral, participación democrática y gestión planificada de estos procesos.

Coincidiendo con la cumbre internacional para el abandono de los combustibles fósiles celebrada en abril de 2026 en Santa Marta, se creó la Coordinadora sindical intersectorial minero-energética de Colombia por una transición justa y pública(CITEJP). El objetivo es aumentar su capacidad de análisis, propuesta y acción conjunta, especialmente ante un escenario tan desfavorable como el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. En los próximos meses presentarán su primera hoja de ruta y propuestas.

En el caso de Brasil, Lula da Silva logró revalidar su gobierno en las elecciones de octubre de 2026. Esto mantiene abierta la posibilidad de profundizar transformaciones energéticas, pero también tiene muchas limitaciones. Los sindicatos de Brasil tienen claro que operar el gobierno no significa tener el control del público del sector energético, así que les corresponde fortalecer su capacidad de disputar ese control.

Esto queda claro en las prácticas de Petrobras, empresa con un 35% de propiedad pública que acaba de autorizar el reparto de 2.450 millones de euros en dividendos a los accionistas. La disputa sobre el uso de los beneficios hacia la reinversión para proyectos de transición energética es una batalla fundamental. En este sentido, el sindicato petrolero FUP y su instituto de investigación INEEP han elaborado 50 propuestas de políticas públicas sobre transición energética, soberanía nacional y minerales críticos para el nuevo mandato de Lula.

En México, el gobierno progresista iniciado en 2018 por AMLO y continuado con Claudia Sheinbaum está logrando revertir la privatización del sistema eléctrico

En cualquier caso, FUP e INEEP tienen claro que no basta con el diálogo social entre gobierno y sindicatos. No vale con llamar a los sindicatos cuando las inversiones ya están decididas, lo que exigen es que se creen mecanismos de participación permanente de los sindicatos en la planificación energética. Por eso, el enfoque es la solidaridad crítica con los gobiernos progresistas. No basta con tener amigos en el gobierno, hace falta conquistas efectivas de poder de clase.

A este mismo problema se enfrentan desde México, donde el gobierno progresista iniciado en 2018 por AMLO y continuado con Claudia Sheinbaum está logrando revertir la privatización del sistema eléctrico. La secuencia incluye una reforma de la Ley de la Industria Eléctrica en 2021, la compra del 77 % de la capacidad de generación de Iberdrola en 2023, una reforma constitucional en 2024, la aprobación de una nueva Ley del Sector Eléctrico y de un ambicioso Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) en 2025.

Como resultado, la generación eléctrica pública ha aumentado desde un 30 % en 2018 hasta un 54 % en 2025, y se espera que alcance el 60 % en 2030. A pesar de las amenazas de Estados Unidos con una denuncia en tribunales ISDS, se lograron revertir las reformas neoliberales del anterior gobierno y se recuperaron a CFE y PEMEX como empresas públicas estatales. La reforma constitucional recuperó la planificación energética vinculante, la nueva Ley del Sector Eléctrico limita la generación privada a un 46 % como máximo, y el PLADESE prevé la instalación de 17 GW de nueva generación pública hasta 2030, mayoritariamente eólica y fotovoltaica.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) empujó a favor de esta transformación, pero insiste en la importancia de mantener su independencia. Como es lógico, existen tensiones y el sindicato sigue manifestándose para exigir la reincorporación laboral de las 44.000 personas despedidas en 2009 por el cierre de la eléctrica pública Luz y Fuerza del Centro. En el caso del sindicato petrolero STPRM, también apoyan al gobierno pero mantienen choques por que se niega a actualizar los salarios conforme a la inflación para las categorías de técnicos en PEMEX.

Reconocen que estas reformas han abierto una ventana de oportunidad, pero que puede cerrarse si no fuerzan su avance. Por eso, los sindicatos no se pueden limitar a aplaudir al gobierno ni pueden oponerse frontalmente hasta hacerlo caer. Inspirado por la coordinación sindical en Colombia, se ha creado en México la Plataforma sindical por el camino público, centrada en exigir la participación de las personas trabajadoras, la negociación colectiva y la planificación vinculante en todos los nuevos proyectos públicos.

Un Norte Global prácticamente ausente

Al igual que está ocurriendo en las negociaciones dentro de la COP31, en este foro el Norte Global estaba prácticamente ausente. TUED está fortaleciendo la cooperación internacional entre sindicatos del Sur Global. Los sindicatos de África del Sur están estudiando las reformas logradas en México para revertir la privatización. Los mexicanos están replicando la plataforma colombiana. Y los indonesios llevaron al coordinador de TUED como perito ante el Tribunal Constitucional.

Aunque esto sea excelente, desde los países del Norte Global no podemos limitarnos a la solidaridad internacional. Nuestras economías se basan en un intercambio desigual imperialista, en mantener una posición de ventaja competitiva y en el saqueo de energía, trabajo y recursos naturales. Conocemos qué impactos generan las miles de toneladas de petróleo, gas y minerales que llegan a nuestros puertos. Y conocemos que si nuestra transición energética está guiada por el mercado, la competencia y el beneficio privado reproducirá todas las lógicas coloniales más agresivas.

Por eso debemos asumir las tareas que nos corresponden, y luchar aquí también por una transición energética bajo propiedad pública. Eso fue lo que presentamos en esta reunión desde el sindicato LAB: un informe realizado junto a OMAL y TUED sobre cómo recorrer ese camino en Euskal Herria. A diferencia de muchos de los países presentes en esa sala, nuestros gobiernos sí tienen capacidad presupuestaria, fiscal y de endeudamiento para financiar unas fuertes inversiones en proyectos renovables de propiedad pública. Ni el Banco Mundial ni el FMI le van a aplicar un programa de ajuste estructural al gobierno de Iruña o de Gasteiz por hacerlo.

En este informe, que se publicará próximamente, se combina una profunda reducción de la demanda energética, un aumento significativo de la generación renovable, una apuesta por la fotovoltaica en tejados y fuertes inversiones de estricto carácter público. Una propuesta a medio camino entre lo viable y lo transformador. Una hoja de ruta que puede iniciarse con voluntad política y una fuerte movilización popular. Una vía para aumentar la soberanía energética, económica y política a través de la planificación democrática.


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