La chapuza social

La Asociación de Madres Solteras comenzó 2018 sin saber cómo iba a costear los pisos de acogida, el cuidado de los pequeños y las necesidades de las mujeres que acogen. No lo sabe porque es una de las 722 entidades sociales que forman la Plataforma del Tercer Sector de Madrid y que se han quedado sin la subvención que necesita para su normal funcionamiento.

Hasta 2017 era el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales el encargado de valorar y repartir estas subvenciones, pero sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional han cambiado el criterio y son ahora las comunidades autónomas las que realizan esta gestión de adjudicación de lo recaudado. Ante este cambio, la Comunidad de Madrid (CAM) se comprometió con el Tercer Sector a adjudicar las subvenciones antes de final de año. A mediados de febrero de 2018 había cientos de entidades, como Madres Solteras, que se quedaron fuera del reparto y sin recibir ni un solo euro. 

El Consejo de Gobierno reaccionó, y el 20 de febrero, más de tres meses después de lo que estaba comprometido, aprobó las normas reguladoras y de desarrollo del procedimiento de concesión directa de las subvenciones a proyectos de interés social, y autorizó un gasto de diez millones para financiarlas. Este nuevo, extraordinario y tardío procedimiento permitirá que las entidades que recibieron subvención en la convocatoria del IRPF de 2016, y que quedaron excluidas en la de 2017, puedan continuar con sus proyectos. Se va a repartir sin concurrencia competitiva, ni puntuaciones, ni técnicos. De manera directa. Es un pequeño respiro para Madres Solteras, Apoyo Positivo y tantas otras que han estado al borde del cierre en un comienzo de año angustioso, pero no cambia la situación de desastre con la que ha comenzado el reparto tras el paso de sus competencias del Ministerio a la Comunidad.

Un proceso caótico

El BOE, en su publicación del 22 de julio de 2017, establece qué parte de la aportación reparte el Estado, qué parte las Comunidades y bajo qué criterios. El primer año de la CAM al frente del reparto, la convocatoria ha sido, en palabras de los representantes de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid “un proceso bastante caótico, con mala gestión y falta de previsión, con nefastas consecuencias en el tejido social, y en los servicios que han tenido que dejar de prestarse a las personas más desfavorecidas de la ciudadanía”.

“No ha habido maldad, lo que ha habido es un Desastre de gestión”, describe Encarna Pámpanas

Para este año eran 26 millones de euros a repartir; el 80% de lo recaudado de la cruz del 0,7% del IRPF en la comunidad autónoma. Las subvenciones no se han otorgado directamente a las entidades que ya lo venían recibiendo sino mediante un proceso de concurrencia pública competitiva, en el que, según explican desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la CAM, los proyectos “han sido valorados por una comisión de técnicos que han puntuado según distintos criterios”.

Tras el estudio de los técnicos y la puntuación, de 1.268 proyectos presentados se han concedido 352. El 80,3%, más de 900, se han quedado en la cuneta. Son los que, a mediados de febrero, no saben si van a poder seguir. Y, si no continúan, pierden la subvención para otro año. Sus trabajadores están en el paro, aunque muchos trabajan de manera voluntaria para sostener los proyectos. “Esto es un desastre para muchas organizaciones de reconocido prestigio y lustros de actuación”, dice Carmen Flores, responsable de la Asociación de Madres Solteras de Madrid, que cuenta la ansiedad que han pasado estos meses. “Nosotras llevamos actuando 35 años, con pisos ya 25, y con toda esa continuidad, nos quedamos sin subvención por falta de fondos, puesto que primaron a otras organizaciones con mayor puntuación. Hemos tirado de ahorrillos y solidaridad casi tres meses con el alquiler de dos pisos, los suministros de tres, ocho mujeres acogidas y nada menos que 10 menores a los que queremos evitarles a toda costa cualquier situación de desigualdad”.

Buenos criterios

Pero, ¿cuáles han sido esos criterios? ¿Cómo se mide la necesidad, la vulnerabilidad, las necesidades más acuciantes unas frente a otras? Las bases de la convocatoria parecen recoger la necesidad de todos los colectivos con vulnerabilidad. El problema han sido los requisitos, los llamados “criterios objetivos”, la presentación de una gran cantidad de certificados y papeles en tiempo y forma, y la rigidez de fechas para ellos.

Flores lo explica con claridad: “Entre otros puntos, había que cumplir unos ‘criterios objetivos’ que valoraban la situación financiera, de patrimonio y la capacidad de financiación propia de cada entidad. Esto lo ha hecho una empresa, Tragsa, que también valoraba aspectos como la dimensión de las entidades”. Según la Consejería de Asuntos Sociales, Tragsa está “especializada en resolver valoraciones con carácter de urgencia”. La CAM aún no ha podido concretar cuál ha sido el coste del trabajo de los 40 técnicos que han realizado la valoración de los proyectos presentados, pero aseguran que no ha significado sobrecoste alguno.

Para las asociaciones esto ha supuesto un cambio. Carmen Flores indica que han tenido “que competir con algunas que han metido todo lo que tienen”, incluídas algunas que actúan en el ámbito estatal, como Cruz Roja. “Según esas valoraciones, ha habido algunas que han dado un verdadero pelotazo, llevándose más subvención de la que nunca habían recibido”, protesta Flores.
Los papeles y certificados que estos técnicos exigieron han supuesto una barrera para las organizaciones más modestas. Un ejemplo es la exigencia de un contrato de seguro de responsabilidad civil de la entidad, explica Flores, “pero si no tienes la subvención, no puedes contratar ese seguro para este año”.

Encarna Pámpanas, vicepresidenta de la Plataforma de Tercer Sector en Madrid, describe así lo ocurrido: “no ha habido maldad, lo que ha habido es un desastre de gestión”.

todo o nada

En la anterior convocatoria, todavía gestionada a nivel estatal, cabía la posibilidad de adaptar la memoria del proyecto a la subvención concedida. Si la asociación pedía una cantidad y solo le subvencionaban la mitad, por ejemplo, éstas tiraban de solidaridad o reorganizaban el proyecto, lo presentaban de nuevo y obtenía la mitad presupuestada. En esta ocasión, eso no ha sido posible. Ha sido todo o nada.

La incertidumbre se ha producido desde mediados de noviembre. “Cuando repartía el Estado, en los últimos tres meses del año ya sabías la cantidad con la que ibas a contar el año siguiente y tenías una previsión para confinanciar, buscar otros recursos, mantener trabajadores, incluir nuevos casos… tener una estabilidad. Este año el proceso ha dejado la cuneta un espectro muy importante de seres humanos; gente con VIH, población gitana, mujeres solteras, personas sin hogar, problemas de adicción, proyectos de infancia y juventud”, dice Pámpanas.

La decisión excepcional anunciada el 20 de febrero funciona como parche, pero abre dudas: la CAM tendrá que decidir de dónde sale ese dinero. El procedimiento de concesión directa de las ayudas aprobadas el 20 de febrero es similar al que realizaba el Estado, y a eso desde la Consejería lo han llamado “dar a dedo”. Finalmente, la nueva partida deberá ser repartida de esta forma para no generar mayor caos y desigualdad entre unas entidades y otras.

El plazo para solucionar este entuerto era “cuanto antes mejor”, pero ese era ya el plazo ideal en diciembre del año pasado. “La situación de incertidumbre es difícil de soportar, cuando se tenía que estar trabajando desde primeros de enero con normalidad. Hay entidades y proyectos que lo han podido solucionar o parchear, y habrá acciones que hayan tenido que pararse por falta de fondos”.
Pámpanas se muestra colaborativa para que este descontrol no se vuelva a producir: “Estamos abiertos a reunirnos de cara al año que viene, sentarnos en una mesa, mirar y analizar las bases para ver qué ha pasado y conseguir que el reparto del IRPF sea realmente solidario en nuestra región”.

Desigualdad de base

El conflicto, aparentemente burocrático, entre el Tercer Sector y la Comunidad se plantea en una región definida por la profunda desigualdad. “Cuantitativamente no hay incremento de pobreza en la Comunidad de Madrid, pero la brecha de desigualdad se ha hecho muy grande”, argumenta. “Hace cinco años si estabas por debajo de los mil eras pobre, pero ahora ha bajado el umbral: si estás por encima de los 700, vas bien”, recuerda Pámpanas.

Las mujeres y la infancia son los primeros que sufren esta desigualdad. Existe una disyuntiva en el imaginario social entre “niño normal, niño pobre”. Algo contra lo que se rebela Pámpanas: “Todos los niños y niñas son normales. La situación de pobreza no significa que no seas normal. Quiere decir que eres pobre. Y en Madrid, dependiendo de dónde vivas, eres o no pobre”. Pámpanas, natural de Carabanchel, sabe de lo que habla.

La plataforma tiene claro su papel. “No sustituimos a los recursos públicos, queremos que estos funcionen. Pero hay servicios sociales, centros de atención a las familias, mesa de juventud e infancia, dispositivos de atención a la violencia de género, cuestiones como el acompañamiento de ancianos un fin de semana, un punto de encuentro en el barrio, acogida a quienes no tienen dónde ir… allí donde las administraciones no pueden llegar, nosotros llegamos”, explica.

Las entidades quieren seguir haciendo todo lo posible para que esas situaciones de pobreza no sean crónicas, para que el lugar en el que nazcas, o la zona donde vivas no decida el destino de las personas. “No eres un fracasado porque tengas una mala racha”, sentencia Pámpanas.