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Se va a señalar a Sanidad, como se ha hecho desde la disolución del INSALUD en 2002, como una cartera vacía de competencias. Nada más lejos de la realidad.
Por ello, vamos a revisar una serie de tareas pendientes en el ámbito de los derechos sanitarios y de acceso a la salud. Tres tareas pendientes para una sanidad pública, universal y de calidad.
Vuelta a la Sanidad Pública
En su 10º aniversario, Audita Sanidad nos recordaba la pasada semana cómo la ley 15/97 abrió las puertas a la privatización del sistema público de salud. Justificándose en el Informe Abril Martorell (vicepresidente del Banco Central Hispano por entonces), se calificó a la sanidad española como ineficiente y necesitada de gestión empresarial de la misma. Además, invitaba a la competencia entre la provisión pública y privada con el fin de estimular la eficiencia.
Sanidad pública
Sanidad Pública Acabar con la privatización sanitaria: el muro al que se enfrenta Mónica García
La ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) inauguró la “externalización” (privatización) de servicios sanitarios y relacionados con la Sanidad. Desde la limpieza o cocinas de los centros sanitarios, a la gestión administrativa de pacientes o la realización de pruebas diagnósticas, consultas o tratamientos. Las empresas privadas entraron de lleno en la sanidad pública y, al contrario de lo previsto por el citado informe, conllevando sobrecostes y peores resultados en los servicios. Lo que antes era un gasto directo en servicios a la sanidad, ahora se deriva a beneficios empresariales a costa de peores condiciones laborales para quienes desarrollan estos servicios y peor atención de la población en los mismos.
Cuando al citarte en el hospital te ofrecen otro centro sanitario “que te va a ver más rápido”, hay una empresa detrás ganando dinero con tu salud. Cuando ya no es posible hablar directamente con tu centro de salud y te pasan con una centralita, hay una empresa detrás ganando dinero con tu salud. Cuando la habitación en la que te han ingresado se limpia a toda prisa o la comida del hospital cada vez es peor, hay una empresa detrás ganando dinero con tu salud. Cuando en tu centro de salud están saturados, no puedes ver a tu médica en tres semanas y te planteas irte a la privada; hay una empresa detrás ganando dinero con tu salud.
El nuevo ministerio tienen la tarea de la defensa de la sanidad pública. Esto tendrá que conllevar la derogación de la ley 15/97 y devolver a la gestión pública todos los servicios externalizados
El nuevo ministerio, al igual que sus predecesores, tienen la tarea de la defensa de la sanidad pública. Esto tendrá que conllevar la derogación de la ley 15/97 y devolver a la gestión pública todos los servicios que habían sido externalizados. La eliminación de conciertos, privatizaciones y cesiones a la empresa privada conllevará, por un lado, una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos evitando los sobrecostes de márgenes de beneficio empresariales; y, por otro lado, una mejora de las condiciones de aquellas personas que dedican su vida laboral al cuidado de la salud y unos mejores resultados en la atención de pacientes. Reclamemos que la sanidad vuelva a nuestras manos y al control de la misma por parte de la población.
Vuelta a la sanidad universal
En 2012, el gobierno de M. Rajoy eliminó la sanidad universal en España mediante el RDL 16/2012, llevando al desamparo sanitario a miles de personas. Cuando el PSOE volvió al gobierno (en solitario) se quiso anunciar y dar a entender que la sanidad volvía a ser universal.
Sin embargo, el RDL 7/2018 sobre el acceso universal al SNS en realidad agravó los problemas de acceso a la salud y sentenció la universalidad del sistema sanitario.
Tal y como ya denunció YoSíSanidadUniversal, el RDL 7/2018 excluye del acceso a la sanidad a las personas extrajeras que se considera que están en España de forma temporal. Esta temporalidad se ha establecido en 90 días, aunque muchas autonomías han indicado que la forma de demostrarlo es llevar empadronado 90 días (a pesar de que una persona migrante no va a conseguir cita en el padrón el mismo día de su llegada y sí haya otras formas que puedan demostrar su estancia que no son admitidas como válidas por los servicios de salud). Tras estos primeros 90 días, se tendrán que enfrentar a unos duros trámites de acceso que, además, se deja a la variabilidad autonómica su aplicación. Esto, en la práctica, genera que muchas comunidades autónomas (como Madrid) establezcan trámites extra que limitan aún más el acceso a la salud.
Mientras que con el Real Decreto-Ley del PP algunas personas podían ganar en los tribunales el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, tras la aprobación de la ley de supuesta universalidad del PSOE se da respaldo jurídico a las discriminaciones sanitarias que los jueces declaraban previamente ilegales.
Voy a poner un ejemplo de cómo xenofobia, machismo y discriminación administrativa operan en este nuevo marco. Una paciente migrante que tenía reconocido el derecho a asistencia usando su pasaporte, al conseguir su permiso de residencia en España fue excluida de la atención ya que no estaba trabajando. En este caso, se la invitaba a pagar una tasa económica (copago) o pasar a ser beneficiaria de otro paciente. Tuvo que casarse con su pareja (sí con nacionalidad española) para poder optar a volver a recuperar un derecho que sí había tenido reconocido (ahora como beneficiaria de su marido). Una mujer migrante se ha visto obligada a casarse con un ciudadano español para recuperar su asistencia sanitaria y volver a continuar, entre otras cosas, el seguimiento por salud mental en una situación de vulnerabilidad social importante.
Exclusión sanitaria
Sanidad universal Las competencias que sí tiene el Ministerio de Sanidad: cómo recuperar la asistencia universal
Vuelta a la Sanidad de Calidad
Calidad humana, calidad democrática, calidad… Frente a los marcos empresariales de calidad, necesitamos una asistencia cercana, centrada en la salud y participativa.
A mi parecer, hay que acabar con el despotismo sanitario que elige en qué va a consistir la atención sanitaria sin contar con la población
A mi parecer, hay que acabar con el despotismo sanitario que elige en qué va a consistir la atención sanitaria sin contar con la población. La Ley General de Sanidad del 86 establece que la población tiene el derecho de participar del sistema sanitario reuniéndose con la administración, los sanitarios y las entidades sociales en los Consejos de Salud. Estos órganos de participación comunitaria tendrían que servir para acercar tanto a sanitarios como a los responsables políticos a la población y así oír sus necesidades de primera mano y permitir su participación en el diseño de planes de salud, estrategias sanitarias y decisiones de la gestión pública de la salud.
Sin embargo, aunque la ley establece este derecho, no hay ningún mecanismo que obligue a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a constituir estos órganos de participación democrática en salud. Una de las tareas de este nuevo ministerio tendrá que ser la de establecer estos mecanismos que acerquen la gestión de la sanidad a la población.
Una posible vía es la que se está usando en el desarrollo de la Estrategia de Participación Comunitaria del Ministerio de Sanidad. El Gobierno supeditó el reparto de los fondos NextGeneration de la UE (los famosos dineros de Europa) a que las comunidades autónomas desarrollaran estrategias de participación comunitaria en salud en sus territorios. En este caso, mediante la presión ministerial se ha conseguido que las comunidades autónomas cooperen y desarrollen estas estrategias. Sin embargo, no se ha incluído de manera obligatoria la constitución de los Consejos de Salud y, de hecho, ampara la creación de comisiones comunitarias que no tienen por qué incluir a la administración como sí la incluirían los Consejos de Salud.
De forma resumida, mediante la presión económica (entre otras), el ministerio podría redirigir la gestión autonómica de la sanidad a formas verdaderamente participativas en las que la Sanidad disfrute de una Calidad democrática y la población tenga un verdadero papel fundamental en la auditoría sanitaria y la co-gestión.
Pero no sólo necesitamos calidad democrática. Necesitamos una sanidad de calidad y cálida: que acoja, acompañe y genere salud. Para eso es necesario tiempo y un cambio de paradigma.
Tenemos que desburocratizar, simplificar y desmercantilizar la salud para compartir tiempo de calidad que genere salud a la población
Tiempo para compartir con pacientes dentro y fuera de la consulta. Tiempo que no se invierta en poner trabas burocráticas, sino facilidades. Tiempo que no se pierda en rellenar protocolos e informes que luego se evalúen como indicadores mercantiles; sino tiempo para dar la mano, dar un consuelo o celebrar con nuestras pacientes una buena noticia. Tiempo que no sólo se dedique a procesos patológicos, sino también tiempo para centrarnos en generar territorios saludables; cambiando de una visión centrada en la enfermedad a una centrada en la salud.
Tenemos que desburocratizar, simplificar y desmercantilizar la salud para compartir tiempo de calidad que genere salud a la población.
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