Sanidad
El PP tendrá que responder por su gestión sanitaria en Madrid ante el Tribunal de Cuentas

En junio pasado, el colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (“Audita Sanidad”) presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, contra la Consejería de Sanidad y los directivos de la mayor parte de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Se señalaban delitos de fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y prevaricación.

El procedimiento pasaba por fraccionar los contratos en múltiples piezas separadas, con el objetivo de camuflar el valor total anual de la operación 

La acción legal se basó en indicios consistentes de que se habría cometido fraude en la asignación de numerosos contratos menores, firmados por la Consejería de Sanidad durante 2016. El procedimiento utilizado para consumarlo pasaba por fraccionar los contratos en múltiples piezas separadas, con el objetivo de camuflar el valor total anual de la operación. Con la maniobra se habría favorecido a algunas empresas elegidas, utilizando ese ardid procedimental para sortear la ley que obliga —tratándose de esas cantidades— a convocar a licitación pública.En los últimos días de septiembre, el Tribunal de Cuentas notificaba a Audita Sanidad la apertura de una acción pública, dada “la presunta existencia de irregularidades en la contratación de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid”. Ante esto, el 18 de noviembre el colectivo se ha personado en la causa a través de su representante legal, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA).

En declaraciones a El Salto, Vicente Losada, integrante de Audita Sanidad, conmemoró que el tribunal haya abierto procedimiento legal. Y señala que hasta 2015 ningún órgano de la administración hizo pública cualquier información sobre los Contratos Menores que asignaba, solo a partir de julio de ese año se empezó a cumplir con esa exigencia, en cumplimiento a la Ley 19/2013.

El número de contratos menores que la Consejería de Sanidad adjudicó en ese año fue de 485.119, una cifra que constituye el 99,7% de las contrataciones. Relata que, por carecer de datos sobre la primera mitad del año 2015, recién a partir de 2016 Audita Sanidad tuvo condiciones de efectuar un análisis en profundidad que abarcase el período anual completo. Al culminarlo verificaron que el número de contratos menores que la Consejería de Sanidad adjudicó en ese año fue de 485.119, una cifra que constituye el 99,7% de las contrataciones. Un porcentaje a todas luces descomunal, más si comparado con el irrisorio 0,3% que se canalizó a través de licitación pública. El importe total anual del concepto “contratos menores” en ese año fue de 632 millones –sin IVA- equivalente al 49,8% del valor total invertido.

Según Losada, su reacción fue casi de incredulidad, supusieron que habían cometido errores en la contabilización, o que quizás habría un fallo en la información oficial. Al no tener cómo despejar esta duda, decidieron aguardar al año 2017, para ver cuál era el comportamiento en los mismos ítems.

“Hemos visto que se generan contratos que no tienen sentido, se repiten muchos para un mismo objeto”, comentan desde Audita Sanidad 

Al terminar este nuevo análisis, su asombro aumentó en proporción parecida al número de contratos asignados. Había subido exponencialmente: casi 100.000 más que en 2016. Se contabilizaron 570.031 piezas bajo la modalidad de “contrato menor”, es decir, sin obligación de ser objeto de licitación. “Así —afirma Losada— pudimos confirmar que la anomalía de 2016 no era atribuible a un error, sino el comportamiento habitual de la Consejería de Sanidad. Y eso implica la asignación de un voluminoso número de contratos “a dedo”.

Losada destaca otro hallazgo: “Hemos visto que se generan contratos que no tienen sentido, se repiten muchos para un mismo objeto”. Eejemplifica con el caso de un hospital —cuyo nombre prefiere mantener en secreto— que en 2017 firmó un contrato menor por un cierto número de catéteres, pero tres días más tarde volvía a emitir una segunda pieza por otra cantidad de idéntico producto y una semana después repetía la operación sobre el mismo artículo, pero por una cantidad diferente a las anteriores”. Así “detectas que a lo largo de todo el año se han adjudicado a la misma empresa 70 u 80 contratos bajo el mismo concepto. Solo para que se tenga idea de qué estamos hablando, al cabo de todo el año se habían firmado 560 contratos por catéteres, por un importe total de 574.063 euros. Eso no se tiene en pie. Con los recursos informáticos con que hoy se cuenta perfectamente se podría prever el número de catéteres que se irán a necesitar para todo el año y a partir de ahí, hacer una licitación por el total,” advierte.

El colectivo apunta que si se aplicara el procedimiento legal —licitación— esto redundaría en un ahorro sustancial, se evitarían posibles procesos de corrupción y los recursos ahorrados se podrían utilizar en la mejora de otros segmentos de la sanidad. 

Pero este no fue el único procedimiento que aplicó Audita Sanidad en el análisis del año 2016, también eligieron hacer el seguimiento de una empresa —que prefieren no mencionar— y confirmaron que su nombre aparecía reiteradamente en la asignación contractual, transgrediendo la normativa vigente en la época (ley del sector público aprobada en 2011). Posteriormente, confirmaron que lo mismo sucedía con otras empresas que algo más tarde habían incorporado a su análisis. Frente a la constatación de estos ilícitos, presentaron denuncia ante tres organismos diferentes: la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Audita Sanidad hizo también seguimiento a una empresa concreta y confirmaron que su nombre aparecía reiteradamente en la asignación contractual, transgrediendo la normativa 

Del estudio realizado sobre el año 2018 verificaron que la dinámica fraudulenta se repetía. Por idéntico procedimiento se adjudicaron 456.291 contratos menores. A pesar de ser una cifra aún brutal, ha bajado en algo más de 100.000 contratos con respecto al año anterior. Inquirido respecto a los posibles motivos de este descenso, Losada responde: “No sabemos el motivo; eso sí, la Unión Europea está bastante disconforme con cómo se lleva en España la contratación pública en los tres niveles del Estado: central, autonómico y municipal. Nosotros intuimos que la merma pueda deberse a que en marzo de 2018 entró en vigor una nueva ley de contratos del sector público, que salió a la luz bajo fuertes presiones de la UE. La diferencia cualitativa estriba en que mientras en la norma anterior este tipo de irregularidades solo tenían penalización administrativa, en esta nueva ley, asumen el carácter de delito penal”.

Por último Losada destaca que, en base a esto, Audita Sanidad no se va a limitar a reclamar por la vía administrativa, también solicitarán la penalización legal que corresponda. Juan Luis Ruiz Giménez, del mismo colectivo, respecto al hecho de que el Tribunal de Cuentas haya aceptado la denuncia y la lleve adelante, enfatizó “es natural que así sea, es que ha sido un abuso tremendo; el porcentaje de recursos involucrados en contratos menores ha sido enorme; en la mayoría de las administraciones públicas suele oscilar entre un 20 a 25%, pudiendo llegar hasta un 40% de máximo, en cambio aquí ha sido del 99,7% del total. La desmesura de este porcentaje indica que algo raro está ocurriendo”. Y se reafirma, “como auditoría ciudadana, hemos seguido investigando en los años subsiguientes —y continuamos haciéndolo— y vemos que se siguen reproduciendo anomalías”.