Sanidad
Entidades presionan al Gobierno para acelerar el anteproyecto que garantice la sanidad universal

“La exclusión de estas personas no solo pone en riesgo la salud individual de cada una de ellas, motivo suficiente para que el Gobierno actuase de inmediato, si no que pone en riesgo también la salud colectiva”. Así resumía María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), la consecuencia de no tener sanidad universal frente al ministerio de Carolina Darias, en el tercer aniversario de la actual ley con una campaña impulsada desde la plataforma REDER. Esta red compuesta por entidades sociales, médicas y ciudadanía lleva denunciando la exclusión sanitaria desde entonces e impulsando que haya un nuevo Real Decreto que no deje al albedrío de la interpretación de las comunidades autónomas el derecho al acceso al sistema sanitario para personas en situación irregular.

Se trata de una reivindicación que nacía el mismo día que vio la luz la actual legislación en materia sanitaria, el Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio. Pero venía de seis años antes. Esta nueva ley, de 2018, venía a corregir el anterior régimen jurídico claramente excluyente pero que no logró lo que en su preámbulo anunciaba: “el acceso universal al Sistema Nacional de Salud”. “Si bien el actual decreto mejoró algunas cosas, tal y como está redactado da pie a problemas de interpretación”, explica Eva Aguilera, coordinadora de Incidencia Política de Médicos del Mundo.

Su organización, junto con Salud por Derechos, SemFYC, Sespas y otras, luchan con la plataforma Reder desde 2012 contra el Real Decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, ese régimen jurídico anterior que con el argumento de la 'sostenibilidad del sistema' y 'la seguridad de las prestaciones' sesgó el acceso a los servicios sanitarios. La sociedad se puso en pie para echarlo atrás y durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez ya advirtieron durante el proceso de elaboración del nuevo real decreto que cada autonomía podría interpretarlo, no garantizando así la sanidad universal tal y como pretendía. “Constatamos -continúa Aguilera- que teníamos razón. En algunas comunidades autónomas ha supuesto un retroceso incluso con respecto a la anterior ley”.

Han detectado 269 casos de negación a la atención de urgencias, negación de atender a 275 menores de edad, negación al acceso a 192 personas refugiadas, 120 casos de rechazo a atender a personas mayores reagrupadas, 116 casos sin medicación y casi 1900 casos sin atención médica por no reunir los requisitos

Con la presentación de la campaña ‘Sanidad sin peros’, estas organizaciones reclaman que la nueva legislación es urgente que salga adelante. Por ello, entre otros argumentos, han presentado cifras. Entre los casos documentados de vulneración al derecho a la salud desde la entrada del actual decreto, han detectado 269 casos de negación a la atención de urgencias o su facturación, negación de atender a 275 menores de edad, al acceso a una atención médica de 192 personas refugiadas o solicitantes de asilo, 120 casos de rechazo a atender a personas mayores reagrupadas, 116 casos en los que se puso impedimentos para conseguir medicación, casi 1900 casos en los que las personas que necesitaban atención médica no pudieron reunir los requisitos que pide la norma para acceder al sistema público y casi un millar de casos registrados en los que no han tenido acceso a informarse sobre sus derechos.

Se trata de datos que reflejan cómo la falta de atención preventiva y la situación precaria en España perjudica la salud de las personas migrantes, que en general son jóvenes y están sanas en el momento del viaje. “Es mucho más efectivo atender a un diabético en atención primaria que no a un diabético que se haya infartado, por ejemplo”, recuerda la sanitaria de SemFYC.

A todos estos datos se unen que muchos ocurrieron durante la pandemia, con la situación límite que esto provocó y otros casos como el de las mujeres embarazadas. Ya sea para recurrir a su derecho de interrumpir de forma voluntaria la gestación o para seguir los controles recomendados para tener un embarazo seguro. Entre las enfermedades que más desatendidas han estado según la situación administrativa del paciente estaría la diabetes, el VIH o la salud mental con 70 casos en todos ellos, el cáncer en 53 casos o los problemas relacionados con el sistema cardiovascular en 47 casos.

Entre las enfermedades que más desatendidas han estado según la situación administrativa del paciente estaría la diabetes, el VIH o la salud mental con 70 casos en todos ellos, el cáncer en 53 casos o los problemas relacionados con el sistema cardiovascular en 47 casos.

Un conteo a nivel estatal que se reparte desigual, ya que no en todas las comunidades sucede esta exclusión sanitaria. “De la misma manera que la reforma del 2012 la interpretamos por motivos ideológicos -ya que no había razones económicas ni de eficacia del sistema para tomar estas medidas-, entendemos que los gobiernos autonómicos que han aprovechado la ambigüedad del actual decreto para seguir excluyendo lo han hecho motivados por una ideología o valores, con la intención de dejar fuera a las personas migrantes que aún no han podido regular su situación”, concluye la coordinadora de Incidencia Política de Médicos del Mundo.

Cómo llegar a los excluidos en la campaña de vacunación

Paradójicamente son muchas las comunidades que han decidido interpretar de manera restringida la ley que ahora buscan ayuda para llegar a las personas que no han permitido estar en el sistema para tener éxito en la campaña de vacunación. “La pandemia está haciendo que salgan a flote las deficiencias que tiene el sistema de salud, las debilidades que hemos dejado que vayan creciendo. De repente, las comunidades autónomas que tienen la competencia de sanidad, tienen que hacer encaje de bolillo para llegar con la vacunación a todas estas personas que no están en el sistema. Todo está digitalizado por la tarjeta sanitaria, esa misma que no han dejado que tengan”, comentan desde Médicos del Mundo. Son a organizaciones como esta a las que deben acudir las administraciones para lograr la inmunidad de rebaño en esta vacunación y derribar barreras como la falta de confianza por parte de las personas migrantes, tras los continuos rechazos a ser tratados o el miedo a empeorar su situación reglamentaria. 

“Proponemos que haya un protocolo común, que haya un esfuerzo proactivo, con un esfuerzo de comunicación potente y adaptado, tanto lingüísticamente como culturalmente, para que todo el mundo sepa que tiene derecho a acercarse a los puntos de vacunación y recibir la vacunación como todos los demás”, explican desde Médicos del Mundo, que insisten también en formar al personal implicado en la vacunación, para que no haya la “arbitrariedad” que existe ya en los centros de salud. “Asegurar una mejor coordinación entre servicios sociales y el sistema de salud. Ellos deberían tener perfectamente identificadas a esas personas con sus problemas de integración y hacer de puente”, detallan.

“Es necesario reformular el Real Decreto 7/2018 para que todas las trabas administrativas que se habían implementado facilite el acceso a todos los colectivos sin tener que demostrar que llevan en España más de 90 días"

Una nueva ley, urgente

Algo, recalcan, que con una ley realmente de acceso universal a la sanidad no hubiera ocurrido. “Es necesario reformular el Real Decreto 7/2018 para que todas las trabas administrativas que se habían implementado facilite el acceso a todos los colectivos sin tener que demostrar que llevan en España más de 90 días y, sobre todo, que no tengan que acudir a los centros sanitarios cumpliendo trámites administrativos que en ocasiones no es posible cumplir”, insiste la vicepresidenta de SemFYC. “El concepto de sanidad universal que defendemos desde REDER -continúa Aguilera- es aquella que ofrece asistencia sanitaria en el sistema público a todas aquellas personas que vivan de forma permanente en el territorio”, concreta Aguilera.

Las entidades como Reder o la plataforma de sanitarios y usuarios del sistema YoSíSanidadUniversal coinciden en que son muchos los errores que debe rectificar la próxima legislación. No solo existe la intención de interpretarla de forma restrictiva por parte de algunas comunidades, si no que acceder o no a la tarjeta sanitaria muchas veces depende del funcionario o funcionaria que atiende la ventanilla. La falta de información, intencionada o no, es otra de las complicaciones que dificultan hablar de una sanidad universal.

Un ‘llueve sobre mojado’ para estas entidades, para las que el periodo de consulta del nuevo Real Decreto fue un rayo de esperanza que la pandemia apagó. “El anteproyecto que se puso en marcha de manera consultiva por el actual gobierno entendemos que se ha parado por la situación del covid, pero creemos el 2013 es una fecha demasiado dilatada como para poner en marcha la nueva legislación porque necesitamos que entre en funcionamiento cuanto antes”, comenta Fernández. Mientras el proceso se acelera, apuntan desde REDER, el Ministerio de Sanidad debería “adoptar las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa”.