Sanidad
Las causas (silenciadas) del proceso de privatización de la sanidad

Incremento de las listas de espera, crecimiento de los seguros privados, continuo cambio de manos de las acciones de los hospitales privatizados, deterioro planificado de la atención primaria, recorte de plantillas y del presupuesto dirigido a los centros de gestión directa. Son consecuencias de una privatización sanitaria en la que han participado PSOE, PP y muchos otros partidos políticos, y que ha supuesto el colapso del sistema sanitario ante la crisis del covid-19.

Hospital Infanta Leonor
Entrada de urgencias del Hospital Infanta Leonor. David F. Sabadell

Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad


19 may 2020 08:50

La Ley General de Sanidad (1986), aunque recortada respecto a los borradores iniciales más progresistas, estableció un nuevo marco para la asistencia sanitaria. Este permitió, entre otros aspectos, poner en marcha el modelo de atención primaria. Sin embargo, las presiones políticas obligaron a dejar la puerta abierta para que las empresas privadas hicieran negocio a costa del Sistema Nacional de Salud. Así, el artículo 90 permitía derivar actividad a hospitales privados, siempre que los hospitales públicos hubieran optimizado previamente sus recursos. Es decir, si un hospital mantenía camas, quirófanos, servicios o tecnología infrautilizada o cerrada, no podría derivar actividad a los privados. La realidad durante estas tres décadas ha sido otra. Se han sucedido los recortes y cierres en los hospitales públicos, mientras se derivaba lo poco complejo y económicamente rentable a los privados (bajo lo que se denomina “conciertos”). Ha sido la tónica en todo el Estado, independientemente de quien gobernara. Todos los políticos la han utilizado, lo que demuestra las conexiones entre los gestores de lo público y la sanidad privada. Ninguno de nuestros maravillosos jueces, durante 30 años, ha apreciado ningún tipo de indicio irregular en esta práctica cotidiana.

Sanidad pública
¿Cuándo se jodió la atención primaria?

La atención primaria tenía que haber tenido un papel básico en el enfrentamiento a esta pandemia, pero,  desgraciadamente, ha sido utilizada de carne de cañón para alimentar el hospital.

De esta forma cada año se dejan de utilizar en nuestros infrautilizados centros unos 8.000 millones de euros, que son dirigidos a los bolsillos privados a través de conciertos. Con todo, hay grandes variaciones territoriales. En Cataluña suponen el 25% de su presupuesto sanitario, mientras que a nivel estatal es un 12%. Para hacernos una idea de la magnitud, 8.000 millones de euros es el gasto sanitario anual de Madrid (6,5 millones de habitantes) o la suma del gasto sanitario anual de Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Aragón.

Las recomendaciones del “Informe Abril” fueron claras: el sistema sanitario debía de funcionar como una empresa privada y había que aplicar sus criterios, eficiencia y ahorro

Pero era insuficiente. Apenas cinco años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, y sin haber permitido apenas desarrollar los contenidos de la atención primaria, el PSOE pone en marcha el denominado “Informe Abril” para “modernizar la sanidad”. Sus recomendaciones fueron claras: el sistema sanitario debía de funcionar como una empresa privada y había que aplicar sus criterios, eficiencia y ahorro. Sus recomendaciones, elaboradas por “expertos” —parte de los cuales estaban relacionados con la industria farmacéutica—, no tardaron en aplicarse. La Ley General de Sanidad les constreñía y era necesario modificarla. Para ello se elaboró la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que permitía, a partir de su aprobación por PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria, que cualquier centro sanitario o sociosanitario del Estado español fuera gestionado y explotado por empresas con ánimo de lucro.

La penetración del sector privado era muy diferente según territorios. Cataluña contaba con un modelo propio, ya en manos privadas en su gran mayoría. Sin embargo la ley permitió “legalizar” el modelo catalán. Este ya había puesto en marcha en 1996 la primera experiencia de privatización de un centro de salud construido con dinero público: la EBA (“entidad de base asociativa”) de Vich, inaugurando la privatización del primer nivel.

La colaboración está en que lo público es nuestro dinero, y lo privado sus beneficios. Con el problema añadido de que cada uno de estos centros, adjudicado por décadas a fondos de capital riesgo, constructoras o bancos, va a tener un coste para las arcas públicas de hasta siete veces el valor de la inversión

A partir de ahí, todo fue mucho más fácil. Con el PP y los nacionalistas abriendo terreno, y el PSOE dejando hacer, se fue desarrollando un plan perfectamente planificado: proceso de deterioro e incluso cierre de los centros “públicos” de gestión directa, que son sustituidos por centros del modelo “colaboración público-privada” —como en el caso de Puerta de Hierro en Madrid, que pasa de ser un centro de gestión directa a uno de colaboración público-privada—. La colaboración está en que lo público es nuestro dinero, y lo privado sus beneficios. Con el problema añadido de que cada uno de estos centros, adjudicado por décadas a fondos de capital riesgo, constructoras o bancos, va a tener un coste para las arcas públicas de hasta siete veces el valor de la inversión.

En el caso de Madrid, los centros privatizados fueron repartidos entre municipios gobernados por el PP, PSOE e IU. Todos en el ajo

Tamaño negocio, llamado por algunos “gestión sin riesgo” (¿qué administración se atrevería a no rescatar un hospital de este tipo que quiebre?), se extendió como la pólvora por la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla y León... dejando un reguero de sobrecostes y corruptelas y una reducción de la capacidad de los centros sanitarios “públicos”, como se ha evidenciado con la crisis del covid-19. Curiosamente, en el caso de Madrid, los centros privatizados fueron repartidos entre municipios gobernados por el PP, PSOE e IU. Todos ponían gratuitamente a disposición de las empresas privadas el suelo público, haciendo negocio hasta con los aparcamientos. Todos en el ajo.

Estaba claro que cualquier incremento de las necesidades asistenciales de la población iba a provocar el colapso y la falta de respuesta del sistema sanitario, como así ha sido.

Lo demás es conocido y resultado lógico de lo anterior. Incremento espectacular de las listas de espera quirúrgicas y diagnosticas hasta límites desconocidos. Crecimiento exponencial de los seguros privados. Continuo cambio de manos de las acciones de los hospitales privatizados. Deterioro planificado de la atención primaria. Recorte de las plantillas. Reducción del presupuesto dirigido a los centros de gestión directa… Estaba claro que cualquier incremento de las necesidades asistenciales de la población iba a provocar el colapso y la falta de respuesta del sistema sanitario, como así ha sido.

El sistema sanitario está en horas bajas, mientras que la sanidad privada goza de buena salud, por desgraciaNo esperamos nada de la derecha ni de sus cachorros, pero el Gobierno es consciente del problema. En 2009, gobernando el PSOE, presentamos 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados exigiendo la derogación de la Ley 15/97. Zapatero respondió con el silencio y con recetas de austeridad. Irene Montero, por entonces portavoz de la UJC en la Plataforma Matusalén (Madrileño Tu Salud En Peligro) participó en dicha campaña y, por entonces, exigía la derogación de la citada ley. Está en su mano ser consecuente con lo que defendía. PSOE y Unidas Podemos tienen una responsabilidad histórica en este momento.

Si realmente queremos enfrentar este problema debemos actuar contra sus causas. Solo manteniendo el sistema sanitario al margen del negocio, del ánimo de lucro, podremos recomponer un sistema sanitario universal. Un sistema que actúe contra los determinantes de la enfermedad y sea capaz de atender en plazos razonables a todas las personas. Pero para ello es imprescindible, en primer lugar, derogar las leyes que permitieron convertir nuestra sanidad en un bazar turco. Y blindar el sistema de forma que ni un euro de nuestros impuestos, pueda jamás ir a parar a bolsillos privados. No hay caminos intermedios para recuperarlo, lo demás es simbolismo.

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4 Comentarios
#61191 20:34 20/5/2020

Hubiera sido interesante tratar la vertiente de la salud laboral y hacer un somero análisis también del sistema de mutuas de AT y EP y sus sucesivas modificaciones legislativas, en la clara dirección de seguir aumentando sus potestades en cuanto al reconocimiento de accidentes y enfermedades como relacionadas con el ámbito laboral o no. Algo que ha facilitado el desvío continuado durante años al sistema público de patologías y situaciones que debieran haber sido tratadas por estas mutuas. (Hay miles de sentencias ganadas y quién sabe cuántos otros afectados, por su desconocimiento en cuanto a las posibilidades de acceso gratuito a los medios para la garantía de su derecho a una tutela judicial efectiva, no habrán judicializado sus casos, quedando sus situaciones en el anonimato o en los despachos de algún trabajador social.) Del papel de las inspecciones médicas del INSS en dicho entramado y de la calidad de convidados de piedra de muchos profesionales de atención primaria, que han visto llegar a sus pacientes, derivados de las mutuas, una y otra vez, sin implicarse en su defensa, emitiéndoles informes e iniciando ellos mismos, como está perfectamente contemplado en la legislación vigente, los correspondientes procesos de determinación de cotingencias. Muchos de esos pacientes se encuentran con la inoperancia de la Administración y el desamparo por parte de mutuas, Seguridad Social y Atención Primaria, peleando solos en los juzgados, y con casos a menudo perdidos por la falta de un buen informe de un profesional de la sanidad pública, que son los mejor valorados por los tribunales de justicia y juzgados. Cada vez que un paciente ha ganado en un juicio el reconocimiento de su patología como laboral o profesional - y son miles cada año - se está evidenciando que el resto del sistema (ni las mutuas, ni el INSS, ni los médicos de Atención Primaria) están actuando a menudo de forma correcta. Si los profesionales no se implican en la defensa del sistema público desde el ejercicio comprometido a diario en su propia consulta, también contribuyen con su actuación al empobrecimiento y colapso del sistema. Y ahora, a muchos de ellos, les está correspondiendo recoger los frutos de dicha falta de compromiso. --- Por supuesto, esto no se refiere ni afecta a aquellos otros que sí estén desempeñando correctamente su profesión y sí atiendan y asesoren a sus pacientes cuando detectan algún abuso por parte de las mutuas de AT y EP.

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#61090 16:15 19/5/2020

Esta es la soberbia madrileña, supongo. Tanto da del lado que sean. Saben y opinan de todo desde su centro. Bastantes errores (creo que intencionados) hay en este artículo.

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#61076 13:57 19/5/2020

Lamento la incomprensión del compañero (y amigo) sobre el proceso de privatización en Cataluña y que, tal como están las cosas, meta caña en el tema. La privatización no tiene una definición única, y no es lo mismo privatizar la propiedad que privatizar la gestión ni las reglas de la gestión. No es lo mismo entregar la gestión a una empresa mercantil que a un consorcio constituído por entidades locales, por poner un ejemplo. Y ¿qué es lo que pasa cuando entidades de todo tipo (incluído el Ministerio de Sanidad) informan sobre datos que no saben dónde hay que meterlos? Pues que se siembra la confusión. Yo ya intenté explicarlo, sin mucho éxito, por lo que veo, en mi capítulo del libro "Se vende sanidad pública", coordinado por el autor del artículo. Digitalmente, sólo lo tengo en catalán, però hay traductores (y yo aún tengo algunos ejemplares del libro en castellano. Mirad la página 4 de https://www.catacctsiac.cat/docs_observatori/escrits/catalunya_en_proces_de_desprivatitzacio.pdf Además, entendida la privatización como entrega de un centro construído con dinero público a la gestión de unas manos no tan plenamente públicas, el primer caso catalán no fue una EBA sino el Hospital de Vic, puesto en manos de un consorcio en el año de gracia del Señor 1986, diez años antes. Ya sé que los catalanes somos muy malos, pero unos más malos que otros y seguramente no más malos que los españoles.

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#61068 12:01 19/5/2020

Me cuesta entender que el propio ciudadano de a pie no vea claramente este expolio de la sanidad pública con el consiguiente deterioro y el peligro para la persona que enferma. Pongo como ejemplo mi hospital de referencia, Severo Ochoa de Leganés. La falta sangrante tanto de plantilla como de material debería ser denunciable, ello provoca no solo largas listas de espera, sino, bajo mi punto de vista un trato incluso de tercera para mis conciudadanos, mientras lo que necesitamos de deriva a manos privadas o semiprivadas. El personal, eso, si, de lujo, porque atienden todo el tiempo necesario aunque tengan el triple de pacientes que deberían atender, aguantan carros y carretas, hacen magia con lo poco que tienen, pero no voy a hablar de la gestión, ni de las citas canceladas sin informar, ni de los largos retrasos en citas que son preferentes o urgented, ni de muchas cosas que nos deberían de preocupar a todos, pero la gente no se mueve. He llorado viendo lo que pasaba en mi hospital durante estos dos meses, pero no puedo decir que me haya sorprendido. Tampoco he visto que la Comunidad de Madrid haya hecho mucho en esta ocasión. Pero estamos preparadisimos para la siguiente fase, me encantaría que cuando enfermen les atiendan en mi hospital. La falta de material y de personal no es de ahora y se está poniendo toda la responsabilidad sobre unos trabajadores que llevan haciendo mucho más de lo que pueden desde hace mucho tiempo. Y de la atención primaria mejor no hablo. Mi médica de familia es espectacular, pero decir que era saturada es poco. Vergüenza me da la gestión política. Nuestros muertos son responsabilidad directa de ellos.

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