Sanidad pública
Ambulancias de Madrid, bajo mínimos: “Falta el 50% del personal”

María fue operada de la rodilla durante este verano. No podía andar ni conducir y vive a 50 kilómetros del hospital de Villalba, donde fue intervenida y donde debía acudir para realizar la rehabilitación. Cada jueves, día en que tenía programadas estas sesiones, llamaba al teléfono de Santa Sofía, empresa concesionaria del transporte de pacientes hacia ese centro hospitalario, “hasta 25 veces”. “Tenía que estar a las 17:30 en Villalba, a las 3:30 empezaba a llamar. Nunca me llegaron a confirmar si vendría o no la ambulancia. Puede ser que no haya, puede ser que esté ocupada… me decían. Al final me quedaba sin ir”, explica. María tuvo que recurrir a un familiar para acudir a las últimas citas, pero entiende que no todo el mundo se lo puede permitir.

Fuentes sindicales explican a El Salto que la situación que se vive en la empresa Santa Sofía no es excepcional. La Comunidad de Madrid externalizó el servicio de transporte programado de pacientes y hoy está dividido en cuatro lotes que se reparten tres empresas, bajo la coordinación y la supervisión del SUMMA 112: Vitalia Servicios Sanitarios (lote 2), Ambulancias María Pita-Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencias (lote 4) y la citada Santa Sofía (lote 1 y 3). Estos se encargan de desplazar hacia los pacientes hacia citas programadas y no realizan el transporte de urgencias. Santa Sofía es la empresa que acumula incumplimientos más fragrantes, según denuncia UGT.

El principal, que faltan la mitad de los trabajadores. Tal y como se muestra en el censo de empleados y empleadas al que ha tenido acceso El Salto en la actualidad hay 220 operarios en los traslados programados de pacientes de la sanidad madrileña, pese a que según se indica en las prescripciones técnicas, la empresa debía haber contratado unos 450 para los dos lotes adjudicados. Además, y siempre según la información recibida por fuentes sindicales, 47 trabajadores operan para servicios privados, que nada tienen que ver con la sanidad pública madrileña.

“El problema empieza desde la licitación, porque se licita a unos precios que ya desde el inicio se intuye que va a ser imposible de cumplir, sale lo comido por lo servido”

Para Teresa Benavides, responsable de transporte sanitario de UGT SP Madrid, hay un problema de base: la subasta a la baja en la licitación. “El problema empieza desde la licitación, porque se licita a unos precios que ya desde el inicio se intuye que va a ser imposible de cumplir, sale lo comido por lo servido. Por llevarse el concurso, las empresas compiten a la baja y las que piden menos dinero se lo llevan”, explica Benavides. Según la  resolución de adjudicación, publicada en el BOE el 16 de enero de 2018, el conjunto del servicio se adjudicó por 108.511.284 euros, mientras el presupuesto base era de  118.461.840,00. Casi 10 millones de rebaja que repercute en el servicio.

Trabajar en servicios ajenos

A esto se suma la utilización de personal para fines que difieren del contrato con la Comunidad de Madrid. Fuentes sindicales denuncian el uso del personal para transporte hacia la sanidad privada o eventos como carreras y corridas de toros. Hasta dos veces se ha pronunciado la Inspección de Trabajo a este respecto. “El trabajador no ha de ser destinado a realizar en fines de semana servicios de urgencia para centros privados no concertados con el servicio madrileño de salud”, se lee en las dos resoluciones, a las que ha tenido acceso El Salto, emitidas en mayo de 2021 y en enero de 2022.

Fuentes sindicales denuncian el uso del personal para transporte hacia la sanidad privada o eventos como carreras y corridas de toros

“Las empresas argumentan que una vez ganado el concurso y subrogados los trabajadores que provenían de la anterior empresa, estos pueden trabajar en otros servicios. Pero aunque esto sea así, primero deberían tener controlado el concurso que te ha otorgado la administración”, denuncia la portavoz de UGT, quien insiste en que esta situación ha sido comunicada al gerente del SUMMA 112 en dos ocasiones. “A día de hoy ni nos han contestado. Si han hecho algo o no, no lo sabemos. El pliego prevé multas, pero no sabemos si las están poniendo y las están pagando. Igual prefieren pagar x de multa que contratar los más de 200 trabajadores que les faltan”, explica Benavides.

Mientras tanto, tal y como reconoce esta representante sindical, se pierden servicios, en favor de otros que son inaplazables como las diálisis o los transportes de pacientes oncológicos. En esa bolsa del olvido caen las rehabilitaciones que “no se hacen, se están perdiendo”. Extremo que corrobora con su experiencia María. Esta paciente considera que estas son las consecuencias del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. “Son 25 años en los que se han quitado fondos a la sanidad pública y se han regalado las concesiones de lo público a empresas de amigos”, concluye.