Unión Europea
Parar la ola reaccionaria contra el medio ambiente y las personas

Cuando en mayo de 2019 se abrieron las urnas para votar por un nuevo Parlamento Europeo, en la calle resonaban las masivas manifestaciones del movimiento Fridays for Future. No en vano, el 15 marzo de ese año hubo una huelga en más de 2,000 ciudades de todo el mundo, que se calcula siguió más de un millón de personas. Dos meses después tuvo lugar una con cifras similares.

Esta gran movilización juvenil visibilizó la crisis climática y alentó la llamada “ola verde”, con una subida en representación de los partidos verdes tanto el Parlamento Europeo como en Estados Miembro como Alemania o Francia. Y este ambiente fue lo que propició lanzar el Pacto Verde Europeo o Green Deal, que, con todas sus carencias, es el paquete legislativo sobre medio ambiente y clima más ambicioso en la historia de la Unión Europea.

La parte negativa de aquellas elecciones fue que también empezó a subir el apoyo a los partidos de ultraderecha, que ya mostraron que sus apoyos habían dejado de ser residuales. Este respaldo se incrementó notablemente a partir de 2022, tras la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

El sector primario, y especialmente el agrícola fue uno de los más afectados por las medidas tomadas por la UE tras la invasión de Ucrania, como subida de los precios de los fertilizantes (la mayoría provenientes del gas) o la de los combustibles, mientras que la importación sin aranceles de cereal ucraniano hacía bajar los precios de estas materias primas. Este descontento se unía a anteriores demandas del sector, como la dependencia de las subvenciones y la gran cantidad de burocracia que supone su relación con la UE

La ultraderecha capitalizó el descontento emergente en el sector, señalando como responsable de la crisis a las políticas verdes de la UE, criticando el Pacto Verde, las normativas sobre pesticidas o de transición energética y abogando por reducir la burocracia europea. A pesar de tratarse, en muchos casos, de dirigentes de clase alta, se posicionaron como gente cercana al campo frente a una “élite urbanita y ecologista” que gobierna ajena al mundo rural. Estos partidos apoyaron e incluso auspiciaron las protestas agrícolas, que se materializaron en grandes tractoradas en la mayoría de las capitales comunitarias durante los primeros meses de 2024, pocos meses antes de la cita electoral europea.

Esta vez, cuando los partidos preparaban las campañas electorales, lo que resonaba en las calles eran tractores. Los partidos conservadores no dudaron en atender a estas demandas, y ya en los últimos meses de la anterior legislatura dieron un giro inaudito, llegando a criticar el Pacto Verde, una propuesta de la conservadora Ursula Von Der Layen. El cambio fue visible durante la tramitación y aprobación por los pelos del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.

Los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2024 mostraron el creciente descontento de la ciudadanía europea, que cada vez apoya más (en el campo y en la ciudad) a la ultraderecha y a una derecha radicalizada y contraria a las políticas ambientales y climáticas.

Estos partidos han querido mostrar rápidamente el cambio de rumbo: desde junio empezaron con una política de lo que han llamado simplificación, que en realidad es un enorme ejercicio de desregulación o de desmantelar políticas ambientales.

La aprobación de directivas y reglamentos europeos llevan años, en los que se consulta a la sociedad civil, se negocia cada coma en comisiones parlamentarias y después se renegocia cada punto entre Parlamento, Comisión y Consejo. Sin embargo, el desmantelamiento de estas políticas se está realizando por un procedimiento exprés, mediante paquetes Omnibus, o leyes que enmiendan o modifican múltiples actos legislativos de manera rápida.

Con la excusa de reducir el papeleo, la Comisión Europea ya ha eliminado los requisitos ambientales de la PAC, ha pospuesto la implementación de la regulación contra la deforestación importada o ha eximido a muchas corporaciones de obligaciones de transparencia en materia ambiental. 

En este momento se debaten paquetes ómnibus que podrían permitir incrementar la presencia de una sustancia cancerígena como es el glifosato en el agua o permitir sustancias cancerígenas en los cosméticos o retrasar la entrada en vigor de una normativa para un mejor etiquetado de sustancias químicas.

El efecto de esta desregulación ya está comprometiendo los compromisos adoptados por la UE, que eran de por sí insuficientes para afrontar la crisis climática y ecológica. Pero realmente no sabemos hasta qué punto, porque la Comisión Europea no ha realizado ni siquiera un análisis de impacto de estas medidas. Lo que sí es ya patente es el fin del liderazgo internacional que hasta ahora había tenido la UE en este ámbito.

La ola reaccionaria no se limita a eliminar leyes, sino que también se ve reflejada en los presupuestos a largo plazo o marco financiero plurianual (MFP). El MFP, que se está debatiendo en estos momentos, prevé por ejemplo acabar con los únicos fondos dedicados exclusivamente a la naturaleza, los LIFE, al menos tal como los hemos conocido. Los fondos LIFE quedaría arrinconados en otros paquetes y probablemente se reduzcan de manera muy significativa. También corren un enorme riesgo los fondos que hasta ahora han permitido a muchas organizaciones de la sociedad civil organizarse y participar en la legislación europea y proporcionar información contrastada, para contrarrestar mínimamente al lobby empresarial.

Todo sucede a gran velocidad, y sin apenas interacción del Parlamento Europeo y mucho menos con un debate previo en los estados miembros. Las noticias de lo que está pasando en la Unión Europea apenas ocupan titulares, a pesar de que se está poniendo en peligro no solo gran parte de la legislación ambiental, sino también la misma concepción de la democracia, ya que con la excusa de simplificar los procesos se está procediendo sin las necesarias consultas.

¿Qué hacer en estos tiempos?

Todavía estamos a tiempo de parar esta tendencia. Hasta ahora todo esto ha pasado en silencio y a rapidez pasmosa y la información apenas ha trascendido de Bruselas. Sin embargo, la sociedad civil ya ha empezado a organizarse en la capital comunitaria y ahora nos toca organizarnos desde los Estados Miembros. Empezar a demandar que esto pare, defender que no necesitamos menos legislación sino más acción climática, más protección para las personas, para los ecosistemas y más restauración de los que están degradados. Necesitamos volver a una movilización ciudadana que se parezca a la juvenil del 2019.

También es tiempo de abrir más diálogos con las partes de las población que muestran su descontento, como el sector primario y la juventud, donde parece que el apoyo a la ultraderecha aumenta de manera más significativa.

En Ecologistas en Acción ya nos hemos empezado a movilizar, con acciones como la participación en la iniciativa “Quitad vuestras manos de la naturaleza”, que apoyaron más de 200.000 personas. En las próximas semanas y meses iremos dando información y oportunidades para participar en acciones contra esta ola reaccionaria.