Sáhara Occidental
La producción de energías renovables, el “maquillaje verde” para consolidar la ocupación del Sáhara

La producción acelerada de energías renovables en el Sáhara Occidental se ha revelado clave para alimentar la maquinaria de ocupación sobre este territorio en plena crisis climática. Marruecos lleva años aprovechando el afán de la Unión Europea a la hora de promover las energías limpias en sus distintas cumbres bilaterales para avanzar en la colonización efectiva del territorio. El último informe de la plataforma Western Sahara Resource Watch (WSRW), publicado en diciembre de 2025, apunta a que los proyectos de energías verdes —fundamentalmente eólica y solar, aunque también hay de hidrógeno— se constituyen como vehículos que están sirviendo para afianzar la usurpación de la tierra saharaui. Un expolio histórico que reporta numerosas externalidades negativas e impactos socioambientales a este pueblo.

En el Sáhara Occidental operan actualmente decenas de empresas transnacionales dedicadas a las energías renovables. Entre ellas hay algunas españolas, como la asturiana TSK o Acciona. Esta última lleva desde 2023 conduciendo un proyecto para el desarrollo de ocho parques eólicos en la mitad norte del territorio y otro para una planta de hidrógeno del Gobierno marroquí en Boujdour. Su construcción está prevista para 2026-2027, tal y como estipula un estudio de Novact.

Las plantas de aerogeneradores para producir energía permiten abastecer a otros sectores no verdes del país. El análisis realizado de Novact destaca que “la mayor parte de la energía obtenida es utilizada por grandes empresas marroquíes y filiales de multinacionales, especialmente en la industria del cemento, como Lafarge Holcim Maroc”. De hecho, algunos de los primeros parques eólicos en los territorios ocupados “fueron construidos por empresas de la industria del cemento y la minería para proporcionar energía a sus instalaciones”, indican desde Novact.

“Hemos visto cómo la Unión Europea está premiando a Marruecos como uno de los socios con más prestigio de la UE, pero esto se está realizando en detrimento del pueblo saharaui”, protesta Lamin

Sin embargo, la generación eólica en el Sáhara se orienta cada vez más a la producción de hidrógeno. La compañía francesa HDF Energy anunció en noviembre de 2023 su participación en un proyecto de esta naturaleza asociándose con la empresa marroquí Falcon Capital Dakhla en el Sáhara. Y en 2024, el Gobierno marroquí presentó su marco para el desarrollo del sector nacional del hidrógeno verde con su Oferta Marruecos, por el que reservó un millón de hectáreas de terreno para inversores. Marruecos está apostando fuerte por esta tecnología, ya que este gas tiene el potencial “de almacenar energía renovable y sustituir al petróleo, el carbón o el gas en industrias difíciles de descarbonizar, como la siderurgia, el transporte marítimo y la aviación”, explican desde WSRW. 

En lo que respecta a la energía solar, el Sáhara Occidental alberga actualmente cerca de 105 MW de capacidad solar operativa, lo que representa el 15,3% de la total instalada de Marruecos. Pero la idea es amplificar esa cifra. Solo la central Noor Boujdour II —integrada en el Plan Solar del país lanzado en 2009 y valorado en 9.000 millones de dólares— tendrá una capacidad de 350 MW. 

Entre las multinacionales que WSRW referencia como empresas clave del sector renovable en el Sáhara, con el beneplácito de las instituciones eurtopeas, figuran Engie, Enel, Siemens Energy y GE Vernova, Voltalia SA, GE Vernova, Ortus Power Resources, Nordex, TAQA, Moeve, ACWA Power, Green Capital, TSK y Harmattan Energy. Todas ellas intentan eludir el requisito fundamental del consentimiento saharaui amparándose en una diligencia debida superficial, según denuncian desde esta red internacional de organizaciones activistas.

Pero la aparente autorización de las comunidades beduinas es —asegura WSRW— una quimera: los procesos de extracción se realizan sin autorización explícita a través de procesos de consulta oficiales, lo que se traduce en relaciones de poder asimétricas y abusos de todo tipo.

Para Messaoud, en términos jurídicos, el rol de la Unión Europea en esta cuestión es el de “cooperador necesario” más que actor pasivo

El Observatorio Saharaui para la Supervisión de los Recursos Naturales y la Protección del Medio Ambiente (SONREP, por sus siglas en ingles) destaca que estos acuerdos se negocian con métodos opacos y sin transparencia, y por supuesto sin consultar al Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui reconocido por la ONU. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aseveró que la autorización del pueblo del Sáhara Occidental era fundamental en una sentencia histórica que estableció que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos que involucran al territorio saharaui debían ser derogados en el plazo de un año.

En términos más amplios, la política de asentamiento en el Sáhara Occidental representa una vulneración del Protocolo adicional de la Convención de Ginebra. Sin embargo, esto no se limita a dos sentencias ni a decisiones judiciales recientes: “Son 12 años de procedimientos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las distintas instancias; nada surge en un día”, sostiene la abogada especializada en Derecho de Extranjería, Migraciones y Protección Internacional, Esjaba Messaoud.

La UE, “cooperador necesario” en el expolio

La Unión Europea ha firmado varios acuerdos de colaboración comercial con Marruecos —el último en 2025—, permitiendo la exportación de sus productos “verdes” a pesar de que perpetúan la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. “Hemos visto cómo la Unión Europea está premiando a Marruecos como uno de los socios con más prestigio de la UE, pero esto se está realizando en detrimento del pueblo saharaui, en apoyo a esta ocupación legal que permanece desde hace más de 50 años, y también en contradicción de las resoluciones de las Naciones Unidas y de las sentencias del mismo Tribunal Europeo de Justicia”, protesta Lamin.

Para Messaoud, en términos jurídicos, el rol de la Unión Europea en esta cuestión es el de “cooperador necesario” más que actor pasivo, “porque sin la firma de esos acuerdos que permiten la explotación de los recursos accediendo a un mercado enorme como es el de la Unión Europea, la ocupación tendría serias dificultades para mantener todos sus engranajes”. La UE fundamenta la necesidad de estos acuerdos de cooperación en base al beneficio que generan las renovables en plena transición energética verde en el continente. Al respecto, el Pacto Verde Europeo, aprobado en 2020, planteó como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050.

El régimen busca obtener autonomía y soberanía energética para abastecer la red eléctrica nacional, suministrando energía a la potencia ocupante expropiando los recursos naturales. Las plantas de energía solar y eólica cubren las necesidades de las plantas extractivas y otras infraestructuras industriales en el Sáhara Occidental, en un contexto donde Marruecos apenas produce petróleo y gas: alrededor del 90% de sus necesidades energéticas son cubiertas gracias a las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Arabia Saudí, su vecina Argelia y EEUU. Al respecto, tras estallar la guerra de Ucrania, el Reino planteó acelerar la importación de tecnología para renovables con el fin de reducir su dependencia de hidrocarburos rusos, así como acelerar su apuesta por la energía nuclear.

En 2025, las autoridades marroquíes anunciaron que grandes plantas desalinizadoras en Casablanca y Agadir dependerían de la energía eólica procedente del Sáhara Occidental ocupado. Además, el desarrollo de renovables permitirá al país aumentar su poder blando exportando a terceros países la producción extraída ilegalmente del Sáhara.

Salvo que la comunidad internacional no ponga impedimentos a la acción de estas empresas (que además de europeas son chinas, americanas y rusas) la energía eólica producida en el territorio ocupado del Sáhara Occidental podría constituir el 47,2% de la capacidad eólica total de Marruecos de aquí a 2030. No hay que olvidar la crisis hídrica que atraviesa el país desde 2025, tras seis años consecutivos de sequía, y que Marruecos pretende saciar a través del desarrollo de una decenas de desaladoras, en cuyo desarrollo el expolio energético del Sáhara es clave.

Vega Díez: “Europa debería exigir, de cara a las exportaciones de estos recursos, que no tengan las condiciones ambientales y sociales que la UE no admito en su territorio”

Pero más allá de los beneficios comerciales que esta actividad empresarial reporta, para Lamin “lo que busca Marruecos con esta estrategia es reforzar su ocupación sobre el territorio del Sáhara Occidental, blanquear una realidad que no es normal cuando se trata de una ocupación ilegal desde hace más de 50 años”. Una cuarta parte de las energías renovables producidas por Marruecos y un 40% de su capacidad solar se obtiene de los territorios ocupados, pero esta explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental se lleva a cabo en un mercado donde se vulneran los derechos culturales, económicos y políticos de los saharauis, destacan desde Western Sahara is Not for Sale. Este expolio sistemático, remarcan, lleva prolongándose desde la Marcha Verde.

Además, Esjaba alega que la proliferación de proyectos alineados con los objetivos europeos de descarbonización contribuye a lavar la imagen de Marruecos y situarle como un actor implicado en la lucha por una transición verde. “Se busca ‘maquillar de verde’ Marruecos como un socio preferente y vanguardista en términos de energías renovables, pero sobre todo, a nivel narrativo, le ayuda a consolidar esa asimilación territorial por la que tanto está luchando, presentando partes del Sáhara donde se extraen recursos como provincias marroquíes del sur o publicitando como propios los bienes que pertenecen al Sáhara”, señala la abogada en conversación con El Salto. Según ella, esta estrategia es, ante todo, una herramienta opresiva y colonial que deriva en injusticia energética a todos los niveles.

Vulneraciones de derechos socioambientales y desplazamientos forzosos

Pero esta apuesta por lo teóricamente verde y sostenible choca de frente además con la vulneración de normativas ambientales durante la producción de energías en el territorio. Vega Díez, responsable de los proyectos en los campamentos de personas refugiadas saharauis en Argelia y directora del Área de Cooperación Internacional​ del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), destaca que, aunque estas energías pueden parecer limpias porque no son fósiles, “ambiental y éticamente no cumplen las normativas europeas” por lo que “Europa debería exigir, de cara a las exportaciones de estos recursos, que no tengan las condiciones ambientales y sociales que la UE no admito en su territorio”.

El pueblo saharaui no sólo no ve un ápice de los beneficios que genera la producción de renovables sino que en los últimos años ha visto mermada su calidad de vida por culpa de la actividad de estas empresas. Las organizaciones de derechos humanos defensoras de los saharauis señalan que se vulnera sistemáticamente el derecho de estos a administrar sus propios recursos, incluida la tierra para el autoabastecimiento, razón por la que la mitad de la población originaria del territorio ha sido expulsada del país desde 1975.

Inciden en que tanto los desplazamientos forzosos hacia campamentos de refugiados que dependen totalmente de la ayuda humanitaria como la diáspora y la pérdida de empleo están ligados directamente a estas operaciones neocoloniales, que reman en contra de la autodeterminación de la comunidad. Es lo que desde el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) califican de pedagogía de la crueldad: “Si entendemos los actos violentos que quedan impunes como un mensaje, nos encontramos con una escena donde la impunidad se comporta como una lengua capaz de funcionar eficazmente”, deslizan en un estudio.

“Marruecos últimamente está siendo mucho más agresivo con los activistas que se pronuncian en contra del papel que juegan las empresas en el Sáhara Occidental”, incide Lamin

Numerosas familias han sufrido el saqueo de sus tierras ancestrales a causa de los proyectos de renovables sin que los mecanismos de derechos humanos de la ONU encargados de monitorear la situación hayan transmitido los abusos cometidos. Las organizaciones internacionales por la liberación del Sáhara Occidental mantienen que, mientras la población local enfrenta en muchos casos una precariedad extrema, la destrucción de sus viviendas, discriminación y apenas dispone de acceso a electricidad, su tierra continúa generando riqueza energética que va a parar mayoritariamente a potencias europeas.

Tampoco parece trascender —pese a las denuncias del Frente Polisario— la represión ejercida contra activistas saharauis por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. “Marruecos últimamente está siendo mucho más agresivo con los activistas que se pronuncian en contra del papel que juegan las empresas en el Sáhara Occidental. Nos han llegado denuncias por parte de activistas y defensores de derechos humanos afirmando que la represión ha aumentado contra cualquier voz que se vaya alzando frente de estas operaciones”, incide Lamin.

Por su parte, Díez pone el acento en el rol que juega la deslocalización en éste y muchos otros conflictos que depauperan la vida de las comunidades locales e impiden su libertad como nación. “Se determina que sus tierras van a formar parte de una gran empresa y tú pasas de ser agricultor y de tener tu soberanía alimentaria a ser un trabajador agrícola de una empresa que encima rocía productos nocivos sobre tus cosechas de subsistencia”.

El Transnational Institut ha documentado, en este sentido, impactos ambientales graves tras la explotación de fosfatos y el secado de pozos de agua dulce para regar invernaderos intensivos. Mientras, como denuncian las organizaciones de derechos humanos, para que a las empresas extranjeras les salga rentable este proceso de deslocalización, los saharauis se ven excluidos del mercado laboral en su propio territorio o bien se ven forzados a aceptar jornadas de 14 horas diarias, salarios de miseria y ausencia de derechos laborales como bajas por maternidad o enfermedad.