Derecho al agua
El derecho Humano al Agua en El Salvador bajo la administración Bukele

El agua es un bien natural, finito, vulnerable y vital para los humanos y ecosistemas; su gestión debe ser regulada por el Estado y no por el mercado. El agua debe ser considerada como un derecho humano, y así lo reconoció la ONU en 2002 en la Observación General 15 y en la Resolución 64/292 del año 2010. Pero en El Salvador, aún no se logra ese reconocimiento ni en la constitución ni en una Ley General de Aguas, a pesar de existir propuestas desde la población organizada para ambos instrumentos, como es el Foro del Agua-El Salvador, que presentó una propuesta de ley en 2006 y de reforma al artículo 69 de la Constitución, en 2012.

La llegada de la izquierda al poder en el año 2009, tras la instauración de dos décadas de gobiernos neoliberales y después de los acuerdos de paz del año 1992, revestía esperanza de un giro en la política pública para dar garantía al derecho humano al agua. En el 2009, el Ejecutivo creó la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales – GASCR para ofrecer atención a más de 2.325 Juntas de Agua Rurales que abastecen a 1.4 millones de personas a nivel nacional. Entre el 2010 y 2016, se llevo a cabo una inversión de $17.6 millones en promedio anual a través del Fondo de Inversión Social FISDL. En el año 2012, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA, presentó una propuesta de Ley de Aguas que retomaba los enfoques de derecho humano, gestión pública, régimen financiero justo y equitativo y sustentabilidad ambiental de la propuesta del Foro del Agua, y creó de forma participativa diferentes instrumentos de política pública para la gestión sustentable del agua. 

Pero estas iniciativas desde el Ejecutivo fueron insuficientes para atender el problema de la falta de acceso al agua, ya que los partidos de derecha con mayoría en la Asamblea Legislativa, se han negado a legislar en materia de gestión del agua. Cuando lo han intentado, ha sido para favorecer los intereses mercantilistas de los grupos de poder que hacen uso de más del 54% (1,017.6 millones de m3) del agua en el país (riego del monocultivo de la caña de azúcar, embotellamiento de agua, industria, etc.), en menoscabo del derecho humano al agua. Esto ha llevado a la implantación de un sistema de injusticia en el acceso al agua en el país que se manifiesta en conflictos como: la sobreexplotación por la industria azucarera, provocando salinización y profundización del agua que abastece a las comunidades rurales; la concesión de aguas para las empresas especuladoras inmobiliarias mediante socios público-privados, sumiendo a las comunidades vecinas en la marginalidad y consumo de agua contaminada por las descargas de las mismas empresas; la desatención y desprotección de las Juntas de Agua  Rurales que, con su esfuerzo y apoyadas de las ONG y la cooperación internacional, gestionan sus propios proyectos.

el derecho humano al agua con el gobierno de bukele

El ahora presidente de la república, Nayib Bukele, llegó al poder como una propuesta de gobierno diferente a la derecha e izquierda salvadoreña, que resolvería problemas críticos de la población como es el acceso al agua,  evitando así la privatización. Sin embargo, a nueve meses de haber asumido el cargo, los hechos muestran lejos de avances importantes, un evidente desconocimiento de la gestión pública por parte de funcionarios con competencia directa en el derecho humano al agua, y un eminente retroceso en aspectos en los que se había avanzado en las administraciones anteriores, agudizando de esta manera la situación de crisis hídrica que ya venía experimentando la población, mientras se favorecen los intereses de la oligarquía salvadoreña.