El Salvador
El descontento aumenta, las manifestaciones también

“El gobierno debe cesar su actitud hostil contra la sociedad civil y reconocer los terribles efectos de sus políticas para los DDHH”. Erika Guevara, Amnistía Internacional.

Desde la llegada del Gobierno de Nayib Bukele en junio de 2019 las condiciones de vida para la población salvadoreña han desmejorado. Desde mayo de 2021, el presidente de la República controla los tres poderes del Estado, sumergiendo al país en una dictadura donde se exalta el militarismo y la represión. Esta afirmación conlleva un gran peso y una discusión entre quienes consideran que El Salvador ha avanzado y quienes sostienen que no, una discusión que sin duda trasciende fronteras en algunos sectores.

No obstante, para quienes están en sintonía de la defensa de los derechos humanos (DD. HH.) y dan seguimiento a las acciones o medidas gubernamentales no pueden defender a un Gobierno tan violento.

A 30 días del régimen de excepción, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmaba:

“Durante los últimos 30 días, el gobierno del Presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de DDHH que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.

“En El Salvador de hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficiente, y las y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”.

“Pedimos a la comunidad internacional que ayude a evitar la incipiente crisis de DD. HH. en El Salvador, y a las autoridades del país que dejen de cometer abusos y garanticen que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de DD. HH. que ya se han cometido”.

El pasado 14 de diciembre se extendieron por novena vez las medidas extraordinarias establecidas en el régimen de excepción, un régimen donde no se respetan las garantías constitucionales, se coarta la libertad de expresión, de asociación y se ejecutan capturas ilegales, provocando terror en la ciudadanía y motivando la migración.

Como bien indica WOLA, un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser temporal y extraordinario; sin embargo, el Presidente Bukele está gobernando bajo esta figura desde marzo de 2022, dándole un carácter permanente e indefinido a la limitación de derechos constitucionales[1].

Desde sus inicios, Organizaciones de la Sociedad Civil reportan 471 casos de violación sistemática a los DD. HH.

Encarcelamiento a gente inocente

Durante 2022, El Salvador se ha convertido en el país con más personas detenidas, es decir 2.145 personas recluidas por cada 100 mil habitantes. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde el inicio del régimen de excepción hasta el 12 de septiembre, fueron detenidas 52.549 personas sin órdenes de captura ni ninguna garantía como el debido proceso[2]. Hasta la fecha hay más de 94.000 personas detenidas.

Tal cantidad de capturas ha provocado un aumento acelerado del hacinamiento carcelario, alrededor del 247% según indica el Informe 100 días de Régimen de Exención en El Salvador 2022 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, el cual añade que este hacinamiento pone en riesgo el respeto de los DD. HH., de la población penitenciaria y añade que las cárceles estarían siendo el escenario de agresiones al derecho a la vida y a la integridad personal, entre ellas, casos de torturas, y de tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes[3].

En este proceso se han realizado audiencias judiciales de hasta 600 personas, donde no ha existido la presunción de inocencia y de manera on line[4]. Como fue el caso en el Juzgado especializado de Santa Ana, 552 personas acusadas y el proceso fue declarado en reserva total. Así el Instituto de DD. HH., de la UCA ha denunciado que este tipo de audiencias no permite la individualización de los casos, ni el derecho a defensa[5].

A todo esto, hay que añadir que 1.624 personas integran la población ingresada en los Centros de Integración Social y Resguardo, según consta en el Informe de los 100 días. De esos, 1,145 son menores y adolescentes de 12 a 17 años. Entre las asistencias brindadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se registran 1.488 personas menores de edad, 1.303 niños y 185 niñas y adolescentes.

En cambio, los datos “oficiales” de la Policía Nacional Civil, Bukele ha venido reportando cero homicidios en el país; y teniendo en cuenta que El Salvador era considerado como uno de los países más violentos del mundo, pareciera que esta estrategia está teniendo unos resultados óptimos y deseados, aunque como hemos ido describiendo esto está muy lejos de la realidad cuando además la veracidad de estas cifras no se pueden verificar ni comprobar si son reportadas adecuadamente debido a otras medidas extraordinarias como la falta de acceso a la información, convirtiendo la confidencialidad de la gestión pública en la regla general y no en la excepción como dicta la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de 2011.

Así la Policía Nacional Civil declaró bajo reserva la información de homicidios y víctimas del delito de desaparición en El Salvador, lo cual es una muestra de cómo los datos y la información se ocultan y no pueden verificarse[6]. Sin mencionar que el gobierno de Bukele ha modificado qué tipos de muertes se incluyen en las cifras totales de homicidios.

En agosto, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, detalló la captura de 50.272 personas consideradas “terroristas”, y la confiscación de 1.322 armas de fuego. Lo que significa que por cada 38 personas detenidas hay apenas un arma incautada. Esta desproporción hace determinar que el 97% de los supuestos pandilleros no tenía armas. Hechos como estos hace llegar a la conclusión de que “el régimen de excepción no ha logrado desarmar a las maras en El Salvador”[7].

Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal (IML) hasta finales de agosto registró 73 muertes en el sistema penitenciario desde el inicio del estado de excepción. Confirmando que 35 de ellas fueron consecuencia de torturas o muertes violentas, 22 por negligencia médica y el resto por causas indeterminadas[8]. En la mayoría de los casos, las familias de las víctimas no son informadas ni se les dan detalles sobre la causa de la muerte. Hasta la fecha 80 personas han sido asesinadas en los centros penales.

Despidos ilegales

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) en septiembre denunció que a tres años del inicio de los despidos por el Gobierno de Nayib Bukele, ya suman aproximadamente 15.000 trabajadores de 45 dependencias del Gobierno y 15 alcaldías sin empleo. El recuento incluye Asamblea Legislativa y jueces de la Corte Superior de Justicia (CSJ). Contabiliza 800 demandas en los juzgados de lo laboral y de lo contencioso administrativo; y denunció que con la imposición de jueces y magistrados afines al oficialismo las demandas del movimiento no encuentran salida en el sistema judicial: “Estamos ante magistrados que se vuelven Juez y parte y, por tanto, las personas que han acudido a buscar justicia se enfrentan a un sistema parcializado y cooptado por el oficialismo”[9].

En Julio el MTD aseguró que las instituciones afectadas con despidos hasta ese momento eran “prácticamente todo el Ejecutivo, autónomas, alcaldías y la Asamblea Legislativa”. Citó también a los más de 3.000 policías y administrativos cesados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la Policía Nacional Civil (PNC), los despedidos tras la liquidación del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), del Zoológico Nacional, de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), y de la Comisión Hidroeléctrica del río Lempa (CEL)[10].

Falta de libertades sindicales

En noviembre el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo, SITRAMITPS, declaraba para la radio YSUCA que desde que la actual administración de Gobierno de Bukele llegó al poder, se han intensificado las vulneraciones sindicales. Afirman que son 177 sindicatos a los que el Ministerio de Trabajo no les ha entregado credenciales, lo que dificulta la realización de algunos trámites y que la no entrega de credenciales y el acoso laboral de algunos sindicalistas tienen el fin de hacer desaparecer al sindicato, porque constantemente señalan los abusos de la actual administración del presidente Bukele contra los trabajadores[11].

Retrocesos en la educación

La asistencia escolar ha pasado del 25% al 24%, y no se están tomando medidas para revertir esto. A la Universidad de El Salvador le deben 27 millones de dólares del presupuesto aprobado de 2021 y 2022.

El pasado 11 de octubre se publica en la Human Rights Watch[12] que, el Ministerio de Educación de El Salvador despidió recientemente al director del Instituto Nacional de Formación Docente y anunció una “reestructuración” de esa institución. ¿El motivo? El Instituto había aprobado un segmento de Aprendamos en casa —un programa televisivo de educación a distancia que comenzó durante la pandemia— que explicaba el concepto de la orientación sexual.

Han declarado en reserva mucha información. Y la poca que se conoce, se contradice.

El presidente Bukele se jacta que el Gobierno compra y vende bitcoin. Aunque no hay información precisa sobre eso, especialistas en el tema afirman que el Gobierno utilizó 100 millones de dólares de fondos públicos para comprar bitcoin[13]. Y como los compró a un promedio de 47 mil dólares cada uno y hoy valen 16 mil dólares, perdió el 66% del dinero invertido, o sea, 66 millones dólares.

El ministro de Hacienda dijo que el Gobierno no perdió dinero porque no vendió los bitcoins, a la espera del aumento de su valor. Pero esas afirmaciones contradicen un anuncio del presidente, que con las ganancias del bitcoin se estaba construyendo el hospital veterinario Chivo Pets[14].

Luego el ministro dijo que todo negocio tiene pérdidas en sus primeros tres años. Es decir, aceptó que el Gobierno perdió y que el bitcoin no es una moneda sino un negocio. ¿De quién? ¿Del clan Bukele o de los oligarcas que lo apoyan?

El año pasado, el Gobierno les dio 30 dólares (en bitcoin) a 4 millones de personas que descargaron la billetera digital Chivo Wallet. La gente gastó el dinero y no volvió a saber del bitcoin. Pero no todo el dinero le llegó a la población, pues de la Chivo Wallet hurtaron 12 millones de dólares, tal como lo acaba de afirmar en una Corte de EE.UU. el señor Shaun Overton, dueño de la empresa Roi Developers, contratada por el Gobierno salvadoreño para manejar la aplicación de la Chivo Wallet[15]. ¿Quiénes hurtaron los 12 millones de dólares? El Gobierno no dice nada. En el casino del bitcoin, el pueblo ha sido estafado: con la pérdida de 66 millones y con el robo de otros 12 millones, un total de al menos 78 millones de dólares que salen de los impuestos, sin contar lo que no se sabe...

Aprobación de leyes de manera express y sin debida consulta

Como la entrada en vigor de Ley General de Recursos Hídricos, el 12 de julio de 2022 la primera normativa que regula el uso de las aguas en el país. Esta Ley, entre otros, establece permisos para el uso privado del agua de 15 a 30 años, lo que implica daños irreversibles en los ecosistemas, afectando los medios de vida de la población y privando del derecho humano al agua y a la alimentación. Por ello, en el marco de la vida, las poblaciones manifiestan que estamos en una época donde el agua es un privilegio y que son las minorías quienes la obtienen, y es que los diputados, diputadas e instancias gubernamentales no velan por las personas sino por los intereses individuales.

Desigualdad y violencia hacia las mujeres

Además, las mujeres son el 53% de la población en El Salvador y quedan fuera de los espacios de toma de decisiones en materia de participación. Así, toda esta situación solo viene a agravar la desigualdad y a empeorar su situación, aumentando la propia violencia ejercida por el Estado hacia éstas, permitiendo desde el gobierno de Bukele estos graves retrocesos en la vida de las mujeres:

• Mortalidad materna. Entre los años 2008 al 2018, la mortalidad materna disminuyó de 49 a 28 por cada 100 mil nacidas y nacidos vivos[16] . Actualmente está en 63.7.
• Analfabetismo. En los programas de alfabetización, el 67% de las beneficiarias eran mujeres[17]. Con el cierre de esos programas, crece la brecha de género en analfabetismo.
• Escrituras de tierras/propiedades. Entre 2009 y 2018 se entregaron títulos de propiedad a 32 mil mujeres. El actual Gobierno no ha dado más títulos.
• Apoyo al agro (campo). Programas para el agro y otros desde Ciudad Mujer mejoraron los ingresos de mujeres de familias campesinas. Hoy desaparecieron esos apoyos.

A 28 de junio, el Gobierno decía haber apresado más de 5 mil mujeres, la gran mayoría de escasos recursos y de familias pobres, y sin haberles comprobado delito[18]. En las cárceles sufren torturas, violencia psicológica y otros maltratos.

Además, el régimen de excepción ha generado para las mujeres que tienen familiares detenidos:

• Aumento del trabajo de los cuidados, al hacerse cargo de niñas y niños de sus familiares detenidos e invertir tiempo para buscar: lugar de detención, asesoría legal, compra y entrega de paquetes, posible liberación, lo que implica largas esperas nocturnas fuera del penal, etc.
• Costos económicos, al tener que solventar gastos de movilización para dar seguimiento a sus familiares, compra de paquetes, remuneración de abogadas/os, transporte para las diligencias. Además, como la persona detenida aportaba económicamente a la casa, las mujeres tienen que rebuscarse más para obtener ingresos para la familia.
• Afectaciones emocionales, al haber asumido ser el soporte emocional para la familia y vivir impotencia y dolor, al no poder garantizar cuidados adecuados a sus familiares.
• Desventaja en presentación de pruebas o demostración de inocencia, dado que muchas mujeres no son capturadas por ellas mismas, sino por la relación que puedan tener con un hombre acusado de delito. Además, como muchas trabajan en el sector informal o en su casa, no poseen un documento que respalde esa labor y ayude a comprobar su inocencia.

Vulneración de artículos pétreos de la constitución

El 15 de septiembre de 2022, el Presidente anunció su reelección lo cual contradice la constitución.

La ilegalidad de la reelección

Contrario a lo que ocurre en otros países, donde la reelección presidencial es permitida por ley, en El Salvador no se puede, pues la Constitución prohíbe que quien ejerza el cargo de presidente se reelija cuando termine su mandato.

1. El Art. 152 dice que: “No podrán ser candidatos a presidente de la república: 1º- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”. Bukele lleva 3 años, 3 meses y 23 días. Por lo tanto, no puede ser candidato en 2024.
2. El Art. 154 dice que: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

El presidente anunció su candidatura a la presidencia para el 2024, pues tanto él como el clan que lo rodea creen que solo así pueden ganar, aunque sea ilegal. ¿Por qué temen salir del poder? Porque tendrían que rendirle cuentas al pueblo por sus atropellos e ilegalidades mencionados y otros tantos como:

1. Golpe de Estado Parlamentario fallido del 9 de febrero de 2020, cuando Bukele y los militares ocuparon por la fuerza el recinto legislativo.
2. Destitución ilegal del Fiscal General de la República, los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el 30% de los jueces y su reemplazo por funcionarios serviles al régimen.
3. Persecución y apresamiento ilegal de opositoras/es políticos.
4. Persecución a periodistas, analistas, religiosos y a defensoras de DD.HH. que son críticos del Gobierno.
5. Ataque a ONG que ejecutan proyectos en beneficio del pueblo.
6. Deterioro de la salud: centralización de la salud.
7. Aceleramiento de la migración

El clan gobernante también teme a las movilizaciones de miles de personas que rechazan sus políticas, en el marco de un caos económico y una degradación de las condiciones de vida del pueblo. Las cosas están mal y apuntan a empeorar.

“Todo está caro, no hay empleo, 200 mil personas cayeron en la pobreza extrema, miles están ilegalmente presas y la emigración aumenta. Pero eso no le preocupa a Bukele, cuyo único interés es postularse ilegalmente en las elecciones de 2024”.

Así, el movimiento asociativo y organizativo salvadoreño constituye la herramienta principal que tiene la sociedad para conocer, difundir y exigir sus derechos. Este movimiento es rico en diversidad y número. Y ante esta realidad las organizaciones deciden pronunciarse por medio de marchas, concentraciones y/o comunicados. Dichas acciones vienen desde finales del 2020 cuando todavía había mucho terror sobre el COVID-19 y se hacía cada vez más imperante la necesidad de señalar lo que se estaba haciendo mal, poco a poco se han intensificado y para este 2022 muchas acciones se han realizado. Es de enfatizar que en este año ha sido, desde marzo, todo bajo el Régimen de Excepción el cual anula garantías constitucionales como el derecho a la libertad de reunión y asociación, inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones, plazo de detención administrativa que era por 72 horas y derecho de defensa.

Compromiso de las organizaciones en la denuncia

A pesar de ese contexto algunas organizaciones decidieron preparar actividades de protesta para hacer un llamado a la población nacional y nivel internacional sobre las acciones que están vulnerando los derechos de la ciudadanía salvadoreña. Las marchas no son para hacer llamados al Gobierno y buscar el diálogo, pues este Gobierno ha dejado claro que no le interesa esto, sólo admiten reuniones con organizaciones que están de acuerdo con su narrativa. Por ende, todo lo que es oposición es mal visto y denigrado.

Este problema de seguridad que hay para quienes participan de ello ha obligado a que se articulen un poco más, así nace el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que junto a otros espacios articulados como la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y otras expresiones organizativas han girado convocatorias para unirse a las acciones de protesta.

Ejemplo de ello, es la marcha del 15 de septiembre de 2022[19], en la cual se hizo una denuncia general y por eso en la campaña promocional se utilizó el lema “Por la justicia y la libertad del pueblo” para dicha marcha se juntaron muchas organizaciones de diferente índole ideológica que sienten la necesidad de denunciar las acciones que hacen retroceder los procesos democráticos en el país.[20]

¿A qué se enfrentan las organizaciones?

A la popularidad que tiene el Presidente Bukele y su forma de construir narrativas que siguen en dicha lógica, que alimentan el odio. Sin embargo, las condiciones de vida se van deplorando y esto se traducirá en descontento que se expresa de diferentes maneras.

El movimiento tiene que lograr conectar más con la gente, seguir con las denuncias, continuar con actividades de protesta desde diferentes ámbitos y formas, para ello se requiere de estrategias comunicacionales que mellen con el discurso oficialista, representaciones activas en todos los sectores afectados por las medidas gubernamentales y seguir sumando a más y más personas. No es un reto sencillo, se trata del rumbo del país en todas las aristas posibles.

Parafraseando a Carlos Dada, periodista salvadoreño del diario digital ElFaro.net[21]. “Solo pido un poco de congruencia, eso es todo lo que pido. Y congruencia quiere decir que, si hay gobiernos que han invertido mucho capital político, mucho capital social y mucho capital económico en El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz para que se consolidara la democracia, para que se consolidaran los movimientos sociales, las libertades civiles, el derecho a la libertad de expresión, la prensa independiente, la rendición de cuentas, la lucha anticorrupción, que sepan que todo eso que han invertido se está yendo al basurero. ¿Qué van a hacer con esa información? Ya no lo sé. Sí les he pedido una cosa, les he hecho ver que hoy por hoy las organizaciones de la sociedad civil están en un momento de alto riesgo y que, si algo quieren hacer, que les den acompañamiento y que no las dejen solas”[22].

[1] https://www.wola.org/es/2022/09/corrupcion-estado-de-excepcion-el-salvador/

[2] https://twitter.com/SeguridadSV

[3] https://drive.google.com/file/d/1f67PRhY7lu_z5TcCGtPY0yqYO-lH23vE/view?pli=1

[4] Datos Radio TV Bálsamo

[5] https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/150-dias-regimen-de-excepcion-numeros-capturados/990566/2022/

[6] https://gatoencerrado.news/2022/06/21/policia-reserva-informacion-sobre-homicidios-y-personas-desaparecidas/

[7] https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gobierno-captura-pandilleros-pocas-armas-regimen-excepcion/989029/2022/

[8] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Medicina-Legal-reconoce-73-reos-fallecidos-en-regimen-de-excepcion-20220825-0087.html

[9] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-que-15000-trabajadores-publicos-han-sido-despedidos-en-administracion-Bukele-20220910-0025.html

[10] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-despido-de-14000-empleados-publicos-en-el-gobierno-de-Bukele-20220727-0040.html

[11] https://ysuca.org.sv/2022/11/sindicatos-podrian-demandar-al-ministro-de-trabajo-a-nivel-internacional/

[12] https://www.hrw.org/es/news/2022/10/11/censurar-la-educacion-en-sexualidad-no-es-una-nueva-idea

[13] https://www.eleconomista.net/cripto/El-Salvador-comprara-un-bitcoin-a-diario-asegura-el-presidente-Bukele-20221117-0010.html

[14] https://aristeguinoticias.com/2402/mundo/chivo-pets-primer-hospital-veterinario-construido-con-ganancias-de-bitcoin/

[15]https://www.no-ficcion.com/project/us12millones-hurto-chivo-wallet

[16] https://oig.cepal.org/es/indicadores/mortalidad-materna

[17]  Dirección General de Estadísticas y Censos. Encuestas de 2008 y 2018

[18] https://www.presidencia.gob.sv/en-el-regimen-de-excepcion-han-sido-capturadas-en-las-ultimas-horas-a-una-docena-de-mujeres-pandilleras-que-se-suman-a-la-mas-de-5000-arrestadas/

[19] Ver invitación a marcha en Twitter @Bloque_RP en https://twitter.com/Bloque_RP/status/1568684033810341890?s=19

[20] Ver video resumen de la marcha en Facebook Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular en https://fb.watch/gHGLOL5_ef/

[21] https://www.elfaro.net/

[22] https://www.elsaltodiario.com/el-salvador/carlos-dada-crisis-sistema-politico-tradicional-sentimiento-traicion-populistas-bukele-explotarlo-muy-bien