Ainhoa Intxaurrandieta: “El mensaje ha sido que nadie va a poder parar sus proyectos”

Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta del Consorcio de Residuos, e Iñaki Errazkin, exdiputado de Medioambiente, se sientan en el banquillo por parar la construcción de la incineradora de Zubieta cuando ocupaban sus cargos institucionales.

¿Qué hay en juego en este juicio?
Lo que está en juego no es solamente la condena económica de por vida para Iñaki y para mí, sino la legitimidad de que la ciudadanía pueda frenar una infraestructura puesta en marcha por la élite económica para su propio beneficio.

Si la decisión la tomó la asamblea del consorcio, ¿por qué os han acusado solo a vosotros dos?
Acusar a más de 20 representantes municipales conllevaría acusar a sus municipios. Yo creo que han tenido miedo de la respuesta popular que eso generaría, que sería más comedida siendo solo dos los acusados.

Se habla de la legitimidad de la deuda de la incineradora. La denuncia argumenta que vosotros la generasteis.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) exigió un seguro sobre el tipo de interés del dinero usado del préstamo. Sin embargo, lo que contrataron los representantes del PNV-PSE, los famosos swaps, cubrían todo el dinero del préstamo, es decir, habría que pagar su coste se hiciera la incineradora o no. Quienes firmaron eso no fuimos Iñaki ni yo, sino el entonces diputado de Medioambiente y presidente del Consorcio, Carlos Ormazabal (PNV).

Sin embargo, Ormazabal no se sentará en el banquillo. ¿Por qué no lo denunciasteis?
Llevamos al juzgado a los bancos que ofertaron los swaps y la consultora que asesoró la operación, Pricewaterhouse Coopers (PWC). Otras instituciones estafadas con swaps, como el Ayuntamiento de Eibar, han conseguido su suspensión en el juzgado. En nuestro caso, el juez falló en contra de las instituciones porque sus propios representantes en el contrato denunciado, del PNV, defendieron en el juicio la validez de los swaps y la actuación de los bancos. Ahora nos hacen a nosotros responsables del coste que esos contratos están generando.

¿Pero entonces por qué denunciasteis a los bancos y a PWC, y no a Ormazabal?
Nuestros objetivos nunca han sido las venganzas personales, sino defender el dinero público, y para eso el mejor modo era denunciar a la banca para anular los swaps.

¿De qué os acusan exactamente?
Por un lado, del coste pagado a los bancos por los swaps, y por otro nos reclaman la indemnización que se pagó a la constructora por cancelar el contrato. Esto segundo también tiene lo suyo. Poco después de la firma del contrato, tras las elecciones de mayo de 2011, Carlos Ormazabal quedó en funciones hasta octubre de ese año. A los tres meses de firmar el contrato, la empresa estaba obligada a entregar el proyecto básico. Lo que entregaron, sin embargo, no cumplía con los mínimos exigidos. Los nuevos cargos electos solicitaron a Carlos Ormazabal que suspendiera el contrato por incumplimiento de la otra parte. De haberlo hecho así, no se habría generado el derecho a ninguna indemnización. Sin embargo, Ormazabal prorrogó los plazos por dos veces a la constructora y, además, puso a su servicio a trabajadores públicos para que le hicieran el trabajo a la constructora antes de que abandonara el cargo. Es decir, el proyecto que tenían que entregar en agosto fue finalmente validado en octubre, a la tercera entrega de este, y fue redactado finalmente por trabajadores de GHK, y aceptado por representantes en funciones tres días antes de abandonar el cargo. El mensaje a los futuros dirigentes salidos de las elecciones era claro: si os atrevéis a parar nuestro proyecto, habrá un coste elevado.

¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa? Estando Bildu en minoría en las Juntas Generales, ¿teníais legitimidad para parar la incineradora?
Nuestra actuación fue impecable: seguimos los procedimientos establecidos por la ley para suspender un contrato público, y acordamos la mínima indemnización legal. Además, si un presidente del Consorcio tenía legitimidad para firmar el contrato, ¿no la tiene una presidenta para suspenderlo?

¿Cuál es la condena que os arriesgáis a recibir? ¿qué esperáis del juicio?
Podemos ser condenados a pagar millones de euros. En prensa se ha hablado de 41 millones, que es solo lo pagado hasta ahora por los swaps y la indemnización a la constructora. Pero los swaps siguen generando pérdidas mes a mes. En la práctica, nos embargarían la vivienda y el sueldo de por vida.

Políticos, bancos, bufetes, funcionarios, empresas, lobbys... ¿Qué objetivo les une?
Estamos hablando de quienes ostentan el poder con mayúsculas, y con ello no me refiero a los gobiernos. Por encima de ellos está el capital, quienes realmente ostentan el poder. Los bancos y multinacionales son los que deciden, ya que es un caso que muestra cómo se canaliza el dinero público hacia manos privadas. El objetivo de quienes nos llevan a juicio es que, independientemente de lo que ocurra en unas elecciones, nadie va a poder parar sus proyectos.