Región de Murcia
De un fascismo rampante en el agrocantón murciano

Llegábanme, casi en tiempo real y como a todo el mundo, las noticias del asalto al Pleno municipal de Lorca por una turba desalmada, con los gritos y amenazas tan escuchados y bien conocidos desde hace años en esta tierra pecadora, y me dije: ¡claro! Porque el espectáculo me era tan familiar que paré en seco mi pasmado mecer (y su telúrico runrún) para mejor enumerar los episodios de violencia a la murciana que bullían en mi mente, y encontrarme con que, tan lejos en el tiempo como 43 años atrás, ¡ya había sufrido yo uno de ellos!

Recordé, en efecto, aquella tarde de abril de 1979 cuando, dando una charla con mi amigo Paco Blázquez en Águilas sobre “El puerto deportivo y la situación de nuestro litoral”, en la pista municipal de baile al aire libre, junto al mar, me vi interrumpido por un grupo de asistentes que gritaba, me insultaba y me amenazaba. Eran gente de la mar, que venían siendo cortejados por el Club Náutico, promotor del puerto deportivo (al que nos oponíamos por pretender instalarse en la playa urbana de Levante, y que además se saltaba la Ley del Suelo y la de Costas), con la promesa de que sus barcos podrían atracar en los nuevos muelles, tratando así de neutralizar la oposición de un sector que hubiera podido frenar en seco la aborrecida instalación, pero que se dejó engatusar por esas mentiras.

Del tumulto y el agobio, el grito de guerra que mejor recuerdo era “al agua con él”, que es el equivalente mediterráneo del muy celtibérico “al pilón”, utilizado por siglos en la España interior, e igualmente expeditivo. Me defendieron mis amigos, que también me informaron de que esos exaltados, visiblemente alterados por el alcohol, habían sido vistos en un bar cercano junto a dos miembros de la directiva del Club, de lo que dedujimos que habían sido “calentados” para boicotear el acto. La continuación fue calamitosa para mí (no para los bronquistas o los manipuladores) ya que, con gran ingenuidad por mi parte, me atreví a esperar de la justicia que actuara contra la agresión, procediendo a denunciar como instigadores a esos directivos; lo que acabó volviéndose contra mí, ya que aquellos a los que señalé pudieron acusarme por “denuncia falsa”, lo que recuerdo muy bien que deleitó a ciertos miembros del poder judicial en Águilas y Lorca, que no encontraron pruebas fehacientes de mi denuncia. Pero aquel episodio tuvo para mí una enseñanza impagable a consecuencia del cara a cara que tuve con el fiscal de Lorca, José Martínez Blanco, que tras mi declaración tuvo a bien pedir, con éxito, mi procesamiento, lo que llevé con un temple impropio de mi inexperiencia (cuando 32 años después, el Tribunal Supremo me libró —con nota: la sentencia es preciosa— de la segunda y más grave acometida con que me distinguió ese mismo fiscal por un motivo que es cosa para contar en otro momento, mi satisfacción fue tan inmensa como legítima).

Lo de Lorca se inscribe en una acrisolada tradición murciana (siempre que una turba vociferante, lo cree conveniente) de tirar por la calle de en medio y arramblar con lo que se ponga por delante

También recordé cuando, en 1992, otra turba, constituida esta vez de trabajadores de los astilleros cartageneros de la Bazán, incendió la sede de la Asamblea Regional de resultas de su cabreo por la reestructuración de la plantilla. No mucho tiempo después, otra turba, surgida de entre los agricultores de la Marina de Cope, agredieron al concejal aguileño de IU, Antonio del Campo, opuestos a la declaración del Parque Natural en esa zona, que consideraban lesiva para sus intereses. El líder de esa agresión, el distinguido miembro de ASAJA, José Martínez, se me ha encarado más de una vez en los años siguientes, siempre con ocasión de algún acto en defensa ambiental de la Marina, pero siempre con su coro de vociferantes (mi ínclito Pepe, que se sabe más bajito que yo, se muestra más cauto de tú a tú).

Total, que lo de Lorca se inscribe en una acrisolada tradición murciana —siempre que una turba vociferante, lo cree conveniente— de tirar por la calle de en medio y arramblar con lo que se ponga por delante, siempre con floreado acompañamiento de insultos, amenazas y, si hace al caso, agresiones.

A esta violencia ha contribuido —a más de la ignorancia manipulada, la codicia del beneficio rápido y la prepotencia de los instigadores— la tolerancia de las fuerzas del orden y la impasibilidad de la Fiscalía, que con su actitud han ido dando pábulo a la generalización de un estilo que hace mucho tiempo ha inundado, con marea creciente, el agro murciano: la intimidación y la amenaza con que se acompaña a la violación sistemática de leyes y normativas tratando de encubrirlas, que adquieren cada día mayor fuerza por la impunidad con que campean.

Así que esto es lo primero a destacar del bochorno que la mayoría de los murcianos hemos sentido con esta última movida y con las anteriores y futuras: que quienes tienen que frenar y castigar esta violencia, cuyo grado aumenta y su extensión inquieta, se comportan, en alto grado, con miedo o indiferencia, y esto no es aceptable.

Sombras visibles del abuso y el mangoneo

Asumiendo la hipótesis —plausible, constatable, repetitiva— de que, tanto en sus manifestaciones reivindicativas como en los actos de violencia que las siguen o trastocan, nuestra gente del campo murciano sufre de un evidente grado de manipulación, procede entrar a analizar el papel, o la imagen pública, de ciertos representantes de este mundo agrario, especialmente los más cercanos a los pasados incidentes. Diremos, como artificio literario, que se trata de sombras que se ciernen sobre este desmadre de evolución tan peligrosa, aunque sean bien corpóreas.

Las primeras de estas sombras, con nombres y apellidos, vistas y comprobadas, corresponden a esos concejales de Lorca, del PP y de Vox, presentes en la reunión del viernes anterior a los hechos, preparatoria de la manifestación del lunes 31 de enero, al parecer auto invitados, ya que las organizaciones agrarias han dicho no haberlo hecho. Se trata de los dos partidos que controlan la vida política de la región y, como tales, responsables del papel sonrojante que nuestra tierra desempeña frente al país entero. Destacaré solamente a Fulgencio Gil, al que le gusta hacerse vídeos arengando a la/su gente al jaleo y siempre aludiendo a lo mal que lo hace todo el actual alcalde de Lorca, al que precedió en el Consistorio (sin ser elegido) y al que quiere, obsesivamente, suceder el año que viene. Este personaje habla mal por costumbre, con ramplonería y, casi peor, con incontinencia; también lo he visto en el Ramonete haciendo lo mismo, pero, esta vez, añadiendo el toque xenófobo propio de la oposición a la ubicación de la mezquita en el núcleo urbano de esa pedanía.

Las primeras de estas sombras, con nombres y apellidos, vistas y comprobadas, corresponden a esos concejales de Lorca, del PP y de Vox, presentes en la reunión del viernes anterior a los hechos, preparatoria de la manifestación del lunes 31 de enero

Otra de estas sombras que se ciernen sobre esta confabulación contra la legalidad no tiene nada de sombra porque aparece en primera fila de la turba atacante, presionando el cordón protector policial para entrar en los locales del Pleno: Fernando Francés, empresario de muy rápido ascenso en poder, propiedades y negocio en las pedanías altas lorquinas, y al que este mismo cronista ya ha acusado de apropiarse del río Turrilla, para abrevar sus granjas porcinas del entorno, entre otras trapacerías. El señor Francés tiene el mérito —haya manipulado o no a los violentos— de haber participado personalmente en el asalto, lo que las autoridades policiales y judiciales deben añadir a la denuncia penal que ya se le lanzó por lo del río saqueado.

No tengo más remedio, por coherencia temática, citar a otro empresario porcino, más potente todavía que el anterior, que es Juan Jiménez, presente tanto en Lorca como en Caravaca, al que parece importarle bien poco la cantidad creciente de irregularidades que va acumulando en sus múltiples instalaciones, en las que no falta el misterioso abastecimiento de agua de varias de sus granjas, unos recursos que no constan registrados oficialmente. Su influencia sobre las voluntades de los alcaldes de su feudo porcino, el de Caravaca en particular, se confirma cada día.

En la sombra, por decir algo, queda el imperio porcino por antonomasia, el de El Pozo alhameño, con su filial CEFUSA, que sigue marcando la pauta en el Sureste geográfico, estando en el origen del negocio masivo y perturbador, así como en la perspectiva segura de la burbuja inevitable. Todas estas empresas, de tan feroz crecimiento en los últimos años como demoledor ha sido su impacto ambiental, abusan de los pequeños y medianos ganaderos imponiendo el método de la “integración”, es decir, suministrando crías y materia prima y haciendo de clientes para el producto, ya engordado; pero se quitan de encima la responsabilidad financiera y ambiental, que recae en los pequeños (a los que, como vemos, no se les ocurre dirigir su acción reivindicativa contra esas firmas que los acogotan).

Ahora tengo que señalar a Antonio Ibarra, del que supe cuando visitaba los desmanes porcinos en el término de Lorca porque, siendo asesor de las organizaciones ganaderas, se reconoce que lleva la batuta en este tema como gran conseguidor de proyectos de granjas porcinas en el municipio. He oído su cháchara exculpatoria sobre los “hechos del 31” y me ha parecido un muy poco hábil discursero. Se trata de un personaje ambicioso, recientemente alzado como vicepresidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, del que merece la pena seguir con atención su itinerario porcino.

El elenco de sombras que sobrevuelan los incidentes y calientan la situación es amplio, ya lo creo. Tendría que incluir aquí a ciertos líderes de las organizaciones agrarias, como UPA, o al presidente de ADESPOLORCA, Francisco Román, que le echa la culpa del tumulto… a un concejal de IU, lo que tiene su mérito y califica al personaje. Porque al consejero autonómico de Agua, Agricultura, etcétera, Antonio Luengo, prodigio de frivolidad e incompetencia, prefiero saltármelo por esta vez: su papel ante el poder agrario es de objeto sometido y manipulado, así que no alcanza a figurar en el listado de las sombras agitadoras (sino de las lacayas).

El agrofascismo murciano, un problema para la España democrática

He dejado para el final a una sombra especial, que es la del actual delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, y líder del PSOE regional, ya que su papel en este despropósito ha sido esencial, como primer responsable: ¿a quién se le ocurre consentir una marcha, presumiblemente violenta y en cualquier caso intimidatoria, que tiene como objeto impedir que tengan lugar las decisiones soberanas, legales y democráticas de un Pleno municipal?

De su idea de la legalidad en general, de su sensibilidad ambiental y su sentido de la representación del Estado da la primera reacción que tuvo cuando supo que el SEPRONA (de la Guardia Civil, fuerza del orden supuestamente a sus órdenes) denunciaba a los contaminadores de la parafina antiheladas, dedicados una temporada más a envenenar la atmósfera de todos para salvar las cosechas de su propiedad, en los muy artificiosos frutales de Cieza-Abarán, poco menos que garantizándoles (a los contaminadores) que exigiría a la Guardia Civil… no sé qué explicaciones. Así que, en este ascenso ultra de la violencia agraria habrá que vérselas, también, con este Vélez, un aliado del campo insumiso y depredador, a la vez que un socialista que —deduzco por lo que sé— podrá fácilmente hundir (más) al PSOE) murciano.

En la historia de los fascismos europeos figura siempre, en su inicio, la bronca, la violencia intimidatoria y el discurso prometedor, que oculta intenciones y manipula cerebros

Insistiremos, pues, en todo lo que de negativo y tenebroso nos muestran los “hechos del 31”, sin dejar de establecer que ese grito de los asaltantes del Pleno, de “Que no nos toquen a nuestros bolsillos y al pan de nuestros hijos” ni vale ni es de recibo: la legalidad urbanística, ambiental y general está por encima de bolsillos y retoños, como exige una democracia y un Estado de derecho, así que vayan mudando de consigna los que quieren justificar su violencia con chorradas (y no se deje impresionar el señor Vélez por estos eslóganes verbales, que tan directamente remiten a ignorancia, codicia y manipulación).

En la historia de los fascismos europeos figura siempre, en su inicio, la bronca, la violencia intimidatoria y el discurso prometedor, que oculta intenciones y manipula cerebros. Nuestro fascismo actual, el de Vox, constituye una variedad nostálgica del franquismo ideológico y toda su carga reaccionaria hacia la Iglesia, la monarquía o los nacionalismos… Un fascismo que aprovecha, para su impulso, los fallos de la democracia, entre los que han figurado la tibieza de las fuerzas políticas mayoritarias, los socialistas en este caso, más el complejo de los conservadores, nuestro PP, ante la ultraderecha; así como la tolerancia de las fuerzas policiales y judiciales, intrínsecamente conservadoras que, por lo que respecta al medio ambiente, muestran una y otra vez su falta de interés y comprensión (actuando con vigor sólo tras los escándalos que las cuestionan, pero eludiendo la tensión permanente necesaria).

Tampoco nuestros alcaldes cumplen, mirando para otro lado cuando las ilegalidades se instalan y extienden en sus municipios. Tanto si son populares como si son socialistas, creen que su electorado depende de este grupo social del campo y, además, muestran su miedo a esos agricultores y ganaderos que hace tiempo han optado por la violencia cuando algo no les gusta, y no se atienen ni a razones ambientales o sociales ni al imperio de la ley: vociferan exigiendo que se les respete su “derecho” a violar unas y otras. Y no. Los alcaldes poseen, también en materia porcina, poderes suficientes para impedir los desmanes y para imponer el orden debido, asistiéndoles la legislación del suelo y la ambiental. Si han dado lugar a la situación actual, insostenible y vergonzosa, ha sido por miedo, complicidad o dejadez. Y no procede que el alcalde de Lorca, tras el ataque de la chusma, paralice la moción ya acordada y se “reúna con las partes”, sino que proceda a celebrar el Pleno boicoteado, sin más; después, que se reúna con esas partes, que es su obligación, pero una vez que se establezca la primacía de la ley y el orden democráticos.

Quede claro que este fascismo rampante en la Región de Murcia se basa y origina en el destrozo general del medio ambiente, incurriendo este agropoder tan nítido, en el acoso programado, sistemático y continuado contra el territorio, las aguas y la salud. De ahí la urgencia de que la Fiscalía General del Estado nombre un fiscal especial para los delitos contra el medio ambiente y el territorio en esta región. región, dado que la justicia murciana no funciona como debiera, singularmente en los asuntos ambientales, en los que se emplea con notable torpeza y desgana. Ya hubo un fiscal encargado desde Madrid para poner orden en los escándalos del agua, pero no pudo con las corazas múltiples que protegen al agropoder murciano, y fue aniquilado alevosamente. En este segundo intento nos va algo más que la decencia de la justicia.

(Pues sí, rumiaba yo, tratando de concluir tras escribir todo esto: la destrucción ambiental de la tierra lleva al fascismo político, lo que estaba cantado.)