Reforma laboral
Negociación colectiva laboral, qué está encima de la mesa de diálogo social y qué no

En los comedores escolares de Bizkaia se aplican tres convenios laborales diferentes: el mejor, el no tan malo y el pésimo. Entre el primero y el tercero hay una diferencia salarial de casi el 50%: 14,33 euros brutos la hora (convenio autonómico pactado con Educación), 11,48 euros (convenio sectorial provincial de hostelería) y 7,38 euros (estatal de restauración; dos céntimos por debajo del SMI, aún no ha sido actualizado con la subida del 1 de septiembre).

El País Vasco tiene una mayoría sindical que forzó a la patronal vasca, Confebask, a suscribir en 2017 un acuerdo con los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT en el que se otorga prioridad aplicativa a los convenios suscritos en el territorio frente a los de ámbito estatal, al menos cuando las empresas son vascas. Para los sindicatos vascos es preciso que se transponga dicho acuerdo a la nueva legislación laboral que se está abordando en la mesa de diálogo social; y que se extienda al resto del Estado, reclama la principal central gallega, la CIG. Este punto no está encima de la mesa.

La primera conclusión a la que llegó en 2003 el servicio de estudios del Banco de España en su documento El sistema de negociación colectiva en España: un análisis con datos individuales de convenios fue que “se observa cómo en el nivel intermedio de la negociación (sector-provincial) se llega a incrementos salariales que son, en general, superiores tanto a los que se pactan a un nivel centralizado (sector-nacional) como a un nivel más descentralizado (empresa)”. Si una asamblea de trabajadores se mueve y los sindicatos la respaldan, las posibilidades de mejorar no son pocas. 

La reforma laboral de Zapatero puso los cimientos para la atomización de la negociación colectiva, aupando la centralidad; el PP remató la estrategia consolidando también la prioridad de los convenios de empresa

La ministra Yolanda Díaz se embarca hacia el Estatuto de Trabajo 2.0

Gessamí Forner

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Laboral

Reforma laboral La ministra Yolanda Díaz se embarca hacia el Estatuto de Trabajo 2.0

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“Estamos trabajando con normas de los años 80 que no dan respuesta a las necesidades del siglo XXI”, resumió la ministra de Trabajo en la comisión parlamentaria donde adelantó su proyecto para 2021 con la Comisión Europea.

La culpa no es solo de Rajoy

Cuando reventó la crisis económica de 2008 y el PSOE enarboló la bandera de la austeridad, se fijó en dicho documento e introdujo en la reforma laboral de 2010 firmada por José Luís Rodríguez Zapatero los cimientos para la atomización de la negociación colectiva, aupando la centralidad como sugirió el Banco de España. El PP remató la estrategia con la reforma de 2012, consolidando también la prioridad de los convenios de empresa. Se aprobó la prioridad aplicativa de los convenios a la baja.

En Galicia, el 95% de las empresas son microempresas con menos de seis trabajadoras. “En la última década, los empresarios se han dedicado a hacer convenios de empresa a diestro y siniestro, llevando a la baja las condiciones de los trabajadores”, contextualiza Francisco González, responsable de negociación colectiva de la CIG, el sindicato gallego mayoritario. Junto con el proceso de desindustrialización y la atomización de las empresas, se consideran los más afectados por la negociación colectiva dispuesta en las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP). 

La prioridad aplicativa debe abordarse en la mesa del diálogo social. Pero las patronal CEOE se resiste, y el Gobierno, de momento, consiente. “Es un asunto que no requiere mucha complicación y solo queda que el Gobierno legisle”, indicaron ayer fuentes sindicales que participan en la mesa de diálogo social, que describen que modificar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos laborales y mantener la ultraactividad están “en punto muerto”.

La prioridad aplicativa y la ultraactividad están “en punto muerto” en la mesa de diálogo social porque la CEO se resiste y el Gobierno, de momento, consiente

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se pronunció también ayer por primera vez con cierta claridad en un acto organizado por UGT: la reforma laboral de 2012 dejó la negociación colectiva que generó unas relaciones laborales “menos sanas, con una capacidad de los comités y de los trabajadores de prestar una menor resistencia a los intereses empresariales”. Por sus palabras —“no se ponen en cuestión los convenios de empresa, sino su uso para degradar las condiciones de trabajo”— se entiende que se inclina por respetar el acuerdo político de 2020 y revertir la prioridad aplicativa. Sin embargo, ha propuesto “mecanismos autónomos” como “cláusulas de arbitrajes” para dirimir la pertinencia o no de la ultraactividad.

Zapatero introdujo el primer cambio en la ultraactividad limitándola a dos años, y Rajoy rebajó su aplicación a solo un año. Es decir, si un convenio decae, solo se prorroga durante un año, por lo que a la empresa le resulta útil dilatar las negociaciones más de doce meses para poder empezar a negociar legalmente desde cero. “No se puede matar moscas a cañonazos, poniendo a los trabajadores en la tesitura diabólica de ‘acepto o me quedo sin nada’”, añadió el Secretario de Empleo.

El propio PSOE acordó el 20 de mayo de 2020 en el acuerdo con EH Bildu y Unidas Podemos devolver la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales y mantener la ultractividad; ninguno de los dos puntos está redactado

Políticamente huérfanos

Priorizar los convenios sectoriales estatales frente a los de empresa sin que quede claro que la prioridad absoluta la debe tener siempre el mejor convenio que, como decía el Banco de España, suele ser el sectorial provincial, sigue dejando abierta la puerta a la precariedad, además de asumir la herencia socialista de la reforma laboral de Zapatero. Este punto no está encima de la mesa, ni aparece en el borrador confidencial redactado por el Gobierno al que ha tenido acceso El Salto.

Los sindicatos mayoritarios de Galicia y País Vasco consideran que podría estar en la agenda si los partidos políticos soberanistas presionaran con firmeza. Para el sindicato mayoritario de Galiza, la Confederación Intersindical Galega, obviarlo es un error de estrategia: “El soberanismo tiene la llave para despertar marcos propios. Y parece que EH Bildu, ERC y los demás partidos soberanistas no lo están entendiendo. Me parece bien que marquemos objetivos que no sean los trabajadores, pero flaco favor le hacen a las clases trabajadoras. Los sindicatos no estamos para ser comparsa de nadie, sino para defender a las trabajadoras”, sostiene Fernando González Sío. 

Recuerda que un marco propio de negociación colectiva es positivo para todos los territorios: “Beneficia tanto a los trabajadores de la limpieza de Alicante como a los del metal de Cádiz”. 

El recado que deja el sindicato CIG es claro. Tanto como el lema del sindicato vasco mayoritario, ELA, que el 28 de octubre convocó una manifestación con el lema No nos vendáis a Madrid, interpelando a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. “Este es el momento de ser mínimamente coherentes. Que los partidos que se dicen soberanistas o de izquierdas nos digan cuál es su actitud, porque sin los votos del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos es imposible que salga adelante una reforma laboral”, sostiene Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA. 

CIG, ELA y la central catalana Intersindical-CSC han formado una alianza para interpelar conjuntamente a los partidos de izquierdas en el Congreso de los Diputados. En el caso de Catalunya, el tema más candente es el Icetazo, pacto alcanzado el jueves entre Unidas Podemos, ERC y el PNV y el Ministerio de Hacienda. “Es necesario un poco más de dignidad y firmeza en el rumbo de las reformas de las pensiones y la laboral. Entiendo que  los escenarios y las agendas políticas gallegas, vascas y catalanas son distintas, pero con la amenaza de que vendrá el lobo, no hace falta echar otra sábana sucia a la colada”, añade metafóricamente Sergi Perelló, responsable de negociación colectiva del sindicato catalán.

“La soberanía de los pueblos no es contraria a la de clase trabajadora, es complementaria, y no hay soberanía de un pueblo sin una clase trabajadora soberana, eso es lo que nos arrebató la reforma laboral”, señala Francisco González (sindicato CIG)

Éxito en la huelga general de pensionistas

Gessamí Forner

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Huelga general

Éxito en la huelga general de pensionistas

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Por unas pensiones, trabajo y vida dignas. Ese fue el lema que movilizó, por primera vez desde hace muchos años, a miles de personas a secundar una huelga general en Euskal Herria. El paro incidió en todos los ámbitos: empresas (30%), educación (65%), universidad (90%), ayuntamientos, medios de comunicación y ferrocarril.

1 de diciembre, antesala de la huelga general

Ocho sindicatos vascos —ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CGT y CNT— presentaron esta semana una jornada de movilización para el miércoles 1 de diciembre bajo el lema Soberanía para una vida digna, en referencia tanto a las pensiones como a la reforma laboral. En las cuatro capitales de País Vasco y Navarra se celebrarán manifestaciones a la mañana; en las comarcas, actos por la tarde.

“Compartimos la importancia del momento”, indica el manifiesto. “De aquí a finales de año, [los partidos políticos] pretenden tomar decisiones que van a determinar nuestras condiciones de vida y de trabajo futuras. Lo poco que se sabe de la reforma de las pensiones apunta a medidas que no derogarán los recortes impuestos años atrás ni reforzarán el sistema público de pensiones. El contenido de la reforma laboral es una incógnita aún mayor, pero nada señala a que se vaya a garantizar nuestro derecho a establecer libremente nuestros convenios en Euskal Herria, ni a derogar las reformas anteriores en aspectos clave como la facilidad de despido”, subraya el texto.

Los sindicatos no hablaron de huelga general en lo que se percibe socialmente como la antesala de una huelga general, como la que se celebró el 30 de enero de 2020. Quizá haya tiempo de convocarla antes de la reforma de las pensiones. Sindicatos consultados consideran poco probable que el Gobierno consiga aprobarla antes del 31 de diciembre. Su prórroga comportaría un retraso en la recepción del segundo tramo de los fondos europeos. 

El 80% de los convenios estatales firmados en 2018 presentan una prohibición expresa o limitaciones por materias a renegociar en ámbitos que la ley considera inferiores (provincias y autonomías), contabilizó Xabier Ugartemendia (LAB)

Insumisión

En las colectividades —así se llama al convenio que engloba comedores escolares, de hospitales y residencias—, ELA y LAB ostentan una contundente mayoría con el 84% de las delegadas. Sin embargo, en 2018 ELA y LAB tuvieron que pedir permiso a CC OO y UGT para renegociar un convenio sectorial provincial o autonómico para las monitoras de los comedores escolares. Se lo denegaron. Terminaron en los juzgados y la demanda finalmente fue retirada y gran parte de las monitoras, a excepción de las que trabajan en empresas estatales en colegios concertados, pueden tener un convenio propio por el que cobran cuatro euros más la hora, alejándose del SMI. Pero la batalla sigue, y la mesa social de diálogo no la contempla.

La disputa se encuentra en las conserveras de Bizkaia, otro sector feminizado y de paupérrimos salarios que lleva siete meses negociando su convenio. “En LAB hemos decidido tirar hacia adelante con la negociación a pesar de la prohibición expresa de firmar un convenio propio”, explica Xabier Ugartemendia, responsable de negociación colectiva. Habla de insumisión y de llegar a los tribunales si es necesario. Ugartemendia estudió todos los convenios estatales suscritos en 2018, de los cuales, advierte, el 80% presentan una prohibición expresa o limitaciones por materias a renegociar en ámbitos que la ley considera inferiores. Las provincias.

“La soberanía de los pueblos no es contraria a la de clase trabajadora, es complementaria, y no hay soberanía de un pueblo sin una clase trabajadora soberana, eso es lo que nos arrebató la reforma laboral”, recuerda Francisco González sobre este último punto acordado en mayo de 2020 que parece no estar hoy en la mesa de nadie.