Reforma laboral
El regalo no solicitado de Sánchez a Díaz: una nueva agenda para la reforma laboral

El inicio de la semana tras la festividad de Todos los Santos trae de nuevo la discusión en el seno del Gobierno sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Tras el cuestionamiento de Sánchez sobre el liderazgo de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición encara una agenda de reuniones de coordinación en hasta tres instancias distintas -aparte del consejo de ministros- para ponerse de acuerdo sobre qué propuesta de reforma se lleva a la mesa de diálogo social.

La agenda de reuniones fue difundida el jueves por la secretaría de Estado de Comunicación y supone un paso atrás con respecto al anuncio de Díaz de un acuerdo sobre la reforma laboral no consensuado con las organizaciones empresariales. Así, representantes de Trabajo, Economía y Seguridad Social se reunirán todos los martes para preparar la mesa de diálogo social con los llamados agentes sociales, que se celebra los miércoles por la mañana. Pero el texto difundido por el Gobierno también prevé otra instancia más “para facilitar la coordinación de agendas” en las que Díaz tendrá que sentarse con cualquier miembro del Gobierno “cuando sea necesario por la importancia o complejidad política de los asuntos”, y que se celebrarán antes o después de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Además, a estas dos instancias se le añade la reunión extraordinaria este mismo martes 2 convocada por el presidente Pedro Sánchez con las vicepresidentas primera (Nadia Calviño) y segunda (Díaz) y los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Educación y FP.

De esta multiplicación de reuniones, y del acuerdo consensuado o no con la CEOE en el marco del diálogo social, debe salir una nueva propuesta para la Comisión Europea antes de que termine el año. Sobre la naturaleza y el carácter de la tensión en el Gobierno en torno a la reforma laboral, se han propuesto dos interpretaciones: la de que se trata de una mera batalla por el relato (quién se lleva el gato al agua por sacar el titular, con las vistas puestas en un probable adelanto electoral) y la de que sí hay diferencias de fondo notables sobre el contenido del acuerdo.

Del primer lado se apuntan diferentes indicios de peso: la existencia de un consenso tanto dentro como fuera del Gobierno sobre qué aspectos de la reforma laboral del año 2012 se consideran derogables, consenso del que forman parte tanto el texto del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos, como algunas líneas de la propuesta elaborada en 2017 por la Fundación Fide con representantes del mundo jurídico y académico, los grandes despachos empresariales de abogados y personalidades del mundo sindical (resumidas en este artículo de Desiderio Martín Corral). A esto se suman las propuestas no aplicadas debido a los adelantos electorales de la anterior titular de Trabajo, Magadalena Valerio, sobre el retorno de la primacia del convenio sectorial sobre el de empresa, la limitación de la subcontratación o la ultraactividad de los convenios, cuya vigencia más allá de su fecha de “caducidad” fue eliminada por el PP en 2012.

A esta línea de entendimiento deben añadirse los aspectos que nunca han estado sobre la mesa por parte del Gobierno, como el establecimiento de medidas más fuertes de protección del trabajador frente al despido, caso del restablecimiento de los llamados salarios de tramitación o el aumento de indemnización por despido improcedente. En declaraciones al Huffington Post, el propio secretario general de CC OO, Unai Sordo, reconocía que “hay que ser mucho más taxativos a la hora de poner restricción al despido en España, cosa que el Ejecutivo no está defendiendo ahora en la mesa”.

Del lado de la existencia de desacuerdos más estructurales no hay un respaldo suficiente más allá del uso del lenguaje: la reforma del ET practicada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha pasado de ser “derogada” (al menos en “sus aspectos más lesivos”, según la terminología del acuerdo de investidura), a ser “desmontada” y “reconstruida”. Pero la referencia concreta siempre vuelven a ser los convenios y el límite a la temporalidad, terreno común del acuerdo de investidura.

Un posible motivo de divergencia: aunque la hipótesis de Pablo Casado (PP) de un ultimátum secreto de la Comisión Europea al Gobierno español está descartada, el visto bueno europeo al texto enviado hasta ahora por el Gobierno español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incide en la puesta en marcha de medidas de flexiseguridad, un viejo lema de las instituciones europeas que ha encontrado acomodo en la conversación española sobre la reforma laboral a través del mecanismo estrella del ministerio de Díaz: los ERTE.

Díaz ha insistido por su parte -en obvia respuesta al envite de Sánchez sobre la “coordinación de agendas”-  en que las divergencias no se deben a problemas de “metodología”, esto es, a quién, cuándo, cómo y con quién se decide la reforma del Estatuto de los Trabajadores, sino a cuestiones de fondo. La posibilidad de que la revisión de los ERTE contenga para el ministerio de Calviño más elementos “flexi” que de seguridad es hasta ahora pura especulación, pero ofrece al menos una interpretación plausible sobre los desencuentros más allá de la lucha por los titulares.

El último en dar titulares ha sido precisamente Sánchez en la rueda de prensa celebrada en Roma por su asistencia al encuentro del G20. Ante la insistencia de los periodistas, que buscaban unas declaraciones más contundentes acerca de la ministra Díaz, Sánchez se limitó a insistir en tres ideas: lo que sea que se acuerde mirará “al futuro”, lo que sea que se acuerde se limitará a “reconstruir” algunas cosas que “se hicieron mal” en 2012, y lo que sea que se acuerde será con el consenso de los llamados agentes sociales. Próximo episodio, en unas horas.