Opinión
La “prioridad nacional” que se cosecha a 4,50 euros la hora

“Los españoles primero”. Pocas consignas resumen mejor el discurso de la ultraderecha en los últimos años. Una frase sencilla, eficaz electoralmente y repetida hasta la saciedad en plazas, parlamentos y redes sociales. Especialmente en comunidades como Castilla y León, donde el mundo rural se ha convertido en un escenario perfecto para prometer protección al campo, al agricultor y al trabajador nacional.

Sin embargo, detrás de esa retórica hay una realidad mucho menos cómoda: buena parte del trabajo más duro del campo español sigue descansando sobre los hombros de personas migrantes. Hombres y mujeres que realizan jornadas interminables, en ocasiones bajo condiciones laborales y de alojamiento profundamente precarias, mientras permanecen prácticamente invisibles para el debate público.

El siguiente testimonio pertenece a un trabajador senegalés que pasó dos meses y medio recogiendo patatas en Castilla y León: “Al empezar el invierno, fui a un pueblo de Castilla y León donde un amigo me llevó a trabajar con un empresario a recoger patatas. Éramos un grupo de Marruecos, Argelia, Gambia y Senegal. Un trabajo que normalmente hacen entre diez y quince personas lo hacíamos seis o siete.

Trabajábamos desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde y volvíamos al campo de cuatro a nueve de la noche. Entre once y doce horas diarias por 4,50 euros la hora. La comida la comprábamos nosotros. También el agua. Teníamos que llevar garrafas porque la de la casa no era potable. Cuando se acababa, teníamos que pedir que nos llevarán al supermercado para comprar más con nuestro dinero.

Dormíamos hacinados, tres o cuatro personas por habitación. Nunca nos explicaban bien el trabajo ni cuándo íbamos a cobrar. Simplemente empezabas. Yo necesitaba ese dinero para enviárselo a mis padres. No podía permitirme dejar el trabajo. El jefe nos decía durante los descansos que era de Vox. Yo sentía que no nos veía como personas, sino como mano de obra barata. No quería contratar a gente con papeles porque así no tenía que hacer contratos. Aguanté dos meses y medio por miedo a denunciar”.

Quienes defienden la llamada “prioridad nacional” guardan silencio ante situaciones de posible explotación laboral

Este relato no pretende describir a todo el sector agrario ni señalar a todos los empresarios. Miles cumplen la legislación y sostienen con enorme esfuerzo explotaciones agrícolas fundamentales para nuestro país. Pero sí obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿quién recoge realmente las patatas, la fruta o las verduras que llegan a nuestras mesas?

La paradoja resulta difícil de ignorar. Mientras algunos dirigentes políticos convierten la inmigración en el principal problema de España, determinados sectores económicos continúan dependiendo de trabajadores extranjeros para realizar los empleos más duros y peor remunerados. Se criminaliza al inmigrante desde la tribuna, pero después se necesita su trabajo para sostener parte de la economía.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando quienes defienden la llamada “prioridad nacional” guardan silencio ante situaciones de posible explotación laboral. Porque proteger a los trabajadores debería significar exigir salarios dignos, contratos legales, viviendas habitables y condiciones de trabajo seguras, con independencia del lugar de nacimiento de quien trabaja.

El campo español necesita políticas que garanticen su futuro. Necesita relevo generacional, precios justos para los productores y mejores condiciones laborales. Lo que no necesita es convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios mientras se invisibiliza el papel esencial que desempeñan en muchas campañas agrícolas.

Quizá la verdadera prioridad nacional debería empezar precisamente por ahí: por asegurar que nadie tenga que aceptar jornadas de doce horas por 4,50 euros la hora para poder sobrevivir o enviar dinero a su familia. Porque cuando un trabajador es explotado, pierde él, pero también pierde la democracia, pierde el Estado de derecho y pierde una sociedad que dice defender la dignidad del trabajo mientras mira hacia otro lado.