Análisis
Teknival contra ensayo clínico: combates y cambios recientes en Francia en torno a la experiencia lisérgica

En Francia, a lo largo de los últimos meses, la cultura rave ha vuelto a situarse en el centro de una tensión cada vez más explícita entre control policial y autoorganización de la fiesta. El marco legal vigente —heredero de la ley de 2001 y su decreto de aplicación de 2002 sobre los rassemblements musicaux amplifiés— permite la prohibición prefectoral y la intervención sobre eventos no declarados. Recientemente, este decreto ha sido activado de manera recurrente por medio de arrêtés préfectoraux que vetan las raves, con independencia de su tamaño; de menor a mayor: free-party, multison y teknival.

Algunos eventos recientes han reactivado la controversia a escala nacional. La cosa puede tomar el conflicto de Redon, Bretaña, como punto de partida. En junio de 2021, entre 1.500 y 2.000 personas participaban en una free party. La intervención policial terminó con graves incidentes y la amputación de una mano a un participante por explosión de una granada. El caso trascendió y se convirtió en símbolo de la tensión persistente entre el Estado y las culturas autónomas.

En 2023 tuvo lugar un nuevo encuentro en Villegongis que reunió entre 20.000 y 30.000 personas. Era el retorno a los teknivals multitudinarios. Sin embargo, al mismo tiempo también comenzaron a darse multisons como los celebrados en Clavières (2024), Quimper/Pluguffan (2024) y una operación simultánea de seis multisons dispersos por todo el territorio (octubre 2024) entre 1.000 y 6.000 personas cada uno. La diversificación de las escalas mostraba la gran modularidad de la cultura rave.

Los colectivos de la escena denuncian la deriva hacia la criminalización preventiva y la reconsideración de la cultura rave como un problema de orden público

En la primavera de 2025, el teknival del 1 de mayo en la región de Bourges reunió entre 20.000 y 25.000 personas bajo fuerte vigilancia policial y con múltiples controles de gendarmería. En verano de ese mismo año una rave en la región de las Corbières relanzó el debate político. Al celebrarse en una zona arrasada por los incendios recientes, provocó la intervención directa del Ministerio del Interior. Y aunque las raves tienen en cuenta todas las prevenciones medioambientales, ya había algo a lo que agarrarse.

Toda esta secuencia demuestra que no son casos aislados. Se inscriben en una dialéctica de endurecimiento progresivo del control sobre fiestas no autorizadas y las respuestas de readaptación del movimiento. Frente a esto, los colectivos de la escena denuncian la deriva hacia la criminalización preventiva y la reconsideración de la cultura rave como un problema de orden público. El movimiento carga con una larga historia que se remonta a las últimas décadas y deja tras de sí nombres propios, emblema de toda una trayectoria de creciente participación. Es el caso de Marigny (2002), Chambley (2000-2010s), Notre-Dame-des-Landes (2018). Topónimos que configuran un éxodo cada vez más multitudinario y participado que escapa al control estatal.

El retorno biopolítico de la psiquedelia

Este endurecimiento de las políticas represivas encuentra su explicación paradójica en el Renacimiento Psiquedélico. Desde hace algún tiempo en Francia, la psiquedelia se ha bifurcado en una tensión irreductible. Por un lado, los psiquedélicos reaparecen en el lenguaje de la medicina y la investigación clínica como promesa terapéutica para tratar depresiones resistentes, traumas o adicciones. En el contexto actual, que tiende a leer toda anomalía psíquica como síntoma de enfermedad mental, el estamento médico y terapéutico se apresta a definir toda una serie de cuadros clínicos para tratar con unos fármacos psiquedélicos todavía en fase de experimentación.

En el lado opuesto, sin embargo, la psiquedelia clandestina y underground de los sesenta nunca desapareció. Hoy persiste en los márgenes oscuros de la cultura rave; en fiestas donde la música electrónica, el exceso sensorial y las sustancias psicoactivas siguen produciendo formas inefables de la experiencia. El Estado no termina de saber cómo nombrarlas sin convertirlas en un problema. Tal es su esencia punitiva: si no sabes qué es, reprímelo y ya preguntarás después de qué iba todo aquello. Reconstruir post facto es la única respuesta.

Tras décadas de prohibición y estigmatización —heredadas de la Guerra contra las Drogas de Nixon y Reagan—, los ensayos clínicos han reabierto un campo que parecía cerrado

Pero entre ambos escenarios no solo existe una diferencia clave de contexto. También se despliega una disputa política decisiva en torno a la legitimidad de la propia experiencia lisérgica. En otras palabras, ¿quién tiene derecho alterar su consciencia? ¿en qué condiciones? ¿con qué fin? Estas son las preguntas clave que organizan de manera silenciosa, pero inexorable esta escisión. Atraviesan un campo mucho más político que un simple problema de orden público (si acaso el orden público no es ya un problema político mayor).

En las últimas dos décadas, sustancias como la psilocibina, el MDMA o la LSD han regresado al centro de la investigación biomédica internacional. Tras décadas de prohibición y estigmatización —heredadas de la Guerra contra las Drogas de Nixon y Reagan—, los ensayos clínicos han reabierto un campo que parecía cerrado. Atrás queda la gestión punitiva de los psiquedélicos, por delante se abre un terreno clínico de enormes potencialidades. Por delante el cambio trumpista necroliberal de régimen farmacológico: para los ricos psiquedélicos, para las clases medias antidepresivos y para los pobres, fentanilo.

El retorno de Foucault

No podía ser de otro modo, en paralelo el orden del discurso también ha cambiado y el lenguaje se ha transformado de manera significativa. Ya no se habla de “alucinaciones”, “enteógenos” o “vajes”, sino de intervenciones psicoterapéuticas, terapias asistidas o moduladores de neuroplasticidad. La experiencia psiquedélica ha dejado de ser entendida como desviación, indagación o riesgo y ha pasado a ser reinterpretada como herramienta perfectamente controlada para reconfigurar procesos psicológicos.

Este cambio no solo es meramente científico; también es institucional. La experiencia psiquedélica se reubica en un marco donde el sujeto es individual, el entorno está controlado, la dosis es medida y el objetivo terapéutico. La alteración de la consciencia, por tanto, solo es aceptable si está inscrita en un protocolo conocido de antemano. No hay lugar para la contingencia y, por ende, para la apertura de un contexto de lucha capaz de ampliar la democracia.

Para que se pueda psicoterapeutizar el trance psiquedélico es preciso eliminar el ruido, la multitud, la improvisación, todo exceso no orientado a un resultado clínico

En este contexto, la psiquedelia se vuelve objeto de legitimación del proceder médico. En términos foucaultianos, biopolítica. Pero esta legitimación también implica depurar los procedimientos, traducir a una gramática científica moderna lo que pertenece a una serie de saberes difusos del cuerpo social. Para que se pueda psicoterapeutizar el trance psiquedélico es preciso eliminar el ruido, la multitud, la improvisación, todo exceso no orientado a un resultado clínico. Hay que lograr que la experiencia quede encapsulada y controlada. En definitiva, suprimir la dimensión extática de la experiencia.

Francia y la política de la fiesta

En paralelo al proceso de institucionalización científica, Francia mantiene una de las políticas más restrictivas de Europa hacia la cultura rave. Desde los años noventa, el Estado ha desarrollado un marco jurídico y policial específico para regular y, en muchos casos, impedir las fiestas no autorizadas. Las free parties, herederas de la cultura rave británica y adaptadas al contexto francés, han sido recurrentemente interpretadas como problemas de seguridad, ruido, orden público o degradación del territorio. Lejos de constituir una anomalía, este enfoque forma parte de una continuidad histórica en la relación del Estado francés con las culturas juveniles autónomas que ocupan espacios públicos o rurales sin autorización.

Pero para quienes participan en ellas, estas fiestas no son solo ocio. Son infraestructuras temporales de una socialidad alternativa: espacios donde se suspenden ciertas normas de la vida urbana

Pero para quienes participan en ellas, estas fiestas no son solo ocio. Son infraestructuras temporales de una socialidad alternativa: espacios donde se suspenden ciertas normas de la vida urbana, donde la organización es horizontal y donde la música de larga duración produce estados de trance colectivo que muchos describen en términos cercanos a lo ritual. Algo que ya en los noventa Hakim Bey denominó «zonas temporalmente autónomas» (TAZ en inglés) y que en Francia se ha rebautizado como «zonas a defender» (ZAD en francés).

En este contexto, el teknival ha funcionado como una especie de ciudad efímera: un asentamiento temporal donde miles de personas conviven durante días en torno a sistemas de sonido, campamentos improvisados y una economía informal del cuidado y la supervivencia. No falta sociología que se sorprende por la capacidad de autoorganización exhibida con cada encuentro. Por eso reducirlo a una expresión meramente musical no rinde cuentas del fenómeno.

La frontera jurídica de la experiencia

El punto de fricción antagonista aparece cuando estas formas de experiencia se enfrentan al aparato legal. El resultado es una frontera clara: a un lado, ciertas formas de alteración de la consciencia son plenamente aceptadas si ocurren bajo supervisión médica o en el marco de la investigación científica. Al lado opuesto, otras formas son toleradas de forma precaria, o directamente perseguidas, pues se producen en espacios autónomos.

No es una división neutral. Define qué tipo de sujeto es legible para el Estado. El paciente es un sujeto individualizado, inscrito en una relación terapéutica. En última instancia alguien con un «problema», una anomalía subsanable, que eventualmente debe ser atendida. El sujeto raver, en cambio, aparece como parte de una multitud no regulada, difícil de individualizar, imposible de responsabilizar. En términos políticos, esto implica una diferencia fundamental: la experiencia psicodélica clínica es una experiencia gobernada; la experiencia rave es una experiencia que desborda parcialmente la gobernabilidad.

La misma molécula puede ser un fármaco prometedor en un hospital y un elemento de infracción en un campo ocupado durante un teknival. Lo que cambia no es la química, sino el régimen de autoridad que la rodea

El contraste con el auge de la psicodelia clínica es especialmente significativo. Mientras las instituciones científicas revalorizan estas sustancias como herramientas potenciales de salud mental, las formas colectivas de experimentación psicodélica siguen asociadas a la sospecha. Se produce así una doble operación: relegitimación científica de la sustancia y deslegitimación social de su uso no institucionalizado, antagonista, subversivo. La misma molécula puede ser un fármaco prometedor en un hospital y un elemento de infracción en un campo ocupado durante un teknival. Lo que cambia no es la química, sino el régimen de autoridad que la rodea.

El dilema de la doble psiquedelia

La Francia actual no ha expulsado la psiquedelia, la está escindiendo para intervenir sobre ella; integrar una parte y proscribir la otra. Produce, por tanto, dos versiones intrínsecamente incompatibles; la una científica y sanadora, capaz de realizar el ideal ilustrado que caracteriza a la República; la otra, superchería punible, amenaza con un periodo de sombras a la ciudad de las luces y, por tanto, debe ser proscrita y perseguida.

Entre el teknival y el ensayo clínico no hay, pues, continuidad natural. Se erige una frontera política. A la psicodelia clínica, silenciosa, individualizada, integrada en protocolos médicos y orientada a la reparación del sujeto tiene un porvenir de legalización, investigación e institucionalización. A la psicodelia festiva, colectiva, ruidosa, parcialmente clandestina, que insiste en producir formas de comunidad efímera y estados de percepción compartida fuera de los marcos institucionales, le aguarda un futuro de lucha. Lo que cambia no es, en definitiva, la experiencia, sino quién la gobierna.

Y quizá el dilema más incómodo no sea si estas experiencias son peligrosas o terapéuticas, sino por qué la sociedad actual necesita autorizar ciertas formas de expansión de la consciencia y prohibir otras, incluso cuando los efectos subjetivos que busca —transformación, alivio, fuga del malestar— son, en el fondo, similares.