Opinión
El giro psicodélico de Trump

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 18 de abril ha sido recibida con titulares que hablan de legalización y ruptura histórica. Sin embargo, el alcance real de la medida exige una lectura más precisa. Trump es proclive a dejar titulares que “escriben la Historia”, pero luego hay que leer y rebajar las expectativas. De hecho, la ibogaína ni siquiera ha sido legalizada. Tras la orden ejecutiva sigue clasificada como sustancia prohibida a nivel federal. Con todo, desde la óptica de la lenta pero inevitable legalización de las sustancias psiquedélicas, en esta noticia hay un cambio que podría llegar a ser relevante: lo que ha hecho la Casa Blanca es abrir un camino institucional para que la situación actual pueda cambiar.

No es poca cosa, pero todo está por hacer. El texto impulsa la aceleración de ensayos clínicos, ordena a las agencias federales priorizar la evaluación de terapias basadas en psicodélicos y moviliza financiación pública para su investigación. También deja abierta la puerta a una eventual reclasificación de estas sustancias si la evidencia científica lo justifica. ¿Qué ha hecho cambiar a Trump de parecer? ¿Ha cedido a las presiones?

Lo aprobado es un cambio en las reglas del juego: no altera el estatus legal de forma inmediata, pero modifica el marco en el que ese estatus puede ser revisado. Dicho de otro modo: sustrae la ibogaína y otros psiquedélicos a la lógica punitiva de la Guerra contra las Drogas, tan preciada al Partido Republicano, y la sitúa en el terreno de la investigación científica.

No se trata de un matiz menor. Durante décadas, al menos desde la Guerra contra las Drogas de principios de los años setenta, la política estadounidense se ha basado en un principio de exclusión que reforzaba el populismo punitivo: determinadas sustancias quedaban fuera del sistema médico por definición; una definición que, además, nada tenía que ver con criterios científicos, tóxicos o de otra índole que no fuese el castigo.

La orden ejecutiva refuerza ahora una lógica distinta. No afirma que los psiquedélicos sean seguros o eficaces, pero sí que merecen ser evaluados dentro del circuito institucional que define qué es un medicamento. En la práctica esto viene a añadir la ibogaína a un terreno en el que los EEUU viene avanzando a gran velocidad: primero, por medio de la distinta legalización territorial del cannabis, y luego con otras sustancias (psilocibina, ketamina, etc.). Pero al tanto con la legislación, porque estos avances no siempre se han dado a nivel federal, ni de manera uniforme y aquí está el ahora cambio.

La orden ejecutiva conecta de manera explícita el desarrollo de estas terapias con psiquedélicos con el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y las adicciones.

La ibogaína como punto de entrada

El foco en la ibogaína responde tanto a razones científicas como políticas. Se trata de una sustancia con un historial marginal, asociada a tratamientos alternativos para la adicción, especialmente para los opioides. Sus posibles beneficios conviven con algunos riesgos, lo que la ha situado en una zona de difícil encaje regulatorio.

A pesar de esto, su vinculación con la crisis de los veteranos de guerra y la sombra del fentanilo la convierten en un instrumento políticamente eficaz. La orden ejecutiva conecta de manera explícita el desarrollo de estas terapias con el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y las adicciones. En ese marco, la discusión deja de ser abstracta y adquiere un contenido concreto: el acceso a tratamientos para una población con altos niveles de sufrimiento y con opciones terapéuticas limitadas y costosas para las arcas públicas.

La ibogaína funciona, por tanto, como un punto de entrada de los psiquedélicos en el sistema sanitario. Permite introducir un debate más amplio sin plantearlo en términos tan ideológicos. No se trata de revisar la política de drogas en su conjunto, sino de responder a una necesidad específica. De hecho, la medida adoptada por Trump no legaliza la investigación con estas sustancias —algo que ya era posible—, sino que la convierte por primera vez en una prioridad federal.

La alargada sombra del fentanilo

Por otra parte, aunque la orden ejecutiva no menciona de forma específica el fentanilo, resulta difícil entender su alcance sin tener en cuenta la crisis que ha provocado en los EEUU durante la última década. Se trata de un opioide sintético de enorme potencia, que se ha convertido en el principal motor de una epidemia de sobredosis que causa decenas de miles de muertes al año por culpa del sistema de salud privado (en España, por ejemplo, su uso médico no ha generado epidemia).

El impacto del fentanilo ha desbordado las respuestas tradicionales basadas en la represión del tráfico y el control de prescripciones. En ese contexto, ha ido ganando terreno entre conservadores la idea de que la Guerra contra las Drogas está muy por debajo de las necesidades del país. Good bye, Nixon! Toca acudir a la investigación y la innovación terapéutica.

En ese punto es donde la ibogaína (como el resto de psiquedélicos) encuentra un espacio para el avance político. No se trata, pues, de que Trump esté adoptando medidas rupturistas ni sea un gran innovador. Sustancias como la ibogaína ya han sido estudiadas, aunque de forma limitada, por su posible capacidad para interrumpir patrones de adicción severa, incluidos los asociados a opioides. La promesa de tratamientos más eficaces frente a dependencias resistentes a las terapias convencionales ha contribuido a desplazar el debate. De hecho, la idea es más bien que “hasta alguien como Trump ha tenido que rendirse a la evidencia” que arrojan los tratamientos con ibogaína y no al revés.

Y es que la conexión con el fentanilo no es directa, pero sí estructural: la crisis del fentanilo ha erosionado la legitimidad de las políticas antidroga tradicionales y ha abierto la puerta a enfoques que, hasta hace poco, habrían sido descartados por la “ciencia” (prueba de que la “ciencia” en los EEUU es menos científica que económica). Más que remplazar a las estrategias existentes, lo que se está planteando ahora es una ampliación del repertorio. Es esta urgencia —más que un cambio ideológico aislado— la que ayuda a explicar por qué una medida de este tipo ha llegado a materializarse.

Más allá de un caso aislado

Aunque la presentación se ha centrado en la ibogaína, la orden ejecutiva también incluye otras sustancias como la psilocibina, el MDMA o la LSD. La medida no apunta, por tanto, a una excepción, sino a una categoría: psiquedélicos. Así lo reconoce el Washington Post, medio que literalmente ha señalado que “Trump ha ordenado un mayor acceso a psiquedélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína”.

Lo que se ha puesto en marcha, por tanto, es la aceleración de la normalización progresiva de los psiquedélicos dentro del sistema biomédico. El desenlace, no obstante, aún no está determinado. La incorporación de estas sustancias al arsenal terapéutico dependerá de los resultados clínicos y de la capacidad de las agencias reguladoras para traducir esos resultados en decisiones concretas.

La presión de las organizaciones de veteranos ha contribuido a situar el problema en el centro del debate político

Y aquí topamos con la DEA, la FDA y toda la resistencia del aparato de Estado que durante décadas se ha fraguado en la Guerra contra las Drogas. Si el origen político de la medida, de hecho, es tan significativo como su contenido, más aún lo va a ser ahora la respuesta. La medida no responde a una agenda ideológica clásica, sino que surge de una combinación de actores que rara vez coinciden en una misma política pública.

En el ámbito institucional, ha tenido un papel relevante el entorno sanitario del Gobierno, con figuras como Robert F. Kennedy Jr., que ha defendido desde hace tiempo la necesidad de explorar nuevas vías terapéuticas fuera de los enfoques tradicionales. Es importante notar que —por su experiencia directa con la dependencia de las drogas— el ministro Kennedy ha sido un defensor de peso en el entorno de Trump.

A Kennedy se suma la presión de las organizaciones de veteranos, que han contribuido a situar el problema en el centro del debate político. La figura del veterano tiene una importancia determinante en la política estadounidense. Recuérdese hasta qué punto están presentes en el imaginario colectivo (¡y con qué legitimidad!) personajes como Ron Kovic (Tom Cruise en Nacido el 4 de julio) o Dan Taylor (Gary Sinise en Forrest Gump). En estos momentos de escalada de violencia internacional, Trump los necesita a su favor (o callados cuando menos).

Resistencias y límites

La orden ejecutiva supone un cambio en el seno del bloque trumpista donde los viejos partidarios del punitivismo se enfrentan por vez primera una coalición heterogénea que combina intereses sanitarios, demandas sociales y cambios culturales. No se trata de un consenso amplio, ciertamente; pero sí de una confluencia suficiente para impulsar una medida de alcance federal.

La reacción ha sido contenida, pero no inexistente. Persisten resistencias en los ámbitos institucional y científico. Las agencias encargadas de la política antidroga representan una tradición de décadas que no se modifica de forma inmediata. Su papel en los procesos de clasificación de sustancias va a seguir siendo determinante. En el ámbito médico, una parte de la comunidad científica mantiene reservas sobre la solidez de la evidencia disponible y sobre los riesgos asociados a algunos de estos compuestos. Aquí puede observarse la tensión entre farmacéuticas, investigadores y otros actores implicados en la elaboración de evidencia “empírica”.

También existen tensiones en el propio campo partidista que ha hecho posible la medida. Desde los inicios de la legislatura se ha observado una mayor sensibilidad en este tema promovida por algunos importantes tecnoligarcas de Silicon Valley. Frente a estos hay sectores más conservadores que continúan mostrando reticencias ante cualquier flexibilización. La evolución de la iniciativa dependerá, en parte al menos, de cómo el partido republicano resuelva esta tensión.

Ese desplazamiento altera el eje del debate. La cuestión deja de ser si estas drogas deben existir en el espacio público y pasa a ser en qué condiciones pueden ser utilizadas. En el corto plazo, cabe esperar un aumento de los ensayos clínicos y la puesta en marcha de programas piloto (en especial los dirigidos a veteranos que constituyen una variable económica presupuestaria de unos 190.000 millones de dólares anuales).

Por primera vez en décadas, el sistema federal reconoce que sustancias asociadas a la contracultura puedan llegar a tener un lugar en la medicina

Un inicio, no un desenlace

A más largo plazo, si los resultados son positivos, la presión para ampliar el acceso será difícil de contener. Este escenario no implica por fuerza una legalización generalizada, pero sí una integración progresiva en el sistema sanitario. La decisión de Trump no cierra un debate, sino que lo abre en otros términos. No supone la legalización de la ibogaína ni de otros psiquedélicos, pero sí establece las condiciones para que esa posibilidad deje de ser marginal.

En ese sentido, el alcance de la medida no reside tanto en sus efectos inmediatos como en el cambio de marco que introduce. Por primera vez en décadas, el sistema federal reconoce que sustancias asociadas a la contracultura puedan llegar a tener un lugar en la medicina. El desarrollo de este reconocimiento dependerá de la evidencia científica, las decisiones regulatorias y la evolución del debate. Pero el punto de partida ya ha cambiado. Y con él, también lo han hecho los términos en los que se discute la relación entre drogas, medicina y Estado.

Reconocer la universalidad del derecho a alterar la propia consciencia es algo que cualquier gramática política liberal debería reconocer en el respeto a la libertad de ideas, creencias, etc. Pero, precisamente porque el trumpismo no es muy liberal que se diga, lo que se abre ahora es un horizonte de disputa del sentido último.