25 años para Junqueras. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene la tesis del alzamiento violento
La Fiscalía acusa a los presos políticos catalanes de rebelión, las penas solicitadas oscilan entre los 25 años para Oriol Junqeras y los siete años para los miembros de la mesa del Parlament. El ex vicepresidente de la Generalitat ha dicho ya que no pedirá el indulto.
La Fiscalía del Tribunal Supremo demanda 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, y 17 años de prisión y otros tantos de inhabilitación para la que fuera presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El resto de los consellers en prisión: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa enfrentan penas de 16 años. Las penas de los líderes de ANC y Omnium, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, igualan a la de Forcadell. Todos ellos están en prisión preventiva de acuerdo al delito de rebelión que habrían cometido como líderes del movimiento independentista.
En un segundo plano, para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila, consejeros acusados que están en libertad, la Fiscalía demanda 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta bajo los cargos de malversación y desobediencia continuada. Los miembros de la mesa del Parlament acusados: Lluís Corominas, Lluís Guino, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, puede que sean inhabilitados de manera especial para un cargo público durante un año y 8 meses. Además tendrán que abonar 30.000 euros de multa. La misma pena recaerá sobre Mireia Boya de las CUP. A todos se les acusa de delito continuado de desobediencia ante la autoridad pública.
Junqueras: “No soy culpable de ninguno de los cargos de los que se me acusa. No pediré indulto
“No soy culpable de ninguno de los cargos de los que se me acusa” afirmó en una entrevista en Catalunya Ràdio Junqueras, quien ha manifestado que no pedirá indulto. Hoy viernes 2 de noviembre cumple un año de prisión preventiva. El próximo candidato al frente de ERC, pedirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que siga su caso.
Con la acusación de rebelión la fiscalía avala la tesis del juez Llarena por la cual los actos que antecedieron y luego siguieron al 1 de octubre, fueron actos de insurrección violenta. Por su parte la Abogacía del Estado ha optado por acusarles de sedición, un delito contra el orden público al que corresponden penas menores.
Los políticos encausados serán juzgados por el Tribunal Supremo el próximo invierno, de momento las primeras consecuencias son inminentes: como ya habían anunciado ERC y PDCat se seguirán resistiendo a negociar los presupuestos generales, lo que deja a Pedro Sánchez en una difícil situación.
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