Portugal
Portugal paraliza la ley antimigración aprobada el pasado 16 de julio

La ley aprobada, sin precedentes en la historia de Portugal y con el apoyo de la extrema derecha de Chega (actualmente segunda fuerza parlamentaria), fue avalada por una amplia mayoría parlamentaria y levantó ampollas en países de habla portuguesa, ya que restringe la residencia incluso a la ciudadanía de habla lusa (se les obligaría a tener un mínimo de 10.500 euros en la cuenta bancaria para poder permanecer en el país).

La norma también pone cerco a la reagrupación familiar (se requerirían un mínimo de do años de residencia legal en el país antes de poder solicitarla) y propone una revocación del derecho a la ciudadanía para los hijos de las personas migrantes.

Ahora, Rebelo de Sousa ha decidido enviarla al Tribunal Constitucional (TC) para que este explore si la nueva norma viola la Carta Magna del país y se pronuncie al respecto. Está previsto que el órgano lo haga durante el mes de agosto ,concretamente en los próximos 15 días. Al parecer, la ley podría entrar en conflicto con el derecho a la familia y el derecho a la igualdad.

El choque entre el Gobierno y la jefatura parece más que evidente; así como los diferentes sentires dentro del espectro de los conservadores; y se está intensificando a medida que se acerca la campaña electoral de la próximas municipales, que tendrán lugar el próximo 12 de octubre. Además de dificultar la reagrupación familiar, la reforma pone en el punto de mira la movilidad de ciudadanos de países como Brasil, Mozambique, Timor Oriental o Angola, todo ellos lusófonos y excolonias: se alargan los plazos de obtención de la nacionalidad.

También se elimina la posibilidad de regularizar la situación para aquellas personas migrantes que estén afiliadas a la Seguridad Social y estén cotizando en el país. Por lo que a los menores migrantes respecta, se contempla un cambio de estatus: pasarían de un estatus de 'residencia humanitaria' a uno de 'residencia sin visado'.

En su escrito al Constitucional, el presidente detalla que el proceso legislativo se llevó a cabo de manera urgente, sin las consultas o audiencias requeridas,  y que no se respetaron los plazos legalmente establecidos

El presidente cuestionó también las restricciones a las apelaciones judiciales contra las decisiones de la AIMA, lo que parece violar los principios constitucionales de acceso a la justicia. Rebelo de Sousa mencionó que este tema tiene una alta sensibilidad política, social y jurídica, necesitando de una garantía urgente de seguridad jurídica.

En su escrito al Constitucional, el presidente detalla que el proceso legislativo en la Asamblea de la República se llevó a cabo de manera urgente, sin las consultas o audiencias requeridas, ya sean de naturaleza constitucional, legal o procesal, y que cuando se realizaron no se respetaron los plazos legalmente establecidos.