Política
Debates recurrentes para un tiempo político inédito

La posibilidad de una investidura en la XV Legislatura depende de una evaluación de hasta qué punto el sistema político actual es capaz de afrontar una de las cuestiones básicas, sino la principal, de la concreción de la democracia en España. Es una pregunta que remite a los años iniciales de lo que se ha llamado la Transición política, y como homenaje —o como farsa— la imaginería de estos días ha recordado esos momentos. El Partido Popular publicó su borrador para un acuerdo político este miércoles, 30 de agosto, con una portada en la que aparecía una foto de los llamados Pactos de La Moncloa, firmados en 1977 para dar cierto margen al jefe de Gobierno, Adolfo Suárez, en mitad de la boscosa crisis económica que atravesaba el Estado y el mundo en su conjunto. 

Un día después, el lehendakari Iñigo Urkullu publicaba en El País un artículo de calado, que se ha convertido en el eje sobre el que gira a día de hoy una posible investidura de Pedro Sánchez. La foto escogida por ese periódico remitía al mismo tiempo político. Era de una sesión de trabajo de los llamados “padres de la Constitución”, en febrero de 1978, medio año después de los acuerdos de estabilización antes mencionados.

La estética vintage de ambos pronunciamientos supera a la ética de la selección gráfica. Primero porque Alianza Popular, el partido germen del actual PP, participó solo a medias en los Pactos de La Moncloa. La organización de Manuel Fraga y los otros seis “magníficos” procedentes del corazón del aparato político franquista, se adhirió al acuerdo económico pero rechazó firmar el pacto político, en un movimiento destinado a dificultar a Adolfo Suárez, presidente con la Unión de Centro Democrático, el aval del franquismo sociológico a la parte mollar de sus reformas. 

Tampoco es completamente ajustada la elección de la foto en el artículo de Urkullu, de la que no parece responsable el político Vasco, en cuanto el Partido Nacionalista Vasco fue uno de los grupos vetados a la hora de elaborar la Constitución Española. En su refrendo de 1978, ese texto recibió una acogida más bien fría —mayoría de abstenciones— en las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, que preside Urkullu.

A pesar de esas pequeñas pegas a la elección del simbolismo de la Transición para afrontar una de las legislaturas más complicadas de las últimas décadas —si no la más complicada— la pregunta que se lanza es muy similar a la que se respondió, de una manera determinada, en aquellos años para nada maravillosos. Trata de la plurinacionalidad o, visto desde el otro prisma, de hasta qué punto es posible plantear siquiera esa posibilidad.

El texto de Urkullu toca varias fibras sensibles de un sistema que está en crisis, en el equilibrio partidista, desde 2015. Lo hace con cautela y ambigüedad. El meollo no es tan solo la alusión a la “capacidad de decidir” que reclama para tres comunidades históricas —País Vasco, Catalunya y Galiza— sino la propuesta de convocatoria de una “convención constitucional”.

Pese a que Urkullu es cuidadoso al explicitar que esa comisión no estaría encargada de una reforma de la Constitución de 1978, el aroma y la puesta en escena de la propuesta refresca esa posibilidad. Antes que nada, es un intento de recuperar la iniciativa política para un PNV muy debilitado tras los resultados de julio que afronta un riesgo cierto de rebasamiento electoral por parte de EH Bildu, basado en un impulso generacional y en su propio desgaste, en las elecciones a la lehendakaritza del próximo año. Pero la propuesta, o el meollo de la misma, no es nuevo.

Como recordaba Iván Gil en El Confidencial, un punto del acuerdo de Sánchez con el PNV en 2019 —una de las piezas del puzle de la XIV legislatura— contemplaba llevar a cabo “las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. La cuestión que se abre es si en las “reformas necesarias” entra la Constitución. El problema concreto es que cualquier intento de ese tipo, a fecha de 2 de septiembre de 2023, está abocada al fracaso por una cuestión numérica —el proceso de la reforma requiere del aval de al menos dos tercios del Congres, además de un proceso posterior de refrendo—.

Un día después de que Feijóo y su equipo presentaran su deslavazado intento de obtener la investidura gracias al propio PSOE, Isabel Díaz Ayuso, musa del nacionalismo español, advertía o corregía al propio líder de su partido

Una serie de constitucionalistas han planteado ya que la propuesta, de entrada, es inconstitucional, entre otras cosas por la cuestión de la nacionalidad. Si se plantea a priori quiere decir que cualquier medida de este tipo será impugnada, elevada al Tribunal Constitucional y, más importante, combustible para acorralar a Sánchez si cede algo en ese punto.

La sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional estableció los límites y las diferencias entre nación y nacionalidad, unos límites que aparecieron en la Constitución tras un conocido episodio que atribuye a las Fuerzas Armadas la redacción del artículo segundo, clave de todo el edificio levantado en 1978 y también de buena parte de sus vías de agua actuales.

El problema, en su conjunto abstracto y concreto, no es ya que no se toque la Constitución sino que el espíritu de ese artículo segundo —y los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional— dirigen la corriente de ese constitucionalismo “fabricado en España” para el que cualquier propuesta de actualización del texto de 1978 es un tabú.

Huidas hacia adelante

El calificativo “inconstitucional”, que ha sonado también para la valoración previa de una posible Ley de Amnistía o de un indulto general, es el que acompañará casi cualquier acuerdo alcanzado con las fuerzas políticas imprescindibles para una investidura de Sánchez.

De ahí el cuidado de Urkullu y de ahí el afilamiento de cuchillos que se escucha en los alrededores de la calle Génova. El jueves, un día después de que Feijóo y su equipo presentaran su deslavazado intento de obtener la investidura gracias al propio PSOE —más una puesta en escena que un intento—, Isabel Díaz Ayuso, musa del nacionalismo español, advertía o corregía al propio líder de su partido. Ayuso criticaba la bisoñez de ofrecer un acuerdo al PSOE y alertaba ante su claque de que “cada vez estamos más cerca de una república federal laica y plurinacional”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo honor a los principios fundamentales que dieron nacimiento a Alianza Popular, añadía respecto a los partidos que buscan el pacto, que “como en el siglo XX, nos llevan al combate”.

La consigna entre los conservadores es colgar al PSOE la etiqueta de ser el partido “anti”, la fuerza del “no es no”. Los resultados del 23J y la necesidad de un acercamiento a Sánchez, aunque sea para la foto, no ha interrumpido la letanía general que acompaña este tiempo político. Para la derecha, Sánchez, por su ambición, está en trance de “destruir España”.

Sin embargo, el mensaje actual es ambivalente. De ir a una repetición electoral, el PP tendrá que mejorar sus resultados en Catalunya y País Vasco, lo que en el nivel discursivo puede ser incompatible con el objetivo asequible de seguir absorbiendo parte del electorado de Vox.

Aunque los resultados del pasado 28 de mayo han restado fuerza al PSOE de las autonomías, la propuesta Urkullu y la respuesta del ministro de presidencia ha levantado algunas ampollas en el PSOE

Para lograr un cierto grado de comprensión de la realidad territorial —y también asaltar el voto esquivo de quienes rehúyen la retórica del combate final—, el método Ayuso de centralismo radical es arriesgado. En su documento presentado el miércoles, Feijóo presentaba seis acuerdos, entre los cuales, el sexto, planteaba una reforma de la financiación territorial y local y una reforma del Senado. Un día después, Ayuso echaba por tierra cualquier acercamiento a tesis de diálogo con los soberanistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, no obstante, no está sola en su crítica a los posibles pactos que alcance el presidente del Gobierno en funciones. Dirigentes autonómicos socialistas han criticado el documento presentado por Urkullu, en otro reflejo vintage. La cuestión de las nacionalidades históricas confrontadas con el modelo “café para todos”, establecido por medio de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico culminada en 1983 —hecha carne en el contexto postraumático del golpe de Estado del 23F del 81— es un ritornello de la política española.

Al referirse al Galeuzca —institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes—, el lehendakari estaba abriendo la puerta a las protestas de las comunidades “menos” históricas por la desigualdad que podría entrañar un texto que separe a estas tres comunidades, y previsiblemente Navarra, del resto.

Reaccionó Juanma Moreno, presidente andaluz, también la oposición socialista de Andalucía; reaccionó Ximo Puig, expresident de la Generalitat valenciana, y otro barón importante, el expresidente aragonés Javier Lambán. Aunque los resultados del pasado 28 de mayo han restado fuerza al PSOE de las autonomías y los del 23 de julio han reafirmado el liderazgo de Sánchez, la propuesta Urkullu y la respuesta comprensiva del ministro de presidencia, Félix Bolaños, ha levantado algunas ampollas en el PSOE.

No tantas como para reabrir el otro tema del verano, la búsqueda de diputados díscolos —cuatro, en concreto— que hagan posible la investidura de Núñez Feijóo en la que se promete como su penitencia en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre. Más allá de los llamamientos de Ayuso y su coro a hacer lo que sea necesario para la investidura de Feijóo, en la izquierda se transmite tranquilidad y se recuerda que el control de Sánchez de las listas electorales de julio dificulta cualquier avance de la patología del transfuguismo.

Batacazo de Núñez Feijóo en su primer día en el Congreso

Pablo Elorduy

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Congreso de los Diputados

XV Legislatura Batacazo de Núñez Feijóo en su primer día en el Congreso

Pablo Elorduy

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El PSOE consigue, con muy poco, amargar la jornada de presentación de Núñez Feijóo en el Congreso. El PP queda tocado por el rechazo de Vox a su candidata, Cuca Gamarra.

La politóloga María Corrales coincide en que hay una impresión de mayor solidez de los partidos respecto a la legislatura pasada, en la que se dieron casos de transfuguismo en la derecha (en Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro). La situación difiere de 2016, cuando Sánchez se vio defenestrado del PSOE por la corriente interna y externa que pedía una abstención “patriótica” para no dejar entrar a los así llamados populistas en los cuadros de mando del Estado. “Para que se dé un movimiento de este tipo tendría que haber una opinión pública a favor de ese ‘acto de heroicidad’ contra el aparato del partido”, comenta Corrales, que no ve nada semejante en estos momentos. 

La bola extra del régimen del 78 dada por el PSOE a Rajoy terminó con la moción de censura, para la que fueron necesarios los votos de los partidos a los que hoy corteja el PSOE: PNV, Junts, EH Bildu y ERC. El paréntesis abierto desde entonces está definido por esa gran pregunta de fondo: ¿Es posible retomar o reformar aquello que el 1978 quedó apartado del debate sobre el nuevo Estado? El martes, en una conferencia, está previsto que Carles Puigdemont (Junts) emita sus condiciones para apoyar una posible investidura de Sánchez. Puede que entonces la propuesta del actual lehendakari quede solo como un entremés de lo que está por venir, pero también es posible que Puigdemont aterrice sus demandas en el tema de la amnistía en torno a los hechos de 2017 y el proyecto Urkullu pase a ser una fundamentada carta a un país más consciente de sí mismo de lo que en realidad es España hoy.