Política
PSOE y Junts pactan la Ley de Amnistía que permitirá la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana

Hasta altas horas de la madrugada se han extendido las negociaciones entre PSOE y Junts per Catalunya para pactar la Ley de Amnistía que dará vía libre a la investidura de Pedro Sánchez, a falta del último acuerdo político —con el PNV, aunque al PSOE le bastaría su abstención—. Se prevé que la presentación del acuerdo se celebre alrededor de las 13.00 horas en Bruselas, tras la última reunión de sus cúpulas que ha comenzado a las 10.00. Con ello, mañana, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, podría convocar ya el pleno para que la investidura se celebre el hacia el final de la próxima semana.

Se prevé que la amnistía comprenda los años entre 2012 a 2022 y que incluya a los Comités de Defensa de la República (CDR) y el Tsunami, casos que la Audiencia Nacional considera terrorismo. La duda está en las causas que Junts considera lawfare, como el exabogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, bajo la sospecha de un presunto desvío de fondos públicos para actividades del procès. Se espera que quede fuera Laura Borràs, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018.

Texto del acuerdo firmado entre PSOE y Junts per Catalunya by El Salto periódico on Scribd

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya le ha pedido explicaciones al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por la Ley de la Amnistía, que aún no ha sido presentada y cuyo contenido todavía se desconoce. La respuesta que le ha dado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido tajante: “Confío en que nuestra próxima reunión sirva para impulsar la renovación del Poder Judicial y para que conozca la apuesta del Gobierno por la definitiva superación de la grave crisis institucional, política y social que se vivió en Catalunya”, enviando un claro mensaje de que espera apoyo europeo para tratar de solventar el problema que causan los jueces conservadores que se aferran a su asiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de tener el mandado caducado desde hace casi cinco años. De hecho, el órgano de gobierno de los jueces convocó este lunes una reunión para repudiar la ley de amnistía. Un texto que, a pesar de desconocer oficialmente, catalogaron como la “abolición” del Estado de derecho.

Es precisamente la redacción del texto lo que ha dilatado en parte las negociaciones entre PSOE y Junts, ya que el partido catalán quería evitar cualquier recoveco que dejara abierta la puerta a una impugnación judicial. Se espera que este fin de semana Junts, como ya han hecho otros partidos como el PSOE, pregunte a sus bases si refrendan el acuerdo.

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Gessamí Forner

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Òmnium contabiliza 1.432 personas amnistiables de los alrededor de 4.400 represaliados desde 2017 en el Procés. La Plataforma Antirrepressiva de Ponent defiende una amnistía total, extensible a todos los presos políticos del Estado español.

En el caso de los exconvergentes, la propuesta con el PSOE se ha centrado en la Ley de Amnistía, mientras que ERC pactó asuntos del Gobierno de la Generalitat. El más importante, el traspaso de la gestión de los trenes Rodalies (Cercanías), una infraestructura que debido a la falta de mantenimiento e inversión del Gobierno español se encuentran en un estado deficiente creando un malestar social grande debido a los constantes retrasos que acumulan entre las personas —trabajadoras y estudiantes— que los usan. También negoció la condonación de parte de la deuda histórica del Fondo de Liquidez Autonómica —un 20%, alrededor de 15.000 millones—.

Desde el 23 de julio, día en que se celebraron las elecciones generales, la política en el Estado español ha dado un vuelco que durante años la mayor parte de los implicados lo consideraban “imposible”, demostrando que, cuando la aritmética aprieta, ciertas medidas políticas se convierten en viables y necesarios. Aunque los números, o los intereses, parece que no han dado pie a pactar un referéndum.

Entre la incertidumbre de la investidura, algo que el gabinete de Pedro Sánchez quería evitar, grupos nazis y de ultraderecha han aprovechado para hacer ruido en las calles de Madrid, delante de la sede del PSOE. Alberto Núñez Feijóo las ha alentado varios días, hasta que ayer condenó la violencia de las protestas, que incluso carecían de autorización. No obstante, en su condena señala a Sánchez como responsable: “La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad, tampoco”. Sus palabras llegan después de las de Isabel Díaz Ayuso.

[Continuará ampliación]