Política
La derecha agita las calles y los juzgados a la desesperada ante una investidura inminente

“El que pueda hacer, que haga”, dijo Aznar y sus discentes se pusieron a hacer. Varios miles de manifestantes a las puertas de la madrileña sede del Partido Socialista en la calle Ferraz en la noche del lunes hicieron y lo han vuelto a hacer en la noche de este martes. Con la formación de una suerte de brigadas castizas con reminiscencias a esas otras que asaltaron el Capitolio estadounidense tras la derrota electoral de Donald Trump, consiguieron provocar unos disturbios inusuales con la Policía Nacional el lunes y este martes han tratado de repetir la maniobra. Pero con más zozobras. Incluso con salves al dictador, no han faltado morriones, cruces de Borgoña, representantes de las ramas de Falange, Desokupa, Hogar Social, coros con el Cara el Sol o el agitador Alvise Pérez. Aunque esta vez y tras las imágenes de los disturbios del lunes, los dirigentes de la ultraderecha española se han cuidado de repetir otro gran baño de masas en cargas policiales, delegando en sus juventudes las protestas de esta noche.

Las imágenes de la protesta de la ultraderecha ante la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid

Redacción El Salto

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XV Legislatura Las imágenes de la protesta de la ultraderecha ante la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid

Redacción El Salto

Cerca de 7.000 manifestantes se concentraron frente a la sede del Partido Socialista y, tras intentar romper el cordón policial, se produjeron unos disturbios que han acabado con altercados y al menos seis detenidos y una treintena de heridos.

Debido a la presencia policial tanto en la sede del PSOE como en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, la manifestación de la ultraderecha se ha fragmentado e ido desplazando entre un lugar y otro llegando a cortar la Gran Vía escoltados por los UIP de la Policía Nacional. Varios cientos de manifestantes se han sentado frente al cordón policial y han coreado desde cánticos fascistas y xenófobos hasta peticiones llamando a que los agentes antidisturbios se uniesen a su marcha. Pero la movilización se ha ido encendiendo a medida que entraba la noche hasta que la primera línea de la protesta ha intentado romper el cordón policial. En ese momento, ha comenzado la primera carga que ha desembocado en pequeños altercados por el centro de Madrid hasta algo más de las 23.00 horas. 

La frontera entre las derechas judicial y política se diluye: el CGPJ se posiciona contra la amnistía

Redacción El Salto

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Consejo General del Poder Judicial

XV Legislatura La frontera entre las derechas judicial y política se diluye: el CGPJ se posiciona contra la amnistía

Redacción El Salto

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A pesar de la oposición de los vocales progresistas del Poder Judicial, el ala conservadora ha conseguido aprobar un comunicado institucional sin precedentes a pocos días de la investidura. Las fuerzas de izquierda lo tildan de “inaceptable”.

Pero la estrategia de las derechas no se ha centrado solo en agitar a sus bases sociales, ha estado presente en los últimos días en los platós de televisión, en los estudios de radio, en las portadas de la prensa hegemónica y también en el Senado: “Han polarizado España y lo pretenden arreglar con Ley Mordaza y si hace falta hasta con gas mostaza”, le decía el expresidente extremeño ahora reconvertido a senador, José Antonio Monago, a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para concluir con una nueva llamada a la excitación de sus simpatizantes: “Ustedes no tienen las escrituras del pueblo español y lo van a comprobar en breve con la respuesta que le van a hacer, democráticamente, el conjunto del pueblo español”.

No sin contradicciones, líderes de opinión conservadores y altos cargos de la ultraderecha denunciaron el supuesto “apaleamiento” de los antidisturbios a “manifestantes pacíficos” que protestaban contra “el golpe de Sánchez” para, acto seguido y dando por sentado que las protestas continuarán, pedirles a los agentes de la Policía Nacional que “no cumplan órdenes ilegales” cuando se trate de disolver sus movilizaciones. De hecho, Monago no es una excepción. En las filas del Partido Popular han evitado condenar los ataques a las sedes del PSOE por todo el Estado y se han centrado en criticar la actuación policial argumentando que les han tratado “como si fueran CDR”. En esa equidistancia sobre los disturbios, Alberto Núñez Feijóo no ha querido participar, pero sí capitalizaros y ha anunciado 50 protestas más en las 50 capitales de provincia para tratar de frenar la amnistía política para los encausados del procès, cuya letra pequeña Junts y PSOE están ultimando. 

García Castellón también se ha puesto a hacer

No cabe duda de que el que más ha hecho para tratar de torpedear el acuerdo de gobierno con Junts que, presumiblemente, anclará a Sánchez en Moncloa en los próximos días, es el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. “Cada uno, en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación en la que estamos”, seguía el expresidente Aznar el pasado jueves y García Castellón recogió el guante para seguir cocinando sus conocidos platos de lawfare. El lunes decidió citar como imputados al expresident catalán, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en la investigación sobre Tsunami Democràtic. Lo ha decidido con un oportunismo cartesiano sosteniéndose en un informe de la Guardia Civil sobre terrorismo con el que pretenden vincular a ambos con el fallecimiento, en El Prat, de un viajero por un infarto durante las protestas que bloquearon el aeropuerto tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procès en octubre de 2019. Aunque parece poco probable que prospere, esto podría implicar que la potencial amnistía no tendría efecto sobre casos de “terrorismo”. Y eso podría explicar el nuevo tirón a la cuerda por parte de Puigdemont.

La estrategia entra dentro de lo esperable en el arco de personaje de García Castellón aunque se salga por mucho de lo esperable en un Estado de derecho. La carrera judicial de vinculación al Partido Popular de este magistrado, que llegó a ser tesorero de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es larga. A principios de siglo, fue elegido por el ejecutivo de Aznar para ser juez de enlace en Francia y, luego, Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia de Rajoy, lo envió a Italia. Casi dos décadas después de su salida y con un PP asfixiado por casos de corrupción como Lezo o Púnica, en 2016 vuelve a España y se le encomienda el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, donde comandará la macrocausa Tándem que engloba decenas de casos que orbitan alrededor del PP. Hoy se sabe, gracias a unos audios conseguidos en una investigación de la Guardia Civil, que Eduardo Zaplana e Ignacio González conspiraron para que García Castellón volviese a Madrid y mandaran “a tomar por culo a Onteniente” a Eloy Velasco, el juez que estaba dejando sin salida a los imputados del PP en causas como la Kitchen y que había mandado a prisión al hermano de González. Lo preferían a él para juzgarles.

Zaplana y el turbocapitalismo de amiguetes

Tomás Muñoz Pablo Elorduy

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Corrupción

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Tomás Muñoz ,  Pablo Elorduy

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El exministro Eduardo Zaplana ha sido detenido en el marco de la Operación Erial. Tras más de 25 años en primera fila política y empresarial, se pone el cerco a la actividad de un personaje que saltó a la fama en unas grabaciones en las que aseguraba que le hacía “falta mucho dinero para vivir”.

Y les salió bien. El historial de García Castellón con todas las causas que tengan que ver con el Partido Popular podría resumirse en distensión: permitió a Ignacio González salir de la cárcel bajo fianza; redujo a una vigésima parte la fianza de su hermano; salvó a María Dolores de Cospedal y a su marido con una especie de imputación exprés que duró apenas un mes a pesar de todos los indicios que sugerían sus maniobras para eliminar pruebas que incriminasen al Partido Popular, como la “libretita” de Bárcenas; archivó la investigación sobre los negocios del Borbón Juan Carlos I; y libró también al expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, contra el criterio de la Fiscalía de Anticorrupción.

En cambio, la estrategia seguida con todo lo que toque a Podemos y sus dirigentes es la contraria, llegando incluso a tejer una persecución judicial manifiesta contra ellos y ellas. La más mediática, la del caso Dina, cuando trató de transformar la difusión del contenido del teléfono Bousselham en un investigación contra el entonces secretario general de los morados, Pablo Iglesias, y contra su organización política.

Aunque de sus operaciones, de dudosa legitimidad, también han venido reprimendas. La última, hace apenas una semana. La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez instructor de la Kitchen que anulase la apertura de juicio oral que ordenó a mediados de octubre. La inclusión por parte  García Castellón del cargo de secuestro en la lista de acusaciones contra los procesados ha llevado a una modificación en la naturaleza del caso. En este contexto, ya no es posible llevar a cabo un procedimiento abreviado, un tipo de proceso penal reservado para delitos castigados con penas de hasta nueve años de prisión. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PSOE como acusación popular advierten que si el juez no tomaba medidas, los acusados podrían alegar que se hayan producido “dilaciones indebidas” en el proceso, lo que podría resultar en una reducción de sus penas en caso de ser condenados.