Política
El Congreso aprueba la ley que cambia el método de elección del Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que celebrará un Pleno extraordinario el próximo día 20 para debatir la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Tras un largo tira y afloja, el presidente del CGPJ tras la dimisión de Carlos Lesmes el 9 de octubre, Rafael Mozo ha programado el pleno, en el que presumiblemente debe cumplirse otro de los deseos de la minoría política conservadora.

A saber, si sale aprobada hoy la reforma legislativa planteada por PSOE y Unidas Podemos, el método de elección de los miembros del Constitucional, que debe sancionar el CGPJ, permitiría una renovación de los dos cargos que han quedado vacantes en ese Tribunal que modificaría la mayoría conservadora por una progresista. Con el adelanto propuesto por Mozo, y si se mantiene vigente el actual modelo de elección, saldrían adelante las propuestas de la mayoría conservadora en el Consejo: César Tolosa y Pablo María Lucas Murillo serían los elegidos. Este último en lugar del magistrado por el que apuestan los progresistas: José Manuel Bandrés.

La recusación de Pedro González Trevijano y del magistrado Antonio Narváez por parte de Unidas Podemos ha tenido como consecuencia el retraso del comienzo del pleno, que estaba previsto para las 10h. El documento enviado por los diputados Jaume Asens y Txema Guijarro pide la recusación por el “interés directo o indirecto” de los magistrados. En rueda de prensa, Asens ha criticado a González Trevijano quien “se juega el sueldo y todos sus privilegios” en mantenerse en la presidencia del Tribunal de garantías. “Es absolutamente anómalo que el presidente participe en un asunto que le incumbe directamente. Si la ley entra en vigor, será cesado”, ha dicho Asens, antes de recordar los vínculos de Trevijano, quien ha convocado el pleno extraordinario y de Enrique Arnaldo, el ponente, con el PP. El diputado de los Comunes ha denunciado que la situación es la más peligrosa para la democracia “seguramente desde el 23F”, en referencia al intento golpe de Estado llevado a cabo por la derecha franquista.

Hemos presentado alegaciones al recurso del PP para impedir esta amenaza a la sobiranía popular.

Es inédito. Un poder caducado no puede decir a un poder vigente lo que se puede hacer o no.https://t.co/EZwwTd7ncA

— Jaume Asens (@Jaumeasens) December 15, 2022

En caso de que el Tribunal Constitucional asuma que no tiene sentido adoptar las medidas cautelarísimas de suspensión del debate sobre las enmiendas legislativas, tal y como han dicho los letrados de la institución, el Pleno discutirá la proposición de ley esta tarde, cuando termine el pleno comenzado a las 9h.

El menú es la discusión de la “Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”, presentada el pasado 17 de noviembre y publicado en el Boletín de las Cortes Generales.

Esta proposición incluye la reforma de los delitos de malversación y sedición, además de una batería de medidas como consecuencia de la reforma del delito de desórdenes.

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El exletrado del Tribunal Constitucional de España, Joaquín Urías, ha intervenido en el programa de TV3 Els Matins para defender que está convencido de que el Tribunal Constitucional no va a paralizar el pleno del Congreso. De hacerlo ya no se trataría de que el órgano de garantías pierda prestigio, sino que, a juicio de Urías “dejaría de ser un Tribunal Constitucional y se convierte en un actor político que ya no sirve para la función que tiene que es vigilar que se cumpla la Constitución”. De ser así, el organismo se colocaría “fuera del sistema” en palabras de este catedrático de derecho constitucional.

Informa el periodista Ernesto Ekaizer de que el ponente sobre el recurso del PP ha solicitado un informe a su letrado sobre la suspensión cautelar de la tramitación de las reformas en el Congreso. Se trata de un segundo informe, ya que los letrados del Constitucional ya han recomendado que no se tramite la suspensión. El informe solicitado por Enrique Arnaldo, el magistrado vinculado al PP que ejerce de ponente en el Constitucional, es (sorpresa) favorable a que se tomen las medidas cautelares.

El pleno del Constitucional ha comenzado a las 13h, después de que el presidente de la corte examinara los autos de recusación enviados por Unidas Podemos.

El pleno del Constitucional discute sobre dos enmiendas planteadas en la proposición de ley orgánica de reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Son la 61 y la 62, planteadas por los Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.

La 61 atañe a la Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Cambia el procedimiento actual, que requiere de una mayoría de tres quintos para la elección por uno de simple mayoría, además, introduce que solo se pueda votar a una de las candidatas a ocupar el cargo vacante, para evitar las duplas y dificultar la estrategia de la mayoría actual en el Constitucional: “Cada vocal podrá votar a un solo candidato o candidata, resultando elegidos los dos Magistrados o Magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos”, explica la enmienda.

La 62 complementa a esta, como explica en su exposición “habiendo transcurrido más de tres meses desde el vencimiento del mandato de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben ser renovados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, sin que este último haya realizado su preceptiva designación, se pone de manifiesto que si uno de estos dos órganos no cumple la obligación constitucional de designar en tiempo a los dos Magistrados o Magistradas que le corresponden, impide, injustificadamente, que el otro órgano competente cumpla con su deber constitucional de renovar dos miembros del Tribunal Constitucional”. Es una enmienda que favorece el nombramiento por parte del Gobierno de sus dos representantes en el Constitucional aunque no se haya producido el quórum para la elección entre los magistrados. 

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta el próximo lunes las deliberaciones sobre la propuesta del PP para suspender de urgencia la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías.

Este aplazamiento supone que los diputados podrán votar en el Congreso esta misma tarde, como estaba previsto, la reforma legal promovida por el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional.

Información relacionada con el Pleno del Tribunal Constitucional del 15 de diciembre de 2022 https://t.co/Z05SOfXrmh pic.twitter.com/kEhaUotmAr

— Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) December 15, 2022

El escrito presentado por cinco magistrados progresistas ha sido definitivo para la suspensión: “Las magistradas y los magistrados que suscriben le solicitan que aplace el Pleno convocado para las 12:00 horas de hoy por el tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana. Lo que nos imposibilita, en consecuencia poder participar en la deliberación y votación. En Madrid, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Firmado por: D. Juan Antonio Xiol Ríos, D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, Dª María Luisa Balaguer Callejón, D. Ramón Sáez Valcárcel y Dª Inmaculada Montalbán Huertas”.

A las 15:20 y marcado por la decisión del Constitucional de postergar el pleno hasta el lunes, ha dado comienzo el pleno en el Congreso que debe votar el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica que, si se aprueban las enmiendas 61 y 62, modificará el sistema de elección de los organismos judiciales.

El pleno, presidido por Meritxell Batet, ha comenzado con interlocuciones de Vox, Ciudadanos y Partido Popular para posponer la celebración del pleno. Iván Espinosa de los Monteros, Inés Arrimadas y Cuca Gamarra han denunciado que las enmiendas afectan a leyes orgánicas y han pedido que se suspenda la sesión. “No hay razón y no hay obstáculo para continuar con el proceso legislativo”, ha declarado Batet, que ha descartado también que la reconsideración solicitada por Ciudadanos tenga capacidad para la suspensión del pleno.

Aunque el Congreso apruebe hoy las enmiendas en discordia y la ley propuesta por el Gobierno de Coalición, la reunión del Constitucional del día 19 de diciembre aun puede suspender la votación. Es así porque la norma que salga hoy del Congreso debe ser ratificada el próximo jueves 22 de diciembre, en el Senado. El mandato de renovación de los organismos judiciales que incluye la ley no será efectivo hasta que el Boletín Oficial del Estado sancione la nueva ley.

Tras un debate bronco, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha suspendido la sesión durante 45 minutos para que se produzca la votación telemática. A las 18:15h se reincorporarán los diputados para la votación presencial de la ley y de las enmiendas.

El equilibrio en la cámara garantiza que, salvo sorpresa mayúscula, la ley salga adelante con los votos positivos de los partidos del Gobierno de coalición, PNV, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya, entre otros.

Los diputados independentistas han recordado en sede parlamentario los precedentes en los que el Tribunal Constitucional ha impedido la votación en la sede parlamentaria de la Generalitat acuerdos destinados a la proclamación de la independencia. El expresident Carles Puigdemont (2016-2017) ha escrito en su Twitter: “Lo que ahora quiere hacer el TC es lo mismo que hizo para dar un golpe de estado contra las instituciones legítimas y democráticas de Catalunya. Y algunos de los que ahora lloran, entonces lo aplaudían. Las advertencias estaban allí, y de hace años. Ignorarlo es mala fe o ciego nacionalista”.

El que vol fer ara el TC és el mateix que va fer per donar un cop d’estat contra les institucions legítimes i democràtiques de Catalunya. I alguns dels que ara ploren, aleshores ho aplaudien.
Les advertències hi eren, i de fa anys. Ignorar-ho és mala fe o encegament nacionalista. https://t.co/6D7gnAcbwk

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) December 15, 2022

El Constitucional impidió en octubre de 2017 la celebración de un pleno para “valorar los resultados del 1 de octubre” a raíz de un recurso de amparo de los diputados socialistas. La entonces presidenta de la cámara, Carme Forcadell, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia en 2018 y un año después por delitos de sedición y malversación de caudales públicos en 2019 por el Supremo —los dos delitos que hoy puede modificar el Congreso—, convocó otro pleno con un encabezado distinto que llevó al mismo resultado que el Constitucional trató de impedir. En mayo de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón al Constitucional español consideró justificada la paralización del Pleno.

La derecha ha criticado en el Congreso, y es el motivo de su recurso, el modo en que se ha tramitado la ley, muy especialmente las enmiendas 61 y 62. El diputado de Unidas Podemos Jaume Asens ha enumerado en su alocución varias de las leyes orgánicas que fueron aprobadas con trámite de urgencia y lectura única. Entre ellas, el diputado de Unidas Podemos señala la Ley de reforma del Tribunal Constitucional realizada en 2015 —para dar potestad al alto tribunal para suspender a cargos políticos de signo independentista—, la Ley orgánica de reforma del Código Penal, también del mismo año y con la que se modificaron delitos relacionados con terrorismo y que introducía la figura de “adiestramiento pasivo”, castigando la visita a páfginas web relacionadas con grupos considerados terroristas, y se ampliaba la pena para delitos de enaltecimiento. Asens recuerda que el gobierno de Mariano Rajoy también aprobó por trámite de urgencia y con única lectura la reforma del Poder Judicial que en 2014 prácticamente eliminó de nuestro ordenamiento el principio de justicia universal. “Hasta ustedes reformaron la Constitución en un día, y nos dieron un día para alegar; no nos hablen ustedes de vulneración de derechos”, ha afirmado Asens.

A las 18:15 se ha reanudado la sesión con las votaciones de la Ley y los cambios legislativos. La Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. La ley, votada con la ausencia de la bancada popular ha sido aprobada con 184 votos a favor, 64 votos en contra y una abstención. Cuca Gamarra (PP) ha pedido la palabra para explicar que el PP no ha votado “ya que esta votación no debería haberse producido en los términos que se ha producido”.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa presentada por PSOE y el grupo confederal de Unidas Podemos que modifica el Código Penal en referente a delitos de estafas, administración desleal, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delito de sedición y en materia de desórdenes públicos.

En cuanto al delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados se suprime el Capítulo I del Título XXII del Código Penal (sedición) y se modifica el Capítulo III: El nuevo texto introduce como actos castigados con penas de prisión de seis meses a tres años los que, “actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación” sobre las personas o las cosas, obstaculicen las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadan instalaciones o edificios. Esta revisión ha sido contestada por los movimientos sociales y en el propio pleno por grupos como BNG y EH Bildu.

Las enmiendas de modificación de la elección de magistrados en el CGPJ y el Constitucional (61 y 62) han sido también aprobadas a pesar del revuelo por una posible suspensión en el pleno. Así lo resume el propio Congreso en su nota de prensa:

La proposición de ley dictaminada hoy modifica también la Ley del Poder Judicial en lo que respecta a la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. En concreto, se reforma el artículo 599.1.1ª donde se especifica que “la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior”. Si la propuesta de los dos magistrados o magistradas no se realizará en el citado plazo, quien ostente la presidencia del Consejo adoptará, el día siguiente al del vencimiento del plazo de los tres meses, un acuerdo de iniciación del procedimiento de nombramiento de dichos magistrados.

Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [se añade este párrafo]: “los magistrados o magistradas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159.3 de la Constitución. Si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados o magistradas designados por el órgano que ha cumplido en tiempo su deber constitucional”.

La marcha de Valencia ha llegado sobre las ocho de esta tarde al punto final, la Plaça de la Mare de Déu, que está abarrotada. Leen el manifiesto mientras miles es gritan “luego diréis que somos 5 o 6”. Informa Sergio Aires Machado.

En Granada, por primera vez se ha integrado en la manifestación un bloque de trabajadoras sexuales. Reivindican la derogación de la Ley de Extranjería, su derecho a vivir una vida plena sin estigma y acceso al sistema sanitario público sin malas praxis que las discriminen. “No necesitamos ser rescatadas”, aseguran. “La acogida que ha tenido el bloque ha sido increíble, muchísimos colectivos se han sumado y hemos tenido un apoyo completo”. Informa Susana Sarrión.