Policía Municipal de Iruñea: 28 años de escalada represiva

¿Es posible una Policía Municipal diferente? El actual enfoque disciplinario y represivo se enfrenta a su transformación, a manos de los ayuntamientos del cambio.


publicado
2017-09-14 11:30:00

Dieciséis de mayo de 2007. Una sentada pacífica a favor de la okupación protagonizada por jóvenes del colectivo Piztera! es reprimida por la Policía Nacio nal. El jefe de la Policía Municipal de Iruñea, Simón Santamaría, acude al lugar y se sitúa junto a dos activistas tumbados en el suelo, en la calzada, encadenados a un bidón de cemento. Santamaría mueve el bidón con el pie, pega una patada en el brazo a uno de los okupas para, a continuación, atarse los zapatos sobre el bidón. Una imagen de su comportamiento y el del cuerpo que moldeó a su imagen y semejanza. Si este modelo culmina en 2015 con su dimisión —tras ser acusado de siete delitos—, la deriva represora de la Policía Municipal comienza tiempo atrás, con el sello de UPN.

Aquellos maravillosos años

La Policía Municipal de Pamplona fue creada en 1964 durante la alcaldía de Miguel Javier Urmeneta con la fusión de la Guardia Urbana —que operaba en el centro de la ciudad— y la Guardia Rural —la encargada de los barrios periféricos—. Con una plantilla inicial de 170 personas, va creciendo y en los años 80 alcanza la cifra de 300 agentes. Ignacio Moreno, que dirige el cuerpo desde 1968, sigue al mando bajo la alcaldía del socialista Julián Balduz, en la que no hay grandes alteraciones. Es en 1987, con la llegada al Ayuntamiento del regionalista Javier Chourraut, cuando empiezan a apreciarse los cambios. Las transformaciones se agudizarán a partir de 1991, con Alfredo Jaime, que forma un primer tándem represivo junto con Ignacio Franco que después emularán Yolanda Barcina y Simón Santamaría. Esos años son recordados como el inicio de la deriva represiva de la Policía Municipal por parte de un miembro del movimiento okupa de la época que —junto con otros compañeros— editó un fanzine sobre las actuaciones del cuerpo entre 1985 y 1995. “En los años 80, el PSOE implantó un modelo de Policía Local a nivel estatal que suponía el último eslabón de un marco represivo más desarrolla do y de un mayor control social sobre la población”, según asegura este activista que no quiere identificarse porque, afirma, todavía se sigue investigando aquella polémica publicación.

“Ahora [la Policía Municipal] ha encontrado el gran chollo de la represión económica, la burorrepresión”, señala un activista

Con una calle en ebullición, la Policía Municipal empezó a colaborar de forma más activa con el resto de cuerpos de seguridad del Estado y engordó su plantilla. Los sectores más activos en Iruñea durante las décadas de los 80 y los 90 fueron el movimiento okupa y la insumisión, que padecieron especialmente la mutación del cuerpo. Entre los militantes de aquellos entornos sociales se recuerdan también otras intervenciones, como los desalojos del Rastro de la Txantrea a finales de 1988 o la demolición de las barracas políticas en los días previos a los Sanfermines de 1991. En plena escalada represiva, la Policía Municipal incrementa su plantilla en más de cien agentes —entre 1985 y 1995— y, ya en 1999, Yolanda Barcina nombra al frente del cuerpo a Simón Santamaría, un comandante del Ejército de Tierra en la reserva. A partir de ese año, la Policía Municipal empieza, incluso, a asumir labores de antidisturbios y son recordadas varias intervenciones para impedir que se desplegara la ikurriña en la plaza consistorial durante los Sanfermines. “Yo la recuerdo como una policía prácticamente integral. En el desalojo del Euskal Jai o en la Plaza del Castillo eran los que más pegaban”, apunta el activista, que explica que era normal que te desnudaran en comisaría y que te pegaran si te rebelabas. “Ahora han encontrado el gran chollo de la represión económica, la burorrepresión”, añade, y destaca que entre 2013 y 2014 las multas por concentraciones alcanzaron los 350.000 euros. 

Simón y su cortijo

Los 16 años que estuvo Simón Santamaría al frente de la Policía Municipal son calificados por los propios trabajadores como una etapa “represiva” y de “persecución sindical”, que funcionaba a golpe de expediente y atemorizando a la plantilla. Su dimisión en enero de 2015, tras ser imputado por siete delitos de los que después fue absuelto, marcó el fin de una era en la que el militar impuso su particular visión de servicio a la ciudadanía.

Los casos de gestión arbitraria en los que estuvo envuelto fueron múltiples. Algunos fueron ampliamente conocidos en la ciudad, como las tarjetas de aparcamiento privilegiadas que expidió a los socios del elitista Club Deportivo Larraina para aparcar de forma gratuita en los alrededores de sus instalaciones en los Sanfermines de 2013 o los pases VIP que facilitó a personas de su confianza que no habían guardado la preceptiva cola para el encierrillo.

El concejal de Seguridad Ciudadana Ignacio Polo fue uno de los protagonistas destacados de la etapa de Simón Santamaría. En 2001, siendo todavía solo un alto cargo de la Policía Municipal, su hijo se salvó de la retirada del carnet al no tramitarse la denuncia por conducir ebrio que realizó el mismo Polo. En 2011, su hijo volvió a dar positivo en un control de drogas mientras trabajaba con su taxi, pero nunca volvió a tenerse noticia del resultado de la muestra de saliva que se envió a laboratorio porque ese día la máquina de los análisis no funcionaba correctamente. En 2014, Polo fue condenado por un delito contra la seguridad vial (500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet) por conducir ebrio, hecho que provocaría su dimisión y por el que fueron perseguidos y expedientados los cinco agentes encargados del control de alcoholemia.

Santamaría se dedicó también a castigar a policías que solamente cumplían con su deber, cosa que se puso de manifiesto en dos casos sonados. En 2011, el entonces director de Seguridad Ciudadana, Patxi Elizalde, ordenó, en dos ocasiones, la retirada de la sanción a un coche que había sido trasladado al depósito de la Grúa Municipal por no poseer el permiso de circulación. Los tres agentes que denunciaron esta maniobra fueron expedientados por el jefe de la Policía Municipal, que solicitó seis meses sin empleo y sueldo como castigo. En otra ocasión, tres policías fueron expedientados por multar a tres coches oficiales estacionados sin el permiso de aparcamiento visible.

El hartazgo ante la situación provocó que se iniciara el movimiento Gafas blancas. Inicialmente un pequeño grupo de agentes decidió llevar gafas de montura blanca como señal de protesta hacia su jefe, campaña que fue recabando cada vez más adhesiones entre la plantilla. La solución de la jefatura pasó por expedientar a cinco policías y comprar 400 gafas de montura negra de uso obligatorio. Un total de 6.500 euros para acallar las críticas.

Entre 2012 y 2014 se elaboraron 70 expedientes a sindicalistas, de los cuales más del 85% fueron desestimados más tarde por la Justicia

Entre 2012 y 2014 se elaboraron 70 expedientes a sindicalistas, de los cuales más del 85% fueron desestimados más tarde por la Justicia.Maite González, sindicalista de SIPNA, quizás la agente más expedientada del Estado español —tres denuncias penales y doce expedientes disciplinarios, de los que ha ganado todos menos el último, que está recurrido— señala: “Santamaría llegó a decirme que iba a por mí”.

Por otro lado, el exjefe de la Policía Municipal de Iruñea ha salido libre de todos los cargos. Eso sí, las fotos de comidas privadas que mantuvo junto a cargos de UPN, jueces de instrucción y de la Audiencia Nacional y fiscales y mandos de la Guardia Civil son una de las razones por las que su labor está siendo examinada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La denuncia la puso el sindicato SIPNA, por irregularidades en uno de los procesos judiciales que lleva a cabo contra él.

REPETIDAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS
Una de las asociaciones que ha denunciado en varias ocasiones las prácticas represoras de la Policía Municipal es SOS Racismo, que en 2009 redactó un informe en el que recogió las denuncias contra agentes de policía en Navarra. De las 34 denuncias por abusos, malos tratos y agresiones interpuestas contra todos los cuerpos de seguridad, 14 se refieren a policías municipales. El hecho más grave fue la muerte de María Antonia Amador en agosto de 2007, que ingresó en la UCI tras resultar herida en una carga de la Policía Municipal. Otro caso grave, que acabó también sin asunción de responsabilidades, fueron las agresiones sufridas en dependencias policiales por un joven ecuatoriano en septiembre de 2009. Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, denuncia que no se facilitó el acceso al vídeo en el que se veían las agresiones sufridas en el retén mientras el joven estaba esposado. Reclama que se instalen más cámaras de vigilancia en los calabozos, una reivindicación que ha recogido el Ayuntamiento. Villahizán recuerda que las denuncias que reciben no son indicativas de lo que sucede debido a la poca confianza en los canales oficiales”.

 


2 Comentarios
Anónima
pp
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Anónima
Actual jefe de seguridad de la VW este hiueputa
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