Policía Local
Policía Municipal de Iruñea: 28 años de escalada represiva

¿Es posible una Policía Municipal diferente? El actual enfoque disciplinario y represivo se enfrenta a su transformación, a manos de los ayuntamientos del cambio.

14 sep 2017 11:30

Dieciséis de mayo de 2007.Una sentada pacífica a favor de la okupación protagonizada por jóvenes delcolectivo Piztera! es reprimida por la Policía Nacional. El jefe de la Policía Municipal deIruñea, Simón Santamaría, acude allugar y se sitúa junto a dos activistastumbados en el suelo, en la calzada,encadenados a un bidón de cemento.Santamaría mueve el bidón con el pie,pega una patada en el brazo a uno de los okupas para, a continuación, atarse los zapatos sobre el bidón. Unaimagen de su comportamiento y eldel cuerpo que moldeó a su imagen ysemejanza. Si este modelo culmina en2015 con su dimisión —tras ser acusado de siete delitos—, la deriva represora de la Policía Municipal comienzatiempo atrás, con el sello de UPN.

Aquellos maravillosos años

LaPolicía Municipal de Pamplona fuecreada en 1964 durante la alcaldíade Miguel Javier Urmeneta con lafusión de la Guardia Urbana —queoperaba en el centro de la ciudad—y la Guardia Rural —la encargada delos barrios periféricos—. Con unaplantilla inicial de 170 personas, vacreciendo y en los años 80 alcanza lacifra de 300 agentes. Ignacio Moreno, que dirige el cuerpo desde 1968,sigue al mando bajo la alcaldía delsocialista Julián Balduz, en la queno hay grandes alteraciones. Es en1987, con la llegada al Ayuntamiento del regionalista Javier Chourraut,cuando empiezan a apreciarse loscambios. Las transformaciones seagudizarán a partir de 1991, con Alfredo Jaime, que forma un primertándem represivo junto con IgnacioFranco que después emularán Yolanda Barcina y Simón Santamaría.Esos años son recordados comoel inicio de la deriva represiva de laPolicía Municipal por parte de unmiembro del movimiento okupa dela época que —junto con otros compañeros— editó un fanzine sobre lasactuaciones del cuerpo entre 1985 y1995. “En los años 80, el PSOE implantó un modelo de Policía Local a nivelestatal que suponía el último eslabónde un marco represivo más desarrollado y de un mayor control social sobrela población”, según asegura este activista que no quiere identificarse porque, afirma, todavía se sigue investigando aquella polémica publicación.

“Ahora [la Policía Municipal] ha encontrado el gran chollo de la represión económica, la burorrepresión”, señala un activista

Con una calle en ebullición, la Policía Municipal empezó a colaborarde forma más activa con el resto decuerpos de seguridad del Estado yengordó su plantilla. Los sectores másactivos en Iruñea durante las décadasde los 80 y los 90 fueron el movimiento okupa y la insumisión, que padecieron especialmente la mutación del cuerpo. Entre los militantes de aquellos entornos sociales se recuerdantambién otras intervenciones, comolos desalojos del Rastro de la Txantreaa finales de 1988 o la demolición de lasbarracas políticas en los días previosa los Sanfermines de 1991. En plenaescalada represiva, la Policía Municipal incrementa su plantilla en másde cien agentes —entre1985 y 1995— y, ya en 1999, YolandaBarcina nombra al frente del cuerpoa Simón Santamaría, un comandantedel Ejército de Tierra en la reserva. Apartir de ese año, la Policía Municipalempieza, incluso, a asumir labores deantidisturbios y son recordadas varias intervenciones para impedir quese desplegara la ikurriña en la plazaconsistorial durante los Sanfermines.“Yo la recuerdo como una policíaprácticamente integral. En el desalojodel Euskal Jai o en la Plaza del Castilloeran los que más pegaban”, apunta elactivista, que explica que era normalque te desnudaran en comisaría y quete pegaran si te rebelabas. “Ahora hanencontrado el gran chollo de la represión económica, la burorrepresión”,añade, y destaca que entre 2013 y2014 las multas por concentracionesalcanzaron los 350.000 euros. 

Simón y su cortijo

Los 16 años queestuvo Simón Santamaría al frente dela Policía Municipal son calificados porlos propios trabajadorescomo una etapa “represiva” y de “persecuciónsindical”, que funcionabaa golpe de expediente yatemorizando a la plantilla. Su dimisión en enerode 2015, tras ser imputado por siete delitos de losque después fue absuelto,marcó el fin de una era enla que el militar impuso suparticular visión de servicio a la ciudadanía.

Los casos de gestiónarbitraria en los que estuvo envuelto fueron múltiples. Algunos fueronampliamente conocidos en la ciudad,como las tarjetas de aparcamiento privilegiadas que expidió a los socios delelitista Club Deportivo Larraina paraaparcar de forma gratuita en los alrededores de sus instalaciones en los Sanfermines de 2013 o los pases VIPque facilitó a personas de su confianzaque no habían guardado la preceptivacola para el encierrillo.

El concejal de Seguridad Ciudadana Ignacio Polo fue uno de los protagonistas destacados de la etapa deSimón Santamaría. En 2001, siendotodavía solo un alto cargo de la PolicíaMunicipal, su hijo se salvó de la retirada del carnet al no tramitarse la denuncia por conducir ebrio que realizóel mismo Polo. En 2011, su hijo volvióa dar positivo en un control de drogasmientras trabajaba con su taxi, peronunca volvió a tenerse noticia del resultado de la muestra de saliva que seenvió a laboratorio porque ese día la máquina de los análisisno funcionaba correctamente. En 2014, Polo fuecondenado por un delitocontra la seguridad vial(500 euros y la pérdidade 6 puntos del carnet)por conducir ebrio, hecho que provocaría su dimisión y porel que fueron perseguidos y expedientados los cinco agentes encargados del control de alcoholemia.

Santamaría se dedicó también acastigar a policías que solamentecumplían con su deber, cosa quese puso de manifiesto en dos casossonados. En 2011, el entonces director de Seguridad Ciudadana, Patxi Elizalde, ordenó, en dosocasiones, la retirada dela sanción a un coche quehabía sido trasladado aldepósito de la Grúa Municipal por no poseer elpermiso de circulación.Los tres agentes que denunciaron esta maniobra fueron expedientados por el jefe de la PolicíaMunicipal, que solicitó seis mesessin empleo y sueldo como castigo.En otra ocasión, tres policías fueron expedientados por multar a trescoches oficiales estacionados sin elpermiso de aparcamiento visible.

El hartazgo ante la situación provocó que se iniciara el movimiento Gafas blancas. Inicialmente un pequeño grupo de agentes decidió llevar gafas de montura blanca como señal de protesta hacia su jefe, campaña que fue recabando cada vez más adhesiones entrela plantilla. La solución de la jefaturapasó por expedientar a cinco policías ycomprar 400 gafas de montura negrade uso obligatorio. Un total de 6.500euros para acallar las críticas.

Entre 2012 y 2014 se elaboraron 70expedientes a sindicalistas, de los cuales más del 85% fueron desestimados más tarde por la Justicia

Entre 2012 y 2014 se elaboraron 70expedientes a sindicalistas, de los cuales más del 85% fueron desestimados más tarde por la Justicia.Maite González, sindicalista de SIPNA, quizás la agente más expedientada del Estado español —tres denuncias penales y doce expedientes disciplinarios, de los que ha ganado todos menos el último, que está recurrido— señala: “Santamaría llegó a decirme que iba a por mí”.

Por otro lado, el exjefe de la PolicíaMunicipal de Iruñea ha salido librede todos los cargos. Eso sí, las fotosde comidas privadas que mantuvojunto a cargos de UPN, jueces de instrucción y de la Audiencia Nacional y fiscales y mandos de la Guardia Civilson una de las razones por las que sulabor está siendo examinada por elTribunal de Derechos Humanos deEstrasburgo. La denuncia la puso elsindicato SIPNA, por irregularidadesen uno de los procesos judiciales quelleva a cabo contra él.

REPETIDAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS
Una de las asociaciones que hadenunciado en varias ocasiones lasprácticas represoras de la PolicíaMunicipal es SOS Racismo, que en2009 redactó un informe en el querecogió las denuncias contra agentesde policía en Navarra. De las 34denuncias por abusos, malos tratosy agresiones interpuestas contratodos los cuerpos de seguridad, 14se refieren a policías municipales.El hecho más grave fue la muertede María Antonia Amador en agostode 2007, que ingresó en la UCItras resultar herida en una cargade la Policía Municipal. Otro casograve, que acabó también sinasunción de responsabilidades,fueron las agresiones sufridas endependencias policiales por unjoven ecuatoriano en septiembrede 2009. Beatriz Villahizán, deSOS Racismo, denuncia que nose facilitó el acceso al vídeo enel que se veían las agresionessufridas en el retén mientras eljoven estaba esposado. Reclamaque se instalen más cámaras devigilancia en los calabozos, unareivindicación que ha recogido elAyuntamiento. Villahizán recuerdaque las denuncias que reciben noson indicativas de lo que sucededebido a la poca confianza en loscanales oficiales”.

 


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