Pensiones
El PSOE entra en una ciénaga con su reforma de las pensiones y se arriesga a romper con sus aliados

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decidido caminar terreno empantanado en lo que hace a la reforma de las pensiones, que con tantas idas y vueltas, filtraciones intencionadas y sugestivos silencios, se parece hoy más a una entelequia que a una estrategia sólida para modificar uno de los pilares en los que se asienta cualquier sociedad moderna y solidaria.

En las últimas semanas el asunto ha alcanzado más eco mediático porque se ha filtrado desde medios cercanos al PSOE una especie de informe no oficial encargado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al que también tuvo acceso El Salto. El dossier de la polémica incluía en su página 17 lo negado delante de micrófono por Escrivá al incluir “como tercera de las medidas” de un paquete más vasto de recomendaciones “profundizar la reforma de 2011” ampliando el período de cómputo “para el cálculo de la base reguladora de las pensiones (…) pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 de manera progresiva”.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a El Salto que este documento informal fue enviado a los otros ministerios para un primer análisis, lo que hace más entendible las primeras filtraciones y la pronta salida de Unidas Podemos a prometer que no aceptarán una reforma por el estilo.

Asimismo, en los proyectos de reformas que promete el Gobierno a la Comisión Europea, fue llamativo (de esos silencios que hacen ruido) que se enviaran 28 de las 30 en análisis. Justamente la ausencia en materia laboral y de pensiones sólo terminó de confirmar que se está no sólo lejos de un acuerdo sino a kilómetros de un proyecto acabado.

“La medida de ampliar a 35 años es mala porque supone calcular hasta fechas que son las iniciales de trabajo de las personas y que en general son salarios más bajos”, explica Unai Sordo

Es cierto que en septiembre pasado, la Comisión puso en un documento la reforma de los sistemas de pensiones como un ejemplo de las medidas que podrían adoptar los países receptores de los millonarios recursos del Fondo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia aprobado para paliar la crisis provocada por la pandemia. Pero no existe resolución que asegure que es una condición sine qua non y menos aún que la reforma implique recortes. No son pocos que ven en Nadia Calviño sólo una representante del establishment que quiere aprovechar el momento para achicar el gasto vía pensiones para evitar pagar más para solventarlas.

Los sindicatos advierten

Las pensiones tienen un marco de discusión política creado en 1995 que es el Pacto de Toledo, que es como se llama a la comisión especial de todos los grupos parlamentarios para tratar el tema. Es una instancia deliberativa que hasta respetó el expresidente José María Aznar cuando quiso aplicar reformas. Es casi ciencia ficción pensar que un gobierno en minoría como el actual pueda arrancar leyes para los jubilados por fuera de este marco.

Pero el consenso social se va creando por fuera del Congreso. Es vox pópuli que salen de Moncloa y del Ministerio de Economía las filtraciones sobre la necesidad de las reformas y las presuntas exigencias de Bruselas para ajustar el gasto en pensiones en una sociedad que envejece y no crea casi empleo.

“La decisión tiene que ver con cuánto dinero decide gastarse España en los próximos 30 años en pensiones públicas. Si decide gastarse 15%, las pensiones pueden ser sostenibles y suficientes para los jubilados actuales y futuros. La medida de ampliar a 35 años es mala porque supone calcular hasta fechas que son las iniciales de trabajo de las personas y que en general son salarios más bajos, en un país en el que la gente se incorpora tarde al mercado de trabajo y con salarios más bajos que la media”, dice a El Salto el secretario general de CC OO, Unai Sordo.

La oposición frontal al “plan Escrivá” de su sindicato es porque “en términos agregados y generales, incrementar el período de cálculo supone una reducción”, aunque admite que en la economía actual ya ese ajuste dependería “de la carrera profesional que tenga cada uno, porque hay jóvenes que le puede salir más rentable justamente esos primeros años”. Un ejemplo pueden ser los “youtubers” que se mudan a Andorra para pagar menos, o el caso del que decide quedarse, Ibai Llanos.

De todas formas, Sordo es claro: “Si hay planteamiento de medidas unilaterales o recorte es previsible un escenario de movilización”. De hecho, ha dicho que CC OO ha convocado a una manifestación el próximo 11 de febrero “frente a todas las Delegaciones del Gobierno” en todas las provincias. El mismo espíritu comparte la otra gran central sindical española y más cercana al PSOE, UGT, que participa de la convocatoria de febrero. Su secretario general, Pepe Alvarez, ha advertido de que “no” van a admitir “un recorte”.

Pero entre los lados de la grieta del recorte sí recorte no, hay otros caminos y es lo que enfatiza Sordo: “Nosotros planteamos que hay que recuperar el último consenso amplio que hubo en 2011 y derogar la reforma de 2013 en cuanto al factor de sostenibilidad (que supone que las pensiones merman en función que se incrementen los años de esperanza de vida) y el indice de revalorización que en la practica está suspendido, y ligar los aumentos a la evolución de los precios”. Además, ha recordado que el cómputo actualmente está en 22 y no ha llegado aún a los 25 años.

“No habría mas gobierno si el PSOE avanzara con propuestas por el estilo”, dejan trascender desde la cúpula morada sobre los borradores publicados

“En vez de recortar se puede mejorar los ingresos, sacando gastos impropios de la Seguridad Social que no le corresponderían hacer y que deberían irse a los Presupuestos Generales del Estado, hacer medidas que tienen que ver con las bases máximas de cotización, mejorar la cotización de los autónomos, que el 80% cotiza por la base máxima y no por ingresos reales, etc. Pero por mucho que se mejore, es cierto que durante algunos años habrá que meter ingresos adicionales (para las pensiones), y esto es voluntad política”, concluye.

Desde Seguridad Social, tanto Escrivá como su segundo, Israel Arroyo, ha asegurado públicamente que no barajan medidas de recorte y manifestaron su “sorpresa” ante el hecho que se critiquen medidas “que aún no se han tomado”, por más que suene lógico en una democracia iniciar un debate antes de la aprobación de una normativa. También han anunciado que buscan “soluciones a la existencia de carreras de cotización irregular” y es en este punto en el que se podría enmarcar el aumento de los años de cotización.

El parapeto parlamentario

Ante el fantasma de los recortes, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha dicho días pasados que el “plan Escrivá” ni siquiera “llegará al Congreso” y expresó su rechazo frontal al incremento de diez años en el cómputo. En el mismo sentido fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Si se mantiene un recorte de ese calibre no vamos a acompañar la propuesta”.

¿Pero hasta dónde puede llegar esa oposición interna? Desde la formación morada no se cortan en admitir fuera de micrófono que ante determinadas líneas rojas, no tendrían problema en pasar a la oposición. “No habría mas gobierno si el PSOE avanzara con propuestas por el estilo”, dejan trascender desde la cúpula morada ante la pregunta.

Desde la perspectiva legislativa, los cambios políticos cristalizados el año pasado permanecen vigentes y hay una articulación profunda entre Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, y los soberanistas de izquierda de Esquerra Republicana y EH Bildu (18 escaños sumados). El funcionar en forma coordinada refuerza la posición Podemos ─y por lo bajo no sólo lo admiten sino que se lo hacen notar a Moncloa─ porque en cuestiones de política social y económica (no en las territoriales) es difícil encontrar diferencias muy fuertes entre los tres grupos. Por eso tanto es impensable creer que si los morados se oponen al “plan Escrivá”, algunos de los soberanistas se desmarquen.

La semana pasada Casado pidió “claridad” a Sánchez y no criticó en forma tajante el protoproyecto de reforma

No sucede lo mismo con los soberanistas y nacionalistas más conservadores o liberales, como el caso del PNV, los cuatro diputados del PdeCAT y el de Nueva Canarias. Estos 11 escaños suelen acompañar las iniciativas del Gobierno aunque difícilmente pondrían la cara para aprobar un recorte. Especialmente los vascos, cuyo bastión electoral son los mayores de 50 y han hecho del aumento de las pensiones una de sus banderas.

En el arco de la derecha españolista, queda el PP, Vox y Ciudadanos con tres estrategias diferentes. Los de Pablo Casado tienen un discurso híbrido: en septiembre, el presidente del partido dijo que no aceptaría “ni congelación ni recortes” a la vez que siempre incluye a las pensiones entre los “pactos de Estado” a los que convoca a Sánchez.

Pero la verborrea de los portavoces, siempre calculada por Génova milimétricamente, destila descalificativos a la política del gobierno de coalición aunque en este tema fueron sorprendentemente cautos. La semana pasada Casado pidió “claridad” a Sánchez y no criticó en forma tajante el protoproyecto de reforma. Sabe que su aproximación a apoyarla desgarraría a la coalición y entusiasmaría al establishment. El PP es tal vez el único partido que puede apoyar sin un gran costo político la reforma.

Por su parte, Vox ya ha dicho que no aceptará recortes y a la vez fue el único partido en la comisión del Pacto de Toledo en votar en contra de las recomendaciones aprobadas en noviembre pasado. Considera un “engaño” la política de Moncloa con los jubilados, por lo que se descuenta su oposición en el Congreso al “plan Escrivá”. Sin embargo, en su programa electoral “España siempre”, la extrema derecha es extremo neoliberalismo: propone una reforma que lleve al “cómputo de toda la vida laboral del trabajador a efectos del trabajador a efectos del cálculo de la pensión pública correspondiente”. Es decir, una bajada inexorable de las pensiones. Una incongruencia más del relato de la ultraderecha.

Ciudadanos tiene una posición ambivalente y con declaraciones ambiguas. Preguntados por El Salto Diario, fuentes del grupo parlamentario apoyaron algunas definiciones del Pacto de Toledo, como la equiparación de la edad real con la edad legal de jubilación y separar fuentes de financiación de gastos impropios que no corresponden a la Seguridad Social. Piden hacer una reforma laboral que mejore los ingresos a partir de subir el empleo en los jóvenes. Están abiertos a una negociación con el PSOE pero ellos por sí solos, con la oposición de UP, no alcanzan.

La aritmética parlamentaria muestra que será muy difícil para el sector más liberal del PSOE avanzar con la reforma de pensiones en las actuales circunstancias. La mayoría progresista-soberanista se derrumbaría y seguramente habría elecciones anticipadas o una gran coalición socioconservadora que nadie imagina ni desea (salvo el Ibex 35, que no es poco).

En medio de una crisis social gravísima derivada de la pandemia, con alto paro y agotamiento social tras un año pesadillesco, sería muy raro que Sánchez decida avanzar a tope con algo similar al “plan Escrivá”, que sólo le traería ruido y desgaste. Pero cosas más improbables han pasado y por algo los sindicatos empiezan a alertar. La sociedad, a pesar de la aridez y complejidad técnica del tema, no haría mal en imitarlos.