Patrimonio cultural
El patrimonio de todos que sí está en peligro

La antigua fábrica de harina de Grijota, en Palencia, llegó a realizar a finales del siglo XVIII la molienda para las 70 panaderías de la localidad, conocida entonces como la villa del pan. La harinera es hoy un Bien de Interés Cultural (BIC), pero se encuentra en ruinas, con las cubiertas hundidas. En Capella, Huesca, hay una ermita fortaleza construida en torno al siglo XII que también está declarada BIC y su estado general es ruinoso, abandonado y con la naturaleza campando a sus anchas por su interior. La Casita del Huerto de la Higuera, en Betancuria (Fuerteventura), es una de las primeras construcciones de la conquista castellana de Canarias a principios del siglo XV. Pese a que, desde 1978, Betancuria está protegida con la categoría de Casco Histórico, la conservación de La Casita es muy mala y está sufriendo una rápida degradación.

Además de su situación crítica, estos tres ejemplos de bienes culturales protegidos oficialmente comparten el hecho de formar parte de las últimas incorporaciones a la Lista Roja, un archivo de los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición elaborado desde 2007 por la asociación Hispania Nostra a partir de distintas aportaciones. El objetivo de este catálogo, según explica el portavoz del comité científico del listado, el arqueólogo Víctor Antona, es ofrecer un cauce participativo a la sociedad —particulares, asociaciones, ayuntamientos— en la defensa de la conservación del patrimonio cultural, de los bienes que pueden estar en peligro, “tratando de hacer visibles sus problemas para forzar entre todos la toma de decisiones para evitar esos procesos de deterioro”. La Lista Roja cuenta en la actualidad con algo más de 1.100 elementos, pero se actualiza periódicamente, incorporando nuevas entradas o moviendo las ya archivadas a la Lista Verde, cuando se empiezan a tomar medidas para frenar el deterioro del bien, o a la Lista Negra, cuando ha desaparecido o se ha alterado de manera irreversible.

“En general, el gran patrimonio que todos podemos conocer —la catedral de aquí, el palacio de allá— está en buena situación desde el punto de vista de la conservación, pero hay una gran cantidad de elementos patrimoniales que están en localidades pequeñas, en regiones que se están despoblando, y existe una gran preocupación por su conservación”, evalúa Antona, quien recuerda por qué es importante preservar estos bienes: “Cualquier cosa que te puedas encontrar en el territorio explica un proceso histórico, social, económico, político, etc. Todo eso merece la pena conservarse porque en el momento en que lo pierdes, pierdes parte de la memoria”.

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En los últimos meses, colectivos ecologistas han realizado acciones disruptivas en varios museos europeos para alertar de la emergencia climática. La utilización del patrimonio con estos fines ha generado una oleada de reacciones. ¿Consiguen su objetivo o el rechazo que generan las hace contraproducentes? Expertas en museología, activistas ecologistas e investigadores reflexionan sobre el impacto de estas actuaciones.

El camino que lleva a un Bien de Interés Cultural a ser incluido en la Lista Roja comienza en muchas ocasiones cuando los pueblos se vacían y el mantenimiento de los elementos patrimoniales se abandona. Otra causa, indica Antona, son los efectos a largo plazo de las sucesivas desamortizaciones: “Muchos de los bienes muebles que pertenecían a conventos y a terrenos de la Iglesia que se desamortizaron, se vendieron y desaparecieron. Y los inmuebles han ido pasando de unos propietarios a otros y los propietarios actuales, que se interesaban por las tierras de cultivo, no tienen recursos para sostener inmuebles costosos de mantener. En los bienes de titularidad pública, en términos generales, se ha ido avanzando en su conservación mientras que los particulares tienen más dificultades”.

“Una gran parte de los cascos históricos de las ciudades que han desaparecido íntegramente lo ha hecho en parte por ignorancia y en parte por avaricia, una combinación letal”,  valora Víctor Antona, de la asociación Hispania Nostra

El principal enemigo de la conservación de patrimonio histórico se llama intereses y se apellida del sector inmobiliario. “Han sido demoledores en el pasado —valora el integrante de Hispania Nostra—, una gran parte de los cascos históricos de las ciudades que han desaparecido íntegramente lo ha hecho en parte por ignorancia y en parte por avaricia, una combinación letal”. Sin embargo, Antona opina que la situación cambió radicalmente desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico en 1985 y las sucesivas normativas autonómicas con las que la Administración se dotó de herramientas para tratar de frenar esos abusos. También apunta otro motivo: “Ahora hay un interés en la recuperación y conservación de esos bienes o edificios históricos porque eso tiene un valor añadido desde el punto de vista comercial”.

La ley a la que se refiere Víctor Antona es la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio, que regula los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Español y sus distintos niveles de protección: el Patrimonio Histórico Español (todos los bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que tengan un valor artístico, histórico o antropológico), el Inventario General de Bienes Muebles y los Bienes de Interés Cultural, estos últimos con el grado máximo de protección.

La ley otorga un régimen de protección específico para determinadas categorías, como el Patrimonio Arqueológico (bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental) del que prohíbe tajantemente la comercialización de los bienes que sean descubiertos. Para el Patrimonio Etnográfico (conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales) se establece una protección especial para los elementos que se encuentren en peligro de desaparición. La norma también se refiere a la protección jurídica de los Bienes Muebles de la Iglesia Católica, puesto que esta posee la inmensa mayoría de los bienes del Patrimonio Histórico Español en manos privadas —otra cuestión es cómo lo ha conseguido— e impide que los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas puedan transmitirse a particulares o a entidades mercantiles. Igualmente, la ley concede protección especial al Patrimonio Documental y al Bibliográfico.

Treinta años después, el Gobierno aprobó la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, solo respaldada por los votos del Partido Popular y cuyo objetivo no declarado era proteger la tauromaquia. En septiembre de 2021, en su primera intervención en el Congreso como ministro de Cultura, Miquel Iceta anunció que descartaba la reforma de la Ley de Patrimonio que había preparado su antecesor en el cargo, José Manuel Rodríguez Uribes, un proyecto que encontró la oposición del PP por la invasión de competencias autonómicas. “Si una ley de patrimonio no es aceptada por el conjunto de las administraciones, es una ley muerta”, afirmó entonces Iceta.

Víctor Antona es partidario de sacar el Patrimonio del debate partidista y de no gestionarlo desde el cortoplacismo, ya que es un tema que “necesita tranquilidad y proyección a largo plazo. Hay que pensar qué vamos a hacer con el Patrimonio dentro de 20 o 30 años, no qué vamos a hacer en la próxima legislatura, eso no tiene ningún sentido”.

El caso de Madrid

En julio de 2021, las Cocheras de Metro de Madrid en Cuatro Caminos pasaron a engrosar la Lista Negra de la asociación Hispania Nostra, tras ser demolidas las naves que albergaron los talleres donde se ensamblaban los primeros trenes del suburbano madrileño un siglo antes. En su lugar, se alzarán viviendas de lujo. En febrero de ese mismo año, la justicia había anulado otro plan que se llevó por delante patrimonio histórico industrial en la ciudad, el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) del Taller de Precisión de Artillería en Raimundo Fernández Villaverde. El Tribunal Supremo dio la razón a Ecologistas en Acción y anuló definitivamente la construcción de 450 viviendas de lujo en el barrio de Chamberí. Pero el mal ya estaba hecho: el conjunto patrimonial fue derribado en 2016.

“Los intereses inmobiliarios de unos pocos grandes grupos empresariales constituyen la principal amenaza para el patrimonio madrileño”, resume Alberto Tellería, portavoz de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) batalló en ambos casos para evitar la destrucción de esos bienes protegidos. Su portavoz, Alberto Tellería, considera que lo más preocupante ocurre cuando “piezas de un valor relevante no reciben la protección y atención que merecen, lo que ha provocado pérdidas muy importantes, que van desde el vaciado y posterior reconfiguración de siete inmuebles históricos —incluidos dos declarados BIC— para constituir un único complejo en la desdichada Operación Canalejas, al derribo sin paliativos de los Talleres de Precisión de Artillería y las Cocheras de Metro de Cuatro Caminos basándose en planes urbanísticos que han sido declarados ilegales posteriormente”. Menciona Tellería la Operación Canalejas, un ejemplo paradigmático de destrucción de patrimonio histórico por el que Madrid ha perdido restos arqueológicos y edificios protegidos en favor de la construcción de un aparcamiento y un hotel de lujo. Por el camino, una modificación en 2013 de la Ley de Patrimonio autonómica para permitir la agrupación en un solo solar de siete edificios del conjunto de Canalejas, declarada inconstitucional un año después. De nuevo, cuando el mal había sucedido: OHL, la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir en 1998, ya había metido sus grúas para levantar la “manzana de oro”, un complejo residencial de lujo muy cerca de la Puerta del Sol. “Los intereses inmobiliarios de unos pocos grandes grupos empresariales constituyen la principal amenaza para el patrimonio madrileño”, resume Tellería, quien sostiene que el mayor riesgo, obviando accidentes y catástrofes naturales, proviene de la “avidez especulativa de determinados inversores particulares respaldada —si no sostenida— por la connivencia de las administraciones públicas, que justifican cualquier desmán basándose en un supuesto interés general favorecido por la ‘creación de riqueza’, aun cuando esta vaya a parar en su mayor parte al bolsillo de los promotores implicados”.

El vocal técnico de MCyP denuncia que, tanto en las Cocheras de Metro de Cuatro Caminos como en Canalejas, el papel de las administraciones públicas ha sido de “absoluta connivencia” con los promotores que propiciaban su destrucción, “todo unido a un discurso hipócrita que ha obligado a mínimas correcciones y escasas multas en el primer caso, y a preservar algunos restos poco relevantes en el segundo, y solo porque favorecían los intereses del promotor”. Tellería también señala que son frecuentes los casos de inmuebles con niveles bajos de protección, dañados o destruidos alegando ruina, “que ha sido consentida o provocada sin que las administraciones implicadas exijan responsabilidades”, y los ejemplos de arquitectura contemporánea dañada o destruida “que no han recibido la atención que merecían, a pesar de las llamadas de atención al respecto”. Otro ingrediente que destaca de la actuación de las instituciones es el “desinterés” por ampliar los valores patrimoniales reconociendo aquellos “ligados a la vivienda popular —rural y urbana, campesina y obrera—, la arquitectura industrial, o la memoria colectiva; y la falta de inversión para conservar y mejorar el propio Patrimonio cultural ya reconocido”.

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio se encuentra a la espera de lo que suceda en otros casos como el de la fábrica CLESA, pendiente de que se apruebe su declaración como BIC, al igual que el Palacio de la Música; o el destino final del frontón Beti-Jai, que Tellería recuerda que ha sido “consolidado por el Ayuntamiento tras una costosa expropiación solo para desarrollar un Plan Especial que admite e incluso propicia la construcción de una cubierta que lo desfiguraría, incumpliendo su declaración como BIC, con el fin de privatizar su explotación mediante una concesión a largo plazo”. Otros dos ejemplos de futuro incierto son la reconstrucción y rehabilitación del Noviciado de las Damas Apostólicas en Chamartín, “un Bien de Interés Patrimonial (BIP) cuya demolición ilegal se paralizó a instancias de la asociación”; y el “definitivo abandono” del proyecto de un aparcamiento subterráneo “sobredimensionado” bajo la futura ampliación del Hospital del Niño Jesús, un BIC incluido en el Paisaje de la Luz declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Tesoros por descubrir

Un colectivo profesional de suma importancia en la conservación del patrimonio histórico es el de los arqueólogos. Su trabajo en el descubrimiento e identificación de restos es clave y suele chocar con lo que importa a quien paga, como explica Carlos Caballero, portavoz en Madrid de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología: “Compatibilizar la conservación del patrimonio arqueológico y los intereses de los promotores inmobiliarios es complicado. No siempre sale bien parado el patrimonio”. Caballero resume las tensiones que se producen entre ambos polos de la obra, quien la promueve para construir vivienda y quien examina el terreno por si en él hubiera restos arqueológicos que conservar: “La idea previa que tiene el promotor es que el arqueólogo cueste lo menos posible y desaparezca de la obra lo antes posible, sin importar mucho la calidad técnica de nuestro trabajo. Esto es consecuencia de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que luego fueron asumiendo el resto de leyes autonómicas, que establece que la financiación de las actuaciones arqueológicas corresponde al promotor”. Este arqueólogo entiende que es un efecto perverso de lo que era una buena idea: el patrimonio es de todos y si usted va a intervenir en un sitio donde hay patrimonio, tiene que gastarse dinero en estudiar ese patrimonio y conservarlo si procede. Sin embargo, apunta que la realidad suele ser un poco diferente: “Los yacimientos desconocidos se ven sometidos a actuaciones urbanísticas sin un control previo porque no sabemos que están allí y tienen un riesgo cierto de ser destruidos al menos parcialmente. Hay actuaciones incontroladas que destruyen el yacimiento”.

“Hay obras que arrancan con la licencia municipal que están a 20 metros de una iglesia catalogada como BIC que tiene un entorno de protección y, sin embargo, no se les pone ninguna cautela arqueológica”, lamenta Carlos Caballero, portavoz en Madrid de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología

En la construcción de promociones de vivienda sería recomendable una fase previa de exploración en la que un equipo arqueológico peine la zona, valore qué podría haber allí y delimite los nuevos yacimientos si los hubiera. Pero no siempre sucede. Después será la Administración la que decida si debe haber un control arqueológico o si hay que excavar los yacimientos antes de la construcción. Es la que tiene la última palabra al respecto, independientemente de que el promotor inmobiliario sea un ayuntamiento o una empresa. “Los ayuntamientos no tienen capacidad de decisión sobre el destino final de los restos arqueológicos, pero sí conceden licencias de obra —contrapone Caballero—. Hay obras que arrancan con la licencia municipal que están a 20 metros de una iglesia catalogada como BIC que tiene un entorno de protección y, sin embargo, no se les pone ninguna cautela arqueológica. Cuando llega el equipo arqueológico, si es que llega, ya es tarde, ya se ha destruido buena parte del yacimiento”.

Si la obra empieza con un equipo arqueológico y durante la excavación se localizan restos de entidad, el equipo comunica a la comunidad autónoma el hallazgo y esta decide qué hacer. En Madrid, asegura Caballero, la obra se suele paralizar hasta que se toma la decisión, pero para que “la obra se paralice definitivamente tiene que tratarse de unos restos muy muy muy importantes”. Pero cuando la obra arranca sin equipo arqueológico, la ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid especifica que, si se localizan restos arqueológicos, será el promotor quien lo notifique. Así, deja en sus manos la comunicación de un hecho que puede interrumpir temporalmente su negocio y alterar los planes y los plazos pactados. “Obviamente —confirma Caballero— esto no sucede nunca, por iniciativa propia de los promotores nunca se comunica. Sucede porque pasa alguien, lo ve y lo denuncia”.