Paro nacional
Cali fue el punto cero de la violencia durante el Paro Nacional de Colombia, lo dice Amnistía Internacional

La violencia contra los manifestantes del Paro Nacional en la ciudad colombiana de Cali, la tercera más grande del país, fue “desproporcionada y violenta”. Así lo atestigua un informe publicado por Amnistía Internacional que sitúa en la capital del Cauca el epicentro de las protestas que han tenido lugar en Colombia desde la primavera de este 2021.

Los datos que maneja Amnistía Internacional para el conjunto de Colombia son de al menos 28 personas muertas entre el 28 de abril y el 28 de junio pasados, como resultado del accionar ilegal de la fuerza pública. Se han producido 90 casos de lesiones oculares y 28 casos de violencia sexual en el marco de manifestaciones. 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente. Más de 300 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de las protestas, dos de ellas han sido encontradas muertas como consecuencia de hechos violentos.

Human Rights Watch constata al menos 20 muertes a manos de la policía en las protestas de Colombia

Redacción El Salto

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Paro nacional Human Rights Watch constata al menos 20 muertes a manos de la policía en las protestas de Colombia

Redacción El Salto

La organización no gubernamental ha documentado con pruebas fehacientes hasta 68 casos de muerte relacionados con las protestas que tienen lugar en Colombia desde el 28 de abril.

La ONG internacional ha analizado en su informe tres acontecimientos que muestran el modo en el que ha transcurrido la represión de las manifestaciones en Cali. La “Operación Siloé”, el 3 de mayo de este año, tuvo como resultado la muerte de tres manifestantes y cientos de personas resultaron heridas. Amnistía constata que se usaron armas letales como fusiles Tavor 5.56 mm por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Seis días después se producía un ataque contra la Minga Indígena. En esta ocasión “civiles armados”, es decir, paramilitares, perpetraron un ataque sin la oposición de los cuerpos policiales en el que resultó herida la defensora de derechos humanos Indígena Daniela Soto y resultaron heridas diez personas pertenecientes a Pueblos Indígenas.

Según el reporte, el tercero de los hechos destacados se produjo como un ataque coordinado entre policía y paramilitares. El 28 de mayo varios jóvenes fueron atacados en los aledaños de la Universidad del Valle, algunos de ellos denunciaron malos tratos y torturas con posterioridad a su detención.

“Cali ha sido un epicentro alarmante de reportes de represión violenta y violaciones a los derechos humanos. En la capital del departamento del Valle del Cauca, se reporta al menos el 70% de los asesinatos de personas en el contexto de manifestaciones sociales, así como graves denuncias de posibles desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violencia armada por parte de civiles con aquiescencia y tolerancia de la fuerza pública”, refleja la organización en su informe. Se trata de la segunda con ciudad con mayor población negra/afrodescendiente en Latinoamérica y, como constata el informe de Amnistía está caracterizada por la histórica desigualdad, la exclusión y el racismo estructural.

Las cifras de otras organizaciones elevan el impacto de la violencia acreditado por Amnistía Internacional, según la propia organización recoge en su informe. En Cali se reportaron 28 asesinatos en el contexto de manifestaciones, desde el 28 de abril al 25 de junio, según la campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. Por su parte, la Consultoría para los derechos humanos CODHES, denunció que, al 6 de junio, más de cien homicidios han ocurrido en la ciudad en el marco de manifestaciones, afectando en su gran mayoría a jóvenes afrodescendientes.

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