Tu sociedad offshore a un par de clics

Offshore —alejado de la costa o ultramar en inglés— es una de esas palabras que se han introducido en nuestro lenguaje cotidiano a golpe de titular periodístico. Los escándalos destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocidos como los Panama Papers y Paradise Papers, han hecho que ese anglicismo se haya introducido en el vocabulario del ciudadano de a pie.

Pero el concepto offshore lleva muchos años usándose por los bufetes de abogados y asesores fiscales que, gracias a las nuevas tecnologías, la globalización y una legislación muy laxa, han creado un mercado y un modelo de negocio que permite que una oficina con sede en Qatar pueda abrir una sociedad totalmente opaca en las Bermudas, que deposite su capital en un banco de Suiza, pague dividendos a un fondo de Luxemburgo y que el cliente del bufet pueda sacar dinero en un cajero automático del barrio de Salamanca, en Madrid, sin que aparezca su nombre registrado en ningún lugar donde las autoridades fiscales y policiales puedan rastrearlo y habiendo reducido su factura fiscal a mínimos. Pero, además, el cliente podrá acceder a todo ese servicio y ahorro de impuestos con solo unos pocos clics de su ratón.

Solo hace falta escribir unas pocas palabras en un buscador de internet para encontrar una amplia oferta de empresas que ofrecen abrir cuentas o sociedades en territorios opacos o con fiscalidades muy laxas, inexistentes en algunos casos. Algunas de ellas incluso ofrecen el servicio de testaferros, personas que ofrecen su identidad para firmar documentos o registros con el único fin de salvaguardar la privacidad del cliente.

Muchos de estos bufetes tienen oficinas en las principales calles de negocios de las ciudades españolas

El caso de los bufetes Appleby o Mossack Fonseca, principales implicados en los Papeles del Paraíso y Panamá respectivamente, nos han mostrado la imagen de que este tipo de empresas suelen tener sus sedes en paraísos fiscales alejados de las legislaciones y controles de los países donde suelen residir los evasores de impuestos. Pero la realidad es que muchos de estos bufetes, además de sus páginas web, tienen oficinas en las principales calles de negocios de las ciudades españolas.

La empresa Business Service Distribution (BSD), que aparece entre los primeros resultados de Google como anuncio promocionado, tiene el llamativo dominio www.paraisos-fiscales.org. En su web ofrecen abrir sociedades en “centros financieros con una fiscalidad muy favorable también definidos como paraísos fiscales”, y garantizan la privacidad de sus clientes en base a que sus datos están protegidos con encriptación SSL de 128 bits, una fuerte protección tecnológica para “evitar cualquier intrusión”, en referencia clara a que los documentos filtrados en los escándalos antes nombrados fueron obtenidos mediante ataques informáticos, y que la organización “no tiene oficinas ubicadas en la Unión Europea o en países con estructuras fiscales rigurosas”. Pero al ver el apartado de oficinas de la sociedad, podemos encontrar que BSD tiene una oficina en el número 118 del Paseo de Gracia, en Barcelona.

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Otro ejemplo, fácilmente encontrable en internet, es el de Amedia Partners. Fundada en Estados Unidos en 1989, tiene como objetivo “hacer de la creación de una empresa un proceso sencillo, eliminando las barreras fiscales y administrativas”. Esta firma ofrece la creación de sociedades, o la compra de unas ya creadas por ellos en esos paraísos fiscales para ahorrar tiempo burocrático, en territorios como Isla de Man, Jersey, Bahamas, Islas Caimán, Dubái, Isla Mauricio o el Estado norteamericano de Delaware, conocido por su concentración de empresas, donde las compañías del Ibex35 tienen 440 filiales y coexisten 285.000 en un solo edificio de dos plantas perteneciente a uno de estos despachos. Pero cuando vemos las oficinas de las que dispone esta empresa, entre sedes en conocidos paraísos fiscales como Suiza, Isla Mauricio o Hong Kong, encontramos que Amedia tiene una oficina en el número 116 de la calle Núñez de Balboa de Madrid y otra en el 491 de la conocida avenida Diagonal barcelonesa.

"Es todo legal"

Sorprende mucho la impunidad con la que parecen operar los “facilitadores”, como son conocidos los bufetes y entidades financieras que diseñan estas estructuras para sus clientes entre las organizaciones sociales y algunos partidos políticos que luchan contra la evasión y la elusión fiscal. Para el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, que no se persiga a este tipo de empresas es una cuestión de falta de voluntad política y de medios.

“Las que tengan oficinas aquí deben ser controladas. Si hacen publicidad de cómo evadir o se está invitando a defraudar, están colaborando a ello y son corresponsables”, explica el técnico de Hacienda, que lamenta que no se use la figura, contemplada en el Código Penal, del “cooperador necesario”. “En estos casos está claro que los asesores fiscales, abogados o gestores de patrimonio son corresponsables de todos estos delitos, ya que sus clientes no podrían montar las estructuras fiscales por sí mismos, incluso son responsables de las infracciones tributarias, según la Ley General Tributaria —explica Cruzado—, y sin embargo, rara vez la Agencia va detrás de esos asesores”, lamenta. 

El “es todo legal” es el pretexto más utilizado por estos facilitadores —o por los empresarios, políticos o personalidades famosas del mundo del deporte o la cultura— que han saltado al ojo mediático tras los escándalos ocurridos en los dos últimos años y descubrirse que utilizaban este tipo de sociedades opacas en paraísos fiscales. La apertura de cuentas o de empresas en ese tipo de territorios es totalmente legal, siempre y cuando hayas tributado antes en el país de origen el dinero que depositas o inviertes allí, pero, tal y como explica a El Salto Susana Ruiz, directora del departamento de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, “con la legislación actual, el problema no es de estas empresa por facilitar este servicio en páginas web, sino que es de quienes usan esas sociedades y no las declaran luego”. Verónica Grondona añade que “no es una cuestión solo impositiva, sino que se promueve el lavado de dinero y otras acciones criminales”. Grondona trabajó previniendo el lavado de dinero en Argentina y actualmente es asesora en temas de justicia tributaria para el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL).

Según la asesora, el problema es estructural, ya que “la Comisión Europea acepta este tipo de prácticas con la excusa de que esto puede favorecer la inversión y el movimientos de capitales”.
El Parlamento Europeo, tras las presiones recibidas por el caso de los Panama Papers y los Luxleaks, crearon la comisión de investigación Pana, en la que Grondona ha participado. El informe resultante, votado a principios de diciembre, ha dado como resultado una serie de recomendaciones para la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales que tendrán que ser discutidas en los parlamentos de los Estados miembro. Hasta ahora, las regulaciones que puedan atacar esta problemática desde un punto de vista más global han sido mínimas y tenían una perspectiva muy diferente a la actual.

Según explica a El Salto la abogada e integrante de ATTAC Liliana Pineda, “las únicas regulaciones que había a nivel mundial fueron las que se promovieron contra el blanqueo y movimiento de capitales en la lucha contra el narcotráfico y, desde el ataque a las Torres Gemelas, el terrorismo”. Pineda coincide con Cruzado en que es un problema de voluntad política y señala que la proliferación de este tipo de actividades ha ido emparejada a la protección, tal y como argumentaba Grondona, de la libre circulación de capitales: “Muchos de los Estados que ayudaban y promovían la libre circulación de capitales se dieron cuenta de que se encontraban pillados por las regulaciones que perseguían el terrorismo y las drogas y, a raíz de ahí, se crearon todo este tipo de empresas”.