Opinión
Priorizar bombas sobre camas de hospital

Trabajo en la sanidad pública aragonesa y, como muchas compañeras, estoy cada día mas preocupada por el deterioro impresionante que está sufriendo la sanidad pública. El reciente conflicto en Atención Primaria, que estalló tras el “Decretazo” que modificaba la Atención primaria, ha sido solo la punta del iceberg de una crisis que arrastramos desde hace años.

Ese decreto, impuesto por el Gobierno de Aragón, pretendía reorganizar las Urgencias y ampliar las jornadas hasta 14 horas entre semana. Nos lo vendieron como una mejora del sistema, pero en realidad era una forma de camuflar la falta crónica de inversión pública. Haciendo recaer sobre nuestras espaldas el deterioro de un servicio ya saturado. Las concentraciones y la huelga del 24 de abril demostraron que cuando las plantillas se organizan y se plantan, pueden frenar los ataques. Aunque sea de forma temporal.

Sin embargo, en mi opinión, esa lucha tuvo limitaciones. Algunas organizaciones sindicales, como CEMSATSE y FASAMET, convocantes de dichas movilizaciones, no se plantearon extenderla más allá de los centros de salud, dejando fuera a los hospitales, donde obviamente recaen las deficiencias que se sufren en la Atención Primaria, en este caso lo relacionado con las Urgencias.

Cuando la movilización empezaba a crecer, el sindicato convocante decidió desconvocar, a cambio de negociar entre cuatro paredes con el Gobierno de Aragón

Otras centrales, como CCOO, UGT, CSIF y FTPS, directamente boicotearon la huelga, echando pestes sobre esta lucha entre bambalinas, en los pasillos de los hospitales, y por supuesto no la apoyaron ni secundaron, haciendo de verdaderos esquiroles ante este conflicto. Y cuando la movilización empezaba a crecer, el sindicato convocante decidió desconvocar, a cambio de negociar entre cuatro paredes con el Gobierno de Aragón. Fue una decisión tomada desde arriba, y como siempre, con la idea de establecer unas negociaciones cerradas en las que los y las trabajadoras no tendremos ni voz ni voto. Y además, con el objetivo de negociar alguna mejora con algún sector de trabajadores pero sin un plan para frenar las cargas que van a suponer para el conjunto de la sanidad aragonesa.

En este contexto, el descontento empezó a extenderse. El 2 de marzo, en el Hospital Miguel Servet, una concentración denunció el colapso de las urgencias. Al día siguiente, en el Royo Villanova, celadoras y celadores se movilizaron por la falta de contrataciones. Son señales claras de que el problema con la sanidad pública es mucho más profundo y que el descontento poco a poco emerge y exige cambios y soluciones que parten de la voz de los y las que trabajamos en la sanidad pública. Además también es un síntoma que la chispa sigue viva y puede prender si se construye una lucha unificada de todos los sectores, desde las bases, en cada centro de trabajo.

La sanidad pública no está colapsando por casualidad. Lo que vivimos es el resultado de años de recortes, de externalizaciones silenciosas y de decisiones políticas que han priorizado otros intereses antes que nuestra salud. El presupuesto público parece tener siempre un límite cuando se trata de contratar personal o mejorar infraestructuras. Pero no lo tiene cuando se trata de gasto militar.

En julio del año pasado, la Unión Europea anunció un aumento del gasto militar sin precedentes: 47.761 millones de euros solo en España. Esto representa un 16% del total de los ingresos del Estado. Mientras tanto, el presupuesto sanitario no crece al mismo ritmo

En julio del año pasado, la Unión Europea anunció un aumento del gasto militar sin precedentes: 47.761 millones de euros solo en España. Esto representa un 16% del total de los ingresos del Estado. Mientras tanto, el presupuesto sanitario no crece al mismo ritmo. ¿Qué mensaje se nos lanza como sociedad cuando se priorizan bombas sobre camas de hospital?

Como dicen las compañeras de CGT en Zaragoza “la sanidad pública está en peligro”. “Porque los problemas que padecemos no van a mejorar, sino a empeorar. Nos venden falsas promesas. La falta de inversión, la precariedad laboral, el desvío de fondos públicos a la sanidad privada, pero sobre todo, el escandaloso gasto militar” que esta impulsando el gobierno central “reflejan una política que pone en riesgo la salud de la clase obrera y los sectores populares y que abre el camino para futuros ataques contra las trabajadoras públicas. Es hora de que las trabajadoras en sanidad, nos organicemos contra el ataque a nuestra sanidad pública”.