Opinión
El lobby cárnico quiere decidir lo que comen nuestros hijos en la escuela

Una vez más, los intereses de la industria agroalimentaria vuelven a intentar paralizar los avances en la mejora de la alimentación de los menores y por tanto de su derecho a la salud. Esta vez, el escenario es el decreto de comedores escolares que recientemente aprobó el Gobierno. La excusa, presuntamente “nutricional”, es en realidad un nuevo capítulo de presión corporativa para blindar el consumo de carne roja, productos cárnicos procesados y lácteos en los menús escolares, aunque eso implique contradecir de forma flagrante las recomendaciones científicas de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), en una declaración que haría sonrojar al más cínico defensor del modelo industrial, ha exigido el aumento de la presencia de carnes rojas, procesadas y a productos lácteos en los comedores escolares. Y aunque compartimos la necesidad de apoyar al campo, hay una enorme diferencia entre defender a la pequeña ganadería sostenible y ejercer como altavoz de la ganadería industrial y que pretendan ahora también, decidir qué comen nuestros hijos e hijas.

La UPA pide a Agricultura que en los comedores escolares se incrementen las raciones de carne roja y procesada que indica el Real Decreto y lo hace en base a las recomendaciones de una supuesta Dieta Mediterránea. Lamentablemente para UPA hay dos problemas con esto: el primero es que bajo ese nombre se oculta, en realidad, la Fundación Dieta Mediterránea, un entidad compuesta por algunas de las principales corporaciones alimentarias como Danone, Argal o Freixenet.

El segundo es que se han confundido, literalmente, semanales por diaria. Esta Fundación dice que las carnes rojas se deberían consumir como máximo 2 veces a la semana y las procesadas como máximo una, pero en su nota de prensa UPA habla de “dos raciones diarias de carne roja o menos de una diaria de carne procesada”. Pero lo que diga esta Fundación patrocinada por la industria alimentaria tiene un interés relativo, la AESAN nos dice que de carnes se deberían comer como máximo 2-4 raciones/semana (preferiblemente de pollo o conejo) y no más de 2 raciones/semana de carne roja. Esta es una cantidad máxima, dice que como mucho, 2 a la semana, pero pueden ser menos y no pasa nada. No dice nada de la procesada pero la OMS aconseja hacerlo de forma ocasional, (no hay recomendación porque es equivalente a la bollería, come si quieres, pero de manera ocasional).

¿Y qué dice el Real Decreto (RD)? Que se deberían consumir un máximo de tres raciones a la semana de carne, un máximo de una ración de carne roja y un máximo dos raciones de carne procesada al mes. O sea que está perfectamente alineado con la recomendación oficial sanitaria. La población que acude a los comedores escolares no come solamente en los comedores escolares, come más cosas. Se entiende que, si come una vez a la semana carne roja en el comedor, la otra que como máximo debería comer lo hará fuera. Y si no come más, pues tampoco pasa nada, recordemos que son cantidades máximas de consumo, no recomendadas. Lo mismo con la procesada. Debería comer de manera ocasional, muy de vez en cuando, y una al mes es exactamente eso, incluso podría ser menos y estaría dentro de las recomendaciones.

Con los lácteos pasa una cosa parecida. La AESAN recomienda 2-4 raciones/día de leche y derivados. El RD de comedores solamente nombra a los lácteos en los postres. Lo que dice es que de los 5 postres de la semana al menos 4 tienen que comer fruta y el otro, pueden ser lácteos pero no productos procesados y con bajo perfil nutricional sino yogur o cuajada sin azúcar. Se entiende que el resto de raciones de lácteos que se recomienda comer al día se toman fuera del comedor (desayuno, merienda, etc,). Porque si no se limitan los postres lácteos en el comedor igual comerán cada día y dejaran, por tanto, de comer fruta.

Hoy, se repite el mismo patrón: utilizar al Ministerio de Agricultura como un brazo ejecutivo del lobby agroindustrial más que una institución al servicio del interés general

¿Cuál es entonces el objetivo real de esta campaña de presión? Sencillo: consolidar mercados cautivos, asegurarse de que las generaciones futuras. Para lograrlo, la industria alimentaria, una vez más, invocan al ministro Luis Planas, que no es primera vez que tumba un decreto a favor de los intereses de la industria. Ya lo hizo en su momento cuando vetó el decreto de regulación de la publicidad dirigida a la infancia, que pretendía proteger la población infantil . Hoy, se repite el mismo patrón: utilizar al Ministerio de Agricultura como un brazo ejecutivo del lobby agroindustrial más que una institución al servicio del interés general. En lugar de avanzar hacia comedores escolares saludables, sostenibles y basados en la producción local, lo que vemos es un nuevo intento de mantener el statu quo que ha convertido nuestra alimentación en un problema de salud pública de primer orden.

No nos dejemos engañar: no se trata de proteger al mundo rural, sino de blindar un modelo productivo intensivo, concentrado en manos de unas pocas empresas, que externaliza sus costes en forma de enfermedades, pérdida de biodiversidad y contaminación. Si de verdad quisiéramos apoyar a la ganadería familiar, deberíamos impulsar políticas públicas que favorezcan la transición agroecológica, el acceso a canales cortos de comercialización y la introducción progresiva de menús escolares sostenibles, con menos carne, más legumbres, más verdura, y productos locales de temporada.

Ya es hora de levantar un cortafuegos entre los lobbies alimentarios y las políticas públicas. Ya es hora de dejar de alimentar una maquinaria que se lucra enfermando a la población

Lo que está en juego no es solo lo que comen nuestros hijos e hijas en los colegios. Está en juego nuestra soberanía alimentaria, nuestra salud y nuestro futuro. No podemos permitir que el interés económico de un puñado de industrias se imponga, otra vez, sobre la evidencia científica y el sentido común. Ya es hora de levantar un cortafuegos entre los lobbies alimentarios y las políticas públicas. Ya es hora de dejar de alimentar una maquinaria que se lucra enfermando a la población.

Exigimos al Gobierno y al ministro Planas que pongan freno a esta ofensiva del lobby cárnico y lácteo. Que escuchen a la ciencia, a las organizaciones de salud pública, a las familias y a las comunidades educativas que llevan años trabajando por unos comedores escolares saludables, inclusivos y sostenibles. El plato de nuestros hijos no puede seguir siendo el campo de batalla de intereses económicos que nada tienen que ver con su bienestar.

Porque no se trata sólo de consumo, sino de derechos y salud. Y porque, esta vez, no vamos a tragar.