Opinión
España ha dejado de ser católica. El Estado español no

En su discurso pronunciado por Manuel Azaña ante las Cortes Constituyentes el 13 de octubre de 1931, con motivo de la discusión acerca de la cuestión religiosa, discurso apenas interrumpido por el conjunto de la cámara, a diferencia del resto del debate, el que fuera entonces Ministro de la Guerra dijo que, a su corto entender, eran tres los problemas que habrían de transformar el estado y la sociedad española hasta su raíz: “el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo del estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias”.

Tras aquel acalorado debate, que se cerró entrado ya el amanecer del día siguiente, sin faltar un puñetazo dado por un grupo de diputados en la cara a Jesús María Leizaola, de la minoría vasconavarra -después lendakari del Gobierno vasco en el exilio-, se aprobó definitivamente, por 178 votos contra 59, el que habría que quedar redactado como artículo 26 de la Constitución de la República Española, que establecía, definitivamente, la separación entre Iglesia y Estado, lo que Azaña había definido como “una verdad inconcusa”.

El articulado constitucional republicano sobre la cuestión religiosa contrasta como la noche y el día con el de la Constitución monárquica de 1978. Si aquel fue objeto de un largo y encendido debate, con luz y taquígrafos, el de la actual fue apañado a puerta cerrada por la llamada Comisión Constitucional, un conjunto de siete señoros designados a dedo por Adolfo Suárez, exministro franquista, de los que cinco eran catolicones practicantes y confesos, y los otros dos allegados a la nueva fiesta de la monarquía democrática:  Jordi Solé Tura, que venía de un PSUC descafeinado, y Santiago Carrillo, amigo del rey campechano. El resultado: frente al artículo 3 de la Constitución de 1931, que dice que el Estado español no tiene religión oficial -y punto-, el 16 de la Constitución actual, que establece la cooperación de los poderes  públicos  con la Iglesia Católica.

Da vergüenza ajena saber que el Papa de los católicos, un cura al fin y al cabo, va a hablar en la misma cámara donde habló Azaña para decir aquello de “España ha dejado de ser católica”, razón por la que le persiguieron hasta  la muerte en el exilio.  Ruboriza saber que quienes le han abierto por primera vez en la historia las puertas del Congreso, de par en par, son los del llamado “Gobierno progresista”. Porque si ya canta bastante que el Ayatolá, Papa, Pope, Papisa, Gran Rabino o Líder Evangélico hable sobre las virtudes de su fe a la nación en un lugar como este, canta aún más que se le ceda la tribuna de unas cortes democráticas al Jefe de un estado como es Ciudad de Vaticano, cuya ley fundamental establece que el Sumo Pontífice, soberano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tres personas en una, el principio de la monarquía absoluta. Los papas no leen a Montesquieu.

Estas son las cosas que, después, le quitan a más de uno o de una las ganas de ir a votar a las opciones políticas de ese “Gobierno progresista”, ajeno al concepto de laicidad como garante del respeto al ejercicio de la religiosidad de cada cual en el ámbito de su privacidad. Todo un ejercicio de hipocresía y fariseísmo a cargo de sus señorías liberales, sobre todo cuando hagan sus declaraciones como usualmente suelen, esto es, frente al busto de Julián Besteiro a las puertas del hemiciclo, el malogrado Presidente de las Cortes que proclamó la Constitución de la Segunda República española y murió de septicemia en la cárcel de Carmona, Sevilla, a causa de las malas condiciones sufridas durante su prisión, y que a pesar de unas primeras exequias religiosas en 1940 pudo ser finalmente enterrado, veinte años más tarde, en el Cementerio civil de Madrid, como era su voluntad de hombre laico y cabal.