Opinión
El rayo que no cesa

Cuando prohíbe el aborto, el Estado se convierte en un auténtico agresor institucional que somete a su control nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva. En Polonia, el Gobierno del partido Ley y Justicia lo ha logrado a través del Tribunal Constitucional, violando por el camino un rosario de derechos.

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Huelga a favor del aborto en Polonia
Manifestación desde los coches en Polonia contra el proyecto estatal de limitar el aborto y la educación sexual. Foto: Agata Kubis/ OKO.press
Mª Eugenia Rodríguez Palop

Jurista y eurodiputada

Eurodiputada de Podemos
25 nov 2020 06:00

“No se puede confiar en la frase: ‘Esto aquí no puede pasar’. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Margaret Atwood escribe esta frase en el prólogo de su novela El cuento de la criada para alertarnos de que no podemos dar por hecho que los derechos que conquistamos una vez van a estar ahí para siempre. También es posible retroceder. Especialmente en momentos como este, de confusión y miedo, que los movimientos y gobiernos reaccionarios aprovechan para avanzar rápidamente en su agenda antiderechos.

En los últimos años, mujeres de todo el mundo han usado la túnica roja de las ‘criadas’ como símbolo contra la prohibición del aborto. El libro de Atwood —una distopía que transcurre en Gilead, un régimen teocrático donde las mujeres fértiles son obligadas a tener hijos—, es de 1985. Aquel año, las mujeres polacas aún podían abortar de forma legal y accesible, aunque socialmente no estuviese muy aceptado. Desde la caída del muro de Berlín, el país ha ido restringiendo este derecho hasta prohibirlo casi totalmente. Ahora mismo solo es posible interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o riesgo severo para la vida de la madre. En octubre, el Tribunal Constitucional polaco, controlado por jueces nombrados por el Gobierno, declaró inconstitucional el tercer supuesto que recogía la ley de 1993: la malformación o enfermedad irreversible del feto.

En 2019 se practicaron unos 1.100 abortos legales en Polonia: el 97% de los casos fueron por este motivo. En realidad, se estima que cada año 200.000 mujeres polacas se ven obligadas a usar píldoras abortivas y otras técnicas sin supervisión médica. Unas 30.000 viajan al extranjero para ejercer un derecho que su país les niega. “Abortar en Londres” fue el reportaje de portada del primer número de El País Semanal en 1976. Entonces en España, como ahora en Polonia, el aborto seguro solo era accesible para quien tuviese recursos económicos. Fue así hasta 1985, cuando se despenalizó el aborto con la ley de supuestos, una norma similar a la que estaba vigente en Polonia hasta la sentencia del mes pasado.  
Todavía se escuchan los ecos de las mujeres españolas que en 2014 logramos tumbar la ley del aborto de Gallardón
Todavía se escuchan los ecos de las mujeres españolas que en 2014 logramos tumbar la ley del aborto de Gallardón. El ministro de Justicia pretendía limitar nuestro derecho a dos supuestos: la violación o el riesgo grave para la salud de la madre, algo que tendrían que acreditar dos médicos. En muchos países de Europa, las mujeres se manifestaron para darnos su apoyo. Gallardón tuvo que dimitir, y su caída es uno de los hitos del movimiento feminista en España, pero no olvidemos que esto fue ayer mismo, y que la derecha no oculta su deseo de volver a la norma de 1985.

Conviene recordar que el principio de no regresividad de los derechos sociales obliga a los Estados a no adoptar medidas que disminuyan el grado de disfrute de los derechos conquistados y adquiridos, incluidos los sexuales y reproductivos. Sin embargo, el PP hizo con la ley de plazos (2010) lo mismo que el PiS ahora: llevarla al Tribunal Constitucional para intentar ‘ganar’ por la vía judicial lo que había ‘perdido’ en el Parlamento y después por la masiva oposición ciudadanía. El recurso lleva diez años en un cajón, pero el ponente es el magistrado Andrés Ollero, exdiputado popular y miembro de Opus Dei. Las coincidencias con el caso polaco son aterradoras.
No cesan los ataques de quienes quieren usar nuestras vidas para ‘santificar’ las suyas, pero tampoco cesaremos nosotras, las feministas
Cuando prohíbe el aborto, el Estado se convierte en un auténtico agresor institucional que somete a su control nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva. Prohibir el aborto supone una violación del derecho a la vida, que las mujeres ponen en riesgo cuando se ven obligadas a hacerlo de forma clandestina; del derecho a la salud y a la atención médica; del derecho a la igualdad y la no discriminación; del derecho a la seguridad personal; del derecho a la autonomía reproductiva; del derecho a la privacidad; del derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva; del derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre ellos; del derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Y supone, sobre todo, una violación del derecho que tenemos las mujeres, como los demás seres humanos, a no ser sometidas a un trato cruel, inhumano y degradante.
“El orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los cambios son rápidos como el rayo”, añade Atwood en el prólogo de su libro. Un rayo rojo es lo que cruza el rostro de las mujeres que están en la calle y en las redes haciendo frente a una sentencia que les arrebataría definitivamente la autonomía sobre sus cuerpos. Es el rayo que no cesa: no cesan los ataques de quienes quieren usar nuestras vidas para ‘santificar’ las suyas, pero tampoco cesaremos nosotras, las feministas.
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