Inseguridad alimentaria
No vas a comer sano en tu puñetera vida

Nos hallamos inmersos en medio de una emergencia alimentaria de proporciones gigantescas. Según el IPC de diciembre de 2022, la alimentación ha subido de media un 15,7%, la cifra más alta conocida desde el comienzo de la serie calculada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 1994. Ello representa un incremento medio de más de 80 euros mensuales por hogar.

Aunque la media ya es una cifra mareante, algunos de los alimentos básicos han subido aún más, muy por encima de la media: el pan 15,4%, la carne de ave 15,1 %, los huevos 29,8%, los cereales 22,7%, la leche 37,2%, los productos lácteos 23,4%, el pescado fresco y congelado 8,1 %, las frutas frescas 7,3%, las legumbres y hortalizas frescas 12,3% y las patatas 22,6%. Se trata de la mayor subida de precios de los últimos 32 años.

Según datos del INE, la población destina, de media, el 17% de sus ingresos a comprar comida, unos 380 euros mensuales, pero se trata de una cifra media. Si miramos por quintiles de renta, las clases populares (los tres quintiles más bajos, o sea, la mayor parte de la población) la cosa es mucho peor. Las clases populares gastan un 22% de los ingresos en comprar comida, es decir, casi una cuarta parte de los ingresos totales. El rango de gasto varia de 250 euros mensuales en la clase con menos renta a 340 euros en la segunda.

Esta falta de acceso a una alimentación sana tiene efectos directos en nuestra salud y no afecta a todos por igual

Esta falta de acceso a una alimentación sana tiene efectos directos en nuestra salud y no afecta a todos por igual. La evidencia científica muestra que las enfermedades asociadas a una mala alimentación tienen un claro componente de clase social. Las enfermedades están profundamente determinadas por la estructura social, política y económica en la que vivimos.

Sufrimos un verdadero ataque, ya lo vemos estos días en las calles. La actual fase del capitalismo está llevándose por delante servicios públicos como la salud o la educación y su degradación severa es una evidencia ya del todo incuestionable. Qué no pasará con aquellos derechos humanos que no cuentan con ninguna red pública de apoyo, ni en políticas ni en infraestructuras.

La alimentación adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente y ratificado hasta sus últimas consecuencias en el ordenamiento internacional por el Estado español

La alimentación adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente y ratificado hasta sus últimas consecuencias en el ordenamiento internacional por el Estado español. La situación actual de subida descontrolada del precio de los alimentos básicos debe servir para poner de manifiesto que la alimentación, hasta ahora, ha sido un derecho humano básico cuyo cumplimiento se ha dejado exclusivamente en manos del sector privado.

Imaginemos cual sería la situación si fuera el mercado quien operara, de manera exclusiva, sobre sectores como la educación o la sanidad. Vemos los efectos de la ausencia de sector público potente en áreas como la vivienda, la banca o la energía, pero aún con todo, en estos sectores existe algún resquicio, aunque pequeño y totalmente insuficiente, de control público. En la alimentación no. Está la población y el sector privado. O siendo más precisos: están las clases populares y la alimentación privada, y en medio nada ni nadie, porque si perteneces a una clase privilegiada puedes adquirir sin problemas alimentación saludable, fresca, ecológica, local y de calidad, pero si formas parte de lo que anteriormente era conocido como clases medias, medias-bajas, bajas, bajas-bajas o totalmente excluidas, entonces estás totalmente a la intemperie. Nadie entre nosotras y estos grandes oligopolios. Ahí te las apañes para comer lo que puedas, como si alimentarse adecuadamente fuera una opción estética o un pasatiempo voluntario.

No se trata solamente de que la alimentación está totalmente en manos del sector privado, sino de que este opera en forma de oligopolio en todas y cada una de las fases de la cadena alimentaria, con todo lo que ello implica sobre los precios, el tipo de productos y el enorme poder político que supone. El Cártel alimentario lleva decenios imponiendo su ley, alterando la consagrada competencia, manipulando discursos, marcos narrativos, bombardeando con publicidad totalmente desregulada, decidiendo qué comemos, cuando, donde y a qué precio.

Si echamos la vista atrás, vemos que hemos perdido una red de distribución alimentaria, capilar, cercana y que conectaba con la producción local. No hace muchos años, fábricas y sindicatos contaban con economatos propios, contábamos con tiendas de barrio, mercados municipales “no elitistas”, restaurantes de barrio (en plena extinción), escuelas públicas con cocinas propias. Todo ese entramado de distribución alimentaria adaptada a nuestra realidad y necesidad lo perdimos, y dejamos nuestra alimentación en manos de oligopolios y grandes supermercados, cadenas de catering, multinacionales del FoodDelivery que especulan con el precio de los alimentos, que inflan los precios y además ahogan a los agricultores.

Por todo ello, es necesario hacer un llamamiento para movilizar nuestras fuerzas para, por un lado, exigir a los partidos políticos, sobre todo a las fuerzas progresistas, medidas en pro de esta defensa y, por otro, movilizar nuestras propias organizaciones sociales, sindicales, vecinales, etc. para poner en marcha estrategias y dispositivos alimentarios para hacer efectivo este derecho. No puede haber un programa político progresista que no contemple está realidad.

Se hace del todo imprescindible actuar sobre la alimentación de la misma manera que en su día se actuó sobre otros aspectos de la vida. No puede ser que dejemos nuestra alimentación en manos exclusivamente privadas. Si es un derecho humano, es obligación de los poderes públicos respetarlo, protegerlo y promoverlo. Y la situación actual demuestra que no se está haciendo nada de ello. Tenemos que cambiar el paradigma alimentario y la mirada que se tiene sobre él, pensando que el sector privado (con alguna tímida política pública de apoyo social) va a ofrecer una dieta saludable y asequible a toda la población. Eso no ha pasado, no pasa y no pasará.

Con la actual situación de encarecimiento desmesurado e injustificable de los precios de los alimentos básicos, se deben poner en marcha medidas de choque como el establecer precios máximos

Con la actual situación de encarecimiento desmesurado e injustificable de los precios de los alimentos básicos, se deben poner en marcha medidas de choque como el establecer precios máximos de venta de los alimentos básicos o ofrecer ayudas suficientes a los sectores de la población más vulnerables, así como controlar y sancionar las prácticas abusivas del sector privado, pero además se debe desplegar de una vez por todas una red alimentaria pública que cuente que asegure nuestra alimentación y que conecte de una vez con los sistemas agrarios territoriales y sostenibles y proteja al modelo de agricultura social y familiar.

Para ello se debe:

• Definir la cesta de la compra básica de alimentos frescos y limitar su precio.
• Mercados municipales de gestión directa y puestos al servicio de los sistemas alimentarios locales.
• La creación de supermercados públicos y apoyo a las iniciativas de supermercados cooperativos que cumplan con ciertos criterios sociales y ambientales conectados con sistemas agrarios locales y sostenibles.
• La creación de redes de distribución alimentaria pública al servicio de los servicios de comedores públicos del sector educativo, socio sanitario o social, entre otras medidas.
• La recuperación de las cocinas comunitaria públicas.
• La reforma de los servicios de emergencia alimentaria sustituyendo los actuales bancos de alimentos privados por sistemas públicos no estigmatizantes y generadores de empoderamiento social.
• La potenciación de la compra pública alimentaria basada en alimentación local para estimular el sector de proximidad y evitar la dependencia de los mercados internacionales sobre la alimentación de la población.
• Crear un bono social para la alimentación fresca para familias con menos renta.
• Establecer un sistema eficaz de control de los precios de la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos.

Por todo ello, desde Justicia Alimentaria hemos lanzado una campaña para pedir al Gobierno que lleve a cabo medidas urgentes para paliar esta situación, que puedes consultar y apoyar con tu firma.

La alimentación es un derecho no un privilegio.

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