Opinión
Cuando la policía es el trol en internet

La recién constituida Asamblea Ciudadana contra el Racismo, que por primera vez incluye a más de 60 colectivos de todo tipo en el entorno de la inmigración y la exclusión social, convocó ayer, domingo 24 de septiembre, una concentración de repulsa en el centro de Valencia contra el racismo institucional. ¿El detonante? La falta de reacción y depuración de responsabilidades en un Ayuntamiento gobernado por el tripartito de Compromís, València en Comú y PSOE frente a las duras acusaciones de agresión policial, vejaciones y humillaciones racistas y machistas por parte de un operativo de la Policía Local de Valencia sobre la ciudadana camerunesa María Nieves Nfina Ondo, esposa de Cédrik Komol, vicepresidente del Centro Cultural y de Ocio Camerunés de la ciudad, a la que llamaron supuestamente “puta”, “gorda”, “negra de mierda” y amenazaron con quitarle a su hijo y deportarla.

La noticia saltó el pasado mes de agosto, cuando la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de delitos de odio, por amenazas, odio y detención ilegal, basada en vídeos y grabaciones que revelaban como agentes de policía usaron porras extensibles de metal contra Nfina, aque fue golpeada en el pecho, pese a que el PSOE había reclamado, cuando se encontraba en la oposición municipal, la eliminación de estas armas.

La denuncia también señalaba la desproporción del operativo nocturno, compuesto por una docena de agentes de policía local y dos nacionales, para un aparente trámite administrativo de licencias tras el cierre de actividades de la conocida como Casa de Camerún en Valencia, donde se produjeron los hechos.

A la aparente irregularidad de la actuación policial se añadieron las acusaciones de algunos vecinos de la zona, que afirmaron la existencia de "turbias connivencias" entre un agente inmobiliario de la zona y algunos agentes de la policía loca.

Tras varias reuniones en el equipo de gobierno valenciano, en las que participaron el alcalde Joan Ribó y su concejal de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzato (PSPV), la investigación interna fue oficialmente zanjada sin contemplar ninguna responsabilidad política ni policial. La investigación concluyó.

Desde colectivos antirracistas señalan que desde hace tiempo se viene observando cómo sindicatos policiales y sus entornos han pasado al contraataque frente a quienes investigan o denuncian sus presuntos abusos, tanto por la vía legal –mediante denuncias judiciales– como de manera anónima a través de redes sociales, e incluso con amenazas de muerte.

Hace cinco años, dos defensoras de derechos humanos de Guatemala explicaban en el Colegio de Abogados de Valencia cómo la estrategia de la extrema derecha, vinculada a los intereses empresariales y militares en Centro América, frente a los defensores de derechos humanos contra el extractivismo pasaba por la reiteración de amenazas anónimas de muerte –a veces cumplidas, como en el caso de Berta Cáceres y tantos otros activistas medioambientales– y las detenciones arbitrarias para abrir procesos judiciales que nunca llegaban a concluir en juicio.

Una de las activistas, aún con dos balas en su cuerpo producto de la represión paramilitar, explicó que la apertura de procesos judiciales indefinidos y sin conclusión era una estrategia con la connivencia judicial para mantener permanentemente intimidadas a las activistas.

España no es Guatemala, pero desde la aprobación de la célebre Ley de Seguridad Ciudadana, las respuestas del entorno policial se han vuelto cada vez más y más intimidatorias para la ciudadanía.

En Valencia, ante la concentración antiracista convocada el pasado domingo, todos los sindicatos policiales del municipio lanzaron un comunicado conjunto en el que se quejaban ante la Delegación de Gobierno por haber autorizado la concentración y exigían a la corporación local iniciativas judiciales contra los convocantes por “fomentar el odio contra la Policía”.

Del mismo modo, algunos organizadores se quejaron de haber recibido amenazas anónimas directas a través de las redes sociales.

Solo unos días antes, el portavoz de la Asamblea Ciudadana contra el Racismo, el veterano militante antirracista Papa Balla Ndong, había declarado en la valenciana Radio Klara: “No se trata de que este racismo institucional está dentro de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. No. No decimos esto. Es como la islamofobia, no podemos generalizar. Son una serie de elementos que están dentro, que no favorecen la convivencia ni la cohesión social”, reproduciendo el discurso que un activista de Black Lives Matter dio en un mitin de Donald Trump en Estados Unidos hace una semana. 

El caso valenciano no es el único. La semana pasada, el Sindicato de Portuarios de CNT en Barcelona denunció las continuas amenazas de muerte que estaban recibiendo desde que hicieron público su negativa a abastecer a los barcos atracados en el Puerto de Barcelona con refuerzos policiales a bordo.

La activista de derechos humanos en Ceuta Helena Maleno ha sufrido también una campaña de intimidación, amenazas y desacreditación pública por parte de la Guardia Civil y su entorno a raíz de su actividad de denuncia de los abusos policiales en la frontera a través de su ONG Caminando sin Fronteras, al punto de pedir la protección de organizaciones internacionales.

Desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos recuerdan que no son hechos aislado, sino que esto responde a una estrategia contra activistas y organizaciones que se atreven a denunciar públicamente las presuntas irregularidades policiales.

A finales de agosto trascendieron las gravísimas amenazas de muerte, combinadas con advertencias de querellas del SUP-Navarra, contra la periodista de ctxt.com y Las Mañanas de Cuatro TV Cristina Fallarás, por su supuesta defensa del entorno etarra y por criticar en público actos vandálicos que consistieron en hacer pintadas filo-fascistas en un monumento a asesinados republicanos.

La escalada instalada entre ciertos sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sus entornos familiares, ideológicos o corporativos no ha merecido la atención de los grandes medios de comunicación, y menos aún la depuración de responsabilidades por sus autoridades políticas.

Los asuntos se han judicializado indefinidamente mientras se incuba como natural que la crítica social a determinadas actuaciones policiales pueda ser criminalizada como delito de odio contra la Policía.

Y a ello se unen incluso autoridades políticas de gobiernos municipales del cambio y sindicatos supuestamente progresistas, como ha sucedido en Valencia o como se representa habitualmente al Sindicato Unificado de Policía (SUP), prestando cobertura oficial a esta línea de intimidación a la ciudadanía.

Una deriva peligrosa que no puede permanecer sin exigencia de responsabilidades políticas y personales, porque, como insiste Papa Balla: “Dejar pasar el racismo Institucional significa consentir el racismo social del que éste se alimenta, porque son dos partes proporcionales de una misma manzana, y la ciudadanía no puede permitírselo”.