Opinión
Cláusulas espejo: el maquillaje verde del Acuerdo UE–Mercosur

Francia dice que no al Acuerdo UE–Mercosur. O, más exactamente, dice que solo dirá sí si se refuerzan las llamadas “cláusulas espejo”. Las presenta como una línea roja, como una defensa del campo y de los consumidores europeos frente a importaciones producidas con estándares más bajos. Suena bien. Suena responsable. Pero es, sobre todo, una gran coartada.

De hecho, esta misma semana la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre un reglamento que aplica la cláusula de salvaguardia bilateral del Acuerdo de Asociación UE–Mercosur. Un movimiento que se vende como protección, pero que en realidad busca desbloquear políticamente un tratado estructuralmente injusto. Francia e Italia han conseguido unas semanas de prórroga para la firma del acuerdo con la excusa de afinar bien estas salvaguardas, después de la semana de movilizaciones en el campo.

Esta posición francesa se presenta como una defensa del campo europeo y de la soberanía alimentaria. Sin embargo, detrás hay tanto cálculo político interno como una profunda contradicción: Francia exige cláusulas espejo sabiendo perfectamente que no funcionan, y la Unión Europea las utiliza como moneda de cambio discursiva para salvar un acuerdo que beneficia, ante todo, a las grandes corporaciones.

Francia no critica el libre comercio: protege sus intereses

El acuerdo UE–Mercosur todavía debe superar varias fases institucionales: el aval del Consejo, del Parlamento Europeo y, dependiendo de su formulación final, la ratificación por parte de los Estados miembro. En este contexto, Francia acaba el proceso, y no de firmará si no se refuerzan las garantías para su sector agrícola, especialmente la ganadería bovina.

Las cláusulas espejo no resuelven la asimetría fundamental entre las economías de la UE y las del Mercosur

No es un gesto altruista. Francia es el principal productor agrícola de la UE y cuenta con un campesinado altamente movilizado, capaz de paralizar carreteras, ciudades y gobiernos. Su rechazo al Mercosur no nace de una crítica estructural al libre comercio, sino de la defensa de sectores estratégicos nacionales frente a una competencia que considera desleal.

La gran mentira de las cláusulas espejo

Las cláusulas espejo no resuelven la asimetría fundamental entre las economías de la UE y las del Mercosur. Los grandes agronegocios de países como Brasil o Argentina operan con costes ambientales y sociales mucho más bajos: mayor uso de pesticidas prohibidos en Europa, menores exigencias de bienestar animal o controles laborales laxos. Esa diferencia se traduce en una ventaja competitiva enorme.

El resultado es conocido: caída de precios en los mercados europeos, erosión de los ingresos campesinos y desaparición progresiva de explotaciones familiares que ya sobreviven entre el cambio climático, la volatilidad de precios y la presión de las cadenas agroindustriales globales.

En este contexto, los consumidores europeos —especialmente los de clase trabajadora, en un momento en el que los alimentos frescos son cada vez más caros— se verán empujados a comprar productos importados cuyos procesos de producción no respetan los mismos estándares de seguridad alimentaria, residuos de pesticidas o bienestar animal que se exigen dentro de la UE. Para las rentas altas no habrá problema: seguirán consumiendo “bien”. Para el resto, la elección será ficticia.

Qué prometen las cláusulas espejo… y por qué no cumplen

Las cláusulas espejo se presentan como un mecanismo para exigir que los productos importados cumplan normas “equivalentes” a las europeas en ámbitos como el uso de pesticidas, el bienestar animal, la seguridad alimentaria o la protección ambiental. La promesa es simple: no permitir en el mercado europeo lo que está prohibido dentro de la UE. En un contexto de creciente preocupación social por la alimentación y la salud, el mensaje funciona. El problema es que no se traduce en protección real.

Las cláusulas espejo fracasan no por falta de voluntad, sino por su propio diseño:

No son jurídicamente vinculantes de forma directa. En los tratados de libre comercio, estas cláusulas suelen quedar fuera de los capítulos comerciales “duros”. No activan sanciones automáticas ni permiten bloquear importaciones de manera inmediata. Todo se canaliza a través de comités técnicos, diálogos bilaterales y procedimientos largos que llegan tarde.

No se exige que Brasil o Argentina apliquen las mismas normas que la UE, sino que demuestren resultados “equivalentes”

Se basan en la “equivalencia”, no en la igualdad. No se exige que Brasil o Argentina apliquen las mismas normas que la UE, sino que demuestren resultados “equivalentes”. Esto abre la puerta a interpretaciones laxas y negociaciones opacas donde el comercio pesa más que la protección sanitaria o ambiental.

No protegen al consumidor en el momento de compra. Aunque existan límites de residuos o controles en frontera, el consumidor europeo no dispone de información clara sobre cómo se ha producido lo que consume. Sin trazabilidad completa ni etiquetado obligatorio, la libertad de elección es ficticia.

Actúan cuando el daño ya está hecho. Las salvaguardias se activan solo cuando se demuestra un impacto grave en el mercado. Para entonces, los precios ya han caído, los agricultores han perdido rentabilidad y el consumidor ya ha sido expuesto a productos de menor estándar.

Un fracaso conocido

Las cláusulas espejo no son una innovación del acuerdo con Mercosur. Aparecen, con otros nombres, en tratados como el CETA con Canadá o el acuerdo UE–Japón. En todos los casos, el resultado ha sido el mismo: proliferación de comités técnicos, ausencia de sanciones efectivas y presión constante para “armonizar” normas… siempre a la baja.

Lejos de reforzar el principio de precaución, estos mecanismos debilitan la capacidad reguladora de los Estados y convierten la protección del consumidor en una variable subordinada al comercio.

No es una guerra entre países, es una guerra entre modelos

El acuerdo UE–Mercosur —como todos los tratados de libre comercio— se entiende mucho mejor si dejamos de mirarlo como un conflicto entre países y lo analizamos como un conflicto entre modelos productivos.

No gana ni pierde España, Francia, Brasil o Argentina. Ganan determinados actores económicos dentro de esos países y pierden otros. No son los sectores, son los actores. No son los países, es la estructura social, laboral, ambiental y económica que se impone frente a otras.

Una granja lechera asturiana y una de la pampa argentina están en el mismo bando… y van a perder las dos

En agricultura y alimentación, quienes pierden son las producciones familiares, de pequeña escala, agroecológicas y enraizadas en el territorio. Da igual si están en Aragón, Galicia, Mato Grosso o Entre Ríos. Una granja lechera asturiana y una de la pampa argentina están en el mismo bando… y van a perder las dos.

Quienes ganan son las grandes explotaciones intensificadas, integradas en corporaciones agroalimentarias con vocación exportadora. Las de aquí y las de allí. Y, a menudo, resulta que son exactamente las mismas.

¿A quién defiende España?

Mientras media Europa duda, el Estado español defiende con uñas y dientes este acuerdo suicida. ¿Por qué? Desde luego, no defiende a la agricultura y ganadería local: es la puntilla. Tampoco a la ciudadanía: no mejora los estándares ambientales, laborales o sanitarios, los empeora.

Las cláusulas espejo no impiden la entrada de alimentos producidos con pesticidas prohibidos en la UE, ni con modelos intensivos de ganadería

Defiende a su agroindustria. Una de las principales empresas cárnicas de Europa es Vall Companys, un emporio con fuerte expansión en América Latina y presencia directa en países del Mercosur. Otra empresa que se envuelve en la bandera cada Navidad, Campofrío, forma parte en realidad del gigante mexicano Sigma Food, también profundamente implantado en la región.

Las cláusulas espejo no impiden la entrada de alimentos producidos con pesticidas prohibidos en la UE, ni con modelos intensivos de ganadería, ni con impactos ambientales externalizados. Solo normalizan esa entrada bajo una apariencia de control.

Francia tiene un campo movilizado y una ciudadanía consciente del riesgo del Mercosur. En España, el debate ni siquiera ha llegado a la población

Francia lo sabe. España también. La diferencia es que Francia tiene un campo movilizado y una ciudadanía consciente del riesgo del Mercosur. En España, el debate ni siquiera ha llegado a la población. Cuando el campo francés se enfada, los gobiernos tiemblan. Cuando el campo español protesta, se le promete paciencia.

Las cláusulas espejo no son una solución técnica fallida: son una coartada política. Sirven para desbloquear votaciones, desactivar protestas y mantener intacta una política comercial que prioriza el libre comercio sobre la soberanía alimentaria. El problema no es que falten cláusulas. El problema es que sobra libre comercio y falta justicia alimentaria.