Okupación
Una nueva ofensiva criminalizadora de la okupación

Si contemplamos la importancia del mercado inmobiliario en la presente crisis, no es sorprendente que el partido político Ciudadanos lanzara una nueva ofensiva contra la usurpación en septiembre del 2017.

La propuesta inicial de este partido consistía en reforzar los tres ámbitos de la Ley Mordaza, es decir, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, según la presentación realizada por Girauta Vidal en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de septiembre de 2017. ¿El objetivo? Reducir las oportunidades de defensa de quienes usurpan, efectuar desalojos con mayor celeridad y garantías para los propietarios, y permitir la intervención policial sin necesidad de orden de desalojo en el caso de que se sospeche la existencia de grupos organizados como mafias, terroristas y grupos antisistema, siendo los últimos considerados un tipo particular de delincuencia.

Una de las modificaciones más controvertidas permitiría a la policía entrar, registrar e identificar a los ocupantes de un edificio son orden judicial ni previo aviso en el caso de que los agentes consideren que hay indicios de actividad criminal, lo que supone volver al articulado original de la Ley Corcuera —conocida como 'de la patada en la puerta'—, que fue posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional.

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La iniciativa legislativa represiva de Ciudadanos surge en la estela del atentado del 17 de agosto y del referéndum del 1 de octubre, que modificaron por completo el contexto con el que interaccionan las muy variadas experiencias de usurpación barcelonesas. Por un lado, el surgimiento del horror en Barcelona y Cambrils abrió la puerta a una ampliación del proceso de militarización antiterrorista. Por otro lado, el conflicto entorno al referéndum amplificó sobremanera la enemistad entre el Estado central y las instituciones autonómicas, llevando a la aplicación del estado de excepción sobre Catalunya, al amparo del artículo 155.

Aunque éstos sucesos poco o nada tienen que ver con la usurpación, los atentados del 17 de agosto y el referéndum independentista proporcionan el contexto para endurecer la ley

Aunque éstos sucesos poco o nada tienen que ver con la usurpación, proporcionan el contexto para endurecer la ley. Igualmente preocupante es el apoyo que varias formaciones políticas han dado a la iniciativa de Ciudadanos. En la sesión del pleno del consejo municipal de Barcelona, el 22 de diciembre —justo después de las elecciones resultantes de la aplicación del 155—, todos los grupos municipales se mostraron favorables a colaborar, excepto BeC y PdCAT que se abstuvieron y la CUP que votó en contra. Se puede matizar que la abstención de PdCAT resultó meramente circunstancial, ya que en enero de 2017 este partido había llevado al Congreso de los Diputados una propuesta criminalizadora similar, aunque menos ambiciosa.

En cuanto a la resistencia en la calle, no cabe duda de que la usurpación de propiedades privadas va en aumento a nivel global desde el surgimiento de la crisis. En España, el aumento es evidente, tal como queda recogido en las estadísticas publicadas por el Barómetro Social. Los desalojos forzosos de vivienda han pasado de suponer el 25% de los desahucios iniciados entre 2018 —cuando comenzó la crisis— y 2010 a sumar más del 53% en el trienio 2014-2016. En los mismos periodos, los juicios por usurpación —que solo representan una parte menor de los casos reales de ocupación— han pasado del 16% al 31% en relación a los trámites de desalojo. Es decir, se incrementa el número de ocupaciones y crece el número de personas acusadas de usurpación que no abandonan sus hogares hasta el último momento. De la autoorganización de quienes usurpan depende que la previsible profundización de la miseria siga manifestándose en angustia o se transforme en rabia.

Tras el inicio de la crisis, las noticias sobre okupación disminuyen drásticamente en los periódicos más leídos en Cataluña. El número de noticias sobre “okupas” aumenta drásticamente a partir de 2005, cuando se discutió el proyecto de Ordenanza de Civismo de Barcelona, que entraría en vigor en 2006. Durante el verano de 2005, se generó una gran cantidad de noticias sensacionalistas sobre el “incivismo”, concepto que se asoció con el vandalismo, la prostitución y los “okupas”.

Durante 2006 surgió con fuerza el movimiento por la vivienda con sus protestas multitudinarias a lo ancho del Estado español, bajo el paraguas de V de Vivienda. Para evitar hablar de los derechos de los moradores, los políticos criminalizaron la okupación y así se desvió el debate hacia los derechos de los propietarios. Se puede señalar los hechos del 4F como el inicio del proceso de criminalización, aunque el auge mediático de este proceso tendría lugar en octubre, a pocos meses de las elecciones autonómicas.

La campaña de criminalización política de los “okupas” se tradujo en un volumen extraordinario de noticias, que se redujo de forma considerable entre 2008 y 2009. Volvió a subir, aunque poco, entre 2010 y 2011. A partir del 2011, todos los periódicos redujeron drásticamente las noticias publicadas sobre okupación, para llegar a niveles muy bajos en 2013. Pero esto no implica que la usurpación de propiedades privadas se haya reducido. Más bien, se dio el fenómeno contrario.

A partir de 2006 hubo un crecimiento estable de la usurpación de propiedades vacías. Y a partir de 2010 se nota un aumento significativo de las usurpaciones. El número de inmuebles usurpados en 2013 es casi cinco veces mayor que en 2006. A partir del momento en que la usurpación de propiedades privadas acelera su crecimiento, en el 2011, las noticias sobre okupación disminuyen.

A partir de 2006, el número de noticias sobre okupación en los medios catalanes ha seguido una evolución inversamente proporcional al número de usurpaciones de viviendas vacías en Catalunya. Aunque la usurpación sea un fenómeno más amplio que la okupación, es relevante que los medios hayan escogido no hablar de “okupas” para describir las usurpaciones que se han dado desde el surgimiento de la crisis. Es más, la postura editorial de estos periódicos buscó evitar expresamente el uso de esta grafía.

La grafía con “k” coincide con la visión ideológica de los periódicos, que evoluciona a lo largo del tiempo en función de los intereses estratégicos de cada empresa. Se utiliza cuando la situación corresponde con la idea que el periódico tiene de la okupación, y no se utiliza cuando contradice la definición editorial de esa práctica. En el caso de que esos sucesos no tengan que ver con la okupación, los medios y los políticos pueden justamente crear una explicación que cree esa relación. 

Construir una amenaza que justifique la excepción

Tras varios años de silencio mediático, la okupación vuelve a estar en el punto de mira una vez más en un contexto preelectoral caracterizado por precios elevadísimos en el mercado de la vivienda. Esta vez se asocia la okupación con amenazas de otro calibre, aunque la lógica criminalizadora siga las mismas pautas que en 2006: se intenta crear un pánico moral que justifique medidas extraordinarias. Se trata de transformar problemas sociales reales, como el regreso de la heroína en un barrio popular, en amenazas distorsionadas por golpes mediáticos sensacionalistas. El último episodio de este tipo fue el “narco tour” que Javier Alegría explica de la siguiente manera en un artículo publicado por el periódico El Raval:
Otras realidades del Raval son ignoradas por la lógica de los medios de masas, como por ejemplo el domicilio de un vecino entrevistado para este artículo, Ale Fernández. Justo al lado de las viviendas que fueron objeto del morbo mediático, se sitúa un edificio conseguido por la oficina de vivienda de la Cooperativa Integral Catalana el 2012 que se sumaría a los bloques autogestionados del barrio: La Dispersa, Guernika, El Hotel, Barrilonia, La casita de al lado e ImPAHrables —la mayoría de estos espacios estaban okupados y han sido, desde entonces, desalojados—.

El vecino resume: “De ahí salió mi casa, en En Roig, 21. Se puede decir que es el otro lado del terrible En Roig, 22, ya que somos una finca autogestionada que tiene un contrato de alquiler entre un propietario y una cooperativa que luego cede el espacio a sus miembros”.

La autoorganización puso trabas al mercado especulativo, solucionó necesidades de vivienda y fortaleció los vínculos existentes a nivel vecinal

Ya sea mediante el cooperativismo o la usurpación, la autoorganización puso trabas al mercado especulativo, solucionó necesidades de vivienda y fortaleció los vínculos existentes a nivel vecinal. Fueron estos vínculos los que permitieron que se diesen los primeros pasos contra la venta organizada. El inicio de la movilización vecinal tiene lugar a finales de junio de 2017, cuando la calle En Roig se unifica para hacer frente al tráfico que tenía lugar en el número 22 de esta calle.

El vecino del número 21 explica que se empezó por organizar una recogida de firmas y, tras algunos episodios conflictivos que involucran a los pisos donde se efectuaba el tráfico, una protesta improvisada en la que coincidieron más vecinas. En esa ocasión, en la que una reunión vecinal se transforma en una acción de protesta, se decide crear un grupo para organizarse como habitantes de la calle En Roig.

El hecho de compartir el rechazo al tráfico que tenía lugar en el número 22 permitió que se uniesen personas con visiones muy distintas. El vecino entrevistado narra que “el resto fue historia: al montar el grupo el día después, llegaron los primeros mensajes y la primera propuesta a los pocos minutos: una cacerolada cada noche. En dos semanas ya estábamos en la prensa nacional”.

El éxito mediático de dicha protesta se explica por los criterios de espectacularidad de los medios, descritos por Javier Alegría, y porque los sucesos en cuestión permiten confirmar los estereotipos existentes sobre el barrio del Raval. Esta lucha vecinal no solo tendría resonancia en los medios, sino que, como hemos visto, sería recuperada en septiembre por Ciudadanos. La legítima autodefensa de las moradoras se transformó en poco tiempo en un negocio que instrumentalizará las dificultades vividas en el Raval.

Pero en el seno de estas protestas tampoco había una postura clara con respecto a la okupación. El mismo vecino explica que el texto para la recogida de firmas atribuía la responsabilidad sobre la existencia de narcopisos en el barrio a la “okupación” en general, lo que chocó con quienes consideran a ésta como una forma de acción directa legítima.

Una iniciativa de los grupos de vecinos afines a la usurpación fue la ocupación de propiedades utilizadas para el tráfico tras su desalojo policial. Estas acciones, que no siempre fueron exitosas, contribuyeron a amplificar el desacuerdo con Roig Picalquers Robadors, el colectivo responsable de la convocatoria del “narco tour”. Como concluye el vecino de En Roig 21, el conflicto entorno a las modalidades de actuación en contra del narcotráfico terminó dañando las relaciones vecinales: “En nuestra calle, lo que vivimos desde el año pasado ha sido un momento de cambio radical. Pasamos a otra realidad donde nos conocemos todas y somos mutuamente mas importantes en nuestras vidas. Pero es hora de dar un paso atrás y contemplar: hay una herida ahora en el barrio, abierto por nuestras divisiones, que ya estaban muy fuertes, pero que se habían hecho dejado atrás porque había una lucha urgente contra un enemigo común. Tenemos que poder sacarnos las mascaras de "CUP" o "Ciutadans" y volver a ser vecinos, o tener tanta democracia directa, ganada en base a nuestras acciones conjuntas, no nos servirá de nada y simplemente repetiremos las mismas dinámicas que los politiqueos de los mismos partidos”.

Se abrió la puerta a criminalizar los ilegalismos populares que permiten a la población del Raval de subsistir en una ciudad en la que la especulación alcanza niveles históricos

Asociar okupas y mafias permite crear nuevas líneas de conflicto entre partidarios y detractores de la usurpación, incluso entre vecinas afectadas por el narcotráfico. La premisa de que “las mafias que comercializan drogas dañan la vida de barrio” fue manipulada hasta crear sentimiento de alarma a nivel estatal que desplazó el debate público. Se abrió la puerta a criminalizar los ilegalismos populares que permiten a la población del Raval de subsistir en una ciudad en la que la especulación alcanza niveles históricos. Después de las ordenanzas de civismo que permitieron más control sobre el espacio público —y que también se aplicaron en El Raval en 2005—, el paso siguiente fue invadir el espacio doméstico, que es el lugar por antonomasia de la economía informal.

Criminalizar aún más la usurpación no dañará tanto a las figuras de enemigo identificadas por Ciudadanos como a las más de 250.000 personas que habitan casas que no son suyas sin tener permiso para ello

Políticas de (in)seguridad

El caso de la calle En Roig indica que la autoorganización permite superar las divisiones entre izquierda y derecha, aunque a menudo de forma temporal, pero muestra también la celeridad con la que la lógica partidista logra capitalizar los problemas que surgen a raíz del proceso de empobrecimiento generalizado provocado por la crisis. Parece evidente que criminalizar aún más la usurpación no dañará tanto a las figuras de enemigo identificadas por Ciudadanos como a las más de 250.000 personas que habitan casas que no son suyas sin tener permiso para ello.

El proceso de criminalización capitaneado por Ciudadanos coincide con una ola represiva de la usurpación a nivel europeo. La transformación de la usurpación en una cuestión de seguridad ha sido estudiada por Mary Manjikian, que en su obra Securitization of private property squatting in Europe realizó un estudio comparativo de varios procesos de criminalización que han tenido lugar en varios países europeos entre los años 2000 y 2012. Mediante campañas de pánico moral, se enfatizaron de forma sensacionalista usurpaciones como los campamentos de gitanos en Francia o la comunidad hippy de Christiania en Dinamarca.

Estos fenómenos político-mediáticos de pánico moral fueron una forma de presión para la aprobación de medidas represivas, aunque no siempre con éxito. Es decir, en Europa se han adoptado medidas reaccionarias contra la usurpación bajo la premisa de que existe una amenaza extraordinaria que requiere medidas extraordinarias.

Ciudadanos es el principal candidato a la paradójica “normalización de la excepción”, puede poner fin al 155 sin que se pierdan las herramientas represivas que le son propias

Ante los sucesos recientes en Catalunya, importa subrayar que esta es la lógica que caracteriza la excepción. Siempre supuestamente defensiva y, en la práctica, altamente ofensiva y violenta. Es bien sabido que, tras su declaración por motivos temporales, el estado de excepción tiende a volverse permanente. En Francia, la duración inicial del estado de urgencia declarado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 fue de tres meses y terminó manteniéndose más de dos años. En Catalunya debía durar tres meses y ya llevamos seis. Aún más, en Francia el final del estado de urgencia estuvo acompañado de una transferencia de ciertas medidas de excepción al derecho común. Del mismo modo, Ciudadanos es el principal candidato a la paradójica “normalización de la excepción”, el partido de la renovación anti-democrática que puede poner fin al 155 sin que se pierdan las herramientas represivas que le son propias.