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Ocupación israelí
Crece la demanda de un embargo de armas a Israel “integral y permanente”
España no vende armas a Israel desde el 7 de octubre. Este fue el titular que dio el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el 23 de enero. El ministro respondía en la Cadena SER a las demandas de un embargo de armas realizado por muchos partidos aliados en el Congreso, algo que, según Albares, “España ya ha realizado”: desde el inicio de los ataques sobre Gaza, declaró, “no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel”.
La Red de Solidaridad con Palestina (Rescop) calificó el anuncio de “buena noticia”, una demostración de que la “presión de la sociedad civil” vale para algo, pero insistió en que no era eso lo que pedía ni lo que defiende la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) donde participa.
Industria armamentística
Industria armamentística Armados y peligrosos: cómo Israel se ha convertido en una potencia militar sin control
Según recuerda Rescop, el Estado español “siempre ha comprado más armas a Israel de las que le ha vendido”. Estas compras, apuntan, “abaratan y financian” los ataques de Israel sobre la población palestina. Es más, todas estas armas, apuntan, están testadas en Gaza, Cisjordania y el sur de Líbano, los principales escaparates de la industria militar y de seguridad israelí.
El movimiento de solidaridad con Palestina demanda al Gobierno que convierta en permanente la suspensión de venta de armas a Israel y que incluya la compra de material bélico y de defensa ‘made in Israel’
Esta red activista acusa al Gobierno de intentar “lavar” la imagen de España, “tergiversando el concepto de embargo”. Un embargo, argumentan, implica una sanción formal, y abarca también la compra de material bélico. Un embargo real es lo que exigen 375 organizaciones sociales y de solidaridad con el pueblo palestino, una medida permanente que incluya el fin del comercio de armas, la compra y venta de productos, componentes y municiones así como servicios relacionados con su mantenimiento y modernización. Esta petición de embargo ha sido firmada, entre otros, por Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, UGT de Catalunya o la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. También fue respaldada por Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG.
Esta petición se suma a la realizada el 24 de enero por 16 grandes ONG internacionales para para detener la transferencia de armas a Israel “mientras exista el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos”. Una petición que hacían extensiva para los grupos palestinos armados. Entre los firmantes destacan War Child Alliance, Oxfam, Amnistía Internacional o Save the Children.
Mientras la retórica del Gobierno español se enfrenta al ejecutivo israelí por la masacre de Gaza, los negocios con esta potencia militar continúan. Diez días antes de la declaración de Albares, España firmaba un contrato de 4,5 millones de euros con la empresa israelí Elbit Systems, que vende sus armas con el sello de “testadas en combate” en la Franja de Gaza.
La cultura de este país se posiciona a favor de un embargo de armas a #Israel para parar este #genocidio.
— BDS Madrid (@BDSMadrid) January 10, 2024
Gracias a Pepe Viyuela, Wyoming, Macaco,@AlbaGlezVilla@amparanoiaofi@carlosbardem@JuanDiegoBotto @Marwanmusica @No_Konforme @RozalenMusic
🛑 #StopArmasConIsrael pic.twitter.com/iDFjlq48II
Para Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional, la suspensión de venta de armas desde el 7 de octubre “no es suficiente” y el Gobierno español debe convertir la medida en “integral y permanente hasta que se asegure que el Gobierno de Israel no utiliza esas armas para cometer atrocidades en los territorios palestinos ocupados”.
Según los datos de esta ONG, en el primer semestre de 2023, España vendió sistemas de dirección de tiro, blindados, material para aviones, equipos electrónicos y de formación de imágenes por valor de 44 millones de euros. Y en 2022, España autorizó 34 contratos, ocho de ellos de la categoría de aviones, además de armas ligeras, sistemas de dirección de tiro o blindados.
Mientras la retórica del Gobierno español se enfrenta al ejecutivo israelí por la masacre de Gaza, los negocios con esta potencia militar continúan
“A pesar de que el Gobierno ha alegado en el pasado que se trata de material no letal, esto no es cierto. Tanto las armas ligeras, como las bombas, los carros y los blindados, los sistemas de dirección de tiro y los equipos de formación de imágenes son susceptibles de uso en los presuntos crímenes de guerra que Israel lleva cometiendo en los últimos tres meses en Gaza y Cisjordania”, dice Estévez.
Esta organización lleva pidiendo el embargo de armas a Israel desde la operación Plomo Fundido, de 2009, y volvieron a exigirlo durante la operación Margen Protector, de 2014, unos ataques que alcanzaron, tal como recuerdan, escuelas, barrios, hospitales, refugios y campos de refugiados. Además de extender el embargo a la compra de armas, Amnistía Internacional reclama que España promueva un embargo de armas europeo y de Naciones Unidas a Israel.
Según documenta el Centre Delás per la Pau, no resulta sencillo cuantificar la venta de material bélico y de seguridad israelí a España. El gasto del Ministerio del Interior en el servicio de espionaje israelí Pegasus que utilizó para vigilar a líderes independentistas no aparece en ningún portal de transparencia. En ocasiones también resulta complicado determinar si se trata de una importación israelí o una producción nacional.
Es el caso del contrato firmado en noviembre para la compra de misiles anticarro Spike LR2 por 287,5 millones de euros. Los misiles se construirán en España, pero el contratista principal es la filial española de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, el fabricante original de este sistema de misiles, a quien pertenece la patente. Estos cohetes están siendo utilizados en la masacre de Gaza, donde el ejército israelí tiene vía libre para mostrar la efectividad de sus armas a sus potenciales clientes.
Industria armamentística
Genocidio Muchos de los países que han castigado a la UNRWA son también los principales vendedores de armas a Israel
Según el informe del Centre Delás Negocios probados en combate, además del ejército, entre los clientes de la industria militar y de seguridad israelí figuran el Ministerio de Defensa, el CNI, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las diferentes policías autonómicas.
Además de los misiles Spike, España ha comprado lanzacohetes de alta movilidad Silam, fabricado conjuntamente por las empresas españolas Expal, GMV y Escribano, y la israelí Elbit Systems. El ejército español también ha adquirido drones de IAI y Elbit Systems, torretas de vehículos terrestres de Rafael, sistemas de mortero de Elbit Systems o munición de carros de combate de IMI Systems. “Estos fabricantes se encuentran entre las firmas que más se lucran con las ocupaciones militares, y todos esos productos han sido publicitados como ‘probados en combate’”, señala el Centre Delás.
La compra de material israelí por parte de otros países, sostienen desde el Centre Delás, “llega a ser incluso más grave que las exportaciones de armas a Tel Aviv”
La compra de material israelí por parte de otros países, sostienen los autores de este informe, “llega a ser incluso más grave que las exportaciones de armas a Tel Aviv”. La compra de material militar a Israel, continúan, “fortalece el modelo militar y securitario del país y, lo que es más importante, contribuye a mantener la ocupación, que Israel hace económicamente viable con la venta de sus productos militares ‘probados en combate’”.
La existencia de numerosas filiales en España de empresas armamentísticas israelíes resulta para la plataforma Fin del Comercio de Armas con Israel “sintomático de la estrecha cooperación” entre estos dos países. Sus ventas, recuerdan, no se contabilizan como importaciones de material militar. Pap Tecnos es la filial de la empresa israelí Rafael. Aeronautics Enterprise España es la filial española del holding israelí Aeronautics Defense Systems, que fabrica, entre otros productos, vehículos no tripulados para usos militares. Magal España es la filial de la multinacional israelí Magal, líder mundial en vigilancia inteligente perimetral, control de accesos y ciberseguridad, que hace gala de tener entre sus proyectos toda la seguridad del muro del apartheid, las prisiones de Cisjordania y de los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este.
El carácter de Estado asociado que tiene Israel le ha permitido beneficiarse de las ayudas europeas al I+D militar. Según documenta esta plataforma, entre 2008 y 2027 Tel Aviv se habrá beneficiado de un total de 69 millones de euros de proyectos de investigación presentados en los proyectos europeos FP7 Security, Horizon 2020 y Horizon Europe, mucho más de lo que reciben países europeos con la misma población.
Razones para un embargo “integral y permanente” de armas a Israel no faltan. Según recuerdan desde el Centre Delás, las exportaciones españolas y europeas a Israel violan siete de los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, que definen las normas para exportar armas. “Seguir comprando material bélico a un Estado que está llevando a cabo una masacre es contribuir a que se enriquezca por esta”, dicen desde la plataforma Fin del Comercio de Armas con Israel.
En 1977 el Consejo de Seguridad aprobó un embargo de armas al régimen del apartheid sudafricano, que duró hasta las primeras elecciones democráticas en 1994
España tiene herramientas legales para justificar un embargo real, señalan. La ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de materia de defensa y el Tratado Internacional sobre comercio de armas ratificado por España en 2014 prohíben la venta de armas a países en conflicto.
Según recuerdan, los embargos de armas ya se han utilizado en la historia reciente para forzar a que un Estado respete los derechos humanos. El caso paradigmático es el de Sudáfrica. En 1977 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 418 que imponía un embargo de armas al régimen del apartheid, que duró hasta las primeras elecciones democráticas en 1994. Y en 2014, la UE impuso sanciones contra Rusia, incluido un embargo de armas. “Poner fin al comercio de armas con un Estado que vulnera de forma sistemática el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una obligación para la credibilidad internacional de la UE”, sostienen.
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